SemMéxico, Cd. de México, 29 octubre 2018.- Amnistía Internacional México y la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho (FJEDD) lanzaron hoy un llamado para la verdad, justicia y reparación en el caso de Karla Pontigo, una joven estudiante de Nutrición que fue asesinada en 2012 en San Luis Potosí y en cuyo caso no ha habido justicia debido a investigaciones ineficaces que determinaron su muerte como accidental a pesar de que la autopsia realizada registró evidencia de una agresión sexual.
En un comunicado de prensa de la FJEDD, señalan que las autoridades deben de adoptar políticas de prevención, atención, investigación, sanción y reparación, acordes a los estándares internacionales aplicables, así como a garantizar investigaciones efectivas y eficaces, con perspectiva de género.
De poco sirve contar con un marco normativo que condene los feminicidios y la violencia de género, si los operadores de procuración y administración de justicia no garantizan su implementación, comentó Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México.
La historia de Karla es, lamentablemente, demasiado común en México. La justicia, cuando no es inexistente, es por lo menos, lenta. Se estima que en México el 99 por ciento de los delitos denunciados están impunes.
Por otro lado, los familiares de víctimas de feminicidio son comúnmente amedrentadas, amenazadas, estigmatizadas y orilladas a convertirse en defensoras de sus propias causas, a la vez que las autoridades tienden a culpar y re victimizar a las mujeres y sus familias.
“Se dijo que Mariana Lima y Lesvy Berlín se había suicidado, se dijo que Karla Pontigo se había tropezado con una puerta de cristal. Diario escuchamos historias de mujeres asesinadas, principalmente jóvenes, que quieren hacer pasar como ridículos accidentes o como suicidios a pesar de todas las pruebas que señalan violencia de género como el móvil principal. No podemos dejar que los culpables sigan impunes y que las autoridades perpetúen este círculo vicioso en donde las víctimas y las familias no obtienen justicia.
Por ello, instamos a solucionar urgentemente el caso de Karla siguiendo los estándares marcados en otros casos, como el de Mariana Lima. La demora en este caso sigue afectando gravemente a su familia” declaró Ana Lorena Delgadillo de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho.
El recuento
En 2015, la Suprema Corte de Justicia de la Nación atrajo el caso de Karla Pontigo, convirtiéndolo en el segundo feminicidio que tomara el máximo tribunal. Hay precedentes significativos, como la sentencia que emitió la Suprema Corte en el caso de Mariana Lima a principios de 2015 y que marcó las pautas que las autoridades deberían seguir para investigar posibles feminicidios.
La cifra real de feminicidios es difícil de establecer en México dada la falta de reconocimiento del delito en muchas ocasiones. Al respecto, el Observatorio ha señalado que el Poder Judicial, en sus distintos niveles, tiende a “reclasificar los delitos de feminicidio a homicidios dolosos”.
En julio de 2018, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), de la ONU, en sus observaciones finales del 9o informe periódico de México, externó su preocupación por la persistencia de los patrones de uso generalizado de la violencia contra las mujeres y las niñas, especialmente en lo referente a desapariciones, tortura y feminicidios.
Caso Mariana Lima:
Mariana Lima Buendía fue asesinada en junio de 2010. En septiembre de 2011, el Ministerio Público determinó que su muerte había sido un suicidio y decidió no ejercer acción penal, a pesar de que la escena del crimen estaba contaminada y había diversas irregularidades en la investigación, incluyendo que su esposo, quien encontró el cuerpo y trabajaba en el Ministerio Público, formó parte del equipo que hizo el análisis de la evidencia.
Su madre, Irinea Buendía, impugnó esta decisión y presentó un recurso de revisión, que fue atraído por la Suprema Corte de Justicia. En marzo de 2015, el máximo tribunal emitió una sentencia de investigación de la muerte violenta de Mariana, lo que constituyó el primer pronunciamiento relacionado con feminicidio, reconociendo la obligación del Estado de investigar y juzgar con perspectiva de género.
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