- Presenta Consorcio Oaxaca el Botiquín de menjurjes que sostienen
- Desde la sociedad se hace, pero la responsabilidad es de las instituciones
Patricia Briseño
SemMéxico, Oaxaca, 20 de marzo, 2024.- A casi cinco años de la reforma al Código Penal de Oaxaca que despenalizó el aborto hasta antes de las 12 semanas de gestación, los hospitales públicos en la entidad no cuentan con protocolos para la atención de casos de interrupción voluntaria de embarazos.
“Las instituciones de salud pública están muy lejos de garantizar la Interrupción Legal del Embarazo (ILE), además lo envuelven con el manto de la desinformación y prevalecen los estigmas que impiden ejercer ese derecho en libertad”, expuso Elizabeth Mosqueda, integrante de la Dirección Colectiva de la organización feminista Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca.
De ahí el papel que las organizaciones y colectivas acompañantes de las personas que han decido interrumpir el proceso de gestación, quienes tras decidir sobre su cuerpo “viven tratos denigrantes y prejuicios que imposibilita tengan acceso libre y seguro”, agregó.
Por lo anterior, desde una mirada amorosa de quienes han acompañado abortar a las mujeres, la activista de Consorcio dio a conocer la campaña: “De la decisión, a la acción. ¡Aborto, ya!», con la presentación del «Botiquín de menjurjes que sostienen», un paquete integral para aborto realizado con medicamentos.
Cada kit tiene comprimidos de autorizados para este proceso, tés, un jabón libre de químicos -elaborado por una sanadora, perlas de miel, además de una lista de música e información impresa para replicarla entre pares y expandir la información para otras.
“Los insumos fueron elegidos con mucho cuidado e involucra una mirada desde la sabiduría ancestral de las mujeres”, apuntó.
A nombre sus compañeras, Mosqueda expuso: “Nosotras estamos construyendo esto desde el amor, desde nuestra labor de defensa de derechos humanos, desde nuestro para poder abonar al acompañamiento de quienes han decidido abortar”.
Sin embargo, dijo, “hay una responsabilidad que corresponde a las instituciones”.
Por lo que exigió a las autoridades estatales políticas públicas para que se garantice la disponibilidad de los medicamentos, así como claridad en los presupuestos.
Además, garantías de entornos de seguros y dignos con privacidad e “incluyan protocolos de valoración y seguimiento de programas de acompañamiento psicoemocional”, concluyó.
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