- Por filtración de datos personales, lo que es grave
- Órganos electorales tienen la obligación constitucional de salvaguardar la confidencialidad
SemMéxico/Ceprovysa, Tuxpan, Gro., 26 de junio, 2026.- La exconsejera jurídica del Ejecutivo Federal, Esthela Damián Peralta, anunció que presentará una denuncia formal y enérgica ante el Registro Federal de Electores tras haber sido víctima de una vulneración grave y filtración indebida de sus datos personales y sensibles por parte de personal adscrito a un módulo de atención ciudadana en el puerto de Acapulco.
Durante un mensaje emitido desde el Lago de Tuxpan, la aspirante a coordinar los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, catalogó el incidente como un asunto de máxima gravedad institucional.
Damián Peralta puntualizó que la querella no obedece únicamente a un agravio en su contra, sino a la imperiosa necesidad de que los órganos electorales cumplan con su obligación constitucional de salvaguardar la confidencialidad de todos los ciudadanos.
Con el rigor normativo que respalda su perfil como abogada y exconsejera jurídica a nivel federal, Esthela Damián advirtió que proporcionará los datos exactos del módulo responsable para que se inicie una investigación interna inmediata que derive en sanciones ejemplares.
“Voy a presentar una denuncia en particular contra un módulo al que acudí en Acapulco, Guerrero, porque entregaron de manera indebida datos sensibles y confidenciales que no tendrían que haber filtrado. Este asunto lo voy a denunciar para que lo investigue el Registro Federal de Electores. Es un asunto sumamente delicado, no porque sea contra Esthela Damián, sino porque ellos son los encargados de proteger los derechos de todos los ciudadanos. Su servidora tiene una trayectoria pública y transparente, no tengo nada que ocultar ni nada que esconder. En el Registro Federal de Electores daré los datos del módulo donde entregué mis datos sensibles para que procedan con la investigación y sancionen con todo el peso de la ley”, apuntó.
De acuerdo con el marco jurídico federal vigente en los ordenamientos del Instituto Nacional Electoral (INE), la sustracción, comercialización o uso ilícito de información confidencial resguardada por el padrón electoral no solo viola la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, sino que constituye un delito grave federal.
Bajo el Artículo 8 de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, cualquier funcionario electoral que altere, comercialice o haga uso ilícito de documentos relativos al Registro Federal de Electores o padrón electoral se enfrenta a sanciones severas que contemplan de cincuenta a doscientos días multa y prisión de dos a seis años, además de la destitución inmediata e inhabilitación para ejercer cargos públicos.
La legislación contempla responsabilidades administrativas y penales transversales para los actores o terceros que coadyuven en la difusión dolosa de dichos datos confidenciales.
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