Familiares de Personas Desaparecidas rechazan a Teresa Guadalupe Reyes quién  será nombrada como titular de la Comisión Nacional de Búsqueda

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  • También se oponen al censo oficial, por falta de metodología y capacitación, eso pone en riesgo a las y los familiares
  • Las familias, dicen estar cansadas de tanta simulación, mentiras, nepotismo, y corrupción

Elda Montiel

SemMéxico. Ciudad de México. 13 de octubre 2023.- Los Familiares de Personas Desaparecidas rechazan el nombramiento de Teresa Guadalupe Reyes como la nueva titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), porque al igual que hace cinco años advirtieron al gobierno mexicano los riesgos de nombrar a una persona sin experiencia en protocolos de atención a víctimas.

Dijeron que ese  nombramiento se basa en que, esa persona,  fue colaboradora de la actual gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez.

Señalan que, cansadas de tanta simulación, mentiras, nepotismo, y corrupción, postulan  al ingeniero José Carlos Castro Gurrola, víctima por la desaparición de sus 2 hijas y su esposa en el año 2011, con 13 años en Búsqueda, quien ha participado en la elaboración de leyes, en numerosas actividades, reuniones, conferencias, acciones, foros, talleres en Defensa de los Derechos de las víctimas y en  diversas Búsquedas Colectivas e individuales, entre otras gestiones a fines.

Enfatizan, en información proporcionada a SemMéxico, que es un defensor y observador de Derechos Humanos, que hace señalamientos y denuncias al poder ejecutivo, legislativo y judicial.

Detallan que es lamentable que las instituciones que se crearon o impulsaron con años de lucha, para la Búsqueda de Personas Desaparecidas, el Estado las haya convertido en agencia de empleos y de viajes de servidoras y servidores públicos.

Señalan que las y los funcionarios que nombran no cuentan ni con cédula profesional, además  no realizan el trabajo para lo que fueron nombrados,  se limitan a ser acompañantes y la búsqueda la realizan los familiares de las víctimas, lo que han denunciado constantemente.

Precisan que el desorden que había en la Comisión Nacional de Búsqueda era del conocimiento del presidente Andrés Manuel López Obrador y el poder legislativo.

Se pronuncian sobre su desacuerdo con esos censos anunciados,  sin metodología, en el que  acuden casa por casa, violando el artículo 16 de la constitución mexicana, con personal no capacitado en atención a víctimas, además de que dan información o preguntan información confidencial a personas externas a la familia o al caso, exponiendo a las y los familiares de las personas desaparecidas.

Afirman que estarán al tanto del nombramiento y que piden claridad, piden al presidente cumpla, con sus propias palabras “ya basta de simulaciones, de hipocresías, vamos a hablar con claridad”.

Lo que han estado esperando desde el 2018, es algo serio,  pero se ve una gran simulación sacar  una convocatoria para imponer a alguien que no ha sido  postulada por un porcentaje representativo de víctimas o que cumpla con el perfil para dicho cargo.

También hacen un llamado a todas las víctimas de personas desaparecidas para que no se dejen manipular por otros servidores públicos  de  cargos, “pues solo buscan aumentar su currículo, o  se prestan a postular a alguien que les cae muy bien, pues tiene una cadena de intereses profesional y personal, dejando a un lado el interés de la víctima, por las cuales trabajan en dichas instituciones y reciben un sueldo.”

Los y las familiares de los desaparecidos alzan su voz, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador este jueves, en su conferencia mañanera, afirmó que las cifras de más de 126 mil desaparecidos fueron alteradas por la ex titular Karla Quintana Osuna, quien renunció el pasado 23 de agosto “en virtud de los contextos actuales”, según dio a conocer ella misma, y que se interpretó fue debido  a su negativa con el método de depuración del padrón  de personas desaparecidas, ordenado  desde la Presidencia de la República  en mayo pasado.

El Ejecutivo también acusó a la extitular,  de haber enviado el registro de personas desaparecidas a la Organización de los Estados Americanos (OEA), a las Naciones Unidas (ONU) y otras organizaciones internacionales con la idea que las autoridades iban a alterar las cifras.

El jefe del Ejecutivo también dio a conocer  quien  se haría cargo personalmente de la investigación de la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa.

Este jueves el Ejecutivo desmintió a la Comisión de la Verdad que investiga los crímenes durante la Guerra Sucia, que dio a conocer  su informe el miércoles y denunció la  obstrucción por parte del Ejercito para abrir los archivos entre los años 1965 y 1996.

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