SemMéxico/Capital, Ciudad de México, 2 de marzo, 2024.- Esta semana se realizó en Washington una audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde varias familias mexicanas de personas desaparecidas denunciaron la violencia que sufren en las búsquedas en campo, por parte de grupos criminales y fuerzas de seguridad oficiales.
Las familias exigieron condiciones seguras para realizar labores de búsqueda y rastreo. Esta petición deja ver que hay una incapacidad gubernamental para buscar a las y los desaparecidos, y que en México no es seguro buscar a los que faltan.
Raymundo Sandoval, de la Plataforma por la Justicia y por la Paz en Guanajuato, declaró ante CIDH que desde 2010, al menos 20 buscadores y buscadoras han sido asesinadas en el país, la mayoría durante la administración actual de Andrés Manuel López Obrador. De acuerdo a otras organización y colectivos de familiares, está cifra es aún mayor, pues afirmaron que en realidad son 22.
Alejandra Martínez, hermana de Ismael Martínez quien desapareció el 12 de julio de 2020, en Sinaloa, señaló en la audiencia el caso de Rosario Lilián: Rosario fue asesinada en 2022 mientras buscaba a su hijo Fernando.
“Rosario organizó una misa por el día internacional de las víctimas de desaparición. Saliendo, un grupo del crimen organizado se la llevó. Fue localizada tirada en un camino, a medianoche. Su cuerpo fue envuelto en la lona que llevaba la foto de su hijo.»- Recordó Alejandra Martínez.
Por si no fuera suficiente, además de la violencia ejercida por los grupos criminales, las familias denunciaron que el Estado se ha convertido en un obstáculo para la búsqueda de personas desaparecidas, y en un agente revictimizante.
«Cuando realizamos las búsquedas, muchas veces lo hacemos en territorios controlados por grupos delincuentes que operan con autorización y apoyo de agentes del Estado». – Declaró Bibiana Mendoza, quien busca a su hermano desaparecido en 2018 en Irapuato.
Finalmente, la presidenta de la audiencia, Andrea Pochak, calificó de intolerable el hecho de que “salir a buscar a seres queridos implique poner en riesgo la propia vida”. Pochak celebró las medidas institucionales para enfrentar el problea implementadas durante el Gobierno de López Obrador, pero lamentó los “serios retrocesos en esta institucionalidad, la falta de implementación de las leyes, la falta de recursos en los mecanismos y falta de articulación entre agencias del estado”. Ante esto, los familiares de desaparecidos urgieron a la CIDH realizar una visita a México para poder constatar el riesgo que corren las personas buscadoras.
La audiencia concluyó sin respuesta a las exigencias de protección y esclarecimiento. Las demandas respecto al censo a cargo de la Secretaría de Bienestar, que redujo de 115mil a poco más de 12 mil el número de personas desaparecidas en México, tampoco fueron resueltas.
