- Realizan reunión en la que se expone el incremento de la violencia contra personas defensoras y periodistas
- El director de la organización internacional expresó su preocupación por la impunidad
Redacción
SemMéxico, Oaxaca, 8 de agosto, 2024.- La dramática criminalización y judicialización como represalia a su labor, el uso de espacios mediáticos públicos para deslegitimar y descalificar su hacer, así como el incremento de la violencia en su contra, siendo Oaxaca la entidad con mayores números de asesinatos registrados durante el sexenio del actual presidente, con 42 personas defensoras asesinadas, son algunas de las preocupaciones presentadas por personas defensoras y periodistas de diversas regiones del estado ante una delegación de la organización Front Line Defenders.
Durante una visita realizada este miércoles por la tarde, el director de la organización, con sede en Dublín, Irlanda, especializada en protección a personas defensoras Alan Glasgow, reafirmó que seguirán siendo su voz a nivel internacional abogando por la construcción de condiciones de protección para el legítimo ejercicio de la defensa de los derechos humanos.
Glasgow, junto con Sara De Roure, responsable de protección a nivel mundial, Verónica Vidal, integrante del Consejo Directivo y Sandra Patargo, responsable de protección para América del Norte, América Central y el Caribe, expresó su particular preocupación por la impunidad que impera en Oaxaca.
Señaló que la criminalización es una de las problemáticas prioritarias para la organización internacional, por los impactos que causa para quienes defienden derechos humanos, pero también por el grave mensaje de deslegitimación que manda a la sociedad.
En la reunión se abordó también la grave preocupación que existe debido al control territorial en manos de poderes fácticos, el concesionamiento del territorio a empresas transnacionales, el acaparamiento y uso del sistema judicial para criminalizar, el incremento generalizado de la violencia misma que afecta de manera diferenciada a las mujeres y pueblos indígenas.
Además de las violaciones del derecho de acceso al agua y la dramática crisis ambiental que se vive en el estado, el desmantelamiento y ausencia de políticas públicas eficaces para la protección de personas defensoras, el uso de estrategias para romper el tejido social e incrementar la conflictividad, la persecución fiscal, el incremento de la represión de Estado en particular en contra de quienes defienden su territorio señalando entre los principales agresores las fuerzas armadas, entre otros.
Las y los defensores apuntalaron también que la criminalización no solo afecta a las personas defensoras sino a sus familias, comunidades, procesos organizativos generando graves impactos en la salud, física, emocional, así como a nivel social y comunitario.
Un gran pendiente del Estado, más allá de la liberación de las personas defensoras criminalizadas, es el proceso de acceso a la justicia integral, misma que “se queda en el camino”.
Recordaron que en Oaxaca fueron emitidas cinco opiniones por el Grupo de Trabajo sobre Detenciones arbitrarias de las Naciones Unidas sobre casos de criminalización de personas defensoras y que a la fecha siguen sin cumplirse.
Participaron en la reunión integrantes de la organización Unión de Comunidades de la Zona Norte del Istmo de Oaxaca (UCIZONI), Asamblea de Pueblos del Istmo en Defensa de la Tierra y el Territorio (APIIDTT), Red Nacional de Abogadas Indígenas – Capítulo Oaxaca (RAI), Unión Cívica Democrática de Barrios, Colonias y Comunidades (UCIDEBACC), Servicios para una Educación Alternativa (EDUCA), Centro de Derechos Indígenas Flor y Canto, Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., así como la periodista feminista Soledad Jarquín Edgar, la defensora de derechos humanos Yolanda Barranco Hernández y el defensor de derechos humanos Damián Gallardo Martínez.
SEM/sj
