Mujeres jóvenes, solteras y de escasos recursos las que más sufren violencia obstétrica: GIRE
A pesar de normas y políticas públicas, no se ha logrado avance significativo
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 4 de julio, 2024.- En México una de cada tres mujeres en edad reproductiva y una de cada dos mujeres con discapacidad menor de 20 años sufrieron algún tipo de violencia obstétrica durante su último parto-
Para el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) a pesar de que se cuenta con un marco normativo y políticas públicas que deberían servir para prevenir esta situación, no se han logrado avances significativos en la materia.
Tras un análisis con datos públicos respecto a muerte materna y violencia obstétrica en el país, GIRE señala que la salud reproductiva debe ser una prioridad al igual que el gasto público destinado, ya que tan solo en esta administración, el programa presupuestario Salud Materna, Sexual y Reproductiva ha sufrido un recorte de casi 1000 millones de pesos (constantes 2023) si se compara el monto aprobado para el ejercicio 2019 con el monto proyectado para el ejercicio 2023.
En los índices de violencia obstétrica y muerte materna los tres estados con peores desempeños son Yucatán, Ciudad de México y Veracruz. Ciudad de México destaca por ser alta la frecuencia de violencia obstétrica que no se traduce de forma proporcional en un alto índice de mortalidad materna, debido al acceso a recursos hospitalarios que tiene la Ciudad de México, ya que cuenta con las tasas más altas en consultorios y camas de ginecobstetrica y ginocobstetras de acuerdo a los Recursos en Salud Sectorial 2021.
A partir de esta información, se puede inferir que el acceso a la atención médica durante el embarazo, y no solo durante el parto, previene —al menos parcialmente— la muerte materna, a pesar de la alta frecuencia con la que se experimentan otras manifestaciones de violencia obstétrica.
Mientras que en el caso de Chiapas aunque se trata de la entidad con mejor desempeño en materia de violencia obstétrica, apenas supera la media nacional en términos de mortalidad materna. Chiapas es la tercera entidad con menos acceso a consultorios de ginecobstetricia, la segunda entidad con menos personal médico ginecobstetra y la entidad con el menor número de camas de ginecobstetricia por cada 10 000 mujeres en edad reproductiva. Lo anterior posiciona a esta entidad como la peor en relación con el indicador conglomerado de recursos hospitalarios.
En un análisis con los datos públicos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 y 2021 y las cifras de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), se señala que las mujeres jóvenes menores de 30 años y solteras son las que suelen sufrir más una manifestación de violencia obstétrica que va desde los malos tratos o groserías verbales, agresiones físicas, hasta la imposición de procedimientos médicos no consentidos como cesárea, anticoncepción o esterilización no consentida o forzada.
También influye el ingreso laboral propio de las mujeres, entre mayor poder adquisitivo sufren menos violencia obstétrica probablemente porque tienen acceso a mejores centros médicos de atención.
El sector público concentra más del 70 por ciento de los partos, mientras que el sector privado —compuesto por hospitales, clínicas o consultorios médicos privados— el 25.1 por ciento, de acuerdo a los datos del INEGI 2021.
Cabe destacar que dentro del sector público en hospital y clínica del IMSS es donde se presenta la mayor incidencia de violencia obstétrica.
En la “Radiografía de la Violencia Obstétrica y Muerte Materna en México” GIRE busca contribuir a la discusión sobre cómo atender y prevenir ambos fenómenos, y emplea la información pública disponible en la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2016 y 2021 y las cifras de mortalidad del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Violencia obstétrica
GIRE recomienda que la atención a la salud obstétrica debe centrarse en las necesidades de las usuarias, respecto a que se deben distinguir las situaciones en las que realmente se justifica practicar una cesárea y, por otra parte, evitar el procedimiento cuando este se vincula con la preferencia o disponibilidad del personal de salud. Señala que entre 2016 y 2021 se observa un aumento de 4.6 porcentuales en los partos resueltos por cesáreas.
Recomienda fundamental priorizar un adecuado seguimiento obstétrico durante todas las etapas del embarazo; con ello, se esperaría disminuir los casos en los que se practican cesáreas por una situación de emergencia que pudo haberse prevenido.
Respecto a los datos precisos de la edad, los datos de la ENDIREH 2016 Y 2021 , a pesar de que se registró una disminución de la violencia obstétrica para todos los grupos de edad, las mujeres menores de 30 años suelen sufrirla más —36 por ciento de las mujeres entre 15 y 19 años y 36.7 por ciento de las mujeres entre 20 y 29 años informan haber experimentado una manifestación de violencia obstétrica—.
Otro dato preocupante son la presión para los métodos de anticoncepción y esterilización, ya que de ocupar la quinta manifestación más frecuente en 2016 paso a ser la segunda más mencionada en 2021.
La discapacidad sí es un factor que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres ante el fenómeno de la violencia obstétrica.
Organizaciones como Disability Rights International (DRI) y el Colectivo Chuhcan han documentado abusos como pellizcos y jalones, retraso en atención, negarles anestesia y esterilizaciones no consentidas y que, con frecuencia, se les priva del control de su salud reproductiva al no dejarlas tomar decisiones de forma autónoma, pues se asume que no son capaces de otorgar su consentimiento.
También se analiza dónde se atienden las mujeres, de acuerdo a la ENDIREH 2021 el sector público concentra el 70 % de los partos, mientras que el sector privado, compuesto por hospitales, clínicas o consultorios médicos privados, el 25.1 %. Se observa que en Hospital o clínica del IMSS es en donde más manifestaciones de violencia obstétrica se informan, con 39.8 por ciento de tasa de incidencia en 2021. En contraste, en Hospital o clínica privada se reporta 15.1 por ciento para el mismo periodo.
Muerte Materna
De acuerdo con el INEGI, de 2009 a 2015, en México se observó una tendencia a la baja en este indicador; sin embargo, entre 2015 y 2019 hubo un estancamiento. Si la tendencia a la baja se hubiera mantenido constante, México habría alcanzado los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que implicaban reducir la Razón de Maternidad Materna (RMM) 75 por ciento para el año 2015— en el año 2032.
La pandemia por Covid 19 freno este avance y el segundo año de pandemia, 2021, fue el peor año del que se tiene registro desde que la información se publica en datos abiertos (1992), pues esta cifra se estimó en 95.38, casi tres veces la RMM más baja registrada en 2015 (35.04).
Los contagios de covid 19, ya sea como principal agravante o como una barrera por la que las personas gestantes no pudieron recibir la atención médica adecuada, tuvieron un efecto directo en las defunciones maternas.
La mayoría de las muertes maternas son evitables, por lo cual, su prevalencia suele deberse a deficiencias en el funcionamiento de los sistemas de salud nacionales, sobre todo en la provisión de atención prenatal, la atención especializada durante el parto y el seguimiento oportuno durante el puerperio.
La prevalencia de la Muerte Matena ha sido uno de los principales indicadores de la calidad de atención en los servicios de salud desde los Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM), fijados en el año 2000, hasta los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), establecidos en 2015 para su cumplimiento en 2030.
En México, este problema se suma a un contexto de desigualdad estructural en el acceso a los servicios de salud. Como resultado, las entidades federativas con una mayor RMM suelen ser, a su vez, las entidades que presentan mayores índices de rezago social y de población indígena; a saber, Oaxaca, Guerrero, Nayarit y Chiapas. Solo será posible planear y desarrollar políticas públicas que atiendan este problema si se cuenta con datos accesibles y confiables que permitan monitorear las barreras al acceso a servicios de salud reproductiva.
Una posible solución al reto que implica el subregistro de nacimientos, al menos para 2021, es la imputación de nacimientos ocurridos en 2020 y registrados en 2021 con base en el mes de ocurrencia. Al realizar el ejercicio descrito, GIRE encontró que, aunque el 2021 continúa siendo el peor año del que se tiene registro, la magnitud de la RMM disminuye, al estimarse en 66.54 defunciones maternas por cada 100 000 nacimientos con vida.
La mortalidad materna se debe abordar desde la justicia reproductiva; su monitoreo implica que se pueden emitir recomendaciones de corto, mediano y largo plazo para erradicarla, tomando en cuenta situaciones de discriminación basada no solo en el sexo/género, sino en otras condiciones, incluidas la edad, la condición socioeconómica y la autoadscripción étnica o racial.
