- En el marco del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres señalan violaciones a derechos de las mujeres
- Exponen caso de menor violada sin que le permitan abortar
Josefina Aguilar Pastor
SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 28 de mayo, 2020.- Organizaciones de la Sociedad Civil demandaron hoy que la Secretaría de Gobernación (SEGOB) declare la segunda alerta de violencia de género por agravio comparado en esta entidad, ante la falta de acceso a servicios especializados de salud, que incluyen la interrupción legal del embarazo.
Como parte de la conmemoración del Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres, a través de redes sociales, denunciaron la omisión del gobierno Federal para atender la solicitud de declaratoria por agravio comparado, presentada el 8 de marzo del 2018, y cuyo plazo para su declaración, venció en diciembre pasado.
El Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio, Católicas por el Derecho a Decidir, Observatorio Ciudadano de las Violencias contra las Mujeres en Guerrero (OBVIO- Guerrero); Justicia, Derechos Humanos y Género dijeron desconocer si la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) ha solicitado al gobierno de Guerrero información del cumplimiento de las recomendaciones recibidas, que de acuerdo al Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, debía realizar en un plazo seis meses.
Señalaron que en tanto el gobierno Federal omite su responsabilidad, en Guerrero se siguen violentando los derechos de las mujeres y las niñas.
Las peticionarias citaron las cifras del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, el año pasado: en 2019, 3 mil 825 mujeres fueron asesinadas en el país, de los cuales solo mil 6 casos fueron investigados como feminicidio.
En Guerrero, se registraron 312 casos de violación, 389 de abuso sexual y 11 denuncias por aborto; en tanto, que la Fiscalía General del Estado (FGE), acreditó ese año sólo 16 feminicidios y en 2020 8, “cuando la realidad es distinta, se está ocultando al máximo la violencia contra las mujeres” acusaron.
En cuanto al acceso a la salud hay resistencia por parte del personal de la Secretaría de Salud de aplicar la norma 049, para la interrupción legal del embarazo (ILE), bajo dos argumentos principales, el primero que en la ley estatal aún se establece como requisito, la autorización del ministerio público para hacerlo, y el segundo, la apelación al derecho de conciencia al que aluden muchos médicos.
Como ejemplo de esta omisión, Viridiana Gutiérrez Sotelo, representante de OBVIO- Guerrero, mencionó el caso de Esmeralda, una niña de 14 años de edad, con discapacidad intelectual, embarazada víctima de violación sexual y pesar de estar su vida en riesgo no le realizaron la interrupción del embarazo, tuvo una niña que murió al nacer por un choque séptico, sepsis neonatal y de neumonía.
Hace un mes, tras realizar una visita de seguimiento, el personal de salud constató que la hermana menor de Esmeralda, quien también tiene discapacidad cognitiva, es víctima de violación.
Aun cuando OBVIO-Guerrero insistió a la Procuraduría del Menor del DIF estatal le brindara atención e, incluso, solicitó la intervención del Instituto Municipal de la Mujer en Acapulco, la visita domiciliaria se realizó sin respetar el protocolo de atención a víctimas de violencia, y de manera tardía, usaron como pretexto la pandemia por COVID-19.
SEM/jap/sj
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