Rubí Peniche Cetzal*
SemMéxico, Ciudad de México, 2 de abril, 2024.- Existe la necesidad de contar con mecanismos oportunos, especializados y sistemáticos que den cuenta de las condiciones de los aprendizajes del estudiantado, así como de la importancia de incluir instrumentos que adicionen información, como es el contexto de las comunidades escolares y la opinión del profesorado respecto de lo que ocurre en sus aulas. En ese sentido es necesario que MEJOREDU cumpla a cabalidad con la misión que le marca la ley.
A raíz de los más recientes resultados de la prueba PISA, en su aplicación de 2022, muchos países entraron en una larga discusión sobre la caída de los puntajes, respecto de 2018, y la subida de estos en solo algunos de los países miembros de la OCDE.
México fue unos de los países que se vieron afectados por la pérdida de aprendizajes en proporciones considerables, lo que abrió un gran debate y la búsqueda de responsables (con reproches incluidos) sobre este escenario educativo. Además, en algunos sectores, la prueba fue descalificada al afirmar que se basa en mediciones meramente de memoria y descontextualizada al país.
La comunidad académica, docentes, políticos y representantes de organizaciones se preguntaban constantemente sobre la razón de esos resultados, inclusive se atribuía esto a los estragos ocasionados por la pandemia de salud por COVID-19; sin embargo, los resultados obtenidos en México eran de preocupación que implicaba no solo analizar el encierro de los alumnos durante la contingencia de salud, sino de una variedad de factores que incluían tanto las decisiones gubernamentales como las acciones de los actores escolares.
La situación descrita llevó a una reflexión compartida sobre la educación actual del país, en especial sobre el asunto de la evaluación educativa, ya que esta es una actividad que implica un trabajo sistemático con el fin de procurar una mejora de lo que acontece en las escuelas Y es aquí donde este escrito cobra relevancia con respecto a uno de los organismos más comentados del gobierno actual: MEJOREDU (Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación), pues diferentes actores coincidieron unánimemente en exigir a las instancias oficiales, que se posicionaran y expresaran su parecer; y en particular a MEJOREDU.
Recordemos que este organismo entró en funciones en 2019, a partir de la extinción del INEE, como organismo autónomo; y, entre sus tareas están las siguientes:
1. Realizar estudios, investigaciones especializadas y evaluaciones diagnósticas, formativas e integrales del Sistema Educativo.
2. Determinar indicadores de resultados de la mejora continua de la educación.
3. Establecer los criterios que deben cumplir las instancias evaluadoras para los procesos valorativos, cualitativos, continuos y formativos de la mejora continua de la educación.
4. Emitir lineamientos relacionados con el desarrollo del magisterio, el desempeño escolar, los resultados de aprendizaje; así como de la mejora de las escuelas, organización y profesionalización de la gestión escolar.
5. Proponer mecanismo de coordinación entre la autoridad educativa federal y las autoridades de las entidades federativas, para la atención de necesidades de las personas en la materia.
6. Sugerir elementos que contribuyan a la mejora de los objetivos de la educación inicial, de los planes y programas de estudio de educación básica y media superior, así como para la educación inclusiva y de adultos.
7. Generar y difundir información que contribuya a la mejora continua del Sistema Educativo Nacional.
De ahí que el funcionamiento de este instituto debería ser de gran relevancia para el sistema educativo del país, y explica las exigencias manifestadas por diversos actores y sectores educativos respecto del escenario descrito más arriba. Expertos en la materia manifiestan la necesidad de contar con mecanismos oportunos y especializados que den cuenta de las condiciones de los aprendizajes del estudiantado, así como de la importancia de incluir instrumentos que adicionalmente proporcionen información acerca del contexto de las comunidades escolares y la opinión del profesorado respecto de lo que ocurre en las aulas. Todo ello con el fin de comprender integralmente los resultados que se obtengan de las evaluaciones del desempeño del estudiantado.
Por lo anterior, se extraña la administración sistemática –en general, por parte de autoridades educativas, y en particular de MEJOREDU– de pruebas a gran escala aplicadas en educación primaria, secundaria y media superior, como ocurría en el pasado. Aunque soy consciente de que no basta con evaluar para establecer juicios, pues una prueba no debe ser el único mecanismo para determinar la calidad educativa.
Si bien es cierto que se han presentado y puesto en marcha diversos programas y proyectos en materia de evaluación educativa en este sexenio, también se han presentado constantes expresiones de desconcierto y confusión con respecto a los mecanismos de evaluación utilizados, no sólo de los aprendizajes del estudiantado, sino también de los docentes en lo que se refiere a su ingreso, permanencia y promoción al servicio docente.
Enfocándonos en la propuesta de evaluación actual, el nuevo Modelo de evaluación diagnóstica, formativa e integral propone un cambio conceptual hacia la valoración de diversos procesos educativos, con énfasis en la retroalimentación, y reiterando el uso de los resultados para una mejora continua de la educación. Este panorama es alentador, pero a la vez desafiante, toda vez que al estar casi por finalizar la gestión del actual gobierno federal no se han llevado a cabo algunas actividades y programas que son de prioridad en el sector educativo y pesa la idea de que ya se es tarde para ello.
La preocupación parece ser mayor, considerando que el 5 de febrero de 2024, en la Gaceta Parlamentaria se notificó una serie de iniciativas que pasarían a revisión, con el propósito de considerar modificaciones que pueden afectar ciertos organismos constitucionalmente autónomos y organismos descentralizados o desconcentrados como es el caso de MEJOREDU. Lo anterior, ha levantado nuevas inquietudes. Entre otras: Si desaparece MEJOREDU ¿se creará un nuevo organismo para la evaluación educativa? ¿La SEP será juez y parte? ¿A quién se le consultará su viabilidad? ¿Qué ocurrirá con la evaluación educativa?
Nuestro deber como personas interesadas y comprometidas con la educación es estar atentas a las posturas y propuestas que las actuales candidatas y el candidato a la Presidencia de México tienen respecto de la educación. No es un tema menor, y a veces parece ser que el hartazgo de los procesos políticos nos hace bajar la guardia y nos lleva a ser apáticos con respecto a lo que es trascendental para nuestro país. Debemos exigir, manifestarnos, cuestionar, todo esto en beneficio de la educación mexicana que anhelamos.
Rubí Peniche Cetzal* Integrante de MUxED. Es licenciada en Educación y Maestra en Investigación Educativa por la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Yucatán. Doctora en Investigación Educativa para el Desarrollo del Currículo y de las Organizaciones Escolares por la Universidad de Granada, España. Investigadora Titular “C”, y Coordinadora de Investigación y Posgrado en el Instituto de Investigación y Desarrollo Educativo (IIDE) de la Universidad Autónoma de Baja California. Es miembro activo del SNI, del COMIE, y de RILPE.
