- Aproximadamente cuatro de cada diez personas que abortan en la Ciudad de México viven fuera de la capital
- Salvemos Miles de Vidas México hace un llamado a tomar el aborto como lo que es: un procedimiento médico
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 24 de abril, 2027.- A 19 años de la aprobación de la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) en la CDMX, la capital del país se mantiene como un referente nacional y regional en el acceso a servicios de salud reproductiva seguros.
Desde su implementación, la ILE no solo ha transformado la vida de miles de personas en la capital, sino que ha evidenciado una realidad estructural: el acceso al aborto seguro en México sigue dependiendo del lugar donde se vive, de los servicios de salud disponibles, de los recursos económicos y de si la legislación local aún no se ha actualizado y continúa criminalizándolo.
De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México (Sedesa), aproximadamente el 40 por ciento de las interrupciones legales del embarazo realizadas en la CDMX corresponden a niñas, mujeres y personas con la posibilidad de gestar provenientes de otras entidades del país. Esto muestra cómo la ILE en la capital ha funcionado como una red de atención nacional ante las desigualdades en el acceso a servicios de salud reproductiva.
“Desde que se despenalizó el aborto en la CDMX, se han registrado cero muertes maternas en las más de 300 mil interrupciones legales del embarazo realizadas. Esto nos muestra que cuando existen servicios seguros, con personal capacitado y sin estigma, las mujeres no tienen por qué poner en riesgo su vida con procedimientos inseguros.
“Desafortunadamente, esta no es la realidad para todas en el país, ya que seguimos viendo estados con regulaciones restrictivas y prohibitivas. Esto, además de ponerlas en riesgo, se convierte en un problema de desigualdad nacional, ya que el aborto debe ser un servicio de salud esencial para cualquier mujer, independientemente del lugar donde viva”, señaló Sandra Karina Gaspar Martínez, médica ginecobstetra que ejerce en la CDMX y en el Estado de México.
De acuerdo con el colectivo de profesionales de la salud, Salvemos Miles de Vidas México, la ILE en la CDMX ha demostrado que, cuando el Estado garantiza el acceso, la mortalidad materna por causas evitables disminuye, al sustituir prácticas inseguras por atención médica oportuna y regulada.
A nivel global, la evidencia es contundente: de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), cada año ocurren alrededor de 25 millones de abortos inseguros, responsables de aproximadamente el 13 por ciento de las muertes maternas; estas muertes se pueden prevenir garantizando el acceso a servicios seguros.
Sin embargo, que el modelo funcione no significa que el acceso esté garantizado. En México, aunque se han registrado avances legales en distintas entidades, persisten barreras en la implementación que limitan la atención oportuna y completa. Entre ellas destacan el estigma, la desinformación y el temor a la criminalización, tanto para las personas usuarias como para el personal de salud, lo que en la práctica se traduce en retrasos, servicios incompletos y decisiones condicionadas por el miedo.
Una de estas barreras es que el aborto siga tipificado como delito en todo el país, incluso en la Ciudad de México. Esto impacta directamente en la atención: genera incertidumbre en el personal de salud y miedo en las personas para acceder a los servicios, lo que en muchos casos retrasa la atención o empuja a los procedimientos inseguros.
“La principal barrera es la desinformación institucionalizada y el estigma persistente dentro de las instituciones de salud. A pesar de los avances jurídicos, muchas mujeres y personas con posibilidad de gestar, se enfrentan a una “objeción de conciencia” mal aplicada, que se utiliza no como un derecho individual del personal, sino como un bloqueo institucional para negar el servicio. Por esto, mantener el aborto en el código penal es un error de gestión pública que cuesta vidas y manda el mensaje de que es un delito, no un servicio de salud”, explicó y señaló Joselyn Rivera Vilchis, médica general y psicoterapeuta psicoanalítica, radicada en León, Guanajuato.
En la práctica, estas barreras significan que el acceso no es siempre oportuno ni uniforme: hay retrasos en la atención, servicios incompletos y decisiones condicionadas por el miedo a consecuencias legales.
“Necesitamos que el aborto se regule solo como lo que es: un servicio de salud. Esto nos permitiría a todos los que hacemos parte del personal de salud, trabajar sin barreras ni miedo a la criminalización. Necesitamos que nos dejen trabajar desde la perspectiva médica, profesional y de salud, sin que una legislación nos ate las manos”, comentó José Enrique Bolaños, ginecobstetra con práctica en la CDMX y el Estado de México.
El incumplimiento de algunos estados a los lineamientos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México obliga a miles de personas a desplazarse fuera de sus entidades para acceder a servicios seguros o a recurrir a prácticas inseguras que pueden poner en riesgo su vida y su salud.
Este desplazamiento constante hacia la CDMX no solo refleja desigualdad territorial, sino también una presión sobre su sistema de salud, que opera como red nacional mientras persisten barreras que afectan la atención, incluso en la capital.
Por esto, a 19 años de la ILE en la CDMX, el reto ya no es demostrar que el modelo funciona, sino garantizar que este derecho sea efectivo en todo el país y para todas las personas. Para lograrlo, es necesario eliminar las barreras que siguen limitando el acceso, incluyendo aquellas derivadas de que el aborto continúe siendo considerado un delito en el Código Penal.
“Mientras el aborto permanezca en el Código Penal, aunque tenga excepciones o causales, implica que sigue tratándose como un tema penal y no de salud. En la práctica, esto se traduce en miedo: miedo de las usuarias a ser denunciadas, miedo del personal de salud a actuar, miedo institucional a garantizar plenamente el servicio. Para quienes brindamos atención, significa trabajar en una zona ambigua, donde el cuidado convive con el riesgo legal y moral, limitando la posibilidad de ofrecer una atención abierta, empática y sin reservas. Si el aborto se regulara únicamente como un servicio de salud, dejaría de ser un acto vigilado para convertirse, por fin, en una decisión acompañada”, concluyó Blanca Estela Kempis Robles, cirujana y partera, especialista en salud sexual en el estado de Morelos.
El caso de la CDMX demuestra que es posible reducir riesgos y salvar vidas, pero también deja claro que, mientras el aborto siga siendo considerado un delito, las barreras de acceso persisten y afectan tanto a pacientes como al personal de salud.
Por esto, las y los integrantes de la red Salvemos Miles de Vidas México urgen legisladores federales y estatales a aprender del caso de la CDMX, siendo un caso de éxito regional que ha probado, una y otra vez, los beneficios de una política enfocada en la salud y la dignidad.
SEM/redacción
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