Activistas señalan los registros del banco nacional de datos de las violencias contra las mujeres no son claros/ Foto: José Melton | La Prensa
- Inegi contabiliza más de 7 mil casos de feminicidio por encima de la cifra reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
- Entrega Irinea Buendía propuesta de Ley Mariana Lima Buendía en el Congreso del Estado de México
Adyr Corral
SemMéxico/El Sol de México, Ciudad de México, 19 de julio, 2023.- Los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) discrepan en torno a las cifras de feminicidios en México.
Al revisarse las cifras de homicidios cometidos en contra de mujeres entre 2015 a 2022, los registros del Inegi marcan 27 mil 984 y los del SESNSP sólo 20 mil 446, una diferencia de 7 mil 538 casos, según el reporte del Centro Nacional de Información (CNI) del SESNSP, titulado Información sobre violencia contra las mujeres.
Para la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF), Luz Estrada, no existe claridad en México sobre el fenómeno de visualización de los feminicidios, independientemente de si esta diferencia, entre dos instancias del orden federal, pueda entenderse como una posible discordancia metodológica.
«Y eso sí puede ser una situación que preocupa, porque de por sí no se investigan los homicidios. Las muertes violentas se deben de investigar con perspectiva de género», dijo a El Sol de México.
También lamentó que el banco nacional de datos de las violencias contra las mujeres no sea claro, lo cual refleja la poca importancia que se le da la vida de las mujeres.
«Al momento de invisibilizar, lo que se refleja es un desinterés. No les importan las vidas de las mujeres. Les importa más bien el invisibilizar para decir que todo ahí va, cuando sabemos que la realidad sigue siendo compleja y que requiere la colaboración de los tres niveles de gobierno para erradicar un problema que cada vez es más grave y complejo», advirtió.
En tanto, la activista en Derechos Humanos Irinea Buendía Cortez, quien hizo pública la discrepancia de cifras sobre homicidios contra mujeres en México, informó que arrancará en el Estado de México la promoción de la ley Mariana Lima Buendía, la cual busca crear en la entidad el nuevo delito de negativa de acceso a la justicia por razones de género, a fin de evitar actos de omisiones.
También incluye reformas a la legislación general para que la Fiscalía General de la República y la Fiscalía General de Justicia local investiguen todas las muertes violentas como feminicidios, indicó.
Este martes acudió a la Legislatura mexiquense, ubicada en Toluca, con la intención de entregar la iniciativa, pero repetirá su visita porque esa instancia está en periodo vacacional.
Hace 13 años, la joven Mariana Lima Buendía, hija de Irinea, perdió la vida a causa del feminicidio cometido por su esposo, Julio César Hernández Ballinas, en Chimalhuacán, lo cual motivó a su madre a exigir justicia y luchar porque ese acto se tipifique como tal, y la Suprema Corte de Justicia de Nación (SCJN) falló a su favor, según la sentencia 554/2013.
En entrevista afuera de la entrada principal del Poder Legislativo estatal, afirmó que son necesarias las reformas para detener a los feminicidas.
“La sentencia Mariana Lima Buendía es un manual que todo Ministerio Público debe conocer para poder hacer su trabajo y llegar a una sentencia condenatoria contra un feminicida y siente precedentes y garantía de no repetición”.
Recordó que la iniciativa la conformó ella y los abogados Pablo Navarrete y Jimena Ugarte, y cuenta con la opinión o experiencias de colectiva y activistas.
Comentó que son tres los ejes de la iniciativa que lleva el nombre de su hija. En primer lugar, la investigación de todas las muertes violentas de mujeres con perspectiva de género en las 32 Fiscalías de Justicia de los estados de la República mexicana y la Ciudad de México, en donde se contemplen los suicidios, los accidentes y los homicidios dolosos porque el protocolo así lo dicta.
“El segundo es sancionar a los servidores públicos omisos, negligentes, corruptos que incurren en omisiones, negligencias y que obstruye la investigación y la justicia”.
En tanto que el tercer aspecto de la iniciativa apuntó, es la reparación integral del daño realizado por las autoridades.
