Legislar desde los prejuicios, el desconocimiento y la ignorancia pone en riesgo la vida de mujeres y niñas, señalan.
Elda Montiel
SemMéxico. Cd. de México. 10 de julio de 2019.- La iniciativa para ”proteger la vida desde la concepción hasta la muerte”, del diputado panista Jorge Alberto Nordhausen Carrizales que pretende modificar la Constitución Política del Estado de Campeche, pone en vulnerabilidad la vida de las niñas y mujeres de Campeche, cuando se ven en la necesidad de interrumpir su embarazo.
La Red de Mujeres y Hombres por una Opinión Pública con Perspectiva de Género en Campeche A. C., a través del Observatorio de Violencia Social y de Género en Campeche, demandan a la Comisión Estatal de Derechos Humanos se pronuncie frente a esta clara amenaza a la vida de las mujeres y las niñas.
Precisaron que legislar a favor del aborto es legislar a favor de la vida. La vida por proteger es, entre otras, las de las mujeres y niñas que habitan en Campeche, que construyen este estado día a día, y por quienes el mencionado legislador no ha procurado nada en su quehacer.
El colectivo de organizaciones de la sociedad civil advierte que de aprobarse esta ley significaría un grave retroceso a la protección del ejercicio de los derechos humanos de mujeres y niñas reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en tratados internacionales.
“Legislar desde los prejuicios, el desconocimiento y la ignorancia pone en riesgo la vida de mujeres y niñas”.
Consideran que es importante recordarle al diputado Nordhausen Carrizales que su obligación como servidor público es velar porque se garantiza el principio de progresividad de derechos y respetar las posturas de los organismos internacionales como la ONU y el Sistema Interamericano que han exhortado al Estado Mexicano a adoptar una orientación clara sobre la despenalización del aborto, que se reconoce como un derecho humano.
También, recordaron que en México hay normas y tratados vigentes para todo el territorio nacional, por lo que, sin importar esta u otras reformas que busquen criminalizar a las mujeres –poniéndonos con ello en riesgo- el aborto es un derecho humano garantizado en todo el país mediante mecanismos como la Norma Oficial Mexicana 046, tratados internacionales y recomendaciones a nuestro país para salvaguardar la salud y vida de las mujeres.
La adopción de normas que prohíben de manera absoluta la interrupción del embarazo y que incluso lo penalizan, constituye una forma de discriminación contra las mujeres, que vulnera su derecho a la salud y que incluso constituye una forma de tortura en los casos en los cuales los estándares de derechos humanos han reconocido a las mujeres su derecho a interrumpir el embarazo.
En los casos que pongan en riesgo su vida, o cuando el embarazo es resultado de una violación o un incesto.
Por lo que citaron la jurisprudencia como la emitida por el Comité para la Eliminación de la Discriminacióncontra la Mujer en el caso L.C. v. Perú, del Comité de la CEDAW, caso CEDAW/C/50/D/22/2009, párrafo8.15.
Y en el caso del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el caso K.L. v. Perú, CCPR/C/85/D/1153/2003, párrafos 6.3 y 6.4, y casi V.D.A. v. Argentina, CCPR/C/101/D/1608/2007, párrafos 9.2 y 9.3, todos los cuales constituyen criterios orientadores en el cumplimiento de obligaciones internacionales contenidas en tratados de los cuales México es Parte, como lo son la CEDAW y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
