SemMéxico, Cd. de México, 30 octubre 2017.- La senadora Angélica de la Peña Gómez propuso cambiar la naturaleza jurídica del Instituto Nacional de las Mujeres (INMujeres) para crear una Secretaría para la Igualdad de la Mujer, que tendría más atribuciones de autoridad que permitan avanzar en la consecución de una política nacional de garantía de los derechos humanos de las mujeres.
La iniciativa de la legisladora del grupo parlamentario del PRD, que fue turnada a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda para su análisis, busca reformar el Artículo 26 y agregar un Artículo 32 ter a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para crear la Secretaría para la Igualdad de la Mujer, la cual se encargaría de proteger el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres.
Al fundamentar la propuesta, la senadora destacó que hasta el momento el INMujeres no ha logrado trascender de manera definitiva y permanente en su labor como órgano rector de las políticas públicas en materia de igualdad entre mujeres y hombres, en la erradicación de la discriminación y la violencia que todos los días vulneran los derechos de las mujeres y de las niñas.
Lo anterior, debido a que las atribuciones normativas actuales del INMujeres lo limitan únicamente a realizar acciones de coordinación, evaluación, promoción y, en su caso, emitir opiniones sobre las políticas públicas en la materia.
La iniciativa señala la importancia de que el INMujeres se transforme en una Secretaría, la cual radica en la necesidad de que se consoliden las acciones legislativas y gubernamentales implementadas en el país para lograr la igualdad de las mujeres, a través de una entidad que cuente con las facultades necesarias para formular las políticas públicas gubernamentales para el desarrollo pleno de las mujeres durante todo su ciclo de vida.
Entre las facultades que tendría la Secretaría para la Igualdad de la Mujer, estarían: promover, dar seguimiento y evaluar las políticas públicas destinadas a asegurar la igualdad de oportunidades y de no discriminación contra las mujeres; igualdad entre mujeres y hombres; y, la erradicación de violencia hacia las mujeres, procurando fomentar la participación de la sociedad.
También dar seguimiento y evaluar la incorporación de la perspectiva de género y no discriminación en el Plan Nacional de Desarrollo, programación y presupuesto de egresos de la federación; establecer y concertar acuerdos y convenios con las autoridades en los tres niveles de gobierno para promover las políticas, acciones y programas que se establezcan en el Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres y el Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
De igual forma, elaborar, ejecutar y dar seguimiento al Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en coordinación con las demás autoridades integrantes del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres y declarar la Alerta de Violencia de Género contra las mujeres y verificar su cumplimiento.
En la tribuna la legisladora perredista recordó que la creación por Ley del Instituto Nacional de las Mujeres se dio en respuesta a los compromisos y obligaciones internacionales de México, para lo cual se creó un organismo descentralizado de la Administración Pública Federal con personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía técnica y de gestión para lograr el respeto a los derechos de las mujeres.
Aunque actualmente es el Ejecutivo Federal quien se encarga de la rectoría de las facultades programáticas para el diseño, definición, ejecución, aplicación y vigilancia de la política pública en materia de derechos humanos de las mujeres y las niñas, a través de la Secretaría de Gobernación (SEGOB).
En ese sentido, es la SEGOB, conforme a las atribuciones de la Ley Orgánica de Administración Pública Federal, la que formula, norma, coordina y vigila las políticas de apoyo a la participación de las mujeres en los distintos ámbitos del desarrollo, así como propicia la coordinación interinstitucional para la realización de programas de específicos.
En 2012 la senadora Angélica de la Peña presentó dicha propuesta, pero no prosperó, por ello, el pasado 26 de octubre volvió a presentarla ante el Pleno.
“Nadie discute que el INMujeres funciona con un gran esfuerzo, que se reconoce, sin embargo, ya llegó a su límite, ya no funciona para los requerimientos nacionales y para promover y asegurar la promoción de los derechos de las mujeres”, sostuvo.
SEM/am/lr
INMujeres no se ha consolidado como órgano rector de políticas públicas de igualdad
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