Gabriela Coutiño
SemMéxico, Tuxtla Gutiérrez, Chis. 14 junio de 2022.- Migrantes integrantes de la caravana que partió el pasado 6 de junio pasado de Tapachula, y que se dispersó con la entrega a siete mil personas de la Forma Migratoria Múltiple (FMM) con una vigencia de 30 días, están siendo detenidos en diversas partes del país, por cuerpos de seguridad que no están facultados para ejercer tareas de control y verificación migratoria, denunció el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM).
«En las detenciones realizadas particularmente en el norte del país, las autoridades argumentan que las FMM, no son válidas para garantizar la estancia de las personas en el territorio nacional, respondiendo a políticas de contención de Estados Unidos. También hemos recibido reportes de personas expulsadas a Guatemala que requieren de mayor investigación”, denunciaron.
Al señalar que los trámites realizados en el Centro de Atención Integral al Tránsito Fronterizo (CAITF) Cerro Gordo de Huixtla, se realizaron de manera discrecional y sin información clara, ni suficiente; el Colectivo señaló que la entrega de la FMM, que solamente garantiza estancia regular por 30 días, “no resuelve de fondo la necesidad y el derecho de las personas a regularización migratoria de mediano y largo plazo, así como tampoco garantiza el acceso a derechos fundamentales”.
La veintena de organizaciones civiles, refiere que el éxodo, conformado por personas, en su mayoría de nacionalidad venezolana, y familias con niñas, niños y adolescentes, además de personas LGBTIQ+, mujeres embarazadas y personas con discapacidad, salió de Tapachula ante la falta de vías de regularización y acceso a la solicitud de asilo.
En el transcurso de estos días, agregó-, se han congregado más personas en el CAITF de Huixtla, para obtener la regularización migratoria tras meses de espera a sus procesos en Tapachula, “lo que genera más confusión sobre los procedimientos. Hoy, lunes 13 de junio, siguen más de mil personas en dicho lugar sin información, ni comunicación clara, por parte del Instituto Nacional de Migración (INM) sobre los procedimientos».
Al denunciar la violencia institucional ejercida por el INM ante la discrecionalidad y arbitrariedad en los procesos de regularización migratoria, generando tensión entre las personas y desconfianza general, el colectivo dijo que ”las FMM se otorgaron después de haber expuesto a las personas a diversos riesgos a su integridad y salud física y emocional por las condiciones de precariedad en las que se
les obligó a esperar por sus documentos, y de las cuales ni siquiera necesidades básicas como agua se pudieron cubrir».
“Las FMM se otorgaron después de haber expuesto a las personas a diversos riesgos a su integridad y salud física y emocional por las condiciones de precariedad en las que se les obligó a esperar por sus documentos, y de las cuales ni siquiera necesidades básicas, como agua se pudieron cubrir. Personas de perfiles de alta vulnerabilidad, como lo son familias con niñas y niños, mujeres embarazadas y personas de la comunidad LGBTIQ+ tampoco recibieron atención adecuada”.
Añadió: “El jueves 9 de junio se documentó la necesidad urgente de atención médica a un niño en el CAITF, sin embargo, aún con la presencia de una ambulancia la familia tuvo que trasladarse por sus propios medios a buscar atención médica, ya que la ambulancia no tenía chófer y las autoridades presentes, Guardia Nacional (GN), Tránsito y Policía, se negaron a brindar la atención necesaria”.
El Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos en el Sureste Mexicano (COMDHSM) advierte que continuará con la labor de monitoreo y observación de los procedimientos en las ciudades de la frontera sur de México, al tiempo que exigió a la Secretaría de Gobernación, al INM, a la Guardia Nacional y a la Policía municipal y estatal «respeto a la legalidad de los documentos de estancia regular en el país otorgados por el propio INM y los derechos que dichos documentos garantizan, en particular la no detención».
