- Ley la partería tradicional en reforma a la Ley General de Salud.
- Reconocimiento a las mujeres indígenas con presupuesto con perspectiva de género en el INPI.
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 12 de febrero, 2024.- La senadora panista Josefina Vázquez Mota presentó una iniciativa en el Senado de la República para incrementar, en 50 por ciento las penas establecidas para el abuso sexual cuando la víctima se encuentra bordo de un vehículo particular o de servicio público.
Cabe recordar que el artículo 260 de dicho ordenamiento dispone que, a quien cometa este delito, se le impondrá una pena de seis a 10 años de prisión y hasta doscientos días de multa.
Sostuvo que las niñas y las mujeres se ven amenazadas dentro del transporte público, debido a que no existe un apartado en la ley que proteja la vida y la integridad dentro de estos medios, por lo que se incentivan estos comportamientos con absoluta impunidad.
La legisladora refirió que de acuerdo con la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 2023, más del 70 por ciento de las mujeres que usan el transporte público manifestaron sentirse inseguras al utilizar este medio de movilidad, debido a las agresiones sexuales que suelen presentarse al interior de este servicio.
Vázquez Mota destacó que el abuso sexual hacia este género en el transporte público es una realidad frecuente en el país, y ha obligado a dividir en algunos medios de transporte un área de mujeres y otra de hombres para evitar los tocamientos y las agresiones de carácter sexual.
La presidenta de la Comisión de los Derechos de la Niñez y de la Adolescencia comentó que se trata de un problema grave, que requiere la atención e inclusión en las agendas de gobierno y de las instituciones correspondientes, ya que son los encargados de promover y garantizar a la ciudadanía el derecho de viajar y transportarse de forma libre y segura con respeto y dignidad.
La propuesta busca adicionar un párrafo sexto al artículo 260 del Código Penal Federal, a efecto de establecer las penas para el abuso sexual cometido a bordo de un vehículo particular o de servicio público, la sanción se aumentará en una mitad más en su mínimo y máximo.
En la iniciativa, que fue turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y de Estudios Legislativos, la senadora agregó que se tiene que castigar este tipo de abuso y de agresiones, pues “no pueden normalizarse, y tampoco mantenerse indiferente frente a ello, es obligación fortalecer las leyes existentes y es momento de tomar medidas concretas”.
Dijo que, a pesar de que se han promovido por parte de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) y el Instituto Nacional de las Mujeres, lineamientos para prevenir y atender el acoso sexual en el transporte público colectivo, no se ha logrado que las mujeres se sientan seguras en su entorno.
Reconocimiento de la partería tradicional en modificación a la Ley General de Salud
Se le da validez jurídica a la partería tradicional al aprobar la Cámara de Diputados proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud, en materia de partería tradicional.
El documento fue enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, incluye a la partería tradicional en la facultad del Sistema Nacional de Salud para promover el respeto, conocimiento y desarrollo de la medicina tradicional indígena y su práctica en condiciones dignas.
La diputada Aleida Alavez Ruiz (Morena) expresó que esta minuta reconoce el trabajo, dedicación y experiencia de las parteras tradicionales, su aportación a la preservación de las tradiciones y costumbres garantiza el derecho de las mujeres indígenas a ser atendidas en su embarazo, parto y puerperio en su propia lengua, y da validez jurídica a esta actividad ancestral.
Esta práctica, añadió, dignifica y recupera el conocimiento ancestral que es parte del patrimonio cultural y social de los pueblos y comunidades indígenas; lamentablemente, dijo, a pesar de que según cifras del Inegi en el país existen 23.3 millones de personas que se autoidentifican como indígenas, el Instituto Nacional de Salud Pública sólo contabilizó 15 mil parteras tradicionales en 2016.
Subrayó, es necesaria esta reforma que garantiza y protege el ejercicio de las parteras tradicionales en condiciones de dignidad y acorde con los métodos y prácticas curativas, y contribuye a agilizar el trámite de obtención de certificado de nacimiento, ya que se faculta a las parteras tradicionales para expedir dicho certificado, lo que abonará a proteger el derecho a la identidad de las y los recién nacidos.
Las autoridades sanitarias brindarán apoyos sin condicionamientos o certificaciones, sino el reconocimiento comunitario para respetar, garantizar y proteger el ejercicio de las parteras tradicionales, en condiciones de dignidad y acorde con sus métodos y prácticas curativas y el uso de recursos bioculturales.
Argumenta que los certificados que se autoricen para las parteras tradicionales, o los que ellas elaboren serán de la mayor sencillez, con lenguaje adecuado a su cultura e identidad y contendrán los datos básicos.
Recordó que la Secretaría de Salud reconoce a las parteras tradicionales como agentes comunitarios de la salud, que forman parte de la medicina tradicional indígena y participan en las redes de estos servicios. La partería tradicional es conocimiento y experiencia que las mujeres tienen sobre sus cuerpos y sus ciclos de vida que transmiten a otras mujeres de generación en generación.
Modificación al INPI para ejercer presupuesto con perspectiva de género
El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar el artículo 4º de la Ley del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI) para establecer que dicho organismo promoverá el reconocimiento, respeto y protección a las mujeres indígenas y afromexicanas.
Con el dictamen, se busca el reconocimiento y el ejercicio de los derechos fundamentales de las mujeres indígenas y afromexicanas y promover que el presupuesto del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas se ejerza con perspectiva de género, a fin de fomentar la participación y el desarrollo de más de seis millones de mujeres indígenas y afromexicanas.
En México una de cada diez mujeres es indígena. El Instituto Nacional de las Mujeres afirma que las mujeres indígenas y afromexicanas viven en una situación de desventaja, no solo respecto a los hombres, sino también a las mujeres no indígenas o afromexicanas.
En 2020, el Censo de Población y Vivienda indicó que las mujeres indígenas tienen tres años en promedio menos de escolaridad respecto a las no indígenas, “lo que es alarmante”. Además, la violencia contra las mujeres indígenas aumentó y prevalece.
Las mujeres indígenas están aún más marginadas por las brechas de género económicas y laborales, y se ven obligadas a trabajar en empleos informales y mal pagados. Por otro lado, la discriminación de género restringe las opciones y el liderazgo de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
Menciona que las mujeres indígenas enfrentan problemas como el acceso limitado a la atención médica y la educación, la violencia contra ellas y la falta de participación en la toma de decisiones local.
Evaluará recursos presupuestales con perspectiva de género para garantizar los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos, precisa el dictamen de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afromexicanos, remitido al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Por Ley prohíbe castigo físico a menores y promueven crianza positiva
La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en materia de crianza positiva, dirigida a quienes ejercen patria potestad, tutela, guarda y custodia o cualquier persona que incida en el cuidado.
El dictamen, enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales, propone incluir el concepto de crianza positiva como el conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayudan al desarrollo, bienestar y crecimiento saludable y armonioso de las niñas, niños y adolescentes.
La diputada Taygete Irisay Rodríguez González de Movimiento Ciudadano, dijo que el castigo físico es ineficaz y perjudicial para las niñas, niños y adolescentes; por el contrario, se ha demostrado que la crianza positiva es la que garantiza el mejor desarrollo durante el crecimiento en la niñez.
Resaltó que prohibir el castigo físico por ley envía un mensaje muy claro de que la violencia nunca es aceptable en la crianza de los hijos y que una crianza positiva está basada en el amor, la igualdad y el respeto.
La diputada morenista Martha Robles Ortiz refirió que “la crianza positiva consiste en tratarles como seres humanos, sujetos de derecho y atender su desarrollo integral, físico, emocional y social. También, fomenta las relaciones entre las personas adultas y los menores de edad basadas en el respeto mutuo y afecto, además, contribuye a establecer relaciones sociales y familiares sanas, situación que implica erradicar la disciplina violenta”.
Agregó que la crianza positiva es un criterio rector que, de acuerdo a la Unicef, debe regir el cuidado y atención de las niñas, niños y adolescentes; constituye un conjunto de prácticas de cuidado, protección, formación y guía que ayuda al desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso.
Dictamen que sustituye los términos “hombres y mujeres” por la de “persona adulta mayor”
La Cámara de Diputados aprobó cambios a la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores, con el objetivo de armonizar la denominación de diversas secretarías y sustituir los términos «hombres y mujeres», por la de «persona adulta mayor”.
El documento afirma que las reformas buscan un proceso de armonización entre la Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores y la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Los cambios “no son meramente cosméticos; son el reflejo de un enfoque más integral y humano hacia el desarrollo social y la infraestructura de nuestro país, poniendo siempre a las personas en el centro de nuestras políticas” aseguró la diputada promovente del Partido del Trabajo (PT) Araceli Celestino Rosas.
Agregó que se busca avanzar en el uso del lenguaje inclusivo con perspectiva de género, reconociendo y respetando la diversidad de las personas adultas mayores. Enfatizó que al hablar de persona adulta mayor trascendemos las limitaciones de género para abrazar a todos y cada uno de ellos, reconociendo su individualidad y dignidad.
Las reformas a los artículos 10, 16, 18, 30 y 40 de dicha norma legal modifican la denominación de las secretarías de Desarrollo Social, por la de Bienestar y la de Comunicaciones y Transportes, por la de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Además, cambia la denominación de Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos por el de Ley General de Responsabilidades Administrativas.
