Libertad de expresión, un derecho restringido
El Estado se debe comprometer a respetar y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión.
SemMéxico. Cd. de México. 17 de abril de 2019.- Cada vez es más evidente ver a personajes políticos y funcionarios públicos comportándose como celebridades ante la presencia de los medios de comunicación, emitiendo discursos estridentes y declaraciones agresivas cuando son cuestionados por ocultar o minimizar la información sobre sus actos o declaraciones, al despertar múltiples suspicacias en torno a sus intereses privados ya sean económicos o políticos.
Sin embargo, cuando son confrontados por activistas de derechos humanos, periodistas o ciudadanos, que descubren y señalan sus arbitrariedades, de forma inmediata se transforman en seres fúricos que automáticamente usan el servilismo de las instituciones para censurar, intimidar o violentar a aquellos que los cuestionan.
Violando y restringiendo el derecho de libertad de expresión de todos aquellos que ejercen su ciudadanía; provocando un aumento en el número de agresiones físicas e institucionales, así como la impunidad en la que se mantienen las violaciones a los derechos humanos de las personas que deciden cuestionar los actos de estos funcionarios.
La utilización de controles indirectos, el sometimiento de la discrecionalidad de los impartidores de justicia, la influencia del poder y el dinero han puesto en evidencia a un Estado débil y deficiente en el ejercicio de la democracia, en donde grupos de poder imponen sus criterios a una ciudadanía poco informada y participativa, negándoles el ejercicio de un peso real en el ámbito de las tomas de decisiones.
Lo anterior se debe a la escasa tolerancia que tienen frente a las críticas y la innegable pobreza en la calidad del debate y la cultura política, en donde sus actores se convierten en un producto que se comercializa a través de la simplificación de sus mensajes para hacerlos atractivos y consumibles, o en que su actuación política sea calificada por su capacidad de persuasión y seducción de un grupo minoritario y no por una evaluación racional de propuestas y de la información que emite.
Lo que permite deducir que estos personajes políticos y funcionarios públicos solo consideran a la ciudadanía como un grupo de electores que solo pueden intervenir y tomar decisiones al momento de emitir un voto y no al momento de exigirles responsabilidad a estos políticos; arrebatándoles con ello su calidad de ciudadanos al dejarlos solo como espectadores.
Tal restricción no solo atenta contra la democracia, la participación social y el compromiso cívico, sino que contribuye a una situación de impunidad y corrupción al no permitir que la ciudadanía vigile el actuar y cuestione la responsabilidad de los sujetos que se comprometieron a administrar al Estado, por lo que de seguir colocando obstáculos en una democracia solo se mantendrá un Estado de Derecho limitado envuelto en serios problemas sociales, culturales y económicos.
Es por lo anterior que el Estado se debe comprometer a respetar y garantizar el ejercicio de la libertad de expresión en el cual los ciudadanos puedan expresarse sin el peligro de ser expuestos a severos castigos, por emitir críticas sobre cuestiones políticas, críticas a funcionarios, al gobierno, al régimen, al orden socio económico y a la ideología prevaleciente.
En conclusión, respetar la libertad de expresión y posicionar al ciudadano como como un sujeto con posibilidades jurídicas de exigir información, manifestar libremente sus ideas y, en ocasiones, participar en la conformación de la opinión pública, otorgara credibilidad al Estado y a las instituciones en el sentido de legitimar sus acciones frente a una sociedad que solo espera que sus demandas sociales contribuyan al bienestar social.
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