Yaneth Tamayo Avalos
SemMéxico, Queretáro, Qro., 8 de abril, 2024.- Resulta lamentable lo sucedido en el caso de Camila, la falta de diligencia maximizó la violencia y evidenció la incapacidad por parte del Estado Mexicano para solucionar su deficiente sistema de procuración de justicia, esto es lo que generó que ciudadanos de Guerrero ejercieran justicia por propia mano.
No es posible, que en redes sociales se difunda el linchamiento de personas y sea avalado por la ciudadanía. No, no justifico el infanticidio de Camila, pero es frustrante ver la pasividad con la que el Estado delega la administración de justicia.
Entre los comentarios que se leen en redes sociales, hay dos posturas, una que legitima socialmente el actuar ante la impunidad del caso denunciado y, por otro lado, una que exigía el debido proceso legal.
Ante estas posturas, valdría la pena cuestionar ¿Cuál es el mecanismo idóneo para acceder a la justicia, cuando el Estado no garantiza el derecho humano a la seguridad y a la impartición de justicia?
En México, las instituciones de justicia se han mostrado ineficaces para resolver las conductas delictivas, ya sea por falta de profesionalización de la policía, cuyo actuar no favorece la persecución efectiva de delitos; la carente preparación de las fiscalías, quienes son incapaces de efectuar una investigación adecuada, y la falta de transparencia en las resoluciones emitidas por los jueces y magistrados del Poder Judicial.
Lo anterior, no justifica el ejercicio de la violencia por propia mano, pero sí pone en evidencia el abandono de los mecanismos legales diseñados para garantizar la seguridad jurídica y los derechos fundamentales de las personas, en especial de las mujeres, niñas, niños y adolescentes.
Si bien, la justicia por propia mano constituye un acto criminal, socialmente dispone de un pensamiento en el que las personas que hacen justicia por propia mano gozan de una posición de heroicidad. Lo cual es totalmente erróneo.
La mayoría de la ciudadanía y las instituciones encargadas de administrar justicia, se han negado a reconocer la violencia en la cual se encuentra inmersa la sociedad, existe una incapacidad por parte del Estado Mexicano para solucionar su deficiente sistema de procuración de justicia.
Mientras el Estado y las instituciones responsables no brinden seguridad a las personas y no se castigue a aquellos que llevan a cabo actos criminales; seguirán perdiendo legitimidad para actuar y, por lo tanto, alentarán a la ciudadanía a utilizar vías no oficiales para resolver sus diferencias y buscar justicia por los crímenes de los que son víctimas.
A Camila y a la sociedad nos falló el Estado Mexicano.
