Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 29 de noviembre, 2024.- A unos días de que se dicte sentencia, previsto para el 2 de diciembre, en Guerrero, sobre el feminicidio de la joven Melani por su pareja, sucedido el 28 de noviembre de 2017, la Alianza Internacional de Mujeres Feministas exige justicia y sostiene que hay mala actuación de la jueza del caso, porque en enero del 2023 resolvió a favor del acusado a pesar de las pruebas en su contra.
En el marco de la Jornada de Feminismo y Derecho denominada Teoría y Experiencias contra la Violencia Feminicida” la Alianza entró en conocimiento del caso de Melani, joven mujer originaria de Sonora y asesinada por su pareja en Acapulco, que ocupa el lugar 15 entre los 100 municipios más feminicidas del país.
Se sabe que la violencia comenzó después de cinco meses de que la pareja comenzó a vivir en Acapulco. Sin redes de apoyo, Melani, vivió agresión en un condominio donde habitaban militares con sus familias. Fue golpeada durante el embarazo, particularmente en el estómago, lo que hizo saber a sus familiares y amigas con pruebas de la violencia verbal y física que vivía.
El agresor está actualmente procesado. Cuenta la víctima que un día después de cenar regresaron al condominio donde sostuvieron una discusión, hay pruebas de que fue golpeada, el presunto responsable la sujetó del cuello y la ahorcó, y posteriormente la colocó en las escaleras del edificio para simular un accidente.
Él mismo llamó a la Cruz Roja y comunicó el hecho a la madre y al padre y pretendía cremar el cuerpo con el argumento de que era la última voluntad de su pareja, lo cual no pudo llevar a cabo.
El agresor no acudió al funeral de Melani en Guerrero y obstaculizó la investigación impidiendo el ingreso al domicilio con el argumento de que era un accidente.
La versión no es coherente, hay señas en el cuerpo de la víctima del maltrato y el ahorcamiento, eso ya lo detectaron autoridades luego de que su cadáver fue exhumado.
Tenía el hueso hioides roto que es un marcador único e internacionalmente reconocido como riesgo extremo, además de pruebas periciales de sangre en la habitación y las escaleras.
En enero del 2023 el imputado fue detenido; sin embargo, la jueza del caso ha puesto objeciones a las pruebas como declarar algunas desiertas, hizo caso omiso de la aportación de testigos, en particular del médico que reportó irregularidades en la investigación y la mecánica de la caída. Además de que la jueza tiene un trato déspota con los ofendidos y condescendiente con el imputado.
El próximo 2 de diciembre se realizarán los alegatos de clausura y se espera que el fallo sea dictado al día siguiente. Se exige que se valoren las pruebas del contexto de violencia que atravesó la joven de 25 años, que dejo una criatura, para estar con su pareja, y fue agredida aun estando embarazada y asfixiada como último paso del feminicidio.
Que se cumplan con los convenios internacionales y la sentencia Mariana Lima Buendía para la sanción punitiva del agresor de acuerdo a la interpretación de las y los jueces, que sea coherente el resultado y se evite la impunidad perpetrada por los poderes judiciales del país.
A la petición de justicia se han sumado colectivas como el Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan que han exigido a la jueza Evelina Ramírez Venegas actuar de manera imparcial.
Así como el Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF) solicitando a la gobernadora y al Poder Judicial sentar un precedente de cero tolerancia a la impunidad en casos de feminicidio.
