A los problemas de inseguridad que padecen en las comunidades, se suman consecuencias de los programas gubernamentales, que fracturan los modos de vida y el tejido social
EUGENIA JIMÉNEZ CÁLIZ
SemMéxico/EjeCentral, 3 de julio, 2022.- Los jesuitas en México han trabajado los últimos años en comunidades con altos índices de violencia, han logrado transformar la reconstrucción del tejido social y sostener la paz, y es con estos hechos con los que responde la Compañía de Jesús a los señalamientos del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien afirmó que algunos religiosos están “apergollados ante la oligarquía mexicana”.
Previo a esa declaración, los jesuitas habían solicitado al Presidente revisar su política de seguridad nacional, esto después del asesinato de dos de sus religiosos Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar en la comunidad de Cerocahui en la Sierra Tarahumara el 27 de junio.
Luis Gerardo Moro, provincial de la Compañía de Jesús, manifestó que pondrá a disposición del gobierno federal los estudios que tienen sobre las causas de la violencia y lo que han aprendido para reconstruir el tejido social y las claves que han encontrado en aquéllos municipios que han logrado sostener condiciones de paz.
En entrevista, el jesuita Jorge Atilano González, asistente de lo social y fundador del Centro de Investigación y Acción Social por la paz (Cias) de la Compañía de Jesús, explicó los hallazgos de los estudios realizados, y destacó que esa congregación tiene obras en los temas de migrantes, refugiados, derechos humanos, en construcción de la paz, adicciones, en el medio ambiente y el agua.
Resultados y evidencias
Los estudios que entregarán a las autoridades tienen tres temas como eje: por qué surgió la violencia, la reconstrucción del tejido social y los factores que han logrado que los municipios que tienen índices sostenidos bajos de violencia lo hayan logrado.
Uno de los estudios, “Reconstrucción del tejido social: una apuesta por la paz” exponen 14 diagnósticos territoriales en contextos urbanos, semiurbanos, campesinos e indígenas del país. El periodo de estudio abarca los últimos 25 años y toca a 10 entidades federativas.
Encontraron que en la zona Tarahumara, las condiciones conflictivas de la localidad no les permitieron realizar el trabajo de campo y hacer las entrevistas como en otros sitios, por lo que recurrieron a los documentos de los equipos pastorales.
Los males en esa región, señalan, no sólo provenían del narcotráfico, sino también de la minería extractiva y de la migración.
La conflictividad de esa zona la constataron con una noticia de mayo de 2016, en la que varios estudiantes de la Universidad Tecnológica de la Tarahumara habían sido secuestrados y asesinados. En las zonas en proceso de urbanización se observó la crisis del campo y las pérdidas de empleo. Aunque las fiestas religiosas han servido para las relaciones vecinales, el proceso de mercantilización de las mismas ha degradado su anterior potencia; tradiciones como compartir alimentos han menguado. Aunado a eso, la incorporación de las madres a la vida laboral urbana dificulta la vida familiar, y se observan divisiones por las adscripciones partidistas. También hay un alto consumo de alcohol y ha aumentado el uso de drogas, lo que incrementa la desconfianza y la inseguridad.
En otras zonas de acelerada descampesinización con deterioro de las organizaciones sociales que antes impulsan la vida comunitaria se presentan dificultades para llegar a acuerdos. La cohesión que se había producido por las fiestas religiosas había entrado en deterioro; pero todavía se conservaban espacios para mejoramientos comunitarios.
El clientelismo partidista daña la lógica comunitaria y se ha suplantado la forma organizativa colectiva y horizontal por lógicas verticales y de subordinación política. Los programas asistenciales gubernamentales vulneran las capacidades organizativas de los pobladores.
Otro estudio que entregarán es “Un camino para la paz: experiencias y desafíos en la reconstrucción del tejido social” que ofrece un modelo de reconstrucción del tejido social diseñado, implementado y ejecutado en diez localidades de México en el periodo 2016-2019. En él, advirtieron del peligro existente, sobre todo entre los jóvenes de desarraigo cultural por la influencia de los medios masivos de comunicación y de internet, y se detectaron programas gubernamentales que aceleran el proceso de mercantilización de la tierra, entregando bonos por tierra cultivada.
Otra consecuencia de los programas sociales es que las comunidades han perdido sus capacidades organizativas propias, pues crece la dinámica de intercambios por medio de dinero. El análisis considera que la Iglesia Católica tiene un espacio privilegiado para la vinculación social.
No obstante, si se queda en un espiritualismo individualista y se llevan a cabo acciones pastorales asistencialistas, aquello se boicotea. ›Los diez proyectos de reconstrucción del tejido social implementados toman lugar en Cherán, Tancítaro y Tangancícuaro en Michoacán; Chilón-Sitalá en Chiapas; Huatusco, Veracruz; Parras, en Coahuila; Chalco, estado de México, Celaya y Guanajuato. También entregarán el informe “Policía municipal y organización comunitaria: Un desafío para la paz” donde se presenta un análisis de las buenas prácticas en ocho municipios que han logrado sostener bajos índices delictivos en México: Chihuahua, Chihuahua; Saltillo, Coahuila; San Pedro Garza García, San Nicolás de los Garza y General Escobedo, Nuevo León; Cherán y Tancítaro, Michoacán; y Nezahualcóyotl, estado de México, en el periodo 2010-2020.
Esta investigación surgió por el interés de incorporar a las policías municipales en los procesos de reconstrucción del tejido social para impactar en la reducción del delito y la delincuencia en el ámbito local, así como contribuir a la construcción del modelo de seguridad ciudadana en México como un elemento fundamental para el buen convivir en los territorios.
En la mayoría de las ciudades y las comunidades, el crimen y la violencia continúan teniendo un impacto dramático en su desarrollo económico, social y territorial; sobre todo, cuando la mayoría de los recursos se asignan al tema de seguridad enfocándose en la conservación del orden público, atendiendo amenazas generadas por conflictos armados, delitos, narcotráfico o violencia que atentan contra el Estado. Se prioriza así, el uso de la fuerza y la violencia para combatirlos, mas no su prevención y tampoco la colaboración de la ciudadanía se toma en serio.
