- Amnistía alerta sobre asesinatos de personas defensoras y periodistas en América en el primer mes de 2022
- La OEA reitera al presidente que desaparezca ¿Quién es quién en las mentiras? Que pone en riesgo a periodistas
Libertad López
SemMéxico, Cd. de México, 4 de febrero, 2022.-Con al menos veinte personas defensoras de derechos humanos y cuatro periodistas asesinados/as en enero, el primer mes de 2022 ha demostrado nuevamente el peligro que representa la defensa de los derechos humanos y el periodismo en América Latina, advirtió Amnistía Internacional en su página oficial.
En tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos CIDH de la OEA pidió al presidente Andrés Manuel López Obdrador a suspender “¿Quién es quién en las mentiras?” que estigmatiza todos los días a las y los informadores y los pone en peligro.
Pedro Vaca, relator especial para la libertad de expresión de la CIDH, señaló una «escalada de violencia» en contra de los comunicadores mexicanos, se agudiza por el desprestigio sistemático en el discurso oficial. Reitera que México está en un momento crítico.
En lo que va del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, unos 50 periodistas han sido asesinados. En enero de 2022, fueron asesinados Lourdes Maldonado, Margarito Martínez Esquivel, José Luis Gamboa y Roberto Toledo.
En julio de 2021, Vaca ya había pedido al gobierno federal reconsiderar el espacio; sin embargo, no ha recibido respuesta del gobierno de López Obrador
En una entrevista que concedió a Expansión Política, Paula Saucedo, oficial del programa de Protección y Defensa de la organización Artículo 19, afirmó que lanzar ataques y estigmatizar a quienes ejercen el derecho a la libertad de expresión solo aumenta el riesgo para su labor.
“Cuando el presidente estigmatiza a la prensa o cualquier crítica, en un país de los más peligrosos para ser periodista, aumenta los riesgos a sufrir otras agresiones o violencia”, destacó.
El asesinato de veinte personas defensoras de derechos humanos y cuatro periodistas en apenas un mes es alarmante y muestra un escenario aterrador de lo que puede ser el año para quienes alzan la voz defendiendo derechos humanos en las Américas, si los Estados no toman acción urgente para revertir esta tendencia, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Agregó que «debemos construir un futuro donde defender los derechos humanos en este continente no signifique arriesgar la vida. Es imperioso que los Estados tomen medidas urgentes para garantizar un espacio seguro y propicio para la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente en la región, y que éstas dejen de ser actividades letales».
Los asesinatos han ocurrido justamente en los países considerados más peligrosos para la defensa de derechos humanos en años anteriores: trece en Colombia, tres en Brasil y tres en Honduras, mientras que una defensora y cuatro personas periodistas han sido asesinadas en México, el país más letal del continente para ejercer el periodismo.
De las veinte personas defensoras asesinadas, dieciocho se dedicaban a la defensa de derechos humanos relacionados al acceso a la tierra y la protección de los territorios y el medio ambiente.
«Los Estados tienen la obligación de investigar los asesinatos de manera pronta, exhaustiva independiente e imparcial, y con una línea de investigación principal que considere la labor de defensa de los derechos humanos o actividad periodística. Eliminar la impunidad en estos casos es crucial para lograr un entorno seguro para defender derechos humanos y enviar un mensaje claro que estos actos no son tolerados», dijo Erika Guevara Rosas.
México
Amnistía Internacional considera que el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente en un entorno sin amenazas, agresiones físicas, psíquicas o morales, u otros actos de intimidación y hostigamiento.
El gobierno mexicano debe tomar medidas concretas, prontas y eficaces para garantizar la vida y la seguridad de las personas que ejercen el periodismo en México, así como investigar estos asesinatos.
El 27 de enero, la defensora Ana Luisa Garduño fue asesinada en Temixco, Morelos. Ana Luisa luchaba por justicia por el feminicidio de su hija. Amnistía Internacional ha demostrado que México es un país peligroso para las familias que buscan justicia en casos de feminicidio.
«Nuestra región sigue siendo la más peligrosa para la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente, porque las personas defensoras y periodistas amenazan los intereses políticos y económicos de unos cuantos, mientras que los estados se mantienen indolentes y negligentes ante la violencia que enfrentan. Es momento de actuar, de lo contrario, se seguirán perdiendo vidas que son imprescindibles para construir una región igualitaria y justa, donde los derechos humanos sean una realidad», concluyo Erika Guevara Rosas.
Honduras
El 9 de enero, dos hombres desconocidos asesinaron a Pablo Isabel Hernández, líder Indígena, comunicador social, y defensor de los derechos humanos y ambientales, mientras se dirigía a una Iglesia en el municipio de San Marcos de Caiquín, departamento de Lempira. De acuerdo con el Comité de Familiares Detenidos-Desaparecidos de Honduras, Pablo había sido víctima de múltiples amenazas por su trabajo de defensa de derechos humanos, en particular por sus denuncias en la radio comunitaria que trabajaba.
El día siguiente, Thalía Rodríguez, defensora trans de derechos humanos, fue asesinada en Tegucigalpa. Thalía desempeñó su activismo desde diversas organizaciones como la Asociación Kukulcán, Cattrachas, Colectivo Violeta y Cozumel Trans, entre otras, desarrollando labores de sensibilización en derechos humanos, liderando grupos de autoapoyo y promoviendo alternativas laborales al trabajo sexual a mujeres trans.
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos informó de que, el 22 de enero, Melvin Geovany Mejía, indígena tolupán y defensor del territorio, fue encontrado muerto con heridas de arma de fuego en el municipio Morazán, departamento de Yoro.
Colombia
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, trece personas defensoras de derechos humanos fueron asesinadas en Colombia en enero, todas ellas vinculadas a la defensa de la tierra, el territorio y el ambiente. Aunado a ello, el Instituto ha documentado trece masacres que han resultado en la muerte de cuarenta personas que viven en zonas rurales en Colombia.
Una de las personas defensoras asesinadas fue Luz Marina Arteaga. El 17 de enero, su cuerpo fue encontrado sin vida, luego de estar desparecida por cinco días. Luz Marina fue una reconocida defensora de los derechos de comunidades campesinas en el departamento del Meta. Amnistía Internacional había visitado su casa en el municipio de Puerto Gaitán en 2019. En aquella ocasión, Luz Marina mencionó que la situación en la zona era compleja por el abandono histórico del Estado que resultó en la invasión de territorios Indígenas y campesinas por parte de grupos armados ilegales, lo que contribuía a una serie de amenazas y ataques a líderes y lideresas sociales en el Meta.
Luz Marina contaba con medidas de protección de la Unidad Nacional de Protección desde abril de 2019. Sin embargo, las medidas otorgadas, mayormente de carácter material, no mitigaban el riesgo que enfrentaba. En octubre de 2019, Luz Marina denunció a la fiscalía amenazas en su contra y en 2020, comunicó a la UNP que una de las medidas no era culturalmente adecuada a la región que ella vivía.
El 24 de enero, el Tejido de Defensa de la Vida y los Derechos Humanos (TDVD) denunció el asesinato de Albeiro Camayo Güetio, excoordinador regional de la guardia indígena en el resguardo de Las Delicias, municipio de Buenos Aires, en el Cauca. De acuerdo con la información del TDVD, Albeiro Camayo murió cuando presuntos miembros de un grupo paramilitar dispararon en contra de la comunidad después de que la guardia indígena les expulsara del territorio.
Amnistía Internacional ha denunciado las políticas fallidas de prevención y protección que contribuyen a un ambiente inseguro para la protección de personas defensoras de derechos humanos en Colombia.
«La protección de comunidades Indígenas, campesinas y afrodescendientes en Colombia es ineficaz porque no aborda las causas estructurales de la violencia y comúnmente se da sin la debida participación de quienes están en riesgo. Las personas defensoras de comunidades en riesgo están en una constante situación de desprotección, por lo que las amenazas, ataques y asesinatos son constantes en el país considerado el más peligroso para defender derechos humanos en el mundo», dijo Erika Guevara Rosas.
Brasil
El 9 de enero fueron hallados los cuerpos de tres personas de una misma familia conocida por liberar crías de tortugas y por la defensa de la tierra y la protección ambiental en San Francisco do Xingú, estado de Pará.
El 14 de enero, el Ministerio Público Federal (MPF) afirmó que los hechos se enmarcaron en un contexto de reiterados ataques a personas ecologistas y defensoras de derechos humanos en el país.
El MPF también solicitó información a la Policía Militar sobre las providencias tomadas para la protección de familiares de las víctimas, así como de las demás personas defensoras de derechos humanos en la región.
Amnistía Internacional considera que el ejercicio periodístico sólo puede efectuarse libremente en un entorno sin amenazas, agresiones físicas, psíquicas o morales, u otros actos de intimidación y hostigamiento. El gobierno mexicano debe tomar medidas concretas, prontas y eficaces para garantizar la vida y la seguridad de las personas que ejercen el periodismo en México, así como investigar estos asesinatos.
El 27 de enero, la defensora Ana Luisa Garduño fue asesinada en Temixco, Morelos. Ana Luisa luchaba por justicia por el feminicidio de su hija. Amnistía Internacional ha demostrado que México es un país peligroso para las familias que buscan justicia en casos de feminicidio.
«Nuestra región sigue siendo la más peligrosa para la defensa de los derechos humanos y el periodismo independiente, porque las personas defensoras y periodistas amenazan los intereses políticos y económicos de unos cuantos, mientras que los estados se mantienen indolentes y negligentes ante la violencia que enfrentan. Es momento de actuar, de lo contrario, se seguirán perdiendo vidas que son imprescindibles para construir una región igualitaria y justa, donde los derechos humanos sean una realidad», concluyo Erika Guevara Rosas.
“Hago una invitación a las vocerías del gobierno mexicano a reflexionar sobre la ligereza de algunos de sus planteamientos. Estamos hablando de una labor trascendental para la vida democrática, como es el periodismo, en el país más letal para la profesión en el hemisferio occidental. Creo que estamos hablando de un asunto muy serio, y por esto la invitación a que se reconozca la crisis actual y se actúe en consecuencia”, urge el relator.
ANTECEDENTE
El presidente López Obrador inauguró el 30 de junio pasado, la sección “Quién es quién de las mentiras”, un espacio en el que su gobierno exhibe lo que desde su perspectiva son noticias falsas.
Ante la crisis de violencia que afecta a los periodistas de México, Pedro Vaca Villarreal, relator especial para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), pidió al presidente Andrés Manuel López Obrador suspender su informe semanal “Quién es quién de las mentiras”, conducido por Ana Elizabeth García Vilchis.
“Hoy, ante la escalada de violencia me corresponde pedir la suspensión de este espacio, porque enrarece los mensajes firmes que se deben escuchar de respaldo a la labor periodística y de rechazo a la violencia contra periodistas (…) envía mensajes confusos sobre la intención gubernamental de garantizar la libertad de prensa”, afirmó Vaca Villarreal en una entrevista.
La explicación para crear esa sección el 30 de junio pasado, fue que “Quién es quién de las mentiras”, sería un espacio en el que su gobierno expone lo que a su consideración son fake news.
“Vamos a iniciar la sección de estas conferencias destinada a dar a conocer las mentiras que se difunden en medios de información convencionales, y también en las redes para que se vaya contando con información, elementos y tengamos cada vez una ciudadanía consciente, no susceptible de manipulación y que prevalezca siempre la verdad”, dijo al presentar la sección.
Desde aquel momento, organismos como la CIDH y Artículo 19 instaron al gobierno del presidente a suspender esa sección.
Pese a la solicitud, el presidente respaldó la sección que creó para desmentir supuestas noticias falsas.
NOTA DE PROCESO
El relator lleva más de cinco meses esperando una respuesta del gobierno de México a su invitación para representantes del gobierno expliquen a los expertos de su oficina en Washington cuál es la meta y la metodología del espacio. “Para mí es lamentable, sobre todo porque ha pasado mucho tiempo, han pasado meses: yo la canalicé por las vías formales, he insistido en varias oportunidades, y no hemos recibido respuesta”.
En una amplia entrevista telefónica con Proceso, el experto colombiano deplora que, en lugar de condenar tajantemente las agresiones contra la prensa en el mes más trágico para la profesión en tiempos recientes, López Obrador declaró que “son muy pocos los periodistas que están cumpliendo con el noble oficio de informar, el cual “puede ser entendido por la sociedad como una forma de disminuir la relevancia del problema”, lamenta.
“Las altas autoridades del Estado no solo tienen que tener mucho cuidado con lo que dicen, sino el momento en que lo dicen”, comenta Vaca, y agrega: “hay suficiente literatura y estándares internacionales que plantean de manera inequívoca, clara y precisa, que cuando hay entornos de violencia contra la prensa, es muy importante que las autoridades en general, pero particularmente quiénes tienen altos niveles de responsabilidad dentro de los Estados, rechacen contundentemente las violencias contra la prensa. Con tres periodistas asesinados al viernes de la semana pasada, yo no escuché este mensaje”, añade.
“Yo me pregunto qué pueden estar pensando las y los familiares de las víctimas mortales sobre lo que están diciendo las autoridades. Me pregunto qué pueden estar pensando los colegas de estos periodistas, cuál es el mensaje que se envía, y creo que es absolutamente desafortunado que en momentos en los cuales las más altas esferas del Estado deben reconocer la legitimidad y el trabajo de la prensa y repudiar las violencias, esto no ocurra”, dice.
Sugiere que, en lugar de llevar a cabo el “Quién es quién de las mentiras” de mañana, un vocero de gobierno dé a conocer la situación jurídica del asesinato de Luis Roberto Cruz Martínez, un periodista tamaulipeco que hoy cumple 22 años de asesinado. “Qué bueno sería que en una mañanera como la de mañana se pudieran decir a la prensa qué se está haciendo para superar la impunidad. No en los asesinatos de días recientes, que entendemos ameritan una investigación, sino los que llevan 22 años; y a lo mejor acercarse a las familias, a sus colegas”.
Vaca señala que, actualmente México vive “una crisis de violencia dentro de una tragedia sostenida” en materia de violencia la prensa desde hace más de una década, pero que el mes de enero representa “un pico, un momento muy agudo y delicado de esta crisis”, por lo cual “es muy importante que el Estado envíe señales muy claras de acuerdo con el derecho a la libertad de prensa”.
Observa que los tres periodistas asesinatos en las primeras semanas de enero exhiben la profundidad del problema: el periodista veracruzano José Luis Gamboa fue asesinado sin acudir nunca a un mecanismo de protección; el fotoperiodista Margarito Martínez Esquivel se acercó a un mecanismo en Baja California sin recibir respuesta; y Lourdes Mendoza tuvo acceso al mecanismo –le otorgaron un botón de pánico a pesar de haber sufrido un primer atentado–, e incluso expuso su temor de ser asesinada al propio López Obrador, durante una conferencia matutina.
Ayer, Jesús Ramírez Cuevas, el vocero de López Obrador, publicó dos mensajes en su cuenta de Twitter relativos al homicidio del periodista michoacano Roberto Toledo. En el primero, Ramírez condenó el asesinato y aseveró, en nombre del gobierno mexicano, que “no permitiremos la impunidad”. En un segundo mensaje, subido horas después, aseveró que el hombre “se desempeñaba como auxiliar de un despacho de abogados, no como periodista”, un discurso que muchos equipararon a los que se empleaban en gobiernos anteriores para minimizar la violencia contra periodistas.
Preguntado al respecto, Vaca comenta que “no fue suficientemente enfático el rechazo de la autoridad federal a esas violencias; con el caso de ayer sí, pero de forma temporal y, me atrevería a decir, errática: errática porque hay un rechazo relativamente pronto y fuerte por parte de un alto funcionario del gobierno, que después entra en contradicción con otro mensaje de la misma persona”.
“Esto me lleva a mí, a uno de los componentes más importantes de esta crisis: la ligereza del decir oficial, de la voz oficial en atención a esta crisis”, agrega, y minutos después insiste: “Creo que son vocerías que están siendo ligeras en el momento de hablar del tema, que parecieran que tienen ciertas alergias al momento de decir que la prensa es importante en la vida democrática”.
Vaca recuerda que, en junio de 2018, Edison Lanza y David Kaye, entonces relatores para la libertad de expresión de la CIDH y de la ONU, respectivamente, publicaron un informe sobre el estado –deplorable– del periodismo, el cual incluía 44 recomendaciones.
El experto indica que la administración de López Obrador está diseñando un nuevo mecanismo de prevención y protección a defensores y derechos humanos y periodistas, ante el fracaso del modelo actual, y sostiene que, en este contexto, están quedando afuera 5 de las 44 recomendaciones que los expertos determinaron en 2018. “Creo que es importante que sean tomadas en cuenta hoy”, dice.
Hace especial énfasis en las que recomiendan al Estado “seguir reconociendo, en las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor del trabajo de los periodistas y repudiar en todo momento los delitos perpetrados contra ellos”, y a “restablecer la confianza pública entre los periodistas y los medios de comunicación” con las autoridades, dos temas debilitados por el “Quién es quién de las mentiras” y las declaraciones desafortunadas de López Obrador contra los periodistas.
“Estamos hablando de la base de la conversación: se pueden tener comentarios; se pueden tener diferencias, es natural; se pueden hacer críticas, claro que sí. Pero están matando a periodistas y es muy importante que la autoridad rechace las violencias y reconozca la legitimidad del trabajo de las y los periodistas”, insiste.
Aparte, si bien reconoce que la ética periodística o la auditoría sobre la rigurosidad de la profesión “son temas muy importantes”, insiste en que “están fuera, en términos de estándares internacionales, de la órbita del Estado y de los gobiernos”.
Y refrenda sus críticas al espacio de García Vilchis, que cada semana acarrea un sinnúmero señalamientos en México, incluso en los rangos de Morena, donde las frecuentes pifias de la mujer también suscitan molestias.
“En reiteradas ocasiones se ha equivocado; nada más irónico que un espacio que pretende combatir la desinformación pueda estar confundiendo. Y eso ha ocurrido: el espacio se ha equivocado”, dice Vaca, quien abunda: “es francamente muy extraño, para una sociedad democrática, que haya espacios de auditoría gubernamental a la prensa, una auditoría que es errática, porque muchas veces les ha tocado corregir; que es ligera, que en algunos casos es caprichosa, que todos los miércoles es unilateral, y que es además selectiva”.
Regresando un panorama más general, Vaca reconoce que “ocasionalmente he escuchado un repudio a la violencia contra la prensa y un reconocimiento a su legitimidad, pero parece ser discrecional y selectivo: no es una legitimidad de la labor, o una legitimidad del derecho, parece que se reconoce una legitimidad selectiva, como para los ‘pocos periodistas’ a los que (López Obrador) se refirió la semana pasada”.
¿Hay una confusión respecto al papel de la prensa, al señalar una prensa buena y una prensa mala?, se le pregunta.
“No corresponde a la autoridad definir la nobleza, lo acertada o calificar a la prensa en general (…) La autoridad no tiene la facultad de hacer auditoría de los contenidos periodísticos; además, los estándares internacionales le exigen ser tolerantes a la crítica”, revira.
