SemMéxico, Baja California, 13 septiembre 2018.- La XV Legislatura del Estado de Baja California se pronunció hoy en el pleno y con votación mayoritaria por que el gobierno del Estado reponga el nombramiento de la directora del Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres, en virtud de que la nombrada el 5 de septiembre, no cumple los requisitos de ley y contraviene los mandatos de la Constitución de la República.
En una sesión tensa, con grupos de extrema derecha en las tribunas y al mismo tiempo de mujeres de larga data en la lucha por los derechos de las mujeres las que protestaron por una designación equivocada, a propuesta de la diputada María Rosalba Rodríguez López, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, las y los diputados, votaron en la asamblea dar curso a la demanda ciudadana por reponer la decisión que se había interpretado como un mensaje retrógrado desde el gobierno de la entidad.
Así, Carlos Mendoza Davis interpelado por el Congreso para atender la demanda ciudadana, sostenida por más de 400 mujeres de México y el mundo, para asignar el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres a una persona con el perfil que corresponda a las demandas y necesidades de la población femenina en Baja California Sur, tal como lo mandata la ley que lo creó.
Los razonamientos del exhorto señala que hoy el Congreso formado por el 57 por ciento de mujeres, tras seis legislaturas que llegaron a tener entre una y ocho representantes, obliga, considerando la llegada más que paritaria, es resultado de la lucha de muchas mujeres en la historia, que son importantes los avances logrados en favor de los derechos humanos de las mujeres.
De ahí que, razonó Rodríguez López, ahora “nosotras representamos a miles de mujeres y hombres de Baja California Sur, tenemos la responsabilidad de continuar la lucha por reconocer y hacer valer nuestros derechos”, ello es una responsabilidad ciudadana, que reconoce en el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres fue creado a partir de una Ley publicada en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado de Baja California Sur el 31 de Julio de 1999, cuyo objetivo esencial constituye la protección de los derechos humanos de las mujeres desde las Instituciones del Estado, impulsar la igualdad, y combatir la discriminación.
Ese mandato podría haberse contravenido por la designación de una persona sin los atributos necesarios.
Las legisladoras y legisladores de Baja California Sur tomaron en cuenta, puntualmente lo que la ley del Instituto mandata.
Artículo 4º. Para el cumplimiento de su objeto, el Instituto Sudcaliforniano de las Mujeres tendrá las siguientes funciones:
III.- Impulsar acciones para defender y proteger los derechos de la mujer consagrados en los instrumentos estatales, nacionales e internacionales;
XV.- Promover, ante las autoridades e instancias competentes públicas, privadas o sociales, que los contenidos en los materiales educativos y mensajes en los medios de comunicación, estén libres de prejuicios discriminatorios, sustituyéndolos por aquellos que fomentan la igualdad de derechos, habilidades y oportunidades para hombres y mujeres;
XIX.- Promover la revisión, actualización, adecuación y fortalecimiento de los instrumentos jurídicos y administrativos para asegurar el ejercicio íntegro de los derechos humanos y ciudadanos de las mujeres y eliminar la brecha entre la igualdad de derecho y las condiciones de hecho; paralelamente se deberán apoyar todas aquellas iniciativas de Ley que tiendan a erradicar la violencia contra la mujer y los niños, tanto en el ámbito de la familia como de otras instituciones de la sociedad;
XX Estimular la participación de las organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles que actúen en defensa de los derechos de la mujer, tanto en la formulación como la evaluación de las políticas y acciones públicas orientadas en beneficio de éstas.
Dejan en claro que no se puede cumplir con los mandatos de ley, con decisiones arbitrarias, y destacaron que los tratados internacionales incluidos en la fracción III como la Convención sobre la Eliminación de todas las forma de Discriminación contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, conocida como Convención de Belém do Pará, entre otros, son vinculantes, es decir están al mismo nivel de nuestra Constitución, y ahora integrados a la misma desde la reforma de 2011.
Mónica Jassis, integrante del colectivo ciudadano que alertó contra la designación de una persona que en la práctica combate toda la política de derechos humanos y no discriminación, explicó que esto ha sido un paso adelante para todas las mexicanas. El colectivo ha insistido en que, en todo el país, es necesario estar alertas sobre decisiones como la que se tomó en Baja California Sur. El exhorto insiste en que debe reponerse la designación.
Por primera vez en la historia del Estado de Baja California Sur, existe una legislatura conformada en su mayoría por mujeres, en la integración de esta XV legislatura las mujeres representamos el 57 por ciento, hecho relevante cuando las primeras seis legislaturas solo tenían una mujer como integrante, dos en la VII y VIII, cuatro en la IX, seis en la X, ocho en la XI, seis en la XII, siete en la XIII y 10 en la XIV.
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