198 casos denunciados en el actual proceso electoral
Micaela Márquez
SemMéxico, Ciudad de México, 1º. de junio 2024.- En el actual proceso electoral por los mecanismos implementados por el Instituto Nacional Electoral (INE) para la erradicación de la violencia política en razón de género se han atendido 198 casos denunciados, la mayoría violencia digital, y atendido a 17 mujeres, 14 candidatas a las que se les brindaron servicio psicológico y jurídico de acuerdo al Programa Piloto de Atención.
Actualmente el Registro Nacional de Personas Sancionadas Por Haber Cometido Violencia Política en Razón de Género, tiene actualmente 389 registros, lo cual representa a 343 personas inscritas; son 273 hombres y 70 mujeres.
La violencia que se ha denunciado y sancionado por autoridades y ciudadanía ha sucedido más dentro del ámbito municipal, y el cargo más señalado es a quien ejerce o quién está a cargo de la presidencia municipal. Son cinco las entidades con mayores registros, entre ellos Oaxaca con 142 casos, Veracruz con 46, Tabasco con 33, Chiapas con 21 casos y Baja California con 13.
Durante la conferencia de prensa “La perspectiva de género como herramienta contra la violencia política” la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, Rita Bell López Vences, explicó que el Instituto ha llevado a cabo diversas acciones para atender este tipo de violencia, entre éstas, el Protocolo para la Atención de la VPMRG, así como el Reglamento de Quejas y Denuncias en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.
El mecanismo “8 de 8 contra la violencia”, los lineamientos para que los Partidos Políticos Nacionales modifiquen sus documentos básicos, a la fecha han cumplido excepto un partido político, y el Programa Piloto de atención de VPMRG con enfoque intercultural e interseccional.
Explico que el Programa Piloto de Atención cuyos resultados se tendrán en octubre ha permitido identificar áreas de oportunidad para mejorar la atención ante este tipo de violencia, ya que para las víctimas que son candidatas es complicado realizar la denuncia correspondiente, debido a que se interrumpían sus actividades de campaña, lo que las dejaba en desventaja en la contienda electoral.
Por otra parte, López Vences recordó que la implementación del mecanismo 8 de 8 contra la violencia, el cual considera ocho supuestos por los que, en caso de contarse con sentencia firme, la persona no podría ser registrada como candidata para cualquier cargo de elección popular, consistió en un proceso de verificación por dos vías: la información proporcionada por la ciudadanía y por las autoridades e instancias correspondientes.
Con relación a ello, mencionó que se requirió información a 52 autoridades jurisdiccionales y administrativas en los 32 estados del país, de los cuales respondieron al menos un requerimiento 47, lo que representa un porcentaje de respuesta del 90.4 %.
Aún no concluye el proceso de verificación, debido a que se está recibiendo información adicional que se comparte con los consejos locales y distritales para que se consideren en los análisis sobre la elegibilidad, al momento de calificar la elección y previo a la entrega de constancias de mayoría.
La Consejera Electoral indicó que también se han aplicado acciones afirmativas a favor de personas con discapacidad, indígenas, afromexicanas, de la diversidad sexual, migrantes y residentes en el extranjero, las cuales fueron postuladas a candidaturas de manera paritaria.
La paridad en las gubernaturas se ha consolidado como un principio rector, Dessiré León Hernández
La Titular de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, Flor Dessiré León Hernández, aseguró que “la paridad en las gubernaturas se ha consolidado como un principio rector de este proceso y todo esto abona para avanzar de una democracia paritaria cuantitativa a una democracia paritaria cualitativa. Ése es el gran llamado, que este proceso electoral, además se caracterice porque sea libre de violencias para las mujeres”.
Finalmente, la Coordinadora del Programa Piloto de atención de VPMRG con enfoque intercultural e interseccional, Elizabeth Benítez, puntualizó que éste no sólo contempla la necesidad jurídica que tienen las candidatas, sino también la atención psicosocial. Es decir, el servicio psicológico que se les proporciona a las usuarias para identificar factores de riesgo y, a la par, dar acompañamiento desde un enfoque más humano debido a la situación de violencia en la que se encuentran.
De igual forma, destacó que se cubrió el 100 % de las entidades federativas para que las mujeres conozcan el programa piloto e identifiquen situaciones de violencia, con el fin de poder canalizar los casos en el marco de las competencias, de manera urgente y desde un enfoque de género e interseccional.
