La violencia política es instrumento y medio para mantener la hegemonía masculina en el poder, Georgina Cárdenas Acosta

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Los partidos políticos quedan a deber a las mujeres que participan en política, consejera Claudia Zavala Pérez

Presentan estudio sobre violencia política de género en las elecciones de junio 2021 

Micaela Márquez 

SemMéxico, Cd. de México, 9 de diciembre 2021.- Los partidos políticos son los que les deben a las mujeres que participan en política, dijo la consejera electoral Claudia Zavala Pérez.

Y lo explicó: los partidos políticos son los principales agresores y generadores de violencia política en razón de género, no se ajustan a las reglas de paridad y dan menos apoyo logístico y de estructura a las candidatas, comparando con los hombres para competir por los cargos públicos, y menos apoyos económicos.

En el marco de los 16 días de activismo contra las violencias de género el Instituto Nacional Electoral (INE) presentó los resultados del estudio que evalúa la prevalencia de la Violencia Política por Razón de Género y su impacto en el Proceso Electoral 2020-2021. 

El estudio señala que los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas reportaron el un mayor número de delitos de violencia política contra las mujeres y destacaron los delitos de r agresión física o psicológica, lo que indica que la zona centro–sur del país tiene los índices más altos de delitos por violencia de género.

Claudia Zavala agregó que el informe deja claro que las mujeres que participan en política tienen que enfrentarse por lo menos a dos clases de obstáculos. Primero, el competir y ganar ya sea una precandidatura o una candidatura conforme a las reglas democráticas y, segundo, los obstáculos que enfrentan por su condición de mujer que responde a inercias negativas que intentan frenar sus posibilidades para competir en igualdad de oportunidades, respeto y legalidad.

Por su parte, la doctora en Antropología Social por la UNAM, Georgina Cárdenas Acosta expresó que la violencia política está ahí, es instrumento y medio para mantener la hegemonía masculina en el poder. Las mujeres siguen enfrentando una serie de obstáculos estructurales que condicionan la igualdad sustantiva, que se tendría que enmarcar en una democracia representativa intercultural y paritaria, dijo. 

La consejera Norma De la Cruz Magaña, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación, dijo que “contra la violencia de género, tolerancia cero”, pues “la violencia contra las mujeres es un fenómeno que lacera el tejido social, toda vez que daña de manera irreparable la dignidad y la vida de mujeres y niñas, limita, restringe y anula sus derechos y sus libertades fundamentales”.

Destacó las acciones del INE para prevenir, atender y sancionar la Violencia Política Contra las Mujeres en Razón de Género (VPCMRG), como “la actualización del reglamento de quejas y denuncias; los lineamientos para que los partidos políticos instrumenten acciones específicas contra este tipo de violencia; la emisión de la 3 de 3 Contra la Violencia, y el registro nacional de personas sancionadas por estas conductas”.

Detalló que el estudio surgió de la experiencia del Proceso Electoral 2017-2018 al advertir la necesidad de contar con una metodología para la determinación de indicadores que evaluaran el impacto de la Violencia Política en Razón de Género.

Para la realización de esta investigación se contó con la colaboración del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias (CRIM) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). 

Al exponer sus conclusiones respecto al estudio, la Consejera Dania Ravel señaló que “la violencia política contra las mujeres por razón de género es quizá hoy por hoy el mayor obstáculo al cual se están enfrentando para poder ejercer plenamente sus derechos políticos y electorales”.

Por lo que llamo a continuar “con la creación de frentes comunes contra la violencia política contra las mujeres por razón de género y así garantizar que puedan competir cada vez en entornos más libres, sin discriminación y libres de violencia para así hacer realidad la igualdad por la que hemos aspirado por tanto tiempo”.

Los resultados del estudio fueron presentados por la doctora en Antropología Social por la UNAM, Serena Eréndira Serrano, quien reconoció el apoyo del INE y de la Unidad Técnica de Igualdad de Género y No Discriminación, como a las académicas y los académicos que participaron en esta investigación.

El Reporte señala la violencia política contra las mujeres como respuesta de contragolpe a las políticas de paridad

Destaca del reporte que la violencia política contra las Mujeres por razón de género podría actuar como una forma para desincentivar su participación en la política, ya que existe una respuesta de contragolpe o backlash a las políticas de paridad. 

Se tiene un marco jurídico muy amplio y acciones afirmativas para potenciar la participación de las mujeres en la esfera política, sin embargo, hay una resistencia de varios sectores de la política principalmente de los partidos políticos para aceptar una participación igualitaria de las mujeres en la toma de decisiones.

Existe un arraigo cultural mucho más profundo donde coexiste un núcleo duro representacional que sostiene que las mujeres pertenecen al ámbito privado y no conciben que ellas puedan tomar decisiones de Estado.

Las leyes se deben saber aplicar, no sirve de mucho tener tipificada la violencia política, tener un catálogo de sanciones y un procedimiento, si los juzgadores no están sensibilizados o capacitados, no sólo en la aplicación de la normativa, sino en perspectiva de género, respecto al decreto de Reforma del 13 de abril de 2020. 

Los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas son donde se reportó un mayor número de delitos por agresión física o psicológica contra mujeres, lo que indica que la zona centro–sur del país tiene los índices más altos de delitos por violencia de género.

Esta zona también concentra la mayor proporción de personas habitantes de pueblos y comunidades indígenas, que son poblaciones históricamente discriminadas y excluidas por el Estado, por lo tanto, cuenta con las mayores carencias y rezagos sociales que los coloca en situación de muy alta vulnerabilidad, de pobreza multidimensional y multidimensional extrema.

Se requiere aplicar efectivamente la Ley General de Partidos Políticos, considerada como una de las Leyes más acabadas en términos jurídicos, pero la que menos se aplica. Esta Ley señala que es obligación de los partidos integrar la paridad en todos sus procesos, donde se respete el bloque de competitividad establecidas para garantizar la participación, en términos de igualdad, de las mujeres en contiendas políticas.

Vigilar y sancionar efectivamente a los partidos políticos que incumplen con la Ley, sobre todo cuando reconducen su presupuesto para acciones afirmativas en favor de las mujeres hacia otros rubros, o bien, cuando no otorgan presupuesto suficiente a candidatas o los entregan en especie.

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