Edith Méndez Ahuactzin
SemMéxico, Tlaxcala, Tlaxcala, 7 de enero, 2024.- La violencia contra las mujeres simplemente no disminuye en nuestro estado, las diversas expresiones cotidianas colocan en riesgo constante a las tlaxcaltecas y se observa diariamente, aunque permanece siendo un tema de poca importancia para las autoridades; sin embargo, ante un año electoral, éste pasará sólo a un tema de promesas y con un fin político para ganar el voto.
Apenas se iniciaron 15 carpetas de enero a noviembre de 2023 en contraste con las más de mil 300 llamadas de emergencia, y en diferencia con las 275 carpetas iniciadas informadas en el mismo periodo en 2022; esta gran diferencia ha tenido que ver con la práctica de coaccionar a las mujeres a la conciliación, con la tarea de mostrar una disminución de la violencia, a costa de colocar en riesgo feminicida a las mujeres.
A pocas horas de iniciado el año, las historias cotidianas que vivimos las mujeres en Tlaxcala se mostraron en los medios; por un lado, la nota ya tradicional de informar sobre el primer nacimiento en nuestro estado que, si bien parte de la población que dejó su comentario de indiferencia ante esta noticia en las publicaciones, poco interés generó el que se trata de una adolescente teniendo su segundo embarazo, pues muchos comentarios se limitaron a las felicitaciones. La normalización que prevalece en el estado respecto de la maternidad obligada en edades adolescentes e infantiles, así como los contextos de vulnerabilidad que pone en riesgos a las mujeres son preocupantes y muestra que las acciones institucionales aún son deficientes.
Como ya es costumbre, el Estado anuncia “el interés y esfuerzo por privilegiar la salud de la población”, lo que debería incluir la salud sexual y reproductiva de las mujeres, contar con políticas públicas integrales e interseccionales para brindar a las mujeres de todas las edades información y servicios que favorezcan la prevención del embarazo, así como la autonomía de sus cuerpos, pues la moral y prejuicios prevalecen ante las obligaciones institucionales, lo que contradice las declaraciones de las autoridades respecto del compromiso para atender esta realidad.
Por otro lado, es imposible el diseño de políticas públicas efectivas sin contar con información real y actual respecto de los contextos, ya que en diciembre de 2023 un medio de comunicación dio a conocer la falta de información sobre embarazos en etapa infantil por parte de la Secretaría de Salud y del Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), pues como ya es una práctica constante, las autoridades insisten en negar las problemáticas que vivimos las mujeres, ya que informan un número mucho menor de casos de embarazos en esta etapa, a pesar de ocupar el sexto lugar a nivel nacional con mayor casos de embarazos infantiles.
Además del nulo número de carpetas iniciadas por abuso sexual infantil de estos casos recibidos en el sector salud, pues se conoce apenas una carpeta de investigación, en contraste con los 415 casos reportados después de una solicitud de información que dio a conocer el medio, visibilizando la normalización de la violencia sexual que viven muchas niñas y adolescentes. Lamentablemente, aún no se cuenta con programas por parte de Sipinna en el estado para garantizar la protección y restitución de los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes que hayan sido vulnerados, como lo marca el objetivo de esta institución.
Por otro lado, el primer día del año se informó de una menor de edad en un supuesto suicidio, el cual, muy seguramente, no será investigado conforme al protocolo con perspectiva de género como un posible feminicidio. Lo que evidencia que la tendencia que hasta ahora ha llevado esta administración continuará; la negativa de la violencia feminicida.
El año nuevo no trae en sí mismo un cambio de prácticas y deudas institucionales, no caben los deseos y buenas intenciones que nunca cumplen, se requiere un cambio en las prácticas de hacer política, en la forma de ejercer el servicio público. Desde hace unas semanas, ya se ha iniciado a mirar el nivel de importancia que los partidos y la ciudadanía darán a la atención de las problemáticas que enfrentamos las mujeres.
Por un lado, desde los primeros días de iniciar la contienda, un medio de comunicación difundió un mensaje misógino y violento hacia la participación de las mujeres en la política, titulado “La maldita paridad que entierra proyectos políticos”, declarando que la paridad “busca entregar la llegada de mujeres a los cargos de elección popular”, lo que simplemente pasó inadvertido por completo ante todas las instituciones, a pesar de la solicitud por parte del Colectivo Mujer y Utopía A.C., como integrante del Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Tlaxcala, de pronunciarse y sancionar la violencia mediática, simplemente se mantuvo el silencio.
Por otro lado, durante las últimas semanas se inició a hacer público quienes conformarán las postulaciones a diferentes cargos públicos, en donde, a diferencia de la crítica a la paridad de género, en esta ocasión sólo un medio visibilizó la participación de un agresor arropado por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Domingo Meneses, quien agredió a una mujer en 2021, se anunció como precandidato a la presidencia municipal de Tlaxcala.
Sin importar las fechas en el calendario, las deudas en materia de seguridad y justicia para las mujeres no dependen del cambio de año; tampoco de los buenos deseos que las autoridades actuales, así como las candidaturas en este año electoral acostumbran a enviar.
Este contexto demuestra la grave situación que este 2024 parece no cambiará para las mujeres, que aún nos espera una dura lucha para seguir incidiendo desde la sociedad civil organizada, las familias y colectivas que permanecen comprometidas con la erradicación de las violencias contra las mujeres.
Colectivo Mujer y Utopía A.C.
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