- Debe ir con campaña informativa para saber a quienes beneficia, señala
- Ley de Amnistía, deuda histórica para las mujeres que han sido penalizadas por supuestos delitos de aborto y homicidio en razón de parentesco
Elda Montiel
SemMéxico. Ciudad de México. 22 de abril 2020.- ASÍ LEGAL por los Derechos Humanos celebró la aprobación de la Ley de Amnistía, que se dio en el marco de la pandemia del COVID-19, y tras calificarla como un paso importante para acercarse a la justicia social, principalmente de las mujeres que en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos han sido penalizadas por la supuesta comisión de delitos específicos como aborto, y homicidio en razón de parentesco, no es suficiente para despresurizar las prisiones saturadas.
Señaló que La Ley de Amnistía es un gran paso para la reivindicación de derechos de todas aquellas personas víctimas de una política criminal que castiga la pobreza y la desigualdad, pero las personas beneficiadas, en términos realistas, serán muy pocas pues se limita únicamente a personas sentenciadas del fuero federal, reducido a los únicos cinco delitos que contempla.
Se trata de 30 mil personas privadas de libertad que pertenecen al fuero federal, de las 200 mil aproximadamente que actualmente hay en el país, de las que, en su gran mayoría, tampoco serían elegibles pues un número muy reducido está sentenciada o sentenciado por los 5 delitos que menciona la ley.
La aprobación de la ley debe ir de la mano de una campaña integral de información que ayude a la población privada de libertad y a sus familias a entender ¿quiénes? O ¿bajo qué contexto? se puede acceder a los beneficios que promueve.
AsíLegal considera que será a través de los jueces de ejecución y la Ley Nacional de Ejecución Penal (LNEP) como realmente se podrán llevar a cabo las acciones más íntegras y masivas, para lograr la concesión de beneficios preliberacionales que permitan a las personas poder aplicar las medidas de sana distancia y salud mandadas por el gobierno federal.
La organización jurídica que defiende los derechos humanos de personas privadas de libertad en situación de vulnerabilidad, como lo son mujeres, personas de la comunidad LGBTI+ y de pueblos indígenas, señala que se debe continuar impulsando los mecanismos de la LNEP, que desde 2016 está siendo letra muerta
Precisó que las prisiones que se encuentran saturadas debido a políticas criminales punitivas, indiferencias e invisivilización de ciertos sectores de la sociedad.
La Ley de Amnistía comienza a saldar la deuda histórica con mujeres en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos, la criminalización de la pobreza y de la drogodependencia, y la identidad cultural, quienes han sido privados de su libertad por la supuesta comisión de delitos específicos como aborto, homicidio en razón de parentesco, delitos contra la salud y el acceso a la jurisdicción del Estado por parte de personas de origen indígena.
En la práctica de ASILEGAL, advierte que muchas personas no terminan de comprender los límites y alcances de dicha ley, situación que puede convertirse en graves conflictos entre todos las y los interesados, y derivar en incidentes penitenciarios.
Las más de 200 mil personas privadas de libertad en el fuero común tienen derecho a saber y entender lo que significa esto y, a su vez, demandar claridad por parte de las autoridades sobre cómo las leyes podrán ser ejercidas a su favor y acorde a los derechos de los que el Estado debe ser garante.
La política punitiva que ha caracterizado al sistema de justicia mexicano desde hace más de una década, en efecto dio un paso importante, más no se termina —ni agota— la problemática penitenciaria con la que debemos de tratar frente a la pandemia global.
La gran expectativa generada con respecto a la ley y la misma cobertura que se le ha proporcionado en medios de comunicación, ha generado una desproporción con su verdadera finalidad como un paso importante, más no configura aún la llave para resolver la crisis generada por la pandemia.
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