Llamado urgente a que rectifique el gobierno porque la desaparición forzada es un crimen contra la humanidad: familiares y colectivos

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Rechazan discursos evasivos, y recuerdan que hace 10 años piden al  CED aplique en México el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas. 

Hay  una crisis sostenida y en aumento, familias buscan a 125 mil mexicanos y mexicanas piden  ¡Verdad y Justicia¡

Micaela Márquez 

SemMéxico, Ciudad de México, 9 de abril,  2025.-Decenas de colectivos, grupos y familiares piden que el Estado mexicano rectifique su postura y compromiso frente a la desaparición forzada al reconocer postura e intervención  del el Comité contra las Desapariciones Forzadas  (CED) de  Naciones Unidas, como  en los mecanismos internacionales. Eso, dicen, es  un apoyo indispensable para que nunca más una persona desaparezca en este país. 

 En un llamado público los familiares de los desaparecidos en México integrados en colectivos, organizaciones y en forma individual respaldaron que el CDE de  Naciones Unidas inicie el procedimiento para analizar la situación en México.

“Lo que necesitamos no son negaciones ni discursos evasivos, sino cooperación internacional, verdad y justicia” expresan en el comunicado a la opinión pública en el que llaman al gobierno a no negar la crisis de desapariciones, por lo que rechazan el pronunciamiento por el Senado de la República, en el que se niega que en México las desapariciones forzadas se practiquen de forma generalizada o sistemática. 

A la sociedad mexicana la llaman a levantar la  voz  porque la desaparición forzada no puede negarse. Se vive cada día. Es un crimen contra la humanidad que continúa cometiéndose mientras la persona siga desaparecida. Duele. Destruye. Desgarra. Y no debe repetirse jamás.

La desaparición forzada no puede negarse, es un crimen contra la humanidad hay 125 mil personas desaparecidas en el país, a las  hijas, hijos, madres, padres, hermanas, hermanos,  no se les puede negar el derecho de contar con mecanismos internacionales, mucho menos con el horror del  hallazgo del Rancho Izaguirre en Jalisco.  

“Negar la crisis de desapariciones no contribuye a generar un clima de confianza, ni demuestra una verdadera apertura a soluciones, como se ha anunciado desde la presidencia. “Lo que necesitamos no son negaciones ni discursos evasivos, sino cooperación internacional, verdad y justicia”.  

Especifican que el articulo 34 no es una amenaza, es esperanza, al ser el último recurso que la comunidad internacional ofrece cuando un Estado no responde ante una crisis humanitaria. 

El Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED) de la Organización de las Naciones Unidas (ONU),  a través de su Presidente, el Dr. Olivier de Frouville, anunció la apertura del procedimiento previsto en el artículo 34 de la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que establece: 

“Si el Comité recibe información que, a su juicio, contiene indicios bien fundados de que la desaparición forzada se practica de forma generalizada o sistemática en el territorio bajo la jurisdicción de un Estado Parte, y tras haber solicitado del Estado Parte interesado toda la información pertinente sobre esa situación, podrá llevar la cuestión, con carácter urgente, a la consideración de la Asamblea General de las Naciones Unidas, por medio del Secretario General de las Naciones Unidas”. 

En el comunicado dirigido a la opinión pública hacen saber que desde hace cuatro administraciones federales encabezadas por tres partidos políticos han proporcionado al CED información sobre la crisis de desapariciones en México, así como las deficiencias y fragmentación de las medidas implementadas. 

Conscientes de que sólo con cooperación internacional y escrutinio independiente México podrá encontrar una verdadera solución a la realidad de la desaparición forzada, y es ahí donde el gobierno debe colaborar.

Desde 2015 han solicitado que el CED aplique en México el artículo 34 de la Convención contra las Desapariciones Forzadas. Frente a una crisis sostenida y en aumento, afirman que el acompañamiento de la ONU es indispensable. 

Enfatizan que es al Estado y no a las familias de los desaparecidos al que le corresponde la obligación de investigar, buscar y sancionar estos delitos, así como esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades penales de funcionarios públicos e integrantes del crimen organizado que han cometido este abominable delito. 

“La aquiescencia también es una forma de desaparición. Sabemos que solo con cooperación internacional y escrutinio independiente México podrá encontrar una verdadera solución a la realidad de la desaparición forzada, y es ahí donde el gobierno debe colaborar”. 

El comunicado difundido este 9 de abril, lo firman 364 familiares y 158 colectivos de familiares de personas desaparecidas, 108 organizaciones y 272 personas solidarias.

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