* Diputada Wendy Briseño llama a reconocer normatividad internacional y criterios de la Corte
* Sus relaciones son invisibilizadas y sus derechos negados
Redacción
SemMéxico, Ciudad de México, 25 de junio, 2020.- La diputada Wendy Briceño Zuloaga (Morena) convocó a los congresos locales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas, a adecuar la legislación civil y/o familiar, a fin de reconocer el matrimonio igualitario.
El llamado es congruente e los tratados internacionales en materia de derechos humanos y a los criterios establecidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), a fin de respetar y garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos de las personas LGBTI, señala en un comunicado.
La también presidenta de la Comisión de Igualdad de Género apuntó que son muchos los espacios de la vida pública y privada en los que persiste la segregación y la discriminación en contra de la comunidad LGBTI, siendo uno de ellos, la ausencia del reconocimiento de las uniones civiles de parejas del mismo sexo ante el Estado.
En consecuencia, dijo, las personas identificadas con esta comunidad no pueden contraer matrimonio civil ni ser consideradas como concubinas, negándose con ello los derechos y obligaciones que se derivan de esas figuras, como podrían ser el derecho de sucesión, el derecho a contar con el servicio médico de la pareja, el derecho a una pensión alimenticia, a ser reconocidos como una familia, entre otros.
“Sus relaciones son invisibilizadas y sus derechos negados, pues se considera que dichas relaciones se apartan del único ejercicio de la sexualidad considerado socialmente legítimo: el heterosexual, y no representan lo que social y culturalmente se ha definido como la familia tradicional”.
Insistió que el reconocimiento de derechos humanos y el ejercicio del libre desarrollo de la personalidad, debe incluir el matrimonio igualitario como una acción de gobierno y en su caso legislativa, tendiente a reconocer la igualdad jurídica de personas LGBTI para suscribir un contrato social, como lo es el matrimonio civil.
Briceño Zuloaga añadió que las autoridades competentes de las entidades federativas tienen la obligación de garantizar a las personas LGBTI el ejercicio de sus derechos sin discriminación por su orientación sexual, para lo que se requieren avances legislativos y en políticas públicas que respalden el “principio pro persona”.
En ese sentido, pidió a los congresos estatales, mediante un punto de acuerdo, que realicen un análisis minucioso de su normativa actual y modifiquen todas aquellas leyes vigentes discriminatorias hacia las personas LGBTI y sean adecuadas al marco internacional y los estándares nacionales que de manera progresiva, han reconocido los derechos de estas personas.
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