* Cuestionan estudiantes el Protocolo de Género de la institución
* Denuncian desinterés en el feminicidio de Mary Chuy Jaimes Zamudio
Lorena Vaniezcot
SemMéxico, Cd. de México, 6 de febrero 2020.- El Frente Estudiantil contra la Privatización del IPN, sostuvo que el Protocolo de Género publicado en diciembre pasado “viene de manera retardada dadas las condiciones de violencia de género contra las mujeres en el país y en el mundo y llaman a las y los estudiantes a organizarse para acompañar las denuncias.
En una publicación presentada hoy en sus redes sociales, enfatizan que este protocolo no es “voluntad de la institución”, sino que responde a un llamado que en 2016 hizo la ONU a las instituciones educativas mexicanas, entonces para sumarse a la campaña She for she, sin embargo, entonces el Instituto Politécnico Nacional (IPN) no se sumó, caso contrario a la UAM y al fallido protocolo que existe en la UNAM.
Cuestionan también las declaraciones, en el protocolo, del director Mario Alberto Rodríguez Casas, quien asegura que el protocolo se da en el contexto de los objetivos de la Agenda Estratégica de Transformación del IPN, la agenda que transformará el modelo educativo, es decir, la educación 4.0.
“La educación 4.0, no es otra cosa más, que la tecnificación y la eliminación de la innovación educativa, se trata de un modelo educativo que creará egresados funcionales para las empresas privadas transnacionales que invertirán en montar estructuras extractivistas de recursos naturales en México, para su beneficio.
¿Es bajo este contexto cuando les preocupa la violencia de género?”, preguntan las integrantes del Frente Estudiantil del IPN, al tiempo de señalar que “¡las mujeres no somos mercancía de su capital, no utilicen la consigna de “cero tolerancia para la violencia de género” si vemos a diario que miles de mujeres mexicanas y migrantes padecen de violencia económica, sexual, social y cultural debido a los megaproyectos! ¡No queremos ser parte de las manos que arrebatarán territorios, agua y recursos naturales a otras mujeres y hombres!”
Luego analizan el contexto mexicano y apuntan la precariedad laboran que ocasionan los megaproyectos industriales en la Ciudad de México, Estado de México y Matamoros, Tamaulipas, entre otros.
Por ello sostienen que el Protocolo de Género del IPN no se puede atribuir a la buena voluntad del actual director de la institución sino al movimiento político feminista que atañe a nivel mundial y nacional y a la presión que se ha hecho por las denuncias desde diferentes centros educativos como ESCOM y el CIIDIR en Oaxaca.
Por ello afirman que el cese a la violencia de género no se discute, ni debe estar bajo una agenda politécnica que atenta contra los derechos humanos más fundamentales, en contra del pueblo de México.
Se refieren al origen de la violencia y señalan que se trata de un problema estructural, la falta de justicia para las víctimas en cada plantel o del gobierno, “son estas estructuras las que alimentan al machismo, la misoginia, la discriminación por orientación sexual, la revictimización, el racismo, etcétera. No podemos fiarnos de mecanismos institucionales, es por ello que millones de mujeres en el mundo han alzado la voz y rechazan la falsa justicia”.
Ponen en duda la capacidad de dicha Unidad Politécnica de Gestión con Perspectiva de Género y de la Coordinación de la Red de Género, así como de la estructura jurídica general.
“Las mujeres politécnicas no sólo vivimos la violencia de género dentro de las instituciones, sino también en los caminos hacia la casa y la escuela, durante ese trayecto muchas compañeras han sufrido de violencia, están desaparecidas o incluso han perdido la vida”.
Por lo que sostienen que se debe garantizar a las familias ayuda gratuita en asesoría legal, psicológica y económica en esos casos. Además de no solapar la falta de seguridad en las inmediaciones educativas, sin que ello amerite la criminalización de la juventud por parte de policías u otras instancias.
Exponen que el protocolo no marca sanción a administrativos que incurran en estos delitos. No existe un límite de tiempo para que la sanción ocurra, únicamente existe el plazo de cinco días después de la primera entrevista para que se realice una segunda entrevista con todo el cuerpo jurídico.
No señalan las condiciones de las entrevistas, es decir, la denunciante debería tener el derecho a asistir acompañada de quién decida, inclusive si no es menor de edad. Tampoco menciona en qué casos el agresor será dado de baja o bien en qué casos sólo se cambiará de plantel con la garantía que el problema se acabó, ¿qué pasa si el agresor del plantel A, reincide en el plantel B?.
El protocolo ya aprobado no exige a los sindicatos que tengan un protocolo que prevenga, atienda y sancione al trabajador y/o profesor implicado.
El protocolo de género demuestra la nula atención psicológica en los planteles, cuando deberían existir psicólogas/psicólogos en cada plantel, sólo menciona que la atención será en el Centro Interdisciplinario de Ciencia de la Salud Santo Tomás, no importando que seas foránea.
Y tampoco aborda la violencia por motivos de orientación sexual. Denuncian que no sólo existe el acoso u hostigamiento sexual, también existe acoso académico, ese también debe ser visibilizado y sancionado. Necesitamos espacios libres de toda violencia.
Tareas urgentes
El l Frente Estudiantil contra la Privatización del IPN señala algunas tareas urgentes para que resuelvan las redes de género y la estructura jurídica: por un lado, el feminicidio de María de Jesús Jaimes Zamudio, estudiante de Ingeniería y Arquitectura Ticomán, los responsables señalados son el profesor Julio Iván y tres estudiantes más de dicha institución, que ahora ya trabajan en PEMEX.
En aquel momento las autoridades responsables de llevar a cabo el peritaje y las diligencias, recurrieron en múltiples fallas; lo que ahora, a cuatro años, se tiene como resultado es la falta de justicia y que los feminicidas sigan en total libertad.
En este caso, aseguran, el IPN no lo ha atendido y han sido indiferentes; incluso el profesor implicado siguió dando clases hasta finalizar el 2018. Es decir, dos años después del feminicidio. El IPN no está comprometido a erradicar la violencia y dar castigos ejemplares a quién incurra en delitos, los solapa.
El otro caso es por demás preocupante, se trata de una presunta red de trata y prostitución bajo el cargo de Luis Arizmendi, profesor de la Escuela Superior de Economía en el IPN y profesor de la Facultad de Economía en la UNAM. Es señalado por agrupar a estudiantes bajo el pretexto académico para después obligarles a limpiar su casa, transcripción de sus conferencias, dar dinero, así como invitarlos a charlas políticas en las que luego les incita a tener relaciones sexuales entre integrantes del grupo o a tener relaciones sexuales con él. Ninguna de las dos instituciones ha investigado, máxime cuando en ambas instancias existan denuncias públicas de tales atrocidades.
La alternativa es organizarnos
Por ello elFrente Estudiantil llama a las y los estudiantes que han padecido de acoso, hostigamiento sexual, acoso académico o cualquier otra violencia a que denuncien, pero que su denuncia legal vaya acompañada de una campaña pública para presionar a las autoridades politécnicas a que ejerzan justicia.
Son conocidos los casos de la ESCOM en dónde existen denuncias ministeriales y la impunidad es la que está vigente. No debemos callarnos las vejaciones que atentan contra nuestra vida, agregan y apuntan que merecen espacios escolares libres de violencia de género.
Organizarnos contra la violencia de género o contra cualquier otra discriminación dentro y fuera de los espacios institucionales es exigir simplemente a las autoridades que hagan su trabajo y evidenciar la nula justicia para las estudiantes y trabajadoras de México, por ello debemos crear redes de apoyo entre estudiantes de diversas escuelas y acompañarnos de los procesos en búsqueda de justicia que existen fuera de la institución, es decir, acompañar las luchas por los y las desparecidas y por los feminicidios existentes para que juntas podamos vencer la injusticia.
Organizarnos contra la violencia de género, también significa luchar por la prevalencia de la educación pública, científica y de calidad en todas las instituciones, pues de esa manera garantizamos que las mujeres y hombres de escasos recursos tengan mayores oportunidades de mejorar la calidad de vida.
SEM/lv/sj
