La jurista amplía información sobre la labor de COLEMAD y hace un análisis sobre la situación de las mujeres en Colombia
SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 23 de junio, 2022. – En el marco de la ponencia «Mujeres y niñas en la guerra: Colombia y la República Democrática del Congo», Luz Estella Romero habla sobre las dificultades sociales y legales que tienen las mujeres en Colombia y en la costa caribe colombiana para que sus tierras sean restituidas, luego de haber padecido destierros y desplazamientos forzados por parte de grupos armados ilegales. La jurista hace un análisis de las causas y efectos de esta situación, tan invisibilizada en el país y por órganos internacionales.
Dentro de sus afirmaciones, Romero reivindica la tenacidad de las mujeres sobrevivientes a la guerra y que, con auspicio del Estado colombiano, han perdido sus hogares. COLEMAD (La Asociación Colectivo Mujeres al Derecho) asesora a este colectivo de mujeres en materia de derecho para la restitución de todas estas tierras.
¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está afrontando el proceso de acoso y hostigamiento en el que se ha visto envuelta?
El desarraigo nunca es positivo y menos sentir que tiene que salir de su país por trabajar en lo que trabaja, que es un trabajo, además, maravilloso. Defender los derechos es una labor que debería respetarse más. Pero, desafortunadamente, estamos en un Estado que no protege a quienes defienden los derechos y tampoco a su ciudadanía, por eso se mantiene el conflicto armado en Colombia. A parte de esto, no protege a quienes estamos trabajando por defender y por lograr revertir los efectos del conflicto en la vida de millones de personas.
En lo personal, ahora estoy más tranquila porque estoy en un Estado protector; pero no quiere decir que eso me haga estar del todo bien. La causa por la que además salí fue por un ataque directo a mi hijo. Tengo un solo hijo. Entonces, también era decidir salir (aunque no lo quisiera) más por proteger la vida de él y por su estabilidad emocional.
El proceso de paz en Colombia ha pasado por distintas etapas. ¿En qué momento estamos?
Hay informes que hablan que lo que más ha avanzado es la construcción de mecanismos escritos, de algunas legislaciones y algunos marcos de política pública. Pero en efectividad, dichos informes dicen que se han cumplido entre el 10% y el 19% de lo acordado. Lo que nosotras hacemos es hacer seguimiento de la implementación de los acuerdos de género, ya que hacen una trazabilidad de los puntos del Acuerdo de Paz, pero no alcanzan a cumplirse ni en un 20%. En lo que se ha avanzado es en escritos. Entonces, por lo tanto, eso todavía no se refleja en una real efectividad para las mujeres que han sido victimizadas en medio del conflicto.
Nosotras trabajamos por tema de tierra, territorio y visibilización de estas situaciones. Buscar la verdad de fondo en estos temas siempre se va a relacionar con las causas y consecuencias del conflicto y con sus implicaciones económicas, territoriales y de cómo se ha construido todo un proceso de criminalidad en donde se ha instrumentalizado a las mujeres para beneficiar a poderes económicos, tanto nacionales como internacionales. Revertir eso es el punto número uno de la reforma rural, área que no ha tenido ningún avance.
“Esto lo digo conscientemente a pesar de que algunos teóricos que trabajan en el tema digan que ha habido avances en materia de tierras”
Lo que se muestra como avances es una infraestructura rural que no es para beneficiar, en principio, a las comunidades y el ejercicio de su agricultura. Y tampoco se están creando dichas infraestructuras. Hay un catastro que se creó en donde el Estado está tergiversando –y el Gobierno también- el sentido del acuerdo. El catastro tenía que mostrar un estado de las tierras rurales para revertir el despojo y para entregar los baldíos a las comunidades. Eso existe todavía. No hay todavía un inventario de tierras, ni de baldíos, no se está hablando de ese tema. El catastro multipropósito (sistema de información que registra datos actualizados de la tierra, basado en predios formales e informales.) no se pensó para eso.
Por el otro lado, la infraestructura es para un modelo megaextractivista de hidrocarburos y energía que se está dando en un territorio como la región Caribe.
Cuando llegaron los acuerdos de paz, Colombia se convirtió en referente por incluir a las mujeres por primera vez –lo cual garantiza, según diversos estudios, que la paz es más duradera. Sin embargo, muchas de estas condiciones y garantías quedaron solo en el papel, luego no se han implementado. ¿Por qué?
No se ha podido, precisamente, porque hay unas estructuras de poder que no lo van a dejar ver. Para hablar del despojo, una estrategia utilizada es que, en la guerra, principalmente en regiones como el Caribe y pacífico, se culpó a las estructuras paramilitares de entrar, desplazar y despojar de las tierras a las comunidades, mismas que hoy están intentando restituirse. Pero estas situaciones ya están también en manos de poderes económicos. Hubo toda una criminalidad que transformó la propiedad.
“Con actos ilegales judiciales se despojaron también legalmente a las poblaciones rurales”
Posterior a eso, el Gobierno y el Congreso crearon una serie de medidas legislativas que lo que hacen – y COLEMAD lo ha denunciado- es formalizar el despojo. Es decir, se ha legalizado el despojo, como por ejemplo las leyes ZIDRES. De estas, intentamos hacer una demanda ante la Corte Constitucional, precisamente, alegando que, si los derechos económicos de las mujeres seguían estando pendientes, crear una ley que entregará la titularidad de las negociaciones del suelo y el subsuelo de las propiedades campesinas, iba a ser, por el contrario, más regresionista de los derechos de las mujeres. Entonces, COLEMAD, incluso, ha hecho este tipo apelaciones ante la Corte Constitucional, denunciado que hay unas medidas legislativas que profundizan la discriminación histórica frente a los derechos y las oportunidades de las mujeres a acceder a la planificación territorial, al uso de la tierra, a la distribución de la tierra y, por supuesto, al ejercicio de la economía, el tipo de economía que quieren las mujeres. Eso no va a cambiar de la noche a la mañana.
Los despojos se consiguieron por el poder de las armas y después los poderes de todo un Estado trabajan para formalizar ese despojo, pues revertirlo no iba a ser tarea fácil, no iba a hacerlo solo el acuerdo. Tiene que haber un acto de voluntad estatal y, desafortunadamente, el actual presidente niega el acuerdo. Entonces, evidentemente, lo que se logró en principio (que es un avance) quedó paralizado en un momento crucial. Cuatro años en donde el asunto ha sido, por el contrario, regresivo. Esa regresión ha generado, por supuesto, unos daños y unos impactos en la vida de las comunidades y, principalmente, de las mujeres en los territorios.
Entonces, en aras de las elecciones de esta semana (que ya se abrieron en el extranjero). ¿Cuál sería el impacto entre un candidato u otro?
En mi rol de abogada defensora, el escenario de un candidato imputado ya es de ilegalidad, es un escenario que amenaza y que profundiza la amenaza del Estado social de Derecho.
Y, además, lanza públicamente un discurso en contra de un marco de derechos de las mujeres. O sea, está también atentando ya públicamente al 52% de la población colombiana. Eso lo debió haber asumido la justicia inmediatamente, revisando por qué un candidato presidencial -en un país en democracia- niega, de partida, el marco de derechos que ha suscrito la Constitución Política y los tratados internacionales.
¿Cuáles han sido los impactos directos e indirectos en las vidas de mujeres y niñas que han vivido la guerra?
Más de 5 millones de mujeres revictimizadas en el conflicto, con datos que ni siquiera dan cuenta de su registro porque Colombia ni siquiera tiene una dimensión clara de cuántas son sus mujeres. No hay todavía un sistema estadístico que dé cuenta de quiénes somos. Todavía es un sistema de estadístico precario, que proyecta desde las encuestas, o sea, que lo hace generalizando y sin incorporar el enfoque de género y sin producir indicadores que den cuenta de cuál es la dimensión. Entonces son más de 5 millones, de lo que se sabe.
Sin embargo, lo que nosotras vemos en los territorios y a profundidad es que hay discriminación y violencia contra las mujeres. Sí que hay un Estado responsable que no ha protegido a sus mujeres. No ha cumplido con su obligación de proteger la vigencia de los tratados internacionales y de los derechos fundamentales que quedaron en la Constitución. Es un Estado que niega totalmente que hay una crisis y que el conflicto lo que hace es profundizar esa revictimización. Nunca ha habido un Estado que nos defienda y dé cuenta de la vigencia de los derechos para las mujeres y las niñas, y eso que estamos incorporando el enfoque como la interseccionalidad o la diversidad en los territorios más apartados.
«Nosotras siempre hemos estado en crisis»
Por ejemplo, en la región Caribe, datos del mismo Departamento de Estadística muestran que al año la nación tiene una crisis de pobreza multidimensional de más del 36%, y el departamento de la Guajira, el 65% de pobreza. O sea, miseria, el más pobre del país. Y, ¿quiénes viven eso? principalmente, las mujeres que han sobrevivido a la guerra más cruel, a los momentos de crueldad de los actores armados en los asentamientos. Esto ha acarreado grandes desplazamientos forzados, y solo en estamos hablando de la región Caribe.
¿Qué ha implicado la reivindicación de la mujer en el imaginario colectivo del país? ¿Ha habido un cambio en la perspectiva del papel de las mujeres después de los acuerdos de paz?
Yo no puedo hablar en nombre de esas víctimas En los conceptos de perdón y construcción de memoria y no repetición, considero que ese cambio de perspectiva vas más allá de un perdón que se diga en una palestra pública. Es evidente que debe haber verdad, justicia y reparación y, por supuesto, todos esos actos tienen que entrañar una no repetición de los actos. Eso en Colombia todavía no está pasando. Por el contrario, en estos momentos, nuevamente en los territorios se ha recrudecido la violencia. Las mujeres de los territorios (las que acompañamos) se están organizando para reclamar verdad, justicia, reparación y no repetición: perdón sin olvido.
Entonces, sí ha cambiado la perspectiva, creo que el Estado se tiene que poner al día: ha cambiado la gente y no ha cambiado el Estado. De hecho, venimos ganando en la justicia, en los procesos públicos, en el acuerdo. Todas esas agendas robustas que hay de derecho y de avance, han sido un movimiento organizado de mujeres que no inicia solamente desde el centro del país, sino que es territorial, que se inicia desde ahí abajo y se gesta en todos los lugares del país. Hay mujeres organizadas trabajando por protegerse, por participar, por defender la agenda de los derechos de las mujeres.
¿Hay algo más que quieras decir o alguna aclaración adicional?
Una noticia. Acaba de salir una sentencia favorable de uno de los casos que representamos de un colectivo de mujeres productoras del campo (un caso emblemático nacional). Es el primer caso a nivel nacional de una restitución de tierras específica para mujer.
Foto: archivo AmecoPress.
