- Las periodistas y buscadoras en sistemático riesgo
- El Sistema de la Unión Europea de un Entorno Propicio para la Sociedad Civil trabaja para proteger y mejorar los espacios democráticos y cívicos
Elda Montiel
SemMéxico, Ciudad de México, 31 de octubre, 2025.- El entorno de las organizaciones de la sociedad civil ha seguido en deterioro en México, desde la histórica circular número 1 de 2019 en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló los recursos a organizaciones sociales, a sindicatos, a organizaciones de la llamada sociedad civil y asociaciones filantrópicas con el argumento de supuestos manejos de corrupción.
En el Informe Enfoque País 2025 para México, del Sistema de la Unión Europea de un Entorno Propicio para la Sociedad Civil (EU SEE), programa que trabaja con y para proteger y mejorar los espacios democráticos y cívicos a nivel mundial, que aplica en 86 países del Sur Global. México se encuentra entre los países con “Alerta de Deterioro”, al igual que Venezuela, El Salvador, Bolivia y Argentina.
El estudio advierte que el respeto a las libertades fundamentales; la libertad de asociación, de expresión y protesta y la participación ciudadana en México es reprobatorio. El país obtuvo una puntuación de 2.6 sobre cinco, equivalente a una clasificación “represiva”, y se espera que al finalizar 2025 sea aún más baja.
Preocupa un modelo de gobernanza centralizado
La tendencia más preocupante es la consolidación de un modelo de gobernanza centralizado que concentra el poder en el Ejecutivo y el partido gobernante, restringe el diálogo con la sociedad civil y promueve narrativas estigmatizantes. Estos desarrollos socavan la confianza, limitan la participación y amenazan derechos fundamentales.
Se perciben obstáculos que frenan el derecho a la asociación, desde restricciones fiscales y administrativas o el desmantelamiento y el cierre del diálogo de instituciones gubernamentales principalmente en el ámbito federal, que antes ofrecían interlocución entre el gobierno y la sociedad civil. Además, en un entorno con distintos tipos de violencia y presencia del crimen organizado, la reunión pacífica y la manifestación se dificulta para quienes exigen el cumplimiento de demandas y justicia.
México uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo
Las organizaciones que trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas, la defensa del territorio, el periodismo independiente o la promoción de los derechos humanos enfrentan amenazas constantes.
Además, se observa una creciente vulneración de la democracia mediante la captura de espacios de poder público por parte del crimen organizado, especialmente a través de su intervención en procesos electorales.
Estos riesgos no son aislados ni recientes: se inscriben en una dinámica estructural donde la violencia, la impunidad y la cooptación institucional por parte de estos actores, imponen límites reales de violencia contra periodistas que hacen que el país sea uno de los más peligrosos para el ejercicio de esta actividad, señala el Informe.
La estigmatización y censura que desde la narrativa gubernamental se ha instrumentalizado, ha derivado en ataques a la prensa que van desde el acoso judicial, hasta el asesinato. La existencia de leyes coercitivas en algunos estados es utilizada para desacreditar y perseguir a quienes critican, investigan o denuncian hechos que visibilizan actos de corrupción o el incumplimiento de las funciones del gobierno.
También, un elemento importante del ejercicio del periodismo en México es el componente de género, ya que las agresiones contra mujeres periodistas no solo se deben a su labor informativa, sino que se agravan por el hecho de ejercerlas por ser mujeres.
Madres buscadoras asesinadas en 2025
Las cifras del documento no son abstractas, señala el informe, detrás de ellas aparecen nombres como los de Teresa González y María del Carmen Morales, madres buscadoras asesinadas en 2025 mientras exigían justicia por sus hijos desaparecidos.
Ambas activistas estaban ligadas a colectivos que se encontraban en la espera de resoluciones referentes al suceso que puso en evidencia, una vez más, la crisis de desapariciones en México. Cabe mencionar que este caso continúa impune a pesar de la activación de medidas cautelares por parte del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.
La libertad de asociación y defensa de causas justas es apenas una formalidad: oficinas allanadas, robos selectivos de información (como los sufridos por EQUIS Justicia para las Mujeres y el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas), y vigilancia sistemática de activistas se han vuelto lugares comunes.
En julio, el Congreso aprobó reformas que amplían las facultades de vigilancia y crean la “Plataforma Central de Inteligencia” conectada al “Sistema Nacional de Información” y “Plataforma Única de Identidad”, permitiendo el monitoreo en tiempo real sin salvaguardas. La disolución del Instituto Nacional de Transparencia (INAI) y de Coneval ha restringido aún más el acceso a la información, mientras que las reformas fiscales incrementaron las cargas administrativas para las OSC autorizadas.
A pesar de estos retrocesos, persisten oportunidades para la resiliencia. Iniciativas locales como Quintana Roo Participa ampliaron los mecanismos de consulta y presupuestos participativos. El colectivo Quintana Roo Participa, presentó una iniciativa para renovar la Ley de Participación Ciudadana, con el objetivo de ampliar y facilitar el acceso a mecanismos como consultas, presupuestos participativos y audiencias públicas. La propuesta —elaborada con organizaciones, personas expertas y ciudadanía— destaca por establecer obligaciones concretas de corresponsabilidad entre autoridades y sociedad civil.
En contraste, la reciente aprobación de una reforma penal en Puebla, conocida como “Ley de Ciberasedio” sanciona con cárcel a ciudadanos que critiquen a funcionarios públicos en redes sociales. Esta normativa, aprobada por un congreso local con mayoría oficialista y sin diálogo con la sociedad civil, no solo restringe el derecho a la libre expresión, sino que sienta un precedente que podría replicarse en otras entidades, como Campeche o Tamaulipas, donde ya se han registrado casos de censura digital y hostigamiento a periodistas. Ambos escenarios reflejan las tensiones actuales entre apertura y control, así como el papel que juega el diseño institucional local para habilitar o inhibir el ejercicio pleno de las libertades de expresión y participación.
Mientras que alianzas como Sumar para Transformar demostraron el potencial de la filantropía colaborativa para fortalecer a organizaciones de atención a niñas, niños y adolescentes. Desde 2021, seis fundaciones privadas se han articulado para fortalecer Casas Hogar y Centros de Asistencia Social (CAS), que atienden a niñas, niños y adolescentes sin cuidados parentales en Ciudad de México y Querétaro.
La sociedad civil sigue innovando a través de la organización comunitaria, la resistencia de base y los esfuerzos de educación cívica liderados por jóvenes como Juventud Actúa MX, que destacan espacios de renovación democrática. Iniciativa vigente desde 2019 a la fecha. Su objetivo ha sido fomentar la participación ciudadana de las juventudes, promoviendo el ejercicio de derechos políticos para incidir en la solución de problemas públicos. En 2024, el proyecto impulsó la creación de una “Agenda de Juventudes con Perspectivas Regionales”, quienes convocaron a 795 jóvenes de diversas entidades y recopilaron 419 problemáticas y propuestas de solución.
Aunque existen esfuerzos valiosos como el anterior que demuestran el potencial de colaboración para fortalecer la participación ciudadana, estos siguen siendo excepcionales frente a un panorama general adverso. En consecuencia, esto debilita la inclusión de la sociedad civil y se relaciona con la restricción para expresar opiniones divergentes a las del discurso oficial. En él se invisibilizan temáticas relevantes que se manifiestan mediante protestas de hechos sin resolución, y se minimiza la relevancia para asociarse y participar activamente en la solución de asuntos públicos.
El informe proporciona recomendaciones clave como:
- Reforzar la documentación y visibilidad de los impactos de los marcos restrictivos sobre las OSC;
- Promover modelos de filantropía flexibles y colaborativos que garanticen la sostenibilidad financiera;
- Fortalecer la seguridad digital y las capacidades jurídicas, en particular de organizaciones rurales y de base; y
- Avanzar en la educación cívica y la pedagogía democrática para contrarrestar la desinformación y las narrativas excluyentes.
El objetivo es apoyar a las organizaciones de la sociedad civil para que puedan operar de manera independiente, defender los derechos humanos, la libertad de expresión y el acceso a la información, y para prevenir el deterioro de estos espacios de participación ciudadana.
El programa, financiado por la UE, se inició en enero último y está gestionado por un consorcio de seis organizaciones internacionales: Hivos, que opera desde Ámsterdam; Transparency International, con sede en Berlín; Democracy Reporting International, también basada en la capital alemana; Forus, con oficinas centrales en París; European Partnership for Democracy, ubicada en Bruselas, y Civicus, una organización sudafricana.
El documento de 17 páginas está construido a partir de diagnósticos de organizaciones, académicos y defensores de los derechos humanos. A ese diagnóstico se llegó durante un panel de expertos realizado en abril último en México, al que no se invitó a «representantes gubernamentales» por falta de una «relación clara y abierta», explicó en la presentación el coordinador del proyecto en el país y colaborador de investigación del Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi), Daniel Revilla.
Los seis principios evaluados por el informe son libertades fundamentales, marco legal, acceso a recursos, apertura estatal, cultura pública y discursos favorables, y entorno digital.
SEM/em/sj
https://www.cepal.org
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