Misoginia y sexismo, detrás de la violencia política contra mujeres en Oaxaca

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  • Presenta DDHPO Informe Especial sobre la Violencia contra las Mujeres
  • El análisis entre 2015 y 2019 documenta 250 ataques, 29 tipos de violencia

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 30 de enero, 2024.- En esta entidad se han detectado 29 tipos de violencia política contra las mujeres, de acuerdo con Informe Especial sobre la Violencia contra las Mujeres en el ejercicio público entre 2015 y 2023, presentado hoy por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO), que revela que el 66 por ciento de las quejas y peticiones fue cometida en el sistema de partidos político y el 34 por ciento en sistemas normativos internos.

En total, en ese periodo la Defensoría atendió 158 expedientes y 92 cuadernos de antecedentes, lo que hace un total de 250 quejas y peticiones por la presunta violación de los derechos humanos de aspirantes a un cargo de elección popular o en el ejercicio de su labor como servidoras públicas.

El documento de 124 páginas revela que aunque pareciera que existe un avance e incluso igualdad de oportunidades, puesto que se habla del 45 por ciento y 48 por ciento de posiciones en cargos como titulares y suplentes, respectivamente, no necesariamente se traduce en una igualdad sustantiva, ya que los cargos a los que acceden las mujeres son de menor jerarquía respecto de los que ocupan los hombres; sino porque ellas enfrentan violencias no sólo al momento de contender sino que se exacerban al momento de ejercer el cargo.

En ese sentido, el informe que se presentó durante un acto público presidido por la defensora Elizabeth Lara Rodríguez, se encontraron 29 formas reiteradas de violencia política contra las mujeres por razón de género, “ataques hacia las
mujeres por ser mujeres tienen como trasfondo la descalificación y desconfianza sistemática hacia sus capacidades de hacer un buen trabajo y ganar una elección”.

Las formas de violencia se manifiestan tanto en el sistema electoral de partidos políticos cómo en el de Sistemas Normativos Internos, de los expedientes analizados, la discriminación sexo-genérica se detectó en 60 casos; 46 amenazas; no toman protesta y/o hay obstrucción del cargo en 43 ocasiones; no pagan sus dietas y/o las retienen en 42, y no asignan recursos materiales, humanos y financieros en 40, siendo estos los más frecuentes.

Sin embargo la clasificación hecha por la DDHPO revela también 10 casos de violencia física y nueve de violencia sexual, incluso el informe contempla seis casos de discriminación por embarazo; cuatro detonaciones de arma de fuego afuera de la casa de la víctima; dos feminicidios, dos tentativas de secuestro y un caso de violación.

El informe detallas algunos de los casos sin citar los nombres de las víctimas y apunto que los servidores públicos señalados como violentadores políticos por razón de género fueron los Presidentes Municipales con un 49 por ciento, Regidores con un 15 por ciento, Síndicos con un 12 por ciento, ciudadanos con el beneplácito de algún servidor público nueve por ciento, representantes de partidos políticos siete por ciento, agentes municipales cuatro por ciento y presidentes de comité electoral municipal dos por ciento.

No excluye posibilidad de que la violencia política contra las mujeres por razón de género se pueda atribuir a otra mujer: de los casos conocidos se obtuvo que 28 regidoras, 18 presidentas municipales y ocho síndicas fueron señaladas como autoridades responsables.

En su intervención, Lara Rodríguez calificó a las peticionarias como mujeres “con arrojo y valor” que decidieron hacer valer sus derechos y recalcó que la violencia política por razón de género, y la violencia en contra de las mujeres en el ejercicio público, no solo afecta a las mujeres que participan en la toma de decisiones, sino que también tiene un impacto negativo en la sociedad, porque debilita a un Estado democrático y por ende, limita la participación de toda la ciudadanía.

Concidió, con otras de las funcionarias presentes, en que esta violencia se ha acentuado significativamente en el Estado de Oaxaca, “conductas y omisiones que no deben normalizarse y que constituyen claramente, violaciones a los derechos humanos”.

Agustina Jiménez López fue la única peticionaria de protección a sus derechos humanos que habló durante el acto público, a quien se le impidió competir en 2015 como candidata a la presidencia municipal de Santa María Apasco, lo que provocó que fuera amenazada de muerte y tuviera que salir de su población, relató la hoy síndica de esa municipalidad donde junto con la Secretaría de las Mujeres están trabajando la prevención a la violencia de género, ya que es uno de los municipios con declaratoria de alerta de violencia de género contra las mujeres desde 2018.
Por su parte la magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Estado de Oaxaca (TEEO), Elizabeth Bautista Velasco, destacó la importancia del informe y señaló que los datos vertidos coinciden con la tendencia que de los casos que atiende el TEEO.

Como lo hizo más adelante la titular de la Secretaría de las Mujeres, Elisa Zepeda Lagunas, Bautista Velasco destacó las recomendaciones y resoluciones del propio informe, “tendremos mejores herramientas para entrar a contrarrestar este fenómeno por ese rumbo de colaboración institucional estamos caminando en el Observatorio de Participación Política de las Mujeres”.

En su momento, Zepeda Lagunas se refirió a las barreras que las mujeres deben superar para participar en la vida pública, como la inmensa carga de cuidados que sostiene a las familias y a las comunidades y en publico la desigualdad y discriminación que se traducen en violencia política en razón de género.

Dijo que el informe de la DDHPO revelan la existencia de conductas sexistas y misóginas que persisten en la entidad perpetradas, de acuerdo con el Informe, por autoridades, personas servidoras píblicas e integrantes de los cabildos y partidos polticios que por acción u omisión inhiben el ejercicio público de las mujeres, las lleva a desisitir, lo que confugra una flagrante violación a los derecos humanos de las mujeres. Por ello llamó a las instituciones a comprometerse a atender, sancionar y erradicar la violencia.

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso local, la diputada Tania Caballero López, dijo que la participación política de las mujeres va en aumento, al igual que la violencia política contra ellas.

Asistieron también peticionarias como Angélica Silvia Matadamas Láscares, Blanca Mendoza Vásquez, Lucía Ramos Jaramillo, María de Lourdes Jiménez Liera, Socorro Santiago Palma, Susana Alvarado Lozano, Xóchilt Aguirre Méndez, Nancy Benítez Zárate, Macrina Celio Jiménez, María Robles Juárez y
Maura Gutiérrez Santiago.

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