Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 8 de septiembre, 2023.- Hace casi 90 años se documentó un primer momento en el que se solicitó la despenalización del aborto, una campaña de educación sexual y dotación de anticonceptivos…de ahí para adelante en estas nueve décadas hablar del aborto arroja un saldo negativo, lleno de actos de incomprensión, morbo y muchas decisiones tomadas desde escritorios rojos, azules, amarillos y otros colores, y púlpitos de todas las religiones, pero no por la opinión de las mujeres.
Entonces casi un siglo después este miércoles la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó el aborto a nivel federal, una rotación de 180 grados y la apertura –por la vía legal- hacia la independencia de las mujeres de la tutela de los hombres que se asumen, hasta hoy, como sus tutores, dueños y patrones, por decir lo menos.
En medio del inicio de las campañas políticas, sucedió lo inesperado, menos aún por la derecha y los conservadores que apenas en semanas pasadas se habían movilizado en todo el país para rechazar los libros de texto, alegando ideologización política y errores de contenido (errores u omisiones que siempre hay), sino porque en esos libros se habla someramente de educación sexual, algo que sigue ruborizando a miles de personas y donde la ceguera, la ignorancia, ocasiona que quienes se lleven la peor parte sean las mujeres.
Lo hecho por la Corte mexicana en respuesta a un recurso legal interpuesto por organizaciones, entre ellas el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), tiene como objetivo que las mujeres puedan acceder a un aborto seguro, sin ser criminalizadas, en instituciones de salud federal, entre ellas, la red hospitalaria y clínicas del IMSS, ISSSTE y PEMEX, entre otras.
¿Qué significa un aborto seguro? Lo primero indispensable de decir es que la atención al aborto en condiciones seguras es un derecho humano, como parte de los derechos sexuales y reproductivos de mujeres, adolescentes y niñas, tal y como se establece en las leyes mexicanas.
De ahí que en México se cuente con un Lineamiento Técnico para la atención de Aborto Seguro en México emitido por la Secretaría de Salud que establece desde el marco legal, las obligaciones éticas y profesionales del personal de salud y por supuesto el aborto seguro como servicio esencial. En ese documento se da a conocer que de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) un aborto seguro se realiza por un método recomendado por la mejor evidencia disponible, contenida en las recomendaciones de la propia Organización, acorde con la edad gestacional, con acceso a la información adecuada y la atención requerida por parte de personal de salud con la capacidad técnica necesaria. Bajo dichas condiciones, es un procedimiento sencillo y extremadamente seguro.
Establece no sólo procedimientos clínicos, ofrece información fundamental para las mujeres que determinan realizar la interrupción legal de un embarazo, dentro de un plano de acompañamiento o consejería y el propio consentimiento, así como las rutas de vinculación institucional. Es decir, la información como eje fundamental, tanto para las mujeres como para el personal médico.
Desde hace años sabemos que la falta de información correcta en la casa, la escuela, en las instituciones de salud; el miedo a la reacción de la familia y la condena social, así como la negativa de acceso a servicios públicos, la criminalización de la interrupción de un embarazo, y muchas otros excusas, favorecen el riesgo para las mujeres, sean niñas, adolescentes, jóvenes o mujeres, porque la interrupción de un embarazo se da en todas las etapas de la vida reproductiva de una mujer, incrementa el riesgo para ellas al ser asistidas por personal médico no preparado, en condiciones insalubres o sin las condiciones hospitalarias adecuadas para una intervención, no siempre quirúrgica, por cierto.
Hay miles de historias sobre prácticas no adecuadas que terminaron en muertes, o en discapacidades posteriores e, incluso, mutilaciones ginecológicas innecesarias. Como también las hubo de aquellas mujeres que acudieron a consultorios de médicos y médicas solidarias y convencidos de que la interrupción de un embarazo no pasa por solo por un tema de salud, sino por la justicia social.
Los nubarrones negros del conservadurismo y de todos aquellos que piensan que las mujeres no pueden decidir sobre sus cuerpos ha sido el mayor de los obstáculos y eso es lo que por ahora la mayoría de las y los ministros de la Corte mexicana ha echado por tierra al reconocer que sí, que las mujeres tienen derecho a decidir sobre sus cuerpos, en el ámbito legal federal.
El periódico La Verdad cita la encuesta ENDIREH (INEGI, 2016) en los últimos cinco años poco más de un millón de mujeres dijo haber tenido al menos un aborto en nuestro país, de un total de 9.4 millones de mujeres de 15 a 49 años que reportaron haber estado embarazadas en ese lapso. La institución también informa que la muerte materna ha disminuido entre 2010 y 2019 gracias al aborto legal.
A partir de ahora, el apartado del Código Penal Federal que criminaliza el aborto ya no tendrá efectos y, por lo tanto, a ninguna mujer ni personal de salud, se le podrá castigar por abortar. La Corte también ha ordenado que se elimine el delito de aborto en el Código Penal Federal. La unanimidad de la sentencia la vuelve obligatoria para todo el personal del poder judicial –jueces y juezas locales y federales-.
Así que está claro, el fallo de la Corte mexicana es histórico, como se ha dicho, y es consecuencia de la lucha persistente de las mujeres, desde la ponencia que elaboró de Ofelia Domínguez Navarro, en 1936, en la Convención de Unificación del Código Penal, hasta la Marea Verde en la segunda década del siglo XXI. Miles y miles de mujeres organizadas y feministas planteando la necesaria despenalización como lo hizo mediante un litigio estratégico GIRE y otras organizaciones. El fallo responde a un derecho humano de las mujeres. Es el principio del fin de una vieja deuda social que habrá de concretarse, a golpe de sentencias, si es necesario, en todas las entidades federativas que aún siguen criminalizando a las mujeres. La responsabilidad está en los congresos locales y el federal. Esperamos que no pasen otros 90 años de regateo de un derecho humano para las mujeres y la autonomía reproductiva sea una realidad.
