Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 11 de julio, 2024.- El Examen Periódico Universal (EPU), en su cuarto ciclo presentado en el Consejo General de Derechos Humanos, en Ginebra, Suiza, reveló que en México ha sido sistemática la violación a los derechos humanos y en específico de las niñas, adolescentes y mujeres y, por otro lado, también muestra que el último informe supera en más del 60 por ciento las recomendaciones comparado con los tres exámenes anteriores juntos.
En esta revisión, 115 países presentaron recomendaciones a México por violaciones a derechos humanos al gobierno de Andrés Manuel López Obrador ya en la recta final de su sexenio y en lugar de cerrar con broche de oro, terminan por “tomar nota” de 14 asuntos, entre ellos la militarización, uso de la fuerza, espionaje y el desplazamiento forzado, lo cotidiano en México.
No se trata de ver el punto negro en la hoja blanca, porque habrá quien diga que el gobierno mexicano aceptó el 96 por ciento de las recomendaciones, sin embargo, las organizaciones de la sociedad civil han sido claras, pues ante la gravedad de los problemas que hoy enfrentamos en esa convivencia impuesta con el crimen organizado y el desinterés gubernamental, todo es grave y nada se puede dejar atrás.
Una quinta parte de las recomendaciones tienen que ver con las mujeres de todas las edades, en asuntos relacionados con la igualdad y no discriminación, la violencia en todas sus formas, contextos y ámbitos; medidas de protección, acceso a la justicia, fiscalías especializadas, recursos públicos suficientes para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres, existen casi una decena de recomendaciones relacionadas con la trata de mujeres, adolescentes y niñas, así como las relacionadas con el mercado laboral y brecha salarial, participación política.
Es decir, si se trata de solo de mujeres, la mayor preocupación de los países que hicieron estas recomendaciones, que reitero, representan la quinta parte del total, se refieren a la seguridad de las mujeres y, por ende, a la violencia contra ellas, y el acceso a la justicia, un problema grave que en México se potencia gracias a la impunidad institucional.
Otros problemas graves que le merecieron recomendaciones específicas, así como otras muy genéricas, es la desaparición forzada de personas, las violaciones a los derechos humanos de las personas defensoras y periodistas, los relacionados con la migración o movilidad de personas y las niñeces y juventudes, en números estamos hablando de casi cien recomendaciones sobre estos asuntos y todos atravesados por el género.
Hay sin duda preocupación en el mundo por lo que sucede con las libertades en México, en particular con los y las periodistas y las personas defensoras derivado de la persecución, el espionaje, las agresiones y los asesinatos, de ahí el reiterado llamado internacional a no dejar más estos crímenes en la impunidad y la gravedad, insisto, de cerrar los ojos ante una realidad como la militarización.
En suma, el aumento de recomendaciones es reflejo de la persistente impunidad, de la nula política de Andrés Manuel López Obrador en evitar la violación a derechos. De ahí la importancia del trabajo realizado por las organizaciones de la sociedad civil, que nuevamente ponen en blanco y negro la gravedad del problema.
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