La mitad del cielo
“Ninguna mujer que se respete puede querer trabajar por un partido político que las ignore”
Susan Brownel Antony, 1872
Por: Muriel Salinas Díaz
SemMéxico. Cd. de México. 22 de febrero 2021.- El 19 de febrero la titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno federal, Rosa Icela Rodríguez, informó en la conferencia matutina presidencial que en enero de 2021 los delitos de violación en el país disminuyeron 1% con respecto del mismo mes en 2020, esto un día después de que el presidente en el mismo espacio respondiera con la frase “ya chole” en reacción a los cuestionamientos que se le han hecho respecto de su abierto respaldo a la candidatura de Félix Salgado Macedonio a la gubernatura de Guerrero – quien cuenta con varias denuncias por violación sexual- y declarara que las exigencias social de no postular a este personaje, no son más que un “linchamiento político” al calor del proceso electoral y pura “politiquería”.
La cifra anunciada por la secretaria nos permite observar el contexto de impunidad social y de Estado que prevalece en el país con respecto a la violencia contra las mujeres y muy especialmente con relación a los delitos sexuales. Pues, según cifras del INEGI, en todo el país el 95% de las indagatorias iniciadas por denuncias de violación sexual permanecen impunes. A la luz de este escalofriante dato, es claro que si el requisito para ser candidato a cualquier cargo de elección popular reside en acreditar que no son agresores ni deudores alimentarios mediante sentencia en firme, muchos Salgados Macedonios podrán postularse sin empacho con la intención de acceder al poder, no porque sean inocentes, sino porque han vivido en la impunidad.
Sin duda las prioridades de cualquier gobierno pueden ser medidas con base a sus presupuestos. De acuerdo con el Tercer Informe Hemisférico de la OEA sobre el cumplimiento de la Convención Belem Do Pará (2018), ningún país de América Latina y El Caribe ha logrado destinar ni siquiera el 1% de sus presupuestos nacionales a las políticas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. En el caso de México, en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el ejercicio fiscal 2021, se destinaron 3,210 millones de pesos para políticas públicas relacionadas con la violencia contra las mujeres, que en términos totales del PEF -que es de $6,295,736,200,000 M.N.- representa apenas el 0.050 por ciento.
El presidente y los dirigentes de su partido parecen no entender que su proyecto de Cuarta Transformación implica su propia transformación y que en este sentido no hay avance posible sin las mujeres y sin una verdadera perspectiva de género como política de Estado, lo cual además no es algo sujeto a la voluntad de quien gobierna, sino que es una obligación constitucional para el Estado Mexicano, al ser ello parte de los compromisos internacionales en materia de derechos humanos de las mujeres adoptados por nuestro país. Por el contrario, la misoginia del presidente en sus conferencias matutinas le resulta cada vez más inocultable, pues su molestia es cada vez más visible cuando tiene que responder preguntas sobre asuntos relacionados con las mujeres. Su “Ya chole” no es sólo una expresión de hartazgo, sino una clara expresión de la misoginia que le caracteriza y desde la cual dirige no sólo a la nación, sino también las decisiones de su partido.
Por su parte, MORENA se situaría en una vertiginosa carrera de dilapidación de la legitimidad y el capital político que le permitió llegar al poder en las elecciones de 2018 si mantiene la decisión de sostener como candidato a la gubernatura de Guerrero a Félix Salgado Macedonio, pues no sólo confirmaría que desde el Estado se sigue protegiendo a los violadores y agresores de mujeres, sino que ello configura un mensaje claro: los derechos humanos de las mujeres no tienen cabida en la Cuarta Transformación. Aunque sea una obligación constitucional del gobierno proteger, promover y garantizar esos derechos a todas las mexicanas y aunque conformamos más de la mitad de la población del país y del padrón electoral. Simplemente ni nos ve, ni nos oye.
La exigencia del movimiento feminista a MORENA y a todos los partidos políticos es una: Ningún agresor en el poder. A este respecto, ya comienzan a dar acuse de recibo otros partidos políticos: esta semana Movimiento Ciudadano retiró su apoyo al precandidato a diputado de Texmelucan, José Medel Galindo, tras haber difundido imágenes de él y su hija en las que la exhibía sin ropa y besándola en la boca; en tanto que en Veracruz este mismo instituto político retiró su apoyo a otro precandidato a una diputación local, quien fue denunciado por intento de violación por una ciudadana. Por su parte, la dirigencia nacional del PRD retiró la candidatura a diputado federal por Durango a Gamaliel Ochoa Serrano, debido a que fue denunciado por una ciudadana por hostigamiento y abuso sexual.
El espíritu con el que fueron emitidos los Lineamientos para que los Partidos Políticos Prevengan, Atiendan, Sancionen y Erradiquen la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género y que contienen los criterios 3 de 3, responde a la aspiración democrática de elevar la calidad de la representación política y con ello avanzar hacia la consolidación de la democracia paritaria. ¿De parte de quién?, pregunta el presidente, quien al parecer no se ha enterado ni es capaz de comprender los avances de las mujeres en el último siglo y medio en México y en el mundo.
