- Un viaje que duraría dos días se convirtió en una larga agonía de más de 4 mil 700 días de incertidumbre
- Familia de las víctimas de desaparición forzada siguen esperan que las autoridades respondan
Soledad Jarquín Edgar
SemMéxico, Oaxaca, 6 de julio, 2020.- En 2007 desaparecieron las hermanas Virginia y Daniela Ortiz Ramírez, este 5 de julio se cumplieron 13 años de una desaparición forzada de la que autoridades de tres gobiernos estatales no han dado ninguna respuesta. Un viaje de dos días se ha convertido en una agonía de más de 4 mil 700 días.
Una joven de 20 años y la otra adolescente de 14 años de edad pertenecientes a la etnia triqui asentada en la región de la mixteca oaxaqueña, desaparecieron a plena luz del día en el trayecto de la comunidad de El Rastrojo, San Juan Copala, y la población de San Marcos Xinicuesta.
Es decir, en un trayecto que tendría una duración de apenas dos horas y media o tres horas y del que volverían a su casa al día siguiente se ha convertido en más de 4 mil 700 días esperando su regreso, revela Emelia Ortiz García, quien desde 2006 ha denunciado las múltiples agresiones contra las mujeres de la etnia triqui.
En entrevista para SemMéxico dice que sus primas Daniela y Virginia salieron de su casa en El Rastrojo a la población de Putla de Guerrero, en taxi el trayecto tendría una duración de 45 minutos a una hora; en ésta población las hermanas cambiarían de transporte rumbo a Juxtlahuaca, el trayecto duraría una hora y finalmente en Juxtlahuaca saldrían rumbo a San Marcos Xinicuesta. Ella asegura que hasta donde saben este último trayecto ya no fue realizado por sus primas.
Virginia era maestra bilingüe, iría a San Marcos Xinicuesta a recoger sus pertenencias, desde abril anterior las autoridades de educación le permitieran cambiar su lugar adscripción a uno más cercano a su casa y menos peligroso para llegar: Luz Llano de Nopal. Daniela, su hermana adolescente, estudiante de secundaria, la acompañaba aquel jueves y habían anunciado que regresarían al día siguiente.
Fue Antonia Ramírez quien presentó la denuncia unos días después ante la ausencia de sus hijas y temiendo que lo peor había pasado, luego de que en dos ocasiones llamó al celular de Virginia, teléfono que respondió una mujer quien afirmó que no conocía a la profesora bilingüe.
Antonia Ramírez lleva 13 años en la espera de noticias sobre sus hijas, dice Emelia Ortiz, quien explica que su tía tiene permanentes dolencias en el cuerpo, “no es para menos, está triste y lo que más quisiera es salir de esta incertidumbre, quisiera tener un lugar para llevarle flores a sus hijas”, dice.
La defensora de los derechos humanos de las mujeres triquis y actual vocera del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui, explica a SemMéxico que el proceso ha sido tortuoso y que los distintos procuradores y ahora fiscal General del Estado no han dado respuestas certeras.
Desde diciembre de 2007, Antonia Ramírez recibió una llamada de una mujer quien no quiso identificarse diciendo que las dos muchachas habían sido asesinadas y sus cuerpos arrojados en un barranco ubicado en la población Cumbre Yerbabuena, “por las antenas”.
De inmediato acudieron con la información ante el entonces procurador de Justicia, Evencio Nicolás Martínez Ramírez, después se lo informaron al siguiente Héctor Joaquín Carrillo; después hicieron lo mismo con su sustituto Jesús López López, y ahora también lo sabe el Fiscal General del Estado, Rubén Vasconcelos Méndez.
¿Sus repuestas? Repite la pregunta Emelia Ortiz García, quien señala que el primero no hizo el menor de los intentos, por el contrario, ofreció una respuesta en los siguientes 15 días “pero seguimos esperando”, dice en tono de sorna. Luego como le reclamos se enojó y aseguró que derivado de la violencia (entre los distintos grupos que conforman la etnia triqui) no podía llevar a su gente. “Si quieren encontrar a su gente, busquen comunidad por comunidad y que si las encuentran les voy a aplaudir”, señaló el entonces procurador de Oaxaca, un académico universitario que antes se desempeñó como titular de la entonces Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En ese sentido, explica Emelia Ortiz, el siguiente procurador Jesús López López no hizo gran cosa, pero detuvo a dos presuntos implicados, señalados por testigos como dos de las cuatro personas que las “levantaron” en Juxtlahuaca, se trata de Miguel Ángel V. quien fue detenido en diciembre de 2011 y ahora podría salir por falta de pruebas y un segundo implicado Francisco H. detenido en enero del siguiente año y quien fue liberado, esto ya durante la actual administración gubernamental.
En 2013, insistieron esta vez ante el procurador Héctor Joaquín Carrillo, quien señaló que Oaxaca no contaba con el equipo necesario para descender en la barranca donde les habían dicho que estaban los cuerpos de las dos jóvenes. Por lo que solicitarían el equipo al Estado de Veracruz. Pero no pasó a mayores.
La entrevistada señala que con el actual Fiscal Rubén Vasconcelos han tenido diversas reuniones, “solo damos vueltas, ahora ya tienen cuerdas, pero no han hecho nada porque aseguran que Cerro Yerbabuena está en una parte del territorio controlado por Ubisort y Multi, las otras dos organizaciones contrarias al MULT que no permiten realizar el descenso.
Emelia Ortiz asegura que en realidad las autoridades han descalificado a la familia, al no efectuar las investigaciones como corresponde, incluso abrieron la carpeta de investigación como secuestro, aunque nunca recibimos ninguna solicitud de rescate por ellas. Han hecho mal las investigaciones o no hay voluntad para investigar, quizá porque las víctimas, mis primas, son mujeres, pobres e indígenas”, dice.
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