Saúl Escobar Toledo
SemMéxico, Cd. de México, 29 de noviembre, 2024.- América Latina no está pasando por una buena etapa en materia de crecimiento económico. De acuerdo con el estudio de la CEPAL “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2024”, entre 2015 y 2024, la tasa anual de incremento del PIB de la región promedió solo un 0,9%, menos de la mitad (2,0%) que en la década perdida de los años ochenta. Resultado de ello, la creación de empleos, la pobreza y la desigualdad siguen siendo problemas aún por resolver. De esta manera dice la CEPAL, para enfrentar estos desafíos “es urgente fortalecer los sistemas de protección social en la región que sean universales, integrales, sostenibles y resilientes”.
Desde el punto de vista de esta institución, los sistemas de protección social se componen de prestaciones contributivas y no contributivas. Los primeros suponen aportes de los empleadores, los trabajadores y del gobierno (como la seguridad social proporcionada por el IMSS y el ISSSTE). Los segundos, los no contributivos, se financian principalmente con recursos públicos (impuestos y otros ingresos del Estado) e incluyen fundamentalmente transferencias monetarias, subsidios y deducciones fiscales, la provisión de servicios, y las pensiones no contributivas (como el programa de adultos mayores de México).
Según la investigación de la CEPAL, los programas sociales no contributivos han cobrado relevancia en América Latina debido a los persistentes niveles de pobreza en la región, la desigualdad y los altos niveles de informalidad laboral y empleos de baja calidad.
La expansión de estos programas no contributivos ha sido notable en toda la región y se ha basado principalmente en dos: las transferencias (principalmente monetarias) condicionadas y los sistemas de pensiones no contributivos. Este último programa ha tenidos una cobertura cada vez más amplia. Si en el año 2000 apenas el 3.4% de la población se beneficiaba de esta pensión, en 2022, llegó al 31% de la población de 65 años y más y ha tenido buenos resultados: “La cobertura de los sistemas de pensiones no contributivos aumentó más de 27 puntos porcentuales entre las personas de 65 años y más en los últimos 20 años, período en el que la pobreza en esta misma población se redujo 14.3 puntos porcentuales…”
Los programas sociales no contributivos han logrado reducir la pobreza y representan una fuente de ingresos muy importante para los hogares de menores recursos. Sin embargo, dice la CEPAL, no han sido tan efectivos como los ingresos en el mercado laboral: “en 8 de los 12 países que redujeron la pobreza en el período 2021-2023, los ingresos provenientes del trabajo asalariado fueron la principal fuerza que impulsó esta disminución”.
No obstante, la CEPAL recomienda fortalecer los programas sociales no contributivos sobre todo en los grupos de la población que son más vulnerables: aquellos que se encuentran en los extremos de la vida, es decir, la infancia y la vejez. Y también sugiere una mayor articulación de estas medidas con las políticas educativas, de salud, de inclusión laboral y de cuidados.
En resumen, en vista de que la expansión económica y la creación de empleos ha sido insuficiente, los gobiernos han optado por gastar más en los programas sociales no contributivos mediante transferencias monetarias a los hogares, principalmente las pensiones para los mayores de 65 años. Ello ha tenido resultados modestos pero tangibles en la lucha contra la pobreza y la desigualdad, por lo cual se han se han convertido en una parte sustancial de la política social en la mayoría de los países de América Latina.
México es un buen ejemplo de lo que ha sucedido en nuestra región. Según datos de José Casar, la economía mexicana apenas creció en promedio 1.7% entre 2000 y 2018, y menos del 1% entre 2018 y 2024. Por su parte, los programas sociales no contributivos de transferencias monetarias se expandieron notablemente en el sexenio anterior y han adquirido el rango de derechos constitucionales con lo que se trata de garantizar su universalidad. La Pensión para adultos mayores; para personas con discapacidad; las Becas Benito Juárez (que incluyen tres modalidades); Jóvenes Construyendo el futuro; y ahora la de apoyo a mujeres 60 a 64 años representan casi el 85% de los programas sociales prioritarios; hay que destacar que el de adultos mayores absorbe el 58%.
Sin embargo, como sucede en la región en su conjunto, los recursos han sido escasos. En lo que toca a nuestro país, por el financiamiento de estos programas y aquellos dedicados a la inversión pública (como el Tren Maya, el canal interoceánico y la refinería Olmeca), sobre todo en los dos años anteriores, se causó un creciente déficit público que para 2025 ha llevado a un ajuste del presupuesto de magnitudes considerables.
Así, cuando los recursos tienen que recortarse, la política social adoptada se traduce en la caída de las asignaciones previstas para 2025 a la inversión productiva (-11%) y a renglones como salud (-34% aunque aumentan IMSS Bienestar e ISSSTE) y educación (el presupuesto de la SEP tiene una caída del -1.7 % en términos reales); recorte a universidades (quizás con excepción de UNAM e IPN); y a la cultura con una caída del 30%.
Este panorama nos obliga a reflexionar acerca de la conveniencia de lograr un mayor equilibrio entre las asignaciones que llegan a las personas en recursos materiales (escuelas, hospitales) y al desarrollo productivo ( carreteras, comunicaciones, puertos) y, por otro lado, las asignaciones que le llegan en efectivo.
En el caso de los programas laborales, por ejemplo, para el PEF 2025, Jóvenes Construyendo el Futuro pasa de absorber el 84.6 del total de los recursos asignados para este año a la Secretaría del Trabajo, al 87% proyectado para el próximo. Hay, en cambio, una disminución en términos reales de programas como la inspección del trabajo (menos 13%). Por su parte, el Centro Federal de Conciliación Laboral y Registro Laboral verá reducidos sus recursos sustancialmente: la caída es superior al 35% en términos reales, es decir descontando la inflación.
