Yamiri Rodríguez Madrid
SemMéxico, Cd de México, 22 oct, 2025.- En los primeros 9 meses de este año, Veracruz registró 26 feminicidios. Solo en septiembre fueron 4: más que el promedio mensual del año (2.9). Detrás de cada carpeta hay una vida arrancada, hijas e hijos que quedan en la orfandad y comunidades que aprenden a vivir con miedo. La estadística no es un dato accesorio: es una alarma encendida que obliga a replantear prioridades.
El contraste con otros delitos es engañoso. Aunque el volumen de robos o lesiones podría acaparar la atención el feminicidio es el punto más extremo de una cadena de violencias que casi siempre dejó huellas previas: amenazas, golpes, intentos de estrangulamiento, control económico, acoso. Si septiembre cerró con cuatro casos, la pregunta correcta no es “¿por qué subió?”, sino “¿dónde falló la prevención y la protección antes de que cada uno ocurriera?”.
La primera respuesta está en la puerta de entrada del sistema: llamadas al 911, denuncias en fiscalías, y órdenes de protección. Aquí la vara debe ser altísima. Órdenes en menos de 24 horas, sin burocracia ni revictimización; policías con facultades claras para resguardar domicilios y separar al agresor; patrullajes con mapas de riesgo alrededor de víctimas que ya advirtieron violencia. Cuando una mujer levanta la mano y la autoridad llega tarde, el reloj corre a favor del agresor.
El segundo frente es la investigación. Un feminicidio mal integrado se traduce en impunidad y, peor aún, en un mensaje de permiso social. Se necesitan más peritos y ministerios públicos especializados, protocolos estrictos para la escena del crimen, perspectiva de género real, no de papel, y fiscalías que midan su éxito no por el número de carpetas abiertas, sino por imputaciones sólidas y sentencias. Un indicador incómodo pero imprescindible: porcentaje de feminicidios con agresor vinculado a proceso y tiempo promedio de judicialización.
El tercero es la prevención comunitaria. Donde hay rutas seguras de transporte, alumbrado, botones de auxilio que sí funcionan y redes ciudadanas de apoyo, disminuyen las oportunidades del agresor. No es “urbanismo bonito”; es política de seguridad con enfoque de género. Las próximas autoridades municipales tendrán margen para actuar: iluminar un trayecto, acompañar a una víctima a denunciar, abrir refugios con cupo real y asesoría jurídica gratuita, coordinarse con los Centros de Justicia para las Mujeres y dar seguimiento semanal a cada caso de alto riesgo.
Hay, por último, una dimensión social. El feminicidio no nace en el vacío: se alimenta de la tolerancia a “los pleitos de pareja”, de la normalización del acoso, de la culpa que se carga sobre las víctimas. Que esos 26 feminicidios no nos sean indiferentes.
@YamiriRodriguez
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