Dulce Ma. Sauri Riancho
SemMéxico, Mérida, Yucatán, 25 de marzo, 2026.“¿Cómo es posible que el kilo de jitomate en las tiendas del Issste esté a 20 pesos y en Walmart esté a 80?” La pregunta la formuló la presidenta Claudia Sheinbaum en una de sus conferencias mañaneras de este mes de abril. En el mismo tono, frente al incremento del precio de la tortilla, sostuvo que “no hay razón para que aumente, si el precio del maíz está bajo”. Días antes, al referirse al recibo de electricidad doméstica, explicó: “si se consume menos electricidad se va a pagar menos”. Y ante el encarecimiento de la gasolina Premium, la sugerencia fue directa: “pueden cargar Magna”. En Zacatecas, en medio de la protesta de productores por el desplome del precio del frijol, dijo que “tiene una aportación vitamínica… comparable al de la carne”. En vez de carne cara, frijoles.
No son frases aisladas. Tampoco ocurrencias. Corresponden a una visión, un modo de explicar la economía desde el poder: identificar un precio alto, cuestionar su justificación y trasladar la solución al ámbito de las decisiones individuales. Consumir menos, sustituir productos, ajustar hábitos. Como si la inflación pudiera resolverse desde la conducta cotidiana de las familias y no desde políticas públicas capaces de incidir en los costos, en los mercados y en las cadenas de producción.
El problema es que el gobierno sí ha reconocido, al menos en el discurso, el impacto del alza de los precios en la economía familiar. Lo que no ha desarrollado con la misma claridad son instrumentos eficaces para enfrentarla. Entre el diagnóstico y la acción se abre un vacío que se llena con palabras. Y cuando se trata de alimentos básicos, de la energía que ilumina los hogares o del combustible que mueve a las personas y a las mercancías, ese vacío no es retórico: se siente, todos los días, en el bolsillo.
Frente a este panorama, el gobierno ha instrumentado el Pacic. El Paquete Contra la Inflación y la Carestía, renovado en días pasados por seis meses más, busca contener el impacto en los hogares mediante un acuerdo con productores y cadenas comerciales para fijar en 910 pesos el precio de una canasta básica de 24 productos. El instrumento ha mostrado cierta eficacia para estabilizar precios en ese conjunto acotado —la inflación general llegó a niveles cercanos a 3.7% a inicios de año— y ha permitido, al menos en el papel, evitar incrementos en productos sensibles como la tortilla o reducir el precio de algunos perecederos.
Pero el alcance del Pacic es, por definición, limitado. No actúa sobre la estructura de costos que determina los precios finales: la energía, el gas, el transporte, los salarios, las rentas, los insumos intermedios. Tampoco cubre de manera homogénea a los pequeños comercios ni a los mercados locales, donde compra buena parte de la población. En la práctica, su efectividad depende de la capacidad de quien compra, generalmente mujeres amas de casa, para comparar precios entre establecimientos y encontrar el llamado “precio meta” o convenido. Mientras tanto, el costo de la canasta alimentaria ha seguido una tendencia al alza, tanto en zonas urbanas como rurales, lo que sugiere que la contención pactada no elimina la presión sobre el gasto cotidiano.
Porque cualquier persona familiarizada con la compra diaria sabe que el precio del jitomate (tomate rojo, en yucateco) o del limón sube y baja con las estaciones; que incluso en las grandes cadenas de autoservicio hay ofertas que desmienten comparaciones simplistas; y que contrastar los precios de una tienda subsidiada como las del Issste con el mercado abierto dice más de la estrategia gubernamental de mercado que del funcionamiento real de los precios. Del mismo modo, reducir el costo de la tortilla al precio internacional del maíz ignora la estructura completa de producción. Hoy, el grano representa menos de la mitad del precio final, mientras que la energía, los salarios y los costos operativos han ganado peso de manera sostenida.
En la electricidad, la posibilidad de pagar menos existe, pero no está al alcance de todos. La instalación de paneles solares —la alternativa implícita en la recomendación de consumir menos— requiere una inversión inicial que la mayoría de los hogares no puede financiar. Los programas públicos, que en algún momento facilitaron esa transición, han perdido alcance. En ese contexto, sugerir la reducción del consumo para pagar menos se percibe como agravio y no como orientación.
Algo similar ocurre con la gasolina. Cambiar de Premium a Magna no siempre es una decisión viable para todos los vehículos y, en algunos casos, puede resultar más costosa a mediano plazo. Más aún: el verdadero impacto inflacionario del combustible no está sólo en el tanque de los automóviles particulares, sino en el diésel que mueve el transporte de mercancías y de personas. Es ahí donde se transmite, silenciosamente, el aumento de precios al resto de la economía.
Y en el caso del frijol, la escena es aún más reveladora. Mientras los consumidores enfrentan precios elevados en proteínas animales, los productores protestan por el desplome del precio del grano. La paradoja expone un problema de fondo: la desconexión entre los precios al productor y los precios al consumidor, un terreno donde la política pública ha mostrado más vacíos que soluciones.
Las frases presidenciales, vistas en conjunto, no son ingenuas. Tampoco son casuales. Denotan, más bien, una forma de enfrentar la carestía cuando los instrumentos disponibles no alcanzan. Donde la política pública tiene límites, aparece la explicación simplificada. Cuando el acuerdo institucional no logra abarcar el problema, emerge la recomendación individual.
Combatir la inflación —sobre todo en alimentos, energía y transporte— exige algo más que exhortos. Requiere coordinar a productores, a distribuidores y comercializadores; intervenir en costos clave como energía y logística; y diseñar mecanismos que permitan equilibrar precios justos tanto para quien produce como para quien consume. Es, en efecto, una hazaña.
Porque cuando el “remedio” es decirle a la gente qué hacer, pero el “trapito” —las acciones concretas del Estado— no alcanza para cubrir el tamaño del problema, las palabras dejan de tranquilizar. Y empiezan a incomodar, a causar agravios.
dulcesauri@gmail.com
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán
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