Dulce Ma. Sauri Riancho
SemMéxico, Mérida, Yucatán, 4 de octubre, 2023.- Estamos a 363 días —menos de un año— del final de las administraciones de Andrés Manuel López Obrador y de Mauricio Vila Dosal.
En 8 meses llegará el 2 de junio, fecha en que habremos de elegir a quienes habrán de sucederlos. En este marco temporal, fui invitada por el Frente Cívico Nacional, capítulo Yucatán, para asistir a un evento titulado “Hacia la construcción del Frente Amplio por Yucatán”.
Hubo una representación de distintas organizaciones sociales con presencia en nuestro estado y también asistió un grupo del vecino Campeche, de Ciudad del Carmen para ser precisa. La mesa —en lenguaje moderno, “conversatorio”— tuvo una moderadora-conductora de lujo, Beatriz Pagés, activista de las causas ciudadanas, periodista y política comprometida en la apertura de nuevas rutas para la democracia.
Dos diputados del Congreso del estado fueron responsables de expresar opiniones y planteamientos en torno al tema propuesto. Víctor Hugo Lozano Poveda, coordinador del grupo parlamentario del PAN (mayoría) y Gaspar Quintal Parra, presidente del comité estatal del PRI y también legislador. En ambos se mostró claramente su disposición a construir una coalición electoral; sin embargo, lo más significativo desde mi perspectiva fue conocer de su voz la legislación que haría posible en Yucatán el surgimiento de un gobierno de coalición en las próximas elecciones.
Desde febrero de 2014 fue reformada la Constitución federal para dar cabida a la posibilidad de un gobierno en cuyo ejecutivo estuvieran representadas las fuerzas políticas coaligadas. El Senado de la República tiene desde esa fecha, la potestad de conocer, debatir y votar por el convenio y el programa respectivo, “en cualquier momento” de la administración, no solo al iniciarla.
Están exceptuadas del reparto por coalición algunas secretarías: Defensa Nacional, Marina, Función Pública, Relaciones Exteriores, así como el nombramiento (sujeto a ratificación) de los comisionados de Telecomunicaciones, Energía, Competencia Económica, que permanecen como potestad exclusiva de la persona titular de la Presidencia. Todos los otros cargos del gabinete del Ejecutivo federal pueden ser distribuidos de acuerdo con las negociaciones entre los partidos políticos y el/la presidenta de la república (art. 76, f. II).
Como México es un régimen presidencial, un gabinete de coalición significaría limitar el poder del Ejecutivo federal para nombrar y remover libremente a los integrantes de su gabinete. El mandato de la Constitución abarca también el programa que, junto con el convenio, tendrá que ser puesto a consideración del Senado. Y aunque no se expresa directamente, se puede considerar que la agenda legislativa común sería parte esencial en los acuerdos hacia un gobierno de coalición. En síntesis, Gabinete y Programa son los dos componentes básicos sobre los que descansa esta posibilidad.
Pero la Constitución establece una válvula de seguridad: únicamente el/la presidenta de la república puede “activar” la celebración de un acuerdo de este tipo. Significa que, al menos en las campañas nacionales, la concreción de la propuesta del gobierno de coalición está sujeta a la buena voluntad y a la honestidad política de quien lo proponga y gane la elección. Solo el pueblo puede exigir su cumplimiento, porque después del triunfo, no hay disposición que le obligue ni sanción en caso de no respetar su compromiso. Es, en este sentido, todavía una norma imperfecta, pero representa, sin duda, un gran avance.
Si es tan positiva, amig@s lector@s, se preguntarán por qué no se activó en 2018. El triunfo de Andrés Manuel López Obrador con más del 52% de los votos y con mayoría en el Congreso de la Unión por parte de su movimiento y los partidos coaligados hizo innecesaria la aplicación de esta figura, diseñada para dar gobernabilidad cuando no existe una mayoría legislativa que respalde a la persona ganadora.
Por el contrario, este sexenio se ha caracterizado por la concentración del poder en el presidente de la república y su esfuerzo denodado para debilitar a las instituciones que le hacen contrapeso, significativamente los poderes Legislativo y Judicial. Un gobierno de coalición distribuye y comparte responsabilidades, no las centraliza. Los acuerdos para gobernar se expresan en el programa. Si éste se cumple, el gobierno de coalición avanza; si no, se rompe, con todas las consecuencias del caso.
El Congreso de Yucatán legisló recientemente para introducir en la Constitución y en las leyes estatales la figura del Gobierno de Coalición. Las y los diputados yucatecos dieron un paso más allá que sus homólogos federales pues aquí se reguló desde las campañas electorales.
Como lo establece la Constitución federal, la persona titular del Ejecutivo de Yucatán puede optar por un gobierno de coalición pero, a diferencia de la parte federal, los partidos políticos coaligados pueden registrar en su plataforma electoral los elementos que conforman el convenio: bases para su conformación, programa de gobierno (en caso de triunfo), y “la agenda de modernización del marco normativo estatal”.
Indispensable resulta señalar que la Constitución de Yucatán contempla una distribución de cargos del gabinete estatal de acuerdo con el porcentaje de votación que cada partido aporte al triunfo.
Las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales de Yucatán (Libro Cuarto, Capítulo III BIS) abrieron un apartado: Del registro de los gobiernos de coalición (art. 221 Bis) en el que se establece la obligación de entregar al registro de la candidatura el programa de gobierno, la agenda ejecutiva y legislativa, así como los acuerdos para la “distribución de la titularidad e integración de la administración”.
Otra singularidad yucateca: los convenios para un gobierno de coalición también pueden realizarse en los municipios, para las elecciones de los ayuntamientos.
Las bases legales están establecidas; ahora falta lo más importante: voluntad política para aplicarlas, tomar la oportunidad y avanzar realmente hacia un gobierno con una dinámica diferente. Hasta hoy, las leyes se refieren exclusivamente a partidos pero la realidad obliga incluir a las organizaciones de la sociedad, al pueblo yucateco, que quiere participar en la conducción de su destino.
La próxima semana: un adiós político a un querido amigo.
dulcesauri@gmail.com; Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Ex gobernadora de Yucatán
