Dulce María Sauri Riancho
SemMéxico, Mérida, Yucatán, 19 de abril del 2023.- Sin que hubiera nubes en el horizonte, la semana pasada se desató severa tormenta política sobre el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).
En esta ocasión no fueron Morena y sus aliadas/aliados los únicos responsables del intento de descarrilar a una de las dos instituciones que regulan los procesos electorales y brindan certeza a sus resultados.
Sin explicar con claridad las razones, los grupos parlamentarios del PRI, PAN y PRD en la Cámara de Diputados se sumaron a la pretensión de reformar los artículos constitucionales que norman las funciones y atribuciones del TEPJF.
Solo Movimiento Ciudadano (MC) se mantuvo al margen de ese aquelarre de seis coordinadores parlamentarios para acotar las facultades del Tribunal, limitándolas a lo que la letra diga expresamente.
De Morena y sus aliados del PT y del Verde no era de extrañar, pero ¿qué pretendían ganar los partidos de la coalición Va por México al participar en esta estrategia que vulneraba al Tribunal?
Allá comienza el “misterio” que pretendo dilucidar en las siguientes líneas. Partamos de que la totalidad de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados en esta legislatura está conformada por siete hombres; incorporemos la molestia e incomodidad que las determinaciones del Tribunal han causado en algún momento a los partidos, en especial aquellas relacionadas con la aplicación del principio de paridad de género en todos los órganos del Estado mexicano, establecido en la Constitución desde 2019.
Es un principio general, que no dice expresamente “en las candidaturas al gobierno de los estados”, pero su interpretación permitió al TEPJF ratificar la resolución del INE de 2021, cuando se determinó “cincuenta y cincuenta” mujeres y hombres.
O más recientemente, cuando el mismo Tribunal definió que la alternancia de género tendría que hacerse valer en la presidencia del INE, resolviendo que, por primera vez, estuviera encabezado su Consejo General por una mujer.
Imagínense, amig@s lector@s, la urticaria que estas resoluciones deben haber provocado en los partidos.
Y si a estos ejemplos le sumamos que el TEPJF ha revisado decisiones en la Cámara de Diputados sobre la integración de la Comisión Permanente, se tienen razones de sobra para intentar “cortarle las alas” a la institución que ha optado por la ampliación del ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y de las minorías.
Falta otro elemento que ha alimentado la molestia de los partidos contra el Tribunal. Me refiero a sus resoluciones amparando a militantes contra la actuación de los dirigentes partidistas, sobre todo en lo que se refiere a las candidaturas y a los puestos directivos de sus organizaciones.
Ni más ni menos, el TEPJF tiene pendientes de resolver sendas impugnaciones presentadas por militantes de Morena y del PRI, sobre la pretensión de sus actuales dirigentes de prolongar su periodo hasta septiembre de 2024.
Los desencuentros legislativos de la semana anterior dejaron saber hasta dónde están dispuestos a llegar los dirigentes de los partidos políticos para eliminar, amedrentar o al menos, limitar, a cualquier institución que pretenda ponerles cortapisas.
Pero los cálculos de este destacado grupo masculino fueron descarrilados por la acción decidida de distintas organizaciones de mujeres, entre las cuales destacó Mujeres en Plural. En tiempo récord, se movilizaron y levantaron sus voces con argumentos contundentes para defender al TEPJF, pieza clave en los avances en el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres.
Las diputadas, que representan el 50 por ciento en la actual legislatura, también hicieron sentir su rechazo. Quizá sin la contundencia pública, por la amenaza de no ser consideradas para la reelección consecutiva por sus partidos el próximo año.
La acción popular elevó el costo político a los tres partidos de Va por México de continuar insistiendo en la lesiva reforma. Y es que desde 2011-2012, con la sentencia 12624, el TEPJF obligó a los partidos políticos a aplicar la cuota de género 60-40 por ciento en las candidaturas al Congreso de la Unión de 2012.
Fueron las diputadas y senadoras que llegaron al amparo de la Ley, las que legislaron sobre el principio de paridad en la Constitución en 2014.
Más adelante, una nueva legislatura, la de 2018-2021, estableció la paridad en todos los órganos del Estado mexicano. Por eso ahora hay presidenta del INE, gobernadora del Banco de México, presidenta del INEGI, nueve gobernadoras, entre los más relevantes cambios.
Solo se puede entender la actitud de los coordinadores parlamentarios en relación con el TEPJF por la crisis del sistema de partidos que asuela a la vida política de México. Y por la cultura patriarcal que aún prevalece en los espacios de poder, donde los derechos de las mujeres siguen percibiéndose como una amenaza.
De dientes para afuera, los machos están de acuerdo. Pero en las sombras de sus conciliábulos acuerdan lo necesario para obstaculizar o desdibujar la participación de las mujeres en sus organizaciones políticas.
Momentáneamente, el riesgo sobre el TEPJF ha sido conjurado. Solo una transformación profunda de las conciencias podría erradicarlo. Por eso hay que seguir insistiendo.
Aclaración. El miércoles pasado afirmé respecto a la venta de las centrales eléctricas de Iberdrola al gobierno de México que la mayoría de estas eran “plantas chatarra”. Una persona conocedora, a la cual le guardo gran estima, me hizo llegar lo siguiente: “El 52 por ciento de las centrales compradas tiene 9 años o menos. En comparación, el parque termoeléctrico de la CFE tiene 42 años en promedio. En realidad, si el Gobierno quería comprar activos por 8,500 MW de energía y potencia no hubiera encontrado un parque de generación más joven que el de Iberdrola…hay centrales en el paquete que tienen 20 años, 15 o 10, pero todas sin excepción despachan dentro del 25 por ciento de centrales más eficientes del país… Esto no quiere decir que la compra de las centrales de generación no tenga cuestionamientos válidos. Pero no son la edad y precio de despacho de las centrales de Iberdrola”.
Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán. dulcesauri@gmail.com
