Redacción
SemMéxico/AmecoPress; Madrid, 15 de junio 2022.- Tras la negación del indulto del gobierno español, María Salmerón entró a prisión, porque los esfuerzos realizados para que desde el tribunal competente se suspendiera el cumplimiento de la pena de cárcel.
No pudo evitar entrar a prisión por la demora padecida en trámites judiciales de esta petición. Situación que merece la denuncia de las organizaciones feministas que hemos acompañando y apoyado en las últimas semanas el procedimiento para la suspensión de su entrada en prisión.
Llama, poderosamente, la atención cómo el juzgado se negó a no efectuar la suspensión de la pena, sino a tramitar el escrito presentado solicitando la suspensión de la misma por cambio de circunstancias, no dando posibilidad de recurrirlo y admitiendo el recurso el día que vencía el ingreso voluntario en prisión, sin suspender la misma.
Las organizaciones feministas que apoyamos este escrito, queremos exponerlo ante la sociedad que, en el caso de María Salmerón, existen razones jurídicas suficientes para adoptar una medida como la suspensión de condena no de forma graciosa y arbitraria, sino amparadas en los requisitos legales exigidos para este tipo de supuestos:
- Son hechos de 2014 y María no ha vuelto a cometer delito alguno.
- Las penas impuestas por procedimientos anteriores se encuentran canceladas o prescritas
- Se ha pagado la responsabilidad civil.
- La desobediencia se dio porque la menor de 14 años en ese momento se negaba a ir con su padre, condenado anteriormente por maltrato.
- Desde 2015 no se la ha vuelto a obligar a la menor a cumplir un régimen de visitas y a fecha de hoy es mayor de edad, por lo que no se va a volver a cometer ese delito.
- La ley actual ha cambiado e inicialmente se suspenden las visitas de los hijos con padres maltratadores.
Una vez más, comprobamos de primera mano, cómo se obstaculiza formalmente los trámites de las peticiones que plantean las víctimas de violencia de género en los juzgados, basándose en argumentos, en muchos casos, más que cuestionables desde una perspectiva estrictamente jurídica.
Creemos que situaciones como ésta demuestran que no se está favoreciendo la aplicación de la JUSTICIA con mayúsculas cuando se trata de la protección a las víctimas de la violencia machista, que es el fin último que se debe perseguir por los tribunales de justicia.
Con esta nota mostramos nuestro desaliento ante la imposibilidad de cambiar este trato, que el sistema judicial aplica en muchas ocasiones a las mujeres, poniéndoles muchos obstáculos para defender sus derechos y los de sus hijos e hijas dentro del sistema judicial, a veces al margen de la pura lógica legal y procesal.
Hacemos un llamado a la sociedad y en particular a las organizaciones feministas del Estado para que contribuyan a la difusión de este comunicado y se adhieran al mismo realizando cuantas acciones estimen en defensa de los derechos de las mujeres en la justicia.
¡Contra la violencia institucional y por una Justicia que no sea ni machista ni patriarca!
Foto: archivo AmecoPress.
