Mujer y Poder
Cenará pavo
SemMéxico, 28 noviembre 2018.- Cuando se fijan fianzas muy altas a los procesados para obtener la libertad provisional (como la de 140 millones impuesta al ex gobernador Guillermo Padrés) los abogados suelen aconsejarles a sus clientes que, mejor, se esperen a una de dos: o a que un Juez de alzada la reduzca; o a que se logre próximamente una sentencia definitiva absolutoria y su salida de prisión sin pagar ni cinco centavos.
Todavía hay personas que creen que cuando se exonera a un reo el Juez o el Fiscal le dan una disculpa por el error de haberlo procesado injustamente (el clásico Usted disculpe), pero eso solo ocurre en las novelas y en las películas, sobre todo en las del mimo mexicano Mario Moreno, Cantinflas, cuando aparece el verdadero criminal.
En la vida real ocurre que un actuario va al reclusorio y le notifica al alcaide la orden de un Juez de liberar a un preso, quien a su vez le ordena a un carcelero que lo libere. Ninguno de los responsables de la injusticia le da la cara porque en realidad las sentencias absolutorias no declaran textualmente inocente a nadie, solo resuelven la no procedencia de la acción penal y/o la falta de elementos suficientes (pruebas defectuosas, testigos sin fe, etcétera) para condenarlo. Los fiscales estiman que una cosa es que no hayan podido probar su culpabilidad, pero muy otra que sea inocente.
A Padrés se le fijaron 100 millones para garantizar la presunta evasión del pago de 70 millones al fisco (lo que es usual que ocurra con el riguroso Juez de la causa), pero también es común que un magistrado revisor releve a los inculpados de ese pago (e imponga una fianza mucho menor, incluso mínima), porque según otra interpretación de la ley la reparación del daño es tema de la sentencia condenatoria final, y derecho a la libertad bajo fianza debe constreñirse a la posible fuga, o no, del procesado y lo cual puede garantizarse con otras medidas sustitutas: como la portación de un dispositivo electrónico que lo ubique y otras que ya se le dictaron al ex gobernador.
Entonces quedaría el otro monto de 40 millones fijado por el diverso delito de lavado de dinero (cuyo total es de 11 millones), y la que también puede impugnarse y lograr su disminución.
De ocurrir ambas cosas y la fianza se reduce (su abogado Antonio Lozano manifestó que la familia no tenía 140 millones para depositarlos), Padrés cenaría pavo en su casa en la Navidad.
También podría suceder que entre amigos y parientes (esos que se conocen mejor en la desventura de las enfermedades o tras las rejas) cooperaran para reunir los 140 millones del águila y, con ello, su salida inmediata. En cualquiera de los casos su liberación está próxima.
Una vez fuera, será cosa de que desentierre los 30 mil millones de pesos que el gobierno de Sonora le imputa desfalcados y les regrese a sus amigos lo que entonces 140 millones serían una bicoca.
Como en el cuento de los 10 perritos que tenía y de los cuales se van descontando uno por uno, hasta quedarse sin nada, así parece este asunto: de los cuatro procesos que Padrés tenía ya ganó dos. Y el resto está cerca de continuarlos en libertad. Y lo mismo ocurre con los 30 mil millones, que ya van en solo en 81 (los 70 del fisco y los 11 lavados). Ninguno de los cuales entrarían, por lo demás y de vuelta, a las arcas de Sonora.
