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Partería tradicional es una opción a violencia obstétrica en sur de México

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Una partera tradicional palpa a una mujer embarazada. Foto: Isabel Briseño

Entre 2011 y 2016, 2 millones 905 mil 800 mujeres en el parto sufrieron agresión o maltrato en los hospitales de México

La violencia antes, durante y después del nacimiento no son hechos aislados

Instituciones de Salud sin perspectiva de derechos humanos de las mujeres

Isabel Briseño

SemMéxic, Oaxaca de Juárez, 11 de diciembre, 2021.-   ¡No quiero que tú me atiendas!, exclamó tajante Coral Ortiz poco antes de parir. La madre primeriza frenó en seco en un hospital del sur de México al médico residente de obstetricia que por segunda ocasión intentó examinar su vagina sin su consentimiento una tarde de octubre pasado.

Tras su reclamo, quienes estaban en la sala de labor de parto se quedaron pasmados y el silencio inundó el lugar. Horas antes, Coral, mujer menudita, morena, de 27 años, había llegado al hospital del Instituto Mexicano de la Seguridad Social (IMSS) en Oaxaca, capital del estado del mismo nombre, con la membrana amniótica rota —la que envuelve al feto durante el embarazo— para dar inicio al proceso de parto.

“Cuando me tocó el pasante, me lastimó y estuvo jugando sus dedos adentro de mi vagina”, narra Coral sobre el tacto vaginal que le hizo. Horas más tarde, al ver que el mismo médico le realizaría una segunda revisión, lo afrontó en medio de los intensos dolores de labor de parto y le exigió que la atendiera alguien más.

La violencia que vivió Coral no es un hecho aislado. A pesar de que han pasado 41 años desde su primer parto, Alejandra Olvera recuerda nítidamente la risa burlona del ginecólogo que la valoraba cuando estaba a punto de dar a luz en el mismo hospital en Oaxaca.

“El médico me dijo sin más: ‘La voy a revisar, abra las piernas’. Introdujo sus dedos en mi vagina, pero mientras hacía la exploración frotaba sus dedos en mi clítoris y me miraba burlonamente para ver mi reacción”, recuerda.

Después, en el parto, volvió a sufrir violencia.

“Tras varias veces de pujar, la cabeza de la bebé empezaba a salir. Aprovechando una contracción, la médica pasante me cortó con un bisturí, sin anestesia”, relata Alejandra. “El dolor me hizo gritar y alguien me dijo: ‘¡No grite! ¡Aguántese, señora! ¡Hijo quería!’”

Los actos de violencia obstétrica se han enraizado en los servicios de salud públicos y privados en el mundo causando daños físicos y psicológicos a las mujeres antes, durante y después del parto.

De 8  millones, 700 mil mujeres que tuvieron al menos un parto entre 2011 y 2016, 2 millones 905 mil 800 mujeres (33,4 %) sufrieron algún tipo de violencia en México, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Las expresiones de violencia más frecuentes fueron los gritos o regaños en 37,4 por ciento; el retraso en la atención “por gritos o quejas” de la mujer, en 34,4 por ciento; ignorar a las usuarias, para 33,1 por ciento; presionarlas para que acepten un método anticonceptivo o esterilización, 30,9 por ciento; y forzarlas a que adopten posiciones incómodas durante el trabajo de parto, en 30,8 por ciento de los casos. Los porcentajes no suman 100 porque sufrieron más de un tipo de violencia.

Algunas de las prácticas más invasivas han sido la episiotomía, un corte de los músculos entre la cavidad vaginal y el ano para facilitar el parto que se ha vuelto una práctica común pero innecesaria. También hay intervenciones como la cesárea, un corte en el vientre de la mujer para extraer al bebé, sugerido sólo en caso de complicaciones, presión alta o baja, o hemorragias y que se ha extendido en la atención de los partos.

La mitad de los nacimientos registrados en México durante 2020 fueron por cesárea, esto es tres veces el límite máximo indicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), de 15 por ciento  del total de nacimientos.

Los actos de violencia obstétrica tienen que ver con un cambio en la forma de atender los partos en, al menos, el último siglo. El lugar donde ocurrían los nacimientos ha pasado de los hogares y comunidades de las mujeres con ayuda de parteras a los hospitales a manos de personal médico que lo ven como una patología, esto es, como una enfermedad.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció en 2019 “la existencia y gravedad de la violencia obstétrica” como “una práctica generalizada y arraigada en los sistemas de salud” en el mundo, como retoma el Grupo de Información y Reproducción Elegida en su informe 2021 “El camino hacia la justicia reproductiva: una década de avances y pendientes”.

Un camino de solución para reducir la violencia obstétrica es el reconocimiento y la inclusión de la labor de las parteras tradicionales en los sistemas de salud. Pero a pesar de que en México la partería es una práctica ancestral, ni las parteras tradicionales ni las profesionales reciben el debido reconocimiento, según advirtió el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en 2017.

La estatal Comisión Nacional de Derechos Humanos señala que las parteras “son un referente en sus comunidades y pueden ser aliadas de las instancias públicas de salud para disminuir la violencia obstétrica”, por lo que la partería debería ser una “prioridad para el Estado”.

Oaxaca, donde 31.2 por ciento  de su población habla alguna lengua indígena, es uno de los estados que mejor preserva las prácticas de la partería tradicional, a pesar de las barreras estructurales por los prejuicios y la falta de seguimiento de programas para garantizar su inclusión y reconocimiento. Estas son sus historias.

El instrumental quirúrgico puede ser un aliado o un factor desfavorable durante los partos. Foto: Isabel Briseño

Parteras: las aliadas

Sus manos suaves han recibido a cientos de recién nacidos. Juanita Antonio, de 60 años, es una mujer de 1,50 metros de estatura, de piel morena y ojos pequeños pero radiantes, que ha atendido partos gran parte de su vida.

Dentro de su casa, en el caluroso municipio sureño de Matías Romero, recibe y atiende a las mujeres que están por partir. Es un ambiente rústico que luce limpio y ordenado con dos camas cubiertas con sábanas limpias en una habitación de cuatro metros cuadrados donde se percibe un olor a lavanda que ayuda a la relajación.

Juanita no tiene ayudantes y han sido varias las ocasiones en las que ha tenido que asistir hasta dos partos de forma simultánea.

“Mientras limpio a un bebé y se lo doy a su mamá, le digo a la otra que se calme, que ya voy con ella”, comenta sonriente moviendo las manos como si fuera una operación sencilla. Para ella lo ha sido.

Cuando Juanita tenía apenas 15 años tuvo su primer contacto con la partería trabajando como asistente de la doctora Guadalupe Silva en la ciudad de Juchitán, a dos horas de su lugar de origen. Durante los siguientes cinco años acompañó a la médica en su trabajo y observó cómo atendía los partos.

Al cabo de ese tiempo, Juanita volvió a Matías Romero y comenzó a atender partos ella sola. La labor de las parteras como Juanita es necesaria en regiones de estados como Oaxaca, con una diáspora de comunidades en territorios de difícil acceso.

En el estado de Oaxaca hay más de 12 mil localidades con menos de 2500 habitantes. Esa dispersión poblacional complica la instalación de centros de salud en cada una de ellas. A este escenario se suma la orografía y el difícil acceso a muchas de éstas a través de caminos rurales y que empeoran en temporada de lluvias.

Cuando comenzó a dedicarse a la partería, hace 45 años, comenta que no seguía los protocolos que conoce ahora. “Antes no pedíamos ultrasonidos ni usábamos estetoscopios”, dice. “Ahora, en el quinto mes de embarazo puede detectarse una anomalía o afectación”. añade. Así puede saber si el bebé viene sentado o con el cordón umbilical enredado en el cuello. Y en caso de riesgo para la madre, ha llegado a llevarlas personalmente a un centro de salud.

Detrás de su sonrisa, confiesa que su mayor miedo es que una mujer muera en sus manos, por eso toma los cursos que tenga disponibles y no duda en llevarlas a un centro de salud si detecta una complicación.

Juanita asegura que no ha dejado de estudiar en los 45 años que se ha dedicado a la partería. Forma parte de la Red estatal de parteras que integra a 1500 mujeres y hombres en el estado. A través de los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO), las parteras tradicionales tienen acceso a cursos con parteras de todo el mundo cuando llegan a México.

A diferencia de los saturados servicios de salud públicos, en el espacio de esta partera tradicional, Juanita acompaña a las mujeres durante las horas que toma la labor de parto. Le permite a la madre tomar la posición que su cuerpo le pida: parada, en cuclillas o acostada y puede estar con su esposo o personas de su familia.

“La mujer decide cómo quiere parir, si quiere acostada, sentada o hincada y lo importante es tomarles en cuenta”, explica.

Esta visión pone en el centro de las decisiones a la mujer cuando no hay mayores complicaciones en el embarazo. Pero la labor de parteras no se reconoce plenamente en las cifras oficiales.

«Mamá Juani», así le dicen de cariño a la partera Juanita sus pacientes y algunos vecinos y vecinas de su colonia en Matías Romero, en Oaxaca. Foto: Isabel Briseño

La invisibilización

En la zona costera del istmo de Tehuantepec, unos 140 kilómetros al sur del hogar de Juanita, en el mismo estado de Oaxaca, se encuentra San Mateo del Mar, una de las poblaciones de la cultura ikoots, una pueblo originario con 18 264 hablantes de la lengua ombeayiüts o huave.

En este municipio, con conflictos sociales, altos niveles de violencia y escasos recursos, las mujeres se organizan de forma colectiva para protegerse y acompañarse entre ellas.

Las 50 parteras de este lugar conforman la organización “Ikoods Mondüy Moniün Andeows de ss” (Nosotras las que curamos el alma y el cuerpo, en ombeayiüts), fundada hace 11 años, para poner en práctica conocimientos de la medicina tradicional y atender la salud de las mujeres antes, durante y después del parto.

Para ellas, no ha sido sencillo ejercer este conocimiento que han heredado de sus ancestras y dan fe de cómo se ha invisibilizado la labor de la partería en las estadísticas oficiales por un criterio burocrático.

María Magdalena Espinosa, una de sus integrantes, expone que sus compañeras están enojadas porque los certificados de alumbramiento con los que cuentan para validar un nacimiento carecen de validez para el Registro Civil.

Según las autoridades estatales entrevistadas, muchos de esos certificados no están actualizados, por lo que tienen que ser validados por personal médico. Pero en este trámite, quien registra la atención de ese nacimiento resulta ser el doctor o doctora responsable de la clínica de salud local, cuando en realidad, fue brindada por una partera tradicional.

“Esto invisibiliza el trabajo de la partera. Quizá ya no quieran que existamos”, cuestiona María Magdalena.

Durante el 2020 se registraron 67 932 nacimientos atendidos por parteras en todo el país, lo que representa 4,1 por ciento de los nacimientos registrados en todo el año, según datos de INEGI. De este total, 1,954 ocurrieron en Oaxaca, uno de los estados que mejor preservan la práctica de la partería tradicional.

Además, se registraron 5189 nacimientos en el estado en los que no se precisa quién los atendió y que pudieron haber sido atendidos por parteras.

Deconstruyendo el personal médico

En medio de la resistencia, las parteras tradicionales han inspirado a ginecólogos y obstetras a cambiar sus prácticas, al grado de preferir técnicas de la partería tradicional a las que aprendieron en la escuela.

Cuando el médico Félix Ángel Quintero, originario de Jalisco, tuvo su primer contacto con la partería tradicional, se llegó a cuestionar todo lo aprendido en la universidad.

“En la academia se tiene la creencia de que una mujer que ha sido atendida por una partera durante el embarazo representa un caso de alto riesgo”, dice. “No conocía a ninguna partera en particular, pero me formaron con ese recelo. Ahora mi percepción es muy diferente”, añade.

Félix Ángel llegó a Oaxaca hace más de 25 años para hacer su residencia como gineco obstetra en una zona de alta marginación en la capital del estado. Ahí lo invitaron a asistir a un congreso de parteras en la ciudad industrial de Monterrey, 1357 kilómetros al norte de Oaxaca. Esta experiencia lo llevó a cambiar su práctica médica de forma radical.

“El choque fue muy fuerte, creo que lo que más me movió el tapete como un médico joven, recién egresado, era escuchar la opinión de tantas mujeres y hombres en favor del parto humanizado, pero que sus observaciones eran negativas al modelo médico”, recuerda.

Junto con un grupo de parteras encabezadas por Pía Scolamino, una partera de Suiza, Félix Ángel fundó hace 25 años la asociación civil Ve’e Médica Humana, frase en zapoteco del Valle de Oaxaca que significa “Vida”, donde practican el parto humanizado con base en los conocimientos de las parteras tradicionales.

Cuando entró al sector público, impulsó estas prácticas en el hospital de tercer nivel, “Dr. Aurelio Valdivieso”, el más importante en todo el estado. Pero recuerda que el personal “se escandalizó” cuando vio que permitía a las mujeres tener un parto paradas o hincadas porque sabía que esas posiciones les favorecen.

En 2009, logró que el hospital civil adquiriera la mesa de parto vertical de Rochester, que permite plegar algunas partes para apoyar el cuerpo de la mujer y que ésta tome una posición vertical al momento de parir. Con estas acciones se volvió uno de los pioneros del parto humanizado en los servicios de salud públicos en Oaxaca.

Algo similar le ocurrió a Anastasio Rodríguez, conocido como “doctor Tachito”. Él nació hace 67 años de la mano de Ná Lipa, la partera tradicional que atendió a su madre en sus cinco partos, en el municipio de Santa María Petapa, en la región del istmo de Tehuantepec, a unas seis horas al este de la capital de Oaxaca.

Este hombre, de raíces afro mezcladas con indígena zapoteca Biniza’, se fue muy joven de su comunidad para estudiar medicina en Ciudad de México. Se recibió como médico y se especializó como cirujano partero en el Instituto Politécnico Nacional. Años después, una oportunidad de trabajo lo hizo volver a Oaxaca.

Llegó a trabajar como director del centro de salud en la comunidad Capulálpam de Méndez, enclavada en la Sierra Juárez, donde lo primero que llamó su atención fue que no había registros de muerte materna. En 2008, en esa misma localidad ocurrió un encuentro de partería tradicional al que asistieron 300 parteras.

Dice que hasta antes de aquel momento, tenía la creencia de que las parteras hacían sufrir a las embarazadas porque carecían de los conocimientos científicos. Pero descubrió que, en realidad, la partería tradicional tenía prácticas que ayudaban a salvar vidas.

El doctor Félix Ángel Quintero en su consultorio en la Ciudad de Oaxaca. Foto: Isabel Briseño

Idseline Ayala se conmueve al escuchar los latidos de su bebé. Quintero le comenta: «late muy fuerte eh, todo se escucha bien». Foto: Isabel Briseño

La resistencia de las parteras

El rescate de la partería tradicional ha sido posible gracias a los movimientos encabezados por mujeres organizadas en colectivos, redes y organizaciones de la sociedad civil, quienes han logrado hacer visible la violencia obstétrica en los sistemas de salud.

El movimiento de parteras creó el Consejo de Abuelas Guardianas del Saber Ancestral de las Américas en 2018, con el fin de defender el “derecho humano de las mujeres a elegir dónde y con quién parir”.

La partera María de Jesús López, integrante del consejo, ha señalado las agresiones que han recibido, tales como la negación de certificados de nacimiento, la prohibición a usar plantas medicinales y los llamados a no atender más partos. Así lo expresó durante el seminario sobre partería tradicional en la prevención de la violencia obstétrica y en su defensa como un derecho cultural, organizado por la CNDH en 2019.

Ese mismo año, en el pronunciamiento de encuentro de parteras de Oaxaca, María Magdalena Espinosa, Integrante de la Casa de la Mujer Indígena, expresó que eliminar la partería no es una forma de reducir la muerte materna, pues es un hecho, dijo, que éstas ocurren mayoritariamente en los hospitales.

El 89,6 por ciento  de los nacimientos registrados en 2020 fueron atendidos por personal médico, según cifras de INEGI. A la vez, 71,9 por ciento de las muertes maternas registradas en 2020 ocurrieron en servicios de salud pública, 7,7 por ciento  recibía atención particular y 20 por ciento  no tenía atención y otras, según datos preliminares de la Secretaría de Salud. Oaxaca, no registró un solo caso de muerte materna ese año bajo la atención de una partera, según los SSO.

La discriminación del personal médico también la han vivido en carne propia las alumnas del doctor Tachito, quien logró crear en 2016 la primera escuela de partería a nivel técnico en Oaxaca con Reconocimiento de Validez Oficial de Estudios por parte de la Secretaría de Educación Pública federal.

La Escuela de Partería Profesional “Hra Cayale Guenda Nabani”, nombre zapoteco que significa “Lugar donde florece la vida”, tuvo 10 alumnas en su primera generación. Pero cuando hicieron sus prácticas en los centros de salud vivieron tratos discriminatorios por parte del personal médico.

La escuela de Partería Profesional «Hra Cayale Guenda Nabani» en el municipio de Santa María Petapa. Equipo de trabajo, un par de estudiantes, el director y usuarias. Foto: Isabel Briseño

“Nos decían que no podíamos entrar a la sala de parto porque no éramos profesionales y también le decían a las embarazadas que no se dejaran atender por nosotras, porque no sabíamos nada”, dice Ausencia Lagunes, de 25 años.

Solo les asignaban labores como tomar la presión a las pacientes o la temperatura, en vez de observar los partos en primer plano, aprender y participar en la atención de los alumbramientos -el momento de expulsión de la placenta.

“Nos decían: ‘¡Salganse! ¡Váyanse! ¡No sé qué hacen aquí!’ Y nosotras le decíamos al doctor Tachito para que nos hicieran caso. Solo así pudimos comenzar a atender los partos”, comentaron.

Los Servicios de Salud de Oaxaca aseguran que han hecho esfuerzos por integrar la partería a los servicios públicos. La jefa de la Unidad de Salud Intercultural y Medicina Tradicional, la doctora Nancy Itandehui Cruz Bautista, reconoce que el personal médico se resiste a cambiar lo aprendido en la facultad de medicina por el conocimiento de las parteras que no tienen una formación académica.

“La partería tradicional es una fortaleza y debemos ver a las parteras como aliadas”, afirma.

La Unidad a su cargo ha tomado modelos de la partería tradicional para desarrollar el parto humanizado y tratar que en los hospitales haya ese entorno adecuado a la mujer, con respeto a sus derechos humanos.

“Lo que pretendemos es que la partera vaya a la par que el médico, con toda la confianza, sin estigmas, que ambas partes trabajen coordinadamente. Esa es la intención para que nuestras mujeres decidan dónde y cómo se quieren atender”, afirma.

El ombligo en la tierra

La especialista Lorena Robles Brena, maestra en psicología especializada en derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, afirma que “el proceso de nacimiento en un hospital es absurdo y va en contra de la forma natural”.

“Las mismas condiciones e infraestructuras de una institución hospitalaria no lo permiten. El parto lleva mucho tiempo, hay que esperar, es un proceso fisiológico que lleva tiempo, que no va de acuerdo con los tiempos institucionales y de atención de enfermedades de urgencias”, señala la especialista en Impacto psicoemocional de la violencia obstétrica.

La atención de los partos queda sujeta a los horarios de trabajo del personal médico. A esto se suma la saturación de espacios en los hospitales y la urgencia por la disponibilidad de camas.

“Un hospital no es un lugar para parir”, sentencia la maestra oaxaqueña en Psicología Social-Comunitaria por la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Como una estrategia de solución a la violencia obstétrica propone crear más escuelas de partería para que a los hospitales solo lleguen los casos de urgencias obstétricas. Con ello, las mujeres pueden tener un proceso fisiológico con el tiempo natural requerido.

Para el doctor Félix Ángel, las autoridades deben voltear los ojos al método del parto humanizado y apoyarlo para hacer respetar los derechos de las mujeres y que tengan un parto libre de violencia.

Pero esto debe enseñarse desde las escuelas de medicina, agrega, incluir una materia sobre derechos humanos y derechos sobre la salud y cómo dar atención a las personas.

Facultad de Medicina y Cirugía de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Foto: Isabel Briseño

En la región del istmo es una tradición ancestral enterrar el ombligo de las personas cuando “se cae” en el mismo sitio en el que nacieron para no perder la conexión entre el cuerpo y la Madre Tierra. Esta fue una de las principales motivaciones para que Tachito construyera en este lugar la escuela de partería.

La Escuela “Hra Cayale Guenda Nabani” está rodeada por árboles donde a diario se oye el trinar de decenas de pájaros. Ahí está un guayabo que tiene un carácter especial para el doctor Tachito. En las raíces de ese aromático árbol frutal “está enterrado mi ombligo”, señala.

“Establecí la escuela en este lugar porque aquí está mi ombligo”, dice. “Es el renacer de la vida, y la partería es eso: el renacimiento”.

Tachito, así es conocido el doctor Anastacio Rodríguez Antonio, director de la escuela de partería profesional en el municipio de Santa María Petapa. Foto: Isabel Briseño

En Oaxaca, México, las escuelas de partería son ya una referencia por el ejercicio de buenas prácticas y por el acompañamiento que dan a las mujeres hacia un parto seguro y humanizado.

Este artículo se publicó originalmente en Pie de Página, de la red mexicana de Periodistas de A Pie.

La Red de Mujeres Guerrerenses por los Derechos Humanos de las Mujeres exigen a la Gobernadora poner fin a los matrimonios forzados

Acciones urgentes y específicas como lo anunció hace un mes en Tlapa

En un pliego de 8 puntos piden cambios a su Plan Estatal de Desarrollo, leyes y recursos materiales y humanos

Isabel Ortega y Sara Lovera

SemMéxico, Tlapa de Comonfort, Guerrero, 11 de diciembre, 2021.-La Red Guerrerense por los Derechos Humanos de las Mujeres, y 14 organizaciones de mujeres en la entidad exigieron al gobierno que encabeza Evelyn Salgado Pineda, poner fin a los matrimonios infantiles y forzados porque es una expresión sistemática de la violencia de género y de la violación de los derechos humanos de las mujeres y de las niñas.

Al entregar el pronunciamiento a la Gobernadora, señalan que debe actuar con diligencia en acciones urgentes y específicas para atender y erradicar estos matrimionios en las comunidades de la Región de la Montaña y la Costa Chica e incluir esta Red en la evaluación y monitoreo de la estrategia que la gobernadora anunció el 10 de noviembre pasado, en su visita a Tlapa.

En un pronunciamiento la red condena la situación y dirigen a Salgado Pineda 10 demandas y acciones puntuales para revertir la violación de las niñas en Guerrero, luego de advertir que estas prácticas se amparan en la tradición cultural, pero que realmente están violando los derechos de niñas y adolescentes.

Le demandaron armonización de las leyes locales que condene y castigue con pena máxima ésta práctica que atenta contra los derechos humanos de las niñas.

La Red señala que la realidad del matrimonio forzado por ampararse en la tradición cultural, no ha sido tomada en cuenta con un serio problema de violencia contra las mujeres, específicamente las niñas y adolescentes, y se permite perpetuar la situación asimétrica y de uso de poder de los hombres; una costumbre en la que participan tutores, abuelas y abuelos, madres y padres.

Explican en el documento que históricamente, el matrimonio es una institución en la que mayor desigualdad ha existido entre hombres y mujeres y se legitima desde el estado dejando a las mujeres en una condición de vulnerabilidad y expuesta a diversas formas de violencia.

En el contexto regional el matrimonio forzado se da en el marco de las tradiciones y costumbres indígenas, al amparo de la protección cultural. La Red narra cómo sucede, como se vende a las niñas, asegura que ellas tienen que trabajar para pagar la deuda que va de 150 a 200 mil pesos; que viven aisladas, en matrimonio sin su voluntad, que es hora de actuar sin diligencia.

Hacen notar que esta realidad no ha cobrado suficiente relevancia y no se ha abordado como un problema de violencia contra las mujeres, específicamente las niñas y adolescentes son quienes padecen esta grave violación a sus derechos humanos. los matrimonios forzados son una forma de violencia contra las mujeres en las que subyacen relaciones desiguales de poder entre los hombres y las mujeres.

Ven como lamentable que, al amparo de los mandatos culturales, los hombres controlan, subordinan y dominan a las mujeres y sus cuerpos. Lo que se suma a la urgencia de entender que las violencias y discriminaciones “que vivimos son estructurales y, por tanto, complejiza el acceso a nuestros derechos y autonomía.”

En el texto también señalan que los usos y costumbres en los municipios de la Región Montaña y Costa Chica del estado permiten ponerles precio a las niñas; es decir sus tutores, abuelas, abuelos, madres y padres venden a sus hijas, siendo un matrimonio forzado, sin que exista su consentimiento para ello.

Las niñas frecuentemente tienen que trabajar para la familia que pagó por ellas, para “recuperar” la deuda por su compra, haciendo labores del hogar, de jornalera y campesina. Se trata de una dote en efectivo que va de los cincuenta mil hasta doscientos mil pesos, más otro pago en especie como refrescos, cervezas, cigarros, panes y otros alimentos es la forma de cobrar por ellas.

Los matrimonios infantiles y forzados convierten a niñas y adolescentes en madres a muy temprana edad, derivando problemas graves asociados con el embarazo que se dan ni siquiera en la adolescencia, sino en la pubertad al grado que se pone en riesgo la vida de las niñas, quienes se convierten en madres obligadas con infancia infeliz y estudios truncados.

La mayoría de estas uniones no se registran y no se denuncian, solo “te ponen un precio y así te venden sin preguntar, sin avisar”, prohibido “decir que no” porque ya estás destinada a casarte, a pesar de ser menor edad.
ésta práctica ocurre frente a los agentes del estado, la iglesia, las autoridades comunitarias: delegados, comisarios y policías; mismos que permiten siga como si las niñas fueran animales u objetos, permaneciendo apáticas y amparándose en los usos y costumbres de los pueblos. en este sentido, el estado mexicano está obligado a generar políticas públicas que incluyan aspectos preventivos y de información hacia las comunidades.

Condenamos la prevalencia de ésta práctica que violenta los derechos de las infancias, de las niñas de la región montaña y del estado.
Tlapa de Comonfort, guerrero. diciembre 10 de 2021

Demandamos:

  1. Cumplimiento de programas educativos con enfoque de género e intercultural en los planes de estudios de los diferentes niveles educativos, desde educación básica.
  2. Integración en el Plan Nacional Estatal de Desarrollo proyectos formativos de sensibilización y capacitación en contextos rurales e indígenas en materia de derechos humanos y de género con enfoque intercultural.
  3. Acciones urgentes y específicas para atender y erradicar el matrimonio infantil y forzado en las comunidades de la región montaña del estado.
  4. Armonización de las leyes locales que condene y castigue con pena máxima ésta práctica que atenta contra los derechos humanos de las niñas.
  5. Sinergia institucional mediante un plan de intervención de las dependencias como son: secretaria de la mujer, secretaria de asuntos indígenas, DIF, Sipinna, entre otros, que procuren y salvaguarden los derechos de las niñas y adolescentes.
  6. Promover espacios seguros y hogares libres de violencia a través de un plan emergente integral de protección de para las niñas y adolescentes de la región montaña.
  7. Formar parte como organizaciones de la sociedad civil, colectivas e independientes de la evaluación y monitoreo de la estrategia presentada el día 10 de noviembre en éste municipio por gobernadora.
  8. Exigimos que se cumplan nuestras sentidas demandas en torno a nuestros derechos, los que han sido negados y postergados históricamente desde las políticas oficiales.

A las demandas de la Red Guerrerense por los Derechos Humanos de las Mujeres se sumaron por 14 organizaciones defensoras de derechos humanos de las mujeres.

Día 16, 16 días de activismo| Muertes violentas de mujeres: registrar datos es un paso para prevenir

  • Se necesita voluntad política del Estado en acciones para el feminicidio
  • Delia Rosa Suárez Socarrás, especialista del Centro Nacional de Educación Sexual de Cuba

SemMéxico/SEMlac, La Habana, Cubra, 10 de diciembre, 2021.-Registrar las muertes violentas de mujeres permite, en primera instancia, visibilizar un fenómeno que se suele asociar con algo que sucede en la esfera privada y que, por tanto, “debe mantenerse en ese ámbito de lo privado”, que es a su vez lo silenciado, lo oculto y refuerza la idea de que no existe. La realidad nos dice que esas muertes sí ocurren y la ausencia de datos publicados, el espacio que estos ocupan en los distintos canales de información, es lo que refuerza esta invisibilización. Así lo asegura Delia Rosa Suárez Socarrás, especialista del Centro Nacional de Educación Sexual (Cenesex), al comentar sobre un fenómeno que no es posible caracterizar en el país en toda su dimensión, ante la carencia de datos públicos.

¿Por qué distinguir entre feminicidio y feminicidio en Cuba?

Es necesario establecer las distinciones conceptuales que existen entre un término y otro. Es tan relevante establecer esas distinciones porque implica, a su vez, colocar cuál es la posición que tiene el Estado cubano respecto a las muertes de mujeres por razones de género. No es una cuestión menor poder tener una aproximación teórica en el país y, entre las personas que nos dedicamos a los estudios de género y de violencia basada en género, tener claro qué entendemos por feminicidio y qué estamos entendiendo por feminicidio, pues además permitirá una mayor claridad y eficiencia en las futuras políticas públicas que se establezcan a nivel nacional para abordar la temática.

¿Qué importancia tiene registrar las muertes violentas de mujeres y visibilizarlas?

Es la forma de conocer su incidencia y de poder caracterizar el fenómeno. Caracterizarlo nos permite, en alguna medida, generar estrategias para la identificación, prevención y el abordaje, de modo que puedan ser más efectivos.

Uno de los principales desafíos es, en principio, poder contar con toda la información posible. La data que está disponible se centra en la mortalidad por causas violentas que recogen los anuarios estadísticos de salud, lo cual, si bien sí está desagregado por sexo, no permite hacer un análisis de los microdatos, ni permite saber cuál de esta mortalidad femenina por causas violentas tiene su base en género. Ahí hay un primer desafío, poder develar más información al respecto.

¿Otros desafíos para registrar la muerte violenta de mujeres?

Un segundo desafío es la necesidad de un registro único de violencias basadas en género para Cuba, que articule de manera eficiente los esfuerzos que se hacen desde diferentes instituciones y organizaciones de la sociedad civil para abordar la temática de las violencias basadas en género y, de forma específica, la mortalidad femenina por causas violentas.

Asimismo, la formación de los y las profesionales que se encargan de la recopilación de los datos y el posterior procesamiento. Lo que nos hemos encontrado es una ausencia de esa sensibilidad de género para la recogida de la información y su procesamiento, lo cual condiciona que los datos que encontremos carezcan de una perspectiva integral, para posteriormente poder abordar las situaciones de violencia.

Otro desafío es la publicación misma que se hace en redes sociales sobre situaciones de muertes violentas basadas en género y su presunción. Digo presunción porque muchas veces no existe claridad sobre toda la información, pero igual se publica en redes sociales, igual se viraliza, en muchas ocasiones violando códigos de ética y privacidad de las mujeres víctimas y de las familias de esas mujeres.

¿Qué rol tiene la ciudadanía, los especialistas, las instituciones en recopilar todos esos datos?

Respecto al rol que tenemos como ciudadanía para este asunto, diría que es fundamental que todas las personas estemos formadas, al menos para poder identificar y orientar respecto a qué hacer en situaciones de violencia basada en género. Sin embargo, hay que señalar que esta es una responsabilidad estatal a la que, como ciudadanos, podemos contribuir, pero sin olvidar lo primero.

Esa necesidad del sistema de registro único es algo que, si bien puede ser propuesto por organizaciones e instituciones, tiene que emerger de la voluntad política del Estado, que ha sido explícita en cuanto a una posición de tolerancia cero respecto a todas las formas violencia de género. Ahí tendríamos un punto de inicio, la posibilidad real de establecer ese sistema de registro único, que condense toda la información, que sea lo suficientemente extenso para poder hablar de la mortalidad femenina por causas violentas de todas las mujeres y que sea basada en género. Y cuando digo de todas las mujeres insisto en que no desconozca la realidad de mujeres lesbianas y mujeres trans, que también son víctimas de violencia de género y mueren por situaciones de violencia de género.

Para mí lo fundamental es eso, que la voluntad política del Estado se exprese de manera concisa en acciones, a las que luego todos podremos contribuir, pero que tienen que partir de ese lugar.

Las instituciones tenemos un rol fundamental en la generación de resultados científicos, en su socialización, en estos procesos de ejercer presión para que la ciencia sea escuchada, para que el conocimiento científico sirva para la toma de decisiones políticas, e impulsar estrategias como esta, una entre muchas otras que podemos impulsar.

Las organizaciones y grupos que forman parte de la sociedad civil, aunque no cuenten con personalidad jurídica, también tenemos una responsabilidad grande en la recopilación de datos, en realizar un proceso de auditoría de cómo se están recogiendo; de cómo algunas mujeres estamos quedando visibilizadas, perdidas allá dentro; de cómo el microdato está siendo algo tan necesario para poder llevar a cabo políticas a un nivel micro y, sin embargo, no contamos con él.

A ello se suma la necesidad de contar con profesionales formados para el registro de la información y su procesamiento. Eso también nos corresponde a las instituciones, organizaciones y a la ciudadanía de manera general; contribuir a esos procesos de formación y capacitación de profesionales para que realmente los datos que recojamos y procesemos sean luego de posible utilización para la toma de decisiones políticas.

Hay una agenda legislativa que incluye el PAM, el Código de las Familias, el programa de atención integral a la violencia de género. ¿Cómo podría contribuir al registro de estos casos y sobre todo a la prevención y protección oportuna de las víctimas?

Este cuerpo legislativo está dando cuenta de que, efectivamente, existe una voluntad política por parte del Estado para abordar las violencias basadas en género. Sin embargo, ya estamos en el punto de empezar a aterrizar esta voluntad política en acciones concretas. El Programa nacional para el adelanto de las mujeres (PAM), por ejemplo, tiene un área referida a investigación y producción de datos en la que hay que incidir, sin lugar a dudas. Eso es algo en lo que tenemos que volcarnos tanto instituciones como sociedad civil y ciudadanía, para retribuir esa información. La Federación de Mujeres Cubanas tiene un rol esencial en la recopilación de datos, en entrar en diálogo científico y académico con quienes nos estamos dedicando a estos estudios y con las personas que, desde sus historias de vida, es mucha la riqueza que pueden compartir al respecto.

Estamos hablando de un asunto que es prevenible, como son prevenibles otras situaciones de desigualdades sociales en el país, y eso tenemos que revisarlo. Hay que ver esa estructura que existe y opera para la identificación y prevención de las situaciones de violencias basadas en género, dónde se está quebrando para que la mortalidad femenina por causas violentas basadas en género llegue a ocurrir. Es algo que hay que revisar tanto a nivel nacional como local, identificar dónde están esas brechas para poder transformarlas de una manera crítica y que, a la larga, ello redunde en un beneficio para las mujeres, lo que significa un beneficio para la sociedad de manera general.

Día 16, 16 días| Alianza legisladoras y Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses

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  • 45 casos de violencia contra mujeres en proceso electoral 2021 y solo 2 sentencias
  • Estudiarán una agenda legislativa para la paridad y sobre la violencia política contra las mujeres

Micaela Márquez

SemMéxico, Cd. de México, 10 de diciembre 2021.- En una alianza para trabajar de forma coordinada la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses y la Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado de Guerrero se reunieron para la armonización legislativa en materia de paridad de género y violencia política contra las mujeres.

Asimismo, y en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género se dio a conocer que durante el periodo electoral del 2021 se reportaron 45 casos de violencia política contra mujeres, 37 de ellas por los Nodos Regionales y 8 por la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del Estado.

Los casos documentados fueron perpetrados en un total de 20 municipios de los 81 que integran la entidad, contra las mujeres políticas cuyas edades fluctúan entre los 40 y 49 años de edad, siendo 17 los casos; en tanto que 4 de los casos documentados fueron cometidos contra mujeres indígenas.

Los municipios fueron Chilpancingo, Acapulco, Taxco, Iguala y Pilcaya, Ahuacuotzingo, Ayutla de los Libres, Chilapa de Álvarez, Copalillo, Cutzamala de Pinzón, Eduardo Neri, Huitzuco de los Figueroa, Mártir de Cuilapan, Pedro Ascencio de Alquisiras, Petatlán, San Luis Acatlán, Teloloapan, Tlapa de Comonfort, Xalpatáhuac y Zihuatanejo.

La diputada Gabriela Bernal Reséndiz, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género refrendó el compromiso de las legisladoras de la Comisión para trabajar de manera conjunta en la armonización pendiente en torno a una agenda consensada con las organizaciones feministas del estado.

Muriel Salinas Díaz, presidenta de la Red explico que Guerrero fue de los últimos estados en reformar su legislación electoral en materia de paridad de género, por lo que quedo pendiente la armonización de las reformas constitucionales en esta materia con las reformas que ya se realizaron a mas de 80 leyes federales y generales.

Proponen reformar diversos artículos de la Constitución del estado para garantizar la integración paritaria del gabinete del Poder Ejecutivo del Estado, así como del Poder Judicial, así como de los órganos autónomos. Así como un conjunto de propuestas de reformas a la Constitución Política del estado y a diversos ordenamientos jurídicos. 

Por otra parte, en  el Primer Informe sobre Violencia Política contra las Mujeres en el Proceso Electoral Ordinario 2020-2021 del Estado de Guerrero, elaborado por Equipos Feministas, A.C. y la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses se destaco el Modelo de los Nodos Regionales para Prevenir y Atender la Violencia Política contra las mujeres en las regiones de Acapulco, Centro, Norte y Montaña de la entidad, los cuales fueron conformados tanto por actoras de la sociedad civil, como por autoridades distritales del INE y del OPLE, Delegadas Regionales de la Secretaria de la Mujer y titulares de instancias Municipales de las Mujeres.

El proyecto fue desarrollado bajo los auspicios del Programa de Impulso a la Participación Política de las mujeres a través de las Organizaciones de la Sociedad Civil a cargo del INE en su edición 2020.     

Muriel Salinas señalo que es preciso establecer con toda claridad en la normatividad la gravedad de las conductas de la violencia política contra las mujeres reconocidas en la Ley General de Procedimientos Electorales (LGIPE) y en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, así como alinear a dichas valoraciones los tipos de sanciones administrativas que se deberán aplicar, a fin de que ello no quede sujeto a interpretación por parte de las y los juzgadores.

Destacaron que durante el proceso electoral 2020-2021, el Tribunal Electoral del Estado de Guerrero emitió únicamente dos sentencias por violencia política de género, pero en el Registro Estatal de Personas Sancionadas, a cargo del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, solo aparece una persona.

Integrantes de la Red toman protesta

También tomaron protesta como integrantes de la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses destacadas mujeres y líderes políticas y sociales del estado de Guerrero.

Araceli Catalán, Coordinadora Estatal de Defensoría Jurídica.

Ruperta Nicolas Hilario, Coordinadora Estatal de Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres Indígenas.

Alfreda Gasparillo, Vicecoordinadora Estatal de Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres Indígenas.

Evelia Catalán, Coordinadora Estatal de Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres Afrodescendientes.

Milane Jiménez, Vice coordinadora de Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres Afrodescendientes

Olivia Álvarez Montalbán, Coordinadora Estatal de Promoción y Defensa de los Derechos Políticos de las Mujeres Universitarias.  

Eliuth Trujillo, Coordinadora Estatal de Comunicación Social.

Flor Soto, Vicecoordinadora de Comunicación Social.

Angelica Gutiérrez Salgado, Coordinadora Estatal de Promoción de Cultura de la Democracia Paritaria Libre de Violencia. 

Agreden y amenazan a activistas integrantes de CLADEM

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  • Las amenazas se intensificaron desde el pasado 25 de noviembre
  • Exigen una investigación Exhaustiva, pronta e imparcial

Analy Nuño y Micaela Márquez

SemMéxico, 10 de diciembre de 2021, Guadalajara, Jalisco. – En las últimas dos semanas, integrantes del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres (CLADEM), capítulo Jalisco, han sufrido intentos de secuestro y amenazadas de muertes por su activismo a favor de los derechos de las mujeres, desde intento de secuestro, este 9 de diciembre a una de ellas, y amenazas de muerte con pistola el pasado 25 de noviembre, a otra defensora.

La agresión más reciente se registró el día de ayer, cuando una de las activistas fue abordada en la calle por desconocidos, quienes intentaron subirla a un vehículo por la fuerza. La feminista logró escapar y resguardarse en un comercio hasta que recibió ayuda.

Sin embargo, las agresiones y amenazas se han registrado con mayor intensidad a partir del 25 de noviembre, durante los eventos en conmemoración por el Día Internacional contra la Eliminación de todos los tipos de violencia contra las Mujeres.

Ese día, una de las integrantes de CLADEM fue amenazada de muerte por un sujeto desconocido cuando conducía a baja velocidad. “Fue interceptada y encañonada por un sujeto que conducía una motocicleta, quien le dijo ‘te estás metiendo con el hombre equivocado’, antes de alejarse rápidamente”, señaló el Comité a través de un comunicado de prensa en el que da a conocer los hechos.

El Comité exige al Estado Mexicano y al gobierno de Jalisco que cumplan con el deber de debida diligencia para proteger e investigar los hechos de violencia contra las integrantes de CLADEM, en el marco de los 16 días de activismo contra la violencia de género.

En un comunicado el organismo internacional de defensa de las mujeres hace un llamado a la comunidad nacional e internacional y a los colectivos a solidarizarse con las defensoras agredidas que tienen más de una década de realizar su trabajo en un contexto de múltiples violencias ejercidas por una multiplicidad de actores.

Demandan a las autoridades federales y locales una investigación exhaustiva, imparcial y pronta que permita identificar a todos los responsables intelectuales y materiales de las agresiones que sufrieron las integrantes de CLADEM.

La Red CLADEM que integra a 15 países abraza a las compañeras agredidas y afirman que no pararan hasta que no exista un alto total a las violencias contra las mujeres. Reiteran ¡Nuestras voces no serán silenciadas! ¡Si nos tocan a una respondemos todas!

Especifican que el trabajo de los derechos humanos en México y muchos países de la región está en riesgo porque la vida de las y los defensores de derechos humanos está en peligro.

Manifestaron que “Expresamos nuestro repudio, indignación y preocupación por estos gravísimos hechos de intimidación y amenazas. En el marco de los 16 días de activismo contra la violencia hacia las mujeres, le exigimos al Estado Mexicano que cumpla con su deber de debida diligencia para proteger e investigar los hechos de violencia y agresión contra nuestras compañeras de CLADEM Jalisco”, señaló Bárbara Jiménez Santiago, integrante del consejo directivo de CLADEM regional.

Concluye diplomado sobre litigio estratégico con perspectiva feminista en casos de violencia feminicida

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  • Impulsado en el marco de un convenio de colaboración de la UABJO y Consorcio Oaxaca 
  • Concluyen la formación 20 abogadas y abogados litigantes

Redacción

SemMexico. Oaxaca. 10 de diciembre de 2021.-Este viernes 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos, concluyó el diplomado:  Incorporación de la Perspectiva Feminista en el Litigio Estratégico en Casos de Violencia Feminicida, impulsado en el marco de un convenio de colaboración entre la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca (UABJO) y Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, para el impulso de actividades conjuntas de docencia, investigación y capacitación respecto a equidad y género, derechos humanos y cultura de paz.

Estos procesos de formación responden a la gravedad de la realidad social actual en estas materias. Este diplomado tuvo como objetivo compartir conocimientos y diversas estrategias de litigio con enfoque feminista y de derechos humanos para incidir en otra forma de litigar los casos de violencia feminicida en Oaxaca. 

En su oportunidad, Yésica Sánchez Maya, directiva de Consorcio Oaxaca, resaltó la importancia de este diplomado porque incorpora una idea diferenciada desde el feminismo, los derechos humanos y la sociedad civil en el hacer de la abogacía, donde se coloca a las víctimas de violencia en el centro y a favor del cambio en las relaciones desiguales entre hombres y mujeres. 

En representación del rector de la UABJO, Dr. Eduardo Bautista, el director del CECAD de esa institución, Edwin Nazaret León Jiménez, agradeció a Consorcio Oaxaca la suma de esfuerzos que representó este diplomado y celebró el cambio de visión del Derecho desde una perspectiva feminista por todo lo que significa para el acceso a la justicia. “Este diplomado debe ser el inicio de nuevos procesos sobre esta materia”, acotó. 

Magali López Domínguez, ex – diputada presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la LXIV Legislatura, afirmó que en Oaxaca la justicia está rota y es especialmente importante la perspectiva de género para las abogadas y los abogados teniendo claro que esta mirada implica tomar en cuenta las diferencias entre hombres y mujeres que han sido impuestas históricamente por un sistema basado económica y culturalmente en la desigualdad. 

Patricia Bedolla Morelos, integrante de la Academia, Litigio Estratégico e incidencia en Derechos Humanos resaltó que este diplomado es una reeducación del ejercicio litigioso que impactará en las instituciones, la administración de la justica y las víctimas de violencia. 

Rodolfo Domínguez Márquez, integrante de Justica, Derechos Humanos y Género del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, indicó que la perspectiva feminista es radical porque debe aplicarse desde un sistema construido de hombres para hombres, que poco vela por la justicia y menos en la reparación de daños. 

La actividad académica contó con una biblioteca feminista que permitió el acercamiento a textos que ahondan en el enfoque propuesto: Los trabajos se desarrollaron por medio de un aula virtual que incluyó ponencias, libros, artículos, instrumentos internacionales en materia de derechos humanos, de mujeres, y sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entre otros recursos puestos a disposición de las y los participantes.

Entre las personas expertas en derechos de las mujeres, feminismo, derechos humanos y litigio estrategico que ofrecieron conferencias magistrales, se encuentran la periodista Guadalupe López; María de la Luz Estrada, directora del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF); Patricia Bedolla Zamora, de la Academia Litigio Estrategico e incidencia en DH;  Nira Cárdenas Oliva, de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas; Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona y asesora jurídica del OCNF; Pamela Spees, abogada senior del Center for Constitutional Rights experta en derecho penal internacional; Ruth Fierro Pineda, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres; representane del Caso Alvarado ante la CoIDH;  Sofía de Robina Castro, del Centro de Derechos Humanos Agustín Pro Juárez, y Martha Paola Fernández Lozano, del  Centro Las Libres A.C.

En la facilitación de las 7 sesiones, cabe destacar el gran aporte de la periodista Soledad Jarquín Edgar; de Sandra Quiñoles, del Centro Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa (CLADEM);  Patricia Bedolla Zamora, de la Academia Litigio Estrategico e incidencia en DH sede en Morelos; Rodolfo Dominguez Márquez, de Justicia, Dh y Género;  de Ximena Ugarte Trangay, de SIWA Artesanas de Paz, y Adriana Rubio Mendoza, consultora y experta en Investigación Forense y Criminalista con Perspectiva de Género. 

Las organizaciones que convocaron a este Diplomado son Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio; la Comisión de Derechos Humanos de la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Oaxaca, Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos Humanos (CLADEM), SIWA Artesanas de Paz, y Academia Litigio Estratégico e incidencia en Derechos Humanos A.C. (ALEIDHAC).

El Sistema para prevenir y erradicar la violencia en el país no ha cumplido con su cometido por falta de coordinación y presupuesto

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  • Proponen armonizar las Legislaciones federal y estatales en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 10 de diciembre 2021.- A pesar de los cambios en el marco jurídico y constitucional, así como en el diseño de políticas públicas de nuestro país, la violencia en contra de las mujeres se ha exacerbado y los esfuerzos normativos e institucionales no han cumplido su cometido.

La especialista Claudia Alonso Pesado propone realizar una revisión integral de la Legislación para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, ya que a pesar de las reformas estas no están empatadas ni guardan su unidad conceptual, y su naturaleza jurídico normativa se fragiliza, lo que impacta negativamente el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres.

Propone construir una normatividad que de posibilidades al funcionamiento y organización sistémica que debe conducir a colocar más recursos humanos y financieros al interior del Sistema.

En el estudio “El Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción, y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM): reconociendo el papel de las masculinidades en la prevención” publicado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la Republica.

En el análisis, Claudia Alonso señala que la normativa establecida para el funcionamiento del SNPASEVM y sus comisiones ha sido insuficiente para garantizar el cumplimiento de la política nacional integral en materia de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.

En la revisión del funcionamiento del SNPASEVM sostiene que hay aspectos jurídicos, administrativos, programáticos y procedimentales que han impedido el adecuado desenvolvimiento del que se ha traducido en una limitada efectividad en los programas de prevención de la violencia a lo largo del país.

Detalla que la Secretaría Ejecutiva ha tenido un papel más activo en algunos momentos de la historia del SNPASEVM, sin embargo, la confusión entre las atribuciones de la Secretaria de Gobernación (SEGOB) y  la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) y las del Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) no ha permitido que esta instancia cumpla con las funciones que le establece el Reglamento del Sistema con relación a evaluar la Política Nacional, para, con ello, proponer al Sistema propuestas para su modificación en caso de que esta no de los resultados esperados.

De la revisión de las actas del SNPASEVM del periodo 2007 a 2019 se observa que el seguimiento de acuerdos que correspondía entonces, a la Secretaría Ejecutiva del Sistema se realizaba parcialmente y solo se reportaba seguimiento de lo establecido en la sesión anterior, aquellos señalados “en proceso”, se perdían ya no se reportaba su avance. Ocasionando la pérdida en el cumplimiento de acuerdos y dilación en el cumplimiento de otros cuando reaparecía el asunto.

De los informes del PIPASEVM Y PROIGUALDAD, se desprende que ambos reportan muchas acciones realizadas, sin embargo, se limitan a dar un reporte de las mismas, sin realizar un análisis de si éstas han contribuido a algunas modificaciones tanto en la población, como en las instituciones responsables de garantizar el cumplimiento de la protección de los derechos humanos de las mujeres, lo anterior también refleja una separación entre los ejecutores de la líneas de acción y de quienes conducen y coordinan la política.

Adicionalmente construir nuevas masculinidades para prevenir la violencia

La Erradicación de la violencia es el fin, y se logrará cuando en el conjunto de acciones y medida que se desarrollen desde las modalidades de la violencia, hayan logrado permear y hayan transformado las relaciones genéricas de poder, en la sociedad toda, en todos los subsistemas que la componen y por tanto en los Sistemas Político y Gubernamental.

Afirma en su estudio que la pandemia evidenció la necesidad de un nuevo pacto para la vida cotidiana en el que los hombres reconozcan las violencias que ejercen y asuman la necesidad de erradicarlas en el mundo de las nuevas masculinidades. 

Refiere que la violencia de género hacia las mujeres es un problema complejo, multicausal y altamente dependiente de factores culturales, sociales y contextuales, por lo que la mejor manera para la erradicación es la prevención. 

Sostiene que es necesario contar con una política nacional y modelos integrales de prevención, atención, sanción y erradicación por las modalidades de violencia que se enuncian en la ley. Así como urgente considerar a las mujeres, a partir de cómo se viven los tipos de violencia, considerando la edad, contextos socioculturales, capacidades y orientaciones sexuales e identidades sexo genéricas.

La propuesta tiene el enfoque de derechos humanos, que reconoce a mujeres y niñas como sujetas de derechos, con derechos específicos por la condición histórica de desigualdad y discriminación, que son parte inalienable, integrante e indivisible de los derechos humanos universales contenidos en las legislaciones internacionales como las de la CEDAW  y Belem Do Para.

Los Modelos que señala el RLGAMVL, por Eje de Acción, son infructuosos en tanto estos ejes no están vinculados a las modalidades. En cambio, si por cada Modalidad de Violencia se construyen las acciones, medidas, estrategias o programas que se señalan en los Modelos por Ejes, se tendría un significado diferente de estos, desde cómo se organiza el SNPASEVM, hasta cómo se articulan las atribuciones que la LGAMVLV y el RLGAMVLV otorga a cada integrante.

Propuestas

Entre las propuestas destaca armonizar las Legislaciones federal y estatales en materia de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia.

En la operación y funcionamiento y para conocer hacia donde está impactando el recurso erogado, propone formar un Grupo de Trabajo Técnico que dé seguimiento y análisis al presupuesto federal, estatal y municipal, a partir de las evaluaciones que se generen, frente a mediciones y estudios que se tiene respecto a los tipos y modalidades de violencia.

Dar seguimiento de los presupuestos de las entidades federativas, y que en las sesiones del SNPASEVM, se cuente con una línea de trabajo para dar cumplimiento a la  Ley General de Acceso a las Mujeres  a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV).

En las modalidades de las violencias deben revisarse cabalmente, ya que se observó en el Reglamento de la LGAMVLV se observó un desigual tratamiento de los tipos y modalidades: Se identificaron medidas y acciones alrededor de las violencias psicológica y sexual; la violencia física se menciona como abuso físico y sólo de manera muy general en la violencia familiar y en cuanto la violencia laboral se desarrolla sólo en las atribuciones de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social.

Firma Secretaría de Salud Guerrero carta compromiso por la cero tolerancia al hostigamiento y al acoso sexual

Redacción

SemMéxico/Ceprovysa. Chilpancingo, Guerrero. 10 de diciembre 2021.- Como parte de las acciones de la campaña de los 16 Días de activismo contra la violencia de género y con la finalidad de erradicar estas conductas, la Secretaría de Salud Guerrero realizó la firma de la “Carta compromiso por la cero tolerancia al hostigamiento y al acoso sexual”. En un acto en las oficinas centrales de la dependencia, la titular de la Secretaría de Salud Aidé Ibarez Castro manifestó su compromiso de promover un verdadero ambiente laboral saludable, en el que el personal pueda ejercer su derecho a un trabajo digno.

Detalló que, se han emprendido otras acciones preventivas en las diferentes áreas y programas, con la finalidad de promover espacios laborales libres de discriminación y violencia, como la colocación de una placa que contiene la ruta de atención de acuerdo al protocolo para la atención de denuncias por hostigamiento sexual, acoso sexual y la designación de enlaces de la unidad de género y primer contacto, para la atención de denuncias por un posible hostigamiento sexual y acoso sexual en las jurisdicciones sanitarias y hospitales generales.

La carta compromiso fue firmada por la titular de Salud estatal; el subsecretario de Prevención y Control de Enfermedades, José Ulises Adame Reyna; el subsecretario de Administración y Finanzas, Humberto Fernando Soto López; el subsecretario de Planeación, Roberto Núñez Hernández; la subdirectora de Recursos Humanos, Micaela Manzano Martínez; el comisionado para la Protección Contra Riesgos Sanitarios, Pablo Navarrete Candelario; el encargado de Despacho del Órgano Interno de Control; la directora general de Asuntos Jurídicos y Derechos Humanos, Erika Salgado García; la directora general de la Unidad de Género, Michelle Chen Araujo; la titular de la Unidad de Transparencia, Teresa Alarcón Flores y el encargado de despacho de la Unidad de Comunicación Social en Salud, Abel Salgado Salgado.

Desaparece maestro de la UAGRO Salvador Catalán Barragán en Tierra Colorada

Redacción

SemMéxico/Ceprovysa. Chilpancingo, Guerrero. 10 de diciembre 2021.- El maestro Universitario Salvador Catalán Barragán fue reportado por sus familiares éste día como desaparecido, junto con dos jóvenes Marco Robles Alejo y Julio Gómez Rico

Con un llamado a las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad Autónoma de Guerrero, STAUAG, pide la pronta aparición con vida del Maestro y de los dos jóvenes.

Salvador Catalán Barragán es Maestro de Ciencias de la Educación de la Preparatoria de Tierra Colorada.

De acuerdo a reportes sobre la desaparición los jóvenes Marcos “N” y Julio Alberto “N” pertenecen a la Policía Comunitaria del FUSDEG, Frente Unido para la Seguridad y el Desarrollo del Estado de Guerrero, y serían interceptados la mañana de éste jueves por un grupo armado que les privaron de su libertad en el punto conocido como La Ladrillera, en el municipio de Tierra Colorada (Juan R. Escudero)

 “Consideremos que en estos tiempos de transición y cambio estos cobardes actos no se pueden seguir presentando en la sociedad Guerrerense” expone en el documento que emite el STAUAG al Gobierno.

Trasciende que éste viernes se ha convocado para una marcha en Chilpancingo a las y los universitarios en demanda al gobierno estatal de la presentación con vida del Maestro desaparecido y los dos jóvenes, asimismo ha solicitado a la ciudadanía reportar al número de emergencia 911 cualquier dato que permita dar con el paradero de los tres desaparecidos.

Prisión para sancionar matrimonios forzados, propone diputada priista Eufrosina Cruz

  • La legisladora presentó una iniciativa que adiciona el Capítulo IX del matrimonio forzado de menores al Código Penal Federal, en materia del Derecho Humano a una Vida Libre de Violencia.
  • Estas uniones son una burda manipulación del derecho de las mujeres, especialmente de las niñas, a una vida libre de violencia, aseveró la diputada oaxaqueña.

Redacción

SemMéxico/Ceprovysa. Ciudad de México, 10 de diciembre de 2021. Los matrimonios forzados son el reflejo de la desigualdad, la discriminación y la desprotección que viven las mujeres indígenas, que se debe enfrentar, por ello deben ser catalogados como un hecho grave y tener consecuencias, señaló la diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Eufrosina Cruz Mendoza, al presentar una iniciativa que busca erradicarlos y frenar esta violación a los derechos humanos.

Al exponer una iniciativa con Proyecto de Decreto, por la que se adiciona el Capítulo IX del matrimonio forzado de menores al Código Penal Federal, en materia del Derecho Humano a una Vida Libre de Violencia, la legisladora priista precisó que estas uniones son una forma de violencia y de esclavitud que se esconde en “la tradición de nuestros pueblos originarios”. Indicó que es una burda manipulación del derecho de las mujeres, especialmente de las niñas, a una vida libre de violencia.

Aseguró que los “abusos y costumbres” forman parte de una moralidad hipócrita, no solo de la sociedad en su conjunto sino del Estado mismo y de sus instituciones, “ignorando a lo largo de siglos el llanto, el miedo y la humillación de nuestras madres, hermanas e hijas en esas comunidades, en las cuales se padecen cuatro discriminaciones: por ser mujeres, por ser pobres, por ser indígenas y por ser niñas”.

Ante ello, Cruz Mendoza argumentó que su iniciativa propone que el matrimonio forzado de menores se sancione con pena privativa de libertad de dos a cinco años de prisión y multa de 200 a 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA). Además, se le impondrá la misma pena privativa de libertad y multa a toda persona que auxilie e incite o sea testigo en la realización del ilícito.

También comete el delito de matrimonio forzado de menores, explicó, toda persona que, mediante el uso de la fuerza física, engaño, privación de libertad u otra conducta ilícita, obligue a una menor de edad a contraer matrimonio, así como la entrega de pagos para lograr el consentimiento de la menor.

Puntualizó que los matrimonios forzados, además de ser una forma de violencia familiar, son resultado del entrecruce de un sistema patriarcal hegemónico en las comunidades con la complicidad de las autoridades tradicionales, municipales, estatales y federales. Es una situación, agregó, en la que viven y crecen miles de niñas en las comunidades indígenas y aformexicanas de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, Tabasco y casi todo el sureste de México.

En este sentido, la representante del partido tricolor expresó que es el momento de no distraer la mirada en esta lucha que “mantenemos las mujeres indígenas y afomexicanas para que un día, más temprano que tarde, la violencia deje de ser costumbre”.

Después de la exposición en Tribuna, legisladores de diferentes grupos parlamentarios pidieron adherirse a la iniciativa de la diputada priista, la que se turnó a la Comisión de Justicia para su dictamen.

Vida y lectura| Centro de Investigación y Docencia Económicas A.C.

Marcela Eternod Arámburu

SemMéxico. Aguascalientes. 10 de diciembre 2021.- Desde mi perspectiva, tiene razón Mauricio Merino Huerta cuando afirma que el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) es un referente fundamental no solo para entender las políticas públicas, su utilidad y posibilidades de mejora, sino para poder analizar desde diferentes ángulos los problemas que aquejan al país y diseñar las mejores soluciones al alcance de gobiernos y organizaciones, para beneficiar al mayor número de personas, con los recursos, siempre limitados, que como país tenemos.

También comparto la opinión de quienes sostienen que el CIDE se mantiene a la vanguardia en la investigación de temas nodales para la población mexicana: seguridad pública, corrupción, migración y educación, por citar solo algunos, y un amplio abanico de disciplinas dentro de las complejas ciencias sociales, con la finalidad de “contribuir a la resolución de problemas que atañen …” a la realidad nacional, ubicándolas —además— en los contextos regionales e internacionales.

Las seis divisiones en las que se organiza gran parte de la producción académica del CIDE dan cuenta de la gran diversidad de temas que abarcan las y los docentes de este Centro: historia, economía, administración pública, estudios jurídicos, estudios internacionales y estudios políticos. Todos tienen sus líneas de investigación y todos suman textos, artículos, foros, publicaciones, debates, conferencias y más, donde hay polifonías evidentes.

Soy asidua visitante de la página en internet del CIDE. Respeto a una institución que enseña a aprender, a pensar, a analizar, a sopesar, a dudar y a cuestionar con solidez argumentativa. Segundo, porque sus publicaciones son actuales, novedosas, serias, la mayoría de las veces un poco aburridas, pero siempre ilustrativas y útiles.

No es difícil verificar rápidamente la enorme producción que ha realizado el CIDE en toda su existencia, ni constatar y evidenciar la contundente actualidad de la producción editorial de esta casa de estudios en los últimos diez años. Existen decenas de publicaciones, ensayos, artículos, tesis y un largo etcétera donde se demuestran con hechos, datos y argumentos que el CIDE es un centro educativo de excelencia, plural, diverso, incluyente y, por encima de todo, universitario.

Una institución de nivel universitario — aunque el CIDE no es una universidad sino un centro de investigación y docencia que comparte casi todos los elementos que caracterizan a una universidad— es aquella que genera y transmite conocimientos, no opiniones baladíes, conocimientos. Una universidad es una institución de educación superior (más avanzada, compleja y especializada que la básica y la media), donde se forman personas profesionales en muchas y muy diversas áreas de estudio. El CIDE es una institución formada por la planta docente y el alumnado, a quienes se suma el personal administrativo, y entre todos tienen una producción académica sobresaliente, al igual que otros centros educativos de nivel superior en el país.

Esa producción siempre enriquece, siempre se debate, siempre evoluciona, siempre se revisa, siempre se cuestiona y siempre permite construir hipótesis nuevas, reinterpretar y replantear teorías, rebatirlas y reconstruirlas, ese es el método científico, esa es la manera como el género humano a podido conocer el universo, ha dimensionado el mundo, ha explorado los océanos y ha conocido su pasado. Esa es la manera como se ha ido avanzando, con tropiezos, con enormes equivocaciones, siguiendo caminos sin salida, superando creencias, mitos, fantasías y narrativas absurdas, mentiras y falsedades.

Y basta ver cualquier publicación del CIDE para darse cuenta que el esfuerzo por entender los problemas nacionales está presente, que cuenta con grupos colegiados de altísimo nivel, que está abierto a la pluralidad y que en ese Centro se escuchan diversas voces.

Y como esta sección es para compartir con ustedes el inmenso placer de la lectura, esta semana les sugiero un texto que integra 17 pequeños, pero interesantes ensayos, elaborados por periodistas, médicos, economistas, antropólogos, historiadores y analistas políticos. Se trata de “4T: Claves para descifrar el rompecabezas” coordinado por la Dra. Blanca Heredia Rubio, cuya casa de trabajo es el CIDE, y por el periodista y politólogo Hernán Gómez Bruera.

Desde el prólogo, elaborado por Jorge Zepeda Patterson, se percibe un esfuerzo por explicar, contextualizar, analizar, documentar y describir de una manera franca y anclada en la buena fe, los turbulentos tiempos que estamos viviendo, centrándose en temas como la pobreza, la economía, la seguridad pública, la corrupción y los derechos humanos, pasando además por el feminismo mexicano actual, la gobernabilidad, el trabajo y los salarios, la unidad de inteligencia financiera o el gasto social.

Muchas voces, todas críticas, pero que se caracterizan porque se esfuerzan en comprender, entender y explicarse qué es esa profunda transformación que estamos viviendo desde mediados de 2018. Un conjunto de artículos que reúnen muchas de las preguntas que nos hacemos quienes pensamos que se persigue un cambio de gran calado en México, que no está exento de incertidumbre, temores, contradicciones y errores, pero que sentará las bases para un México menos desigual, más incluyente y, quizá, finalmente justo.

Y dado que los artículos se pueden leer de manera independiente, les recomiendo que inicien con el de Blanca Heredia Rubio, sigan con el de Ana Laura Magaloni Kerpel o el de Viridiana Ríos, y no dejen de leer a Natalia Saltalamacchia Ziccardi, Violeta Vázquez Rojas Maldonado y Alejandra Leal.

Día 16 en los 16 días| Día Internacional de los derechos humanos

  • La igualdad es el corazón de los derechos humanos: Michelle Bachelet
  • La propagación de esta devastadora pandemia en 2020 ha puesto al descubierto nuestra incapacidad de consolidar los adelantos que habíamos alcanzado.

Redacción

Discurso de la alta Comisionada de Derechos Humanos en la ONU

SemMéxico, GINEBRA 10 de diciembre, 2021. – “Los dos últimos años han demostrado, de manera muy dolorosa, el costo inaceptable que entraña el aumento de la desigualdad. Una desigualdad que la Declaración Universal de Derechos Humanos, aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas hace 73 años, el 10 de diciembre de 1948, ha tratado de erradicar en su esfuerzo por allanar el camino hacia un mundo mejor.

En los decenios transcurridos desde entonces se han alcanzado progresos significativos -adelantos graduales, desiguales, con frecuentes retrocesos, pero progresos, al fin y al cabo-. El mundo en su conjunto se volvió más próspero y aumentó la longevidad de la población.

Creció el número de niños escolarizados y más mujeres pudieron alcanzar un mayor grado de autonomía. Más personas en más países tuvieron más oportunidades para romper las cadenas de la pobreza, la clase social, la casta y el género.

Pero en los últimos veinte años, desde 2001, una serie de crisis mundiales han socavado esos progresos. Y la propagación de esta devastadora pandemia en 2020 ha puesto al descubierto nuestra incapacidad de consolidar los adelantos que habíamos alcanzado.

Las desigualdades agravaron los efectos de la pandemia y lo siguen haciendo. A su vez, la pandemia ha inducido un terrible aumento de la desigualdad, lo que ha desembocado en tasas desproporcionadas de transmisión y mortalidad en las comunidades más marginadas, y ha agravado los niveles de pobreza, ha aumentado el hambre y ha reducido drásticamente los niveles de vida. A su vez, estos fenómenos podrían alimentar el resentimiento, los disturbios sociales e incluso los conflictos armados.

Entre los grupos de población más afectados por estas tendencias, figuran las mujeres, los trabajadores informales y los de bajos ingresos, los jóvenes y los ancianos, así como los miembros de minorías étnicas, raciales y religiosas, y los pueblos indígenas, lo que, a su vez, genera aún más desigualdades por motivo de edad, género y raza.

Las desigualdades se han acentuado tanto dentro de los países como entre unas naciones y otras; así, mientras se espera que las economías más avanzadas vuelvan a crecer en 2022, se calcula que los países de bajos ingresos seguirán en recesión, lo que hará que sus pueblos queden aún más rezagados.

Estas disparidades se han visto agravadas por flagrantes divergencias en la cobertura vacunal -el 1 de diciembre pasado, en las familias de bajos ingresos apenas el 8% de los adultos había recibido la primera dosis de la vacuna, en comparación en el 65% en los países de altos ingresos- así como por las deficiencias en materia de protección social, que en el mundo desarrollado mantuvo a flote a las personas durante los peores meses de la crisis.

En Europa, por ejemplo, según el FMI, al menos 54 millones de empleos recibieron apoyo oficial entre marzo y octubre de 2020, lo que evitó la quiebra de muchas empresas y personas. Asistencias de este tipo han estado mucho menos disponibles en otras regiones.

La crisis medioambiental se agrava por la discriminación, la marginación y la desigualdad. En 2020 se registró un total de 389 desastres vinculados al cambio climático, que causaron más de 15.000 muertes, afectaron a 98 millones de personas e infligieron daños económicos por valor de 171 mil millones de dólares estadounidenses. La migración vinculada al cambio climático también va en aumento. Las medidas orientadas a tratar estas crisis no han sido suficientes para evitar sus consecuencias devastadoras en términos de derechos humanos y las comunidades damnificadas suelen verse marginadas del proceso de toma de decisiones en materia de medio ambiente, precisamente ahí donde su aporte sería fundamental.

La crisis de la deuda va en aumento y ejerce gran presión sobre numerosos países. En el mundo entero, más de la mitad de los países menos adelantados y de bajos ingresos se encuentran ya gravemente endeudados o están a punto de estarlo. En África Oriental y Meridional, el costo del servicio de la deuda aumentó, en promedio, del 60% del PIB en 2018 al 70% en 2021. Este incremento se debió en parte a la súbita contracción de la actividad económica y a la caída de los precios de las materias primas. La necesidad de pagar el servicio de la deuda ha generado ya medidas de austeridad que limitarán el margen fiscal para inversiones esenciales en asuntos de derechos y en recuperación sostenible.

Los presupuestos basados en la austeridad suelen afectar a los sectores de educación y salud pública, las inversiones de infraestructura y los esfuerzos encaminados a reducir la pobreza. Esos presupuestos ejercen una repercusión desmedida sobre los grupos de población más vulnerables, con lo que incrementan las situaciones de desigualdad que ya eran muy severas.

Nos hallamos en una etapa crítica de los asuntos mundiales. La humanidad padece las consecuencias de la pandemia de COVID-19 y se esfuerza por hacer realidad los cambios radicales necesarios para prevenir nuevos desastres medioambientales.

Las medidas indispensables para evitar un cambio climático catastrófico ya son bien conocidas. Incluso en los contextos donde los recursos son escasos, disponemos del conocimiento y los medios para implantar medidas universales de protección social y emprender las acciones necesarias para erradicar la discriminación, fomentar el Estado de Derecho y defender los derechos humanos.

En el programa “Nuestra Agenda Común”, presentado por el Secretario General de las Naciones Unidas en septiembre de 2021, se insta a renovar la solidaridad entre los pueblos y con las generaciones futuras; a crear un nuevo contrato social fundamentado en los derechos humanos; a gestionar mejor los asuntos relativos a la paz, el desarrollo, la salud y el planeta; y a revitalizar el multilateralismo para hacer frente a los desafíos contemporáneos.

Esta es una agenda orientada a la acción y una agenda de derechos.

A fin de llevar a cabo este programa es preciso pasar de las medidas provisionales adoptadas durante la pandemia para apuntalar sistemas sanitarios y salvar empleos, a realizar inversiones a largo plazo en dispositivos generales de protección social -comprendida la cobertura de salud universal- así como en vivienda adecuada, trabajo decente y acceso a la educación de calidad. También es preciso invertir en medidas que nos permitan salvar la brecha digital.

Asimismo, sería necesario adoptar medidas enérgicas para defender la justicia climática y el derecho humano universal a un medio ambiente saludable.

Además, tendríamos que empoderar a la gente, en cualquier lugar del mundo, para que pudieran expresarse libremente y proteger el espacio cívico, de manera que las personas puedan participar de manera significativa en la adopción de decisiones que podrían tener una repercusión drástica sobre sus vidas.

La igualdad es fundamental para los derechos humanos y está en el eje mismo de las soluciones necesarias para que podamos superar este periodo de crisis mundial. Eso no quiere decir que todos debamos tener el mismo aspecto, pensar igual o proceder de la misma manera.

Más bien, todo lo contrario.

Significa que debemos asumir nuestra diversidad y exigir que todos seamos tratados de la misma manera, sin discriminación alguna.

La igualdad es cuestión de empatía y solidaridad, y también es cuestión de comprender que, en tanto que miembros de una sola humanidad, nuestro único modo de avanzar es trabajando juntos por el bien común. Este concepto se comprendió perfectamente en los años de reconstrucción posteriores a la Segunda Guerra Mundial -los años en los que se redactó la Declaración Universal de Derechos Humanos y se elaboró el sistema general de derecho internacional de los derechos humanos. Pero nuestro fracaso en reconstruir para mejorar tras la crisis financiera de la década pasada, unido a los trastornos sociales y económicos causados por la COVID-19 y las repercusiones cada vez más onerosas del cambio climático, indican que hemos olvidado la probada eficacia de las soluciones basadas en los derechos humanos y la importancia de abordar las desigualdades. Soluciones que debemos replantear si queremos mantener el progreso, no solo en beneficio de quienes padecen las enormes desigualdades que afligen a nuestro planeta, sino también en aras de nuestro bienestar común.

En este Día de los Derechos Humanos, les invito a todos a que aunemos esfuerzos para fomentar la igualdad para todos y en cualquier lugar, de modo que logremos recuperarnos de esta crisis de una manera más justa y más ecológica, y podamos construir sociedades más resilientes y sostenibles”.

Tras la puerta del poder| Premio Nacional de Periodismo para el Senado

 Roberto Vizcaíno     

SemMéxico, Cd. de México, 10 de diciembre, 2021.- En estos tiempos de oscurantismo, regresión y perfiles autoritarios recibir un Premio Nacional de Periodismo, y que este sea otorgado en reconocimiento a avances y logros en innovación, es sin duda algo que satisface el doble.

Así lo disfrutaron ayer tanto Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política como el periodista y comunicólogo Abelardo Martín, coordinador de Comunicación Social del Senado de la República.

Y es que ambos, y la institución que representan, fueron reconocidos por el Club de Periodistas con el Premio Nacional de Periodismo por su moderna y funcional plataforma digital de comunicación.

Una herramienta a la que acuden diariamente cientos de miles de internautas entre estudiantes, investigadores, ciudadanos comunes, empresarios, observadores políticos, funcionarios, y otros muchos en busca de información plural sobre noticias, declaraciones posicionamientos, iniciativas, leyes y perfiles de senadores y senadoras.

El Club de Periodistas consideró que esta plataforma surge de una conducción política y de comunicación social comprometida con la transparencia y los mayores avances digitales y de nuevas tecnologías de la información.

Ricardo Monreal indicó que esta plataforma se ha convertido en referencia de medios de comunicación e internautas, lo que se refleja en el crecimiento totalmente orgánico de seguidores de sus redes: Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Spotify y Telegram, los cuales suman ya más de un millón 300 mil.

MONREAL: NO SOY EL PREFERIDO, SOY EL IDONEO  

Sin duda eje de la mayor atracción mediática y política en la adelantadísima sucesión presidencial que vive México, el zacatecano Ricardo Monreal continuó ayer en ese juego en el que todos los días avanza y modela vía los medios informativos su perfil de pre-candidato efectivo, público, para la Presidencia de la República.

Ese juego implica ir día a día a un reto, desafío hacia Andrés Manuel López Obrador dentro una riesgosa danza discursiva que lo coloca al filo de la navaja con el mandatario más poderoso que haya tenido el país en décadas.

“Soy un socio y no un subordinado de López Obrador”, aclara para tomar distancia del voluntarismo del mandatario.

Y ya metido en eso, subraya que tampoco es una “corcholata” en ese juego de sucesión abierta por AMLO.

“Yo tengo dignidad”, afirma para exponer las condiciones de sumisión en que transitan Marcelo Ebrard y Claudia Sheinbaum dentro de este proceso sucesorio.

Y, en charla con Joaquín López Dóriga reconoce que tal como se han presentado y transitan las cosas en este proceso, no hay ni equilibrio ni “piso parejo” entre los aspirantes,

Cierto, dijo, hay “señales” que advierten que Claudia Sheinbaum es la preferida.

Pero considera que frente a eso él se sabe cómo el idóneo porque, explica, el Presidente sabe que no debe poner en riesgo el triunfo y la continuidad o continuación de un proyecto político que él encabezó en el 2018.

¿Será?

AGUILAR CASTILLO, ADELANTE…

Y ya que andamos en destapes adelantados, ayer se informó que, en un sondeo preliminar vía redes sociales en el Estado de México, quien salió muy muy adelante fue el diputado federal priísta y secretario de Organización del CEN tricolor, Ricardo Aguilar Castillo.

¡Cierto!, faltan dos años para esas elecciones, pero si la presidencial ya está abierta por qué no la gubernatura del Estado de México podría comenzar a ser analizada.

En ese sondeo Aguilar Castillo superó al panista Enrique Vargas, a la tricolor Ana Lilia Anzaldo, al ahora emecista Juan Zepeda y a los morenistas Higinio Martínez y Delfina Gómez.

A ver cómo llegan a la final.

 ….rvizcainoa@gmail.com / Twitter: @_Vizcaino / Facebook / https://www.facebook.com/rvizcainoa 

Mujer y poder| Una Buena Noticia: Defensa de la Transparencia Gubernamental

*Natalia Vidales de Bitterlin

SemMéxico, Hermosillo, Sonora, 10 de diciembre, 2021.- Esta semana hubo una buena noticia…entre tantas malas: el comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (el INAI), Oscar Guerra Ford, dio a conocer que el próximo lunes se interpondrá ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación una demanda de controversia constitucional en contra del  acuerdo presidencial que cataloga las obras prioritarias del gobierno como de interés público y de  seguridad nacional, y que ya se le conoce como el “decretazo” del mandatario López Obrador  (por su afán de gobernar a base de decretos unilaterales, en vez de conformidad con las leyes que pasan por el Congreso de la Unión y que determinan tanto las facultades del Poder Ejecutivo y del resto de los poderes, como de los derechos y obligaciones de los ciudadanos).  

Da gusto y esperanza saber que aún hay instituciones que velan por la legitimidad y que se disponen a ponerle un alto al autoritarismo presidencial.

El titular del Ejecutivo, López Obrador se ha quejado de que tanto organismos gubernamentales ( como el INAI), al igual que  empresas y ciudadanos en lo particular, han interpuesto una “cascada” (sic) de controversias constitucionales  y de amparos en contra de sus decisiones, como si eso fuera indebido cuando no solo es un derecho constitucional, sino que esas figuras fueron creadas precisamente para combatir los abusos y los desvíos del poder, como sucede en este régimen con tantos desatinos, el más reciente de los cuales es este “decretazo” que opacará los actos del gobierno,   denegará la rendición de cuentas a los ciudadanos y pasará por encima de los requisitos en materia de uso de suelo, de respeto a los derechos de los afectados, de impacto ambiental, etcétera, y los cuales el resto de los ciudadanos sí tendremos que seguir respetando, lo que se conoce como un régimen de excepción que prohíbe la ley.

Todo lo anterior –lo confiesa el Presidente– para terminar antes del final de su sexenio el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, y el aeropuerto de Santa Lucía, por citar a las más conocidas, como si eso fuera lo importante y no que las cosas se hagan bien y de cara a la población.    

Su objetivo, dice, no tiene nada que ver con la transparencia del recurso sino…agilizar la realización de sus obras. 

Pero resulta que millones de ciudadanos sufren las de Caín para lograr permisos y cumplir con los trámites necesarios y a ellos, claro, les gustaría también tener esos privilegios que pretende el presidente solo para la clase gubernamental que utiliza, además, dinero público. Dinero de todos los mexicanos que, de aceptarse la propuesta de López Obrador, no tendrán información ni transparencia en las obras que pretende catalogar como de ¨seguridad nacional¨.

De plano, como ya lo hemos comentado en otras ocasiones: ¡el presidente, cuando no puede pisotear la ley…!  busca cambiarla!, y, entonces no debió al tomar protesta como mandatario referirse a que cumpliría con la Constitución, sino que la cambiaría a su antojo o que gobernaría “por decreto” como en los regímenes autócratas y autoritarios (sin que sus decisiones pasen por el Congreso, curiosamente en el cual tiene mayoría, pero ni esa “molestia” parece querer tomarse). 

Afortunadamente, el funcionario del INAI le respondió fuerte y claro: el acuerdo no puede ser utilizado como fundamento para reservar información, lo que seguramente la Suprema Corte atenderá resolviendo en contra del Presidente, como ya van otros casos en que los magistrados le “dan palo” a los excesos del Poder Ejecutivo.

Las obras públicas deben tener transparencia total, desde su licitación hasta información del monto gastado y las especificaciones de las obras.

Los mexicanos tenemos derecho, por supuesto que lo tenemos, de conocer qué obras se realizan, cuánto se gasta, a quien se contrata, qué impacto ambiental tienen  y, claro, que se hagan bien, por especialistas y atendiendo al cumplimiento de todos los requisitos que puedan garantizar que las obras se construirán correctamente, entre otras cosas, para evitar que luego ocurran tragedias como las de la línea 12 del metro de la CDMX que, ahora se sabe, se debió en buena parte a la premura de terminarlas dentro de la administración  –en ese caso del hoy canciller Marcelo Ebrard–, como si eso fuera lo importante, para los ciu-da-da-nos, no para el lucimiento personal de los políticos.  

*Periodista sonorense con más de 30 años de ejercicio profesional.  Activista social, fundadora y directora de la revista Mujer y Poder. www.mujerypoder.com.mx Whats: 6621 441440.

Juego de Palabras| Una estrategia de doble vía

Yaneth Tamayo Ávalos

SemMéxico, Querétaro, Qro. 10 de diciembre, 2021.- Las relaciones de poder desiguales y la discriminación por razón de género, han jugado un papel importante en la composición de la sociedad y la democracia, ya que, han impedido la participación igualitaria de la mujer en el espacio público, retrasando con ello los objetivos de igualdad, desarrollo y paz que pudieran alcanzar.

Debido a este acceso limitado, países en pro de un futuro más igualitario, han adoptado estrategias alternativas para derribar las barreras estructurales, que impiden el desarrollo social e igualitario de las mujeres, esto mediante la llamada twin track approach o estrategia de doble vía, que consiste en llevar a cabo la transversalidad de la perspectiva de género a la par de acciones específicas a favor de la igualdad y la equidad.

Como las cuotas de género, licencia de cuidado de hijos, custodia compartida, prohibición de la prostitución, protección de la integridad física de las mujeres, cuotas en los programas de desempleo, fomento de la creación de negocios propios por las mujeres, flexibilización de horarios y organización de trabajo, entre otras.

La implementación a la par de la transversalización de género con acciones afirmativas, han resultado ser una medida excelente y efectiva para fomentar la representación y participación de las mujeres, pero sobre todo para garantizar una vida libre de violencia e igualitaria.

Ahora bien, qué sucede con México sí desde el 2011, las cuotas, las reformas y los programas en materia de género se han aplicado. Realmente existe un avance o los resultados solo son producto de la concesión de espacios.

Es innegable que, los logros en materia de género han contribuido decisivamente en la participación y representación de las mujeres, acelerando su inclusión en el ámbito público, lo que incluso ha generado políticas encaminadas a mejorar sus vidas.

Sin embargo, afirmar que los logros obtenidos se traducen en un gran avance sería embustero, ya que, si bien se ha logrado la obligatoriedad de espacios a través de cuotas, lo cierto es que, aún las mujeres siguen subrepresentadas y carecen de oportunidades.

Son las que ejercen los trabajos peor remunerados, ganan menos que sus pares, son violentadas física y sexualmente, e incluso, en el ámbito privado siguen siendo agredidas.

Lo que nos muestra que la implementación de acciones afirmativas resulta insuficiente, ya que, no pueden ser el único mecanismo utilizado para atender el problema de las desigualdades entre los hombres y mujeres, pues, su sola aplicación no elimina las barreras que las mujeres enfrentan.

De ahí que, se tenga que voltear a ver lo que hasta ahora han hecho las instituciones gubernamentales para garantizar la aplicación del modelo de transversalización de género en sus actividades y programas.

Situación que, en el caso mexicano ha existido una resistencia para aplicar dicho modelo, lo cual se ve reflejado en la forma en que están diseñados los planes de desarrollo tanto nacional como los estatales, los programas asistenciales, las políticas públicas y los trabajos legislativos.

Sin una mirada crítica para descubrir y tomar conciencia de las estructuras sociales y las desigualdades entre hombres y mujeres, resulta complicado llevar a cabo un cambio y por supuesto garantizar no solo la igualdad formal sino una igualdad sustantiva.

Que permita corregir la representación insuficiente de la mujer, la redistribución de los recursos y el poder, de modo que puedan disfrutar de sus derechos en igualdad de condiciones.

Así pues, es importante que se entienda que, las estrategias para alcanzar la igualdad deben estar sujetas a la transversalización de género y por ningún motivo pueden depender de los medios financieros existentes, ni deben estar condicionadas por la polémica ni la visión adoctrinada de los partidos políticos que compiten por una mayoría en el Parlamento ni por los que gobiernan en turno.

Para garantizar los derechos de las mujeres, se requiere una mirada crítica que permita realizar cambios institucionales y jurídicos que, fortalezcan las acciones afirmativas y hagan viable la transformación de una sociedad más justa y democrática.

La simple voluntad no basta para generar cambios.