• Se cumplieron nueve años de su asesinato ocurrido en Mérida
• El autor material, su exesposo, planeó todo desde un penal en Tabasco

Primera parte

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Mérida, 30 de marzo, 2026.- Hace nueve años, Ema Gabriela Molina Canto fue asesinada a las puertas de su casa en Mérida, Yucatán, el autor intelectual fue Martín Alberto Medina Sonda, su exesposo, quien fue señalado y sentenciado como autor material del feminicidio que orquestó desde un centro penitenciario en Tabasco.

Ema Gabriela “tenía un futuro prometedor”, era licenciada en Administración de Empresas, estudió dos maestrías y hablaba cuatro idiomas, “un diamante que muchas empresas buscaban”, y también era la madre de dos niñas y un niño.

Mi corazón ya me lo presentía, el de mi hija fue un feminicidio anunciado, con una larga ruta de violencia, dice su mamá Ligia Teresita Canto Lugo.

Su historia es la encarnación de la definición del feminicidio, como lo explicó en el año 2006 la investigación Violencia feminicida en 10 entidades de la República Mexicana, trabajo de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión desde la Comisión Especial para Conocer y dar seguimiento a las investigaciones relacionadas con los feminicidios en la República Mexicana que presidía entonces la académica y diputada Marcela Lagarde y de los Ríos.

“El feminicidio está conformado por el conjunto de hechos violentos misóginos contra las mujeres que implican la violación a sus derechos humanos, atentan contra su seguridad y ponen en riesgo su vida. Culmina en la muerte violenta de algunas mujeres. Hay infinidad de sobrevivientes. Se consuma porque las autoridades omisas, negligentes o coludidas con los agresores ejercen sobre las mujeres violencia institucional al obstaculizar su acceso a la justicia y con ello contribuyen a la impunidad. El feminicidio conlleva la ruptura del Estado de derecho ya que el Estado es incapaz de garantizar la vida de las mujeres, de actuar con legalidad y hacerla respetar, de procurar justicia, y prevenir y erradicar la violencia que lo ocasiona. El feminicidio es un crimen de Estado”.

El 22 de junio, Ema Gabriela iba cumplir 43 años, sin embargo, apenas tres meses antes, la mañana del 27 de marzo de 2017 a las puertas de su casa dos “mozalbetes” le arrebataron la vida, pero el conjunto de hechos violentos misóginos había empezado más de una década atrás.

Ligia Teresita Canto Lugo, madre de Ema Gabriela, acompañó cada una de las batallas legales que tuvo que emprender su hija cuando se rompió la vida tranquila de la pareja, porque Medina Sonda, dejó de ser un joven humilde, respetuoso, un exseminarista que acostumbraba a ir a misa cada domingo, para volverse un hombre codicioso y amante de las relaciones políticas que le aseguraban poder, mismo que utilizó cada día hasta terminar con la vida de Ema Gabriela.

Ambos se conocieron siendo estudiantes, se casaron en 2001, de Mérida se fueron a vivir a Tabasco, donde Medina Sonda se volvió socio de José Manuel Sainz Pineda, su compañero de estudios en una maestría, y quien entre 2007 y 2012 fue secretario de Administración y Finanzas del gobierno de Tabasco, con Andrés Granier. En años posteriores los tres resultaron implicados en desvío de recursos, malversación de fondos y lavado de dinero.

Ligia Teresita, la madre de Ema Gabriela tiene la mirada triste, sus ojos por momentos se vuelven un lago de agua salada, su cara se pone roja a ratos, sus dichos revelan emociones complejas cuando relata a SemMéxico esa historia que nunca deja de doler, una herida abierta por un sistema que no protegió a su hija, sus nietas, su nieto, ni a ella misma, explica.

El largo recuento, los detalles y calificaciones de gobernadores que fueron negligentes o hasta cómplices, candidatos que hicieron promesas, magistrados comprados, como jueces y juezas, fiscales o procuradores “todos tenían precio”, policías prepotentes, abogados -hombres o mujeres- que cobraban, pero no cumplían, sus rostros no los olvida están en su memoria, el recuento los incluye minuciosamente a lo largo de horas de conversación en los que van y vienen.

No es difícil de imaginar, incluso, una habitación de su casa cuyas paredes se formaron con bardas de papel foliado, son las carpetas de investigación, los amparos…testigos de la vida judicializada que por más de una década llevó Ema Gabriela y su madre.

Humillaciones y discriminación machista

Los problemas iniciaron muy pronto, cuando las visitas de la familia de Medina Sonda son recurrentes al departamento donde vivía la joven pareja. “Ahí empezaron las humillaciones, las descalificaciones porque no cocinaba bien, porque no planchaba adecuadamente y, sobre todo, porque no concebía hijos”, los roles y estereotipos machistas de una familia castigaron a Gaby.

Después de un tiempo, Ema Gabriela se embarazó, pero la gestación exigió cuidados ante una amenaza de aborto, en lugar de recibir cuidados, recibió más violencia, humillaciones y discriminación que se incrementaron por parte de la suegra y las cuñadas, pero también de su esposo.

La vida de mi hija se convirtió en una permanente búsqueda de aprobación, porque el amor se transformó en miedo, su mirada un llamado de auxilio; nada satisfacía a ese señor (Martín Alberto Medina Sonda), le revisaba hasta los tiques de compra y tenía cuestionamientos permanentes. “Martín Alberto nunca se destetó y por eso permitía el control de su madre”, dice a rajatabla Ligia Teresita.

En una calurosa tarde, frente a la Antimonumenta ubicada en el remate del emblemático Paseo Montejo, sentadas en una banca, ella recuerda las muchas veces que tuvo que levantarle el ánimo a su hija, pero eran tantas humillaciones, maltrato y discriminación que perdió la autoestima, su voluntad fue doblegada, estaba sometida, ya no era la misma joven entusiasta, soñadora, emprendedora que todo lo podía. Por el contrario, él, vivía un “un boom”, se había levantado de la noche a la mañana”.

Medina Sonda compró terrenos para cada una de sus hermanas, su mamá y su papá en Progreso, pero no para Ema Gabriela. Ese día, dice Ligia, frente a la playa, sentí que se le había caído la máscara y que mi hija no existía en esa familia, a pesar de que en esos días había nacido el niño, su segundo hijo.

La avioneta con ocho millones de pesos

En 2007, Ema Gabriela le cuenta telefónicamente a su mamá que “están pasando cosas raras”, Martín Alberto se ausenta constantemente, se lleva maletas y habla encerrado en una habitación para que nadie lo escuche. Además, de usar ropa muy cara y exigir que sus hijos también usen ropa cara. Le confiesa a su madre que tiene miedo por los cambios de su esposo. Porque cuando lo cuestiona, le responde que “es su dinero y que no se meta”.

En noviembre de 2007 se inundó Tabasco, Ema Gabriela no sabe nada de su esposo; está sola en la casa con sus hijos, el agua para beber está por terminarse y la comida también, toma el teléfono y llama a su madre, Ligia Teresita recibe la ayuda de sus compañeros de trabajo en una agencia de viajes, así puede traer a su hija y nietos a Mérida.

Al mismo tiempo en todos los medios se informa sobre una avioneta abandonada con ocho millones de pesos incautada por la Procuraduría General de la República y el Ejército mexicano. También se informa que el socio del secretario de Administración y Finanzas, es decir, Martín Alberto Medina Sonda, reclamó que el dinero era suyo y que sería empleado en la creación de empresas en Yucatán, Tabasco y otras entidades.

Ema Gabriela tiene preguntas sobre lo que hace su marido, al que ya desconoce. Finalmente, tras 15 días de ausencia Medina Sonda busca a su esposa e hijos. Lo cuestiona sobre lo que publicaron los medios y el riesgo que implica para la familia. Molestó intenta golpearla. Ligia recuerda que intervino, pero en consecuencia su hija empieza a sangrar, acuden al hospital y se dan cuenta que está cursando un tercer embarazo de alto riesgo. Pese a todo, la familia regresa a Tabasco donde permanecerá hasta que nace la bebé porque vuelve a Mérida.

Se instalan en una casa adquirida por Martín Alberto, quien además contrató a una niñera, Cristel, quien en realidad es una espía y servirá para reportarle todo lo que hace su esposa mientras se encuentra en Europa pretendiendo la nacionalidad española, además de realizar negocios con la Fundación Nexia.

Cuando Ema Gabriela se da cuenta del papel que desempeñaba la niñera, la despide. Cuando Martín Alberto regresa de su viaje contrata un chofer tabasqueño de nombre Andrés, y asigna una camioneta para que Ema Gabriela pueda trasladarse con los niños y nunca esté sola. Contrariamente, Martín Alberto no paga las colegiaturas y en varias ocasiones le cortan la luz de la casa por falta de pago.

Un padecimiento abdominal derivado de la última cesárea provoca que Ema Gabriela deba ser operada de manera urgente. Ligia llama a Martín Alberto quien asegura que no tiene dinero, Sin embargo, llega por la noche, el médico tratante le exige el pago y no le queda otra que liquidar la cuenta. En total, estima Ligia, estuvo 10 minutos en el hospital y se retira “encabronadísimo”.

Vivían en lugares diferentes, ocasionalmente llegaba a la casa para “dejar su ropa sucia y llevarse la limpia”. Entre la ropa, Grabriela encontró una fotografía en la que estaba con otra mujer. Le reclamó y también supo que ella vivía con él en Tabasco, incluso le compró una casa y las hermanas de Martín Alonso la llamaban “preciosidad”.

Acoso, violencia y mentiras

En Mérida la familia de su aún esposo entraba y salía de su casa y era común que las hermanas le robaran ropa y hasta los trastes de cocina, porque decían que “los había comprado su hermano”. Un día Martín Alberto le comunica que no volverá, Gabriela desea profundamente que así sea. Mientras se concretaba el divorcio la familia Medina Sonda la acosó durante largo rato, para ello se instalaron muy cerca de su casa en Mérida.

En algún momento, Martín Alberto empieza a llevarse a los niños los fines de semana, en aquellos días también empezó la violencia física contra Gabriela, pero también contra las niñas y el niño, quienes le suplicaban a su madre que no permitiera que se los llevara.

Ligia revela que alguna vez el niño regresó con la carita hinchada. Su hermana mayor dijo que los abuelos estaban hablando mal de su mamá, el niño trató de defender y uno de sus abuelos lo golpeó. Lo que hace Gabriela fue cambiar las cerraduras, la respuesta fue inmediata, le interpuso una denuncia por maltrato infantil. Con este proceso inicia también el acoso e intimidación de agentes de la entonces Procuraduría del Menor y la Familia en Yucatán de la que era titular Celia Rivas.

Gabriela había presentado una queja dos semanas antes, en donde las niñas y el niño afirman que su “mamita era buena” y que no les gustaba el comportamiento de su papá, quien con ayuda de su abuelo les hacían cosas “muy malas”. Atestiguan la dentista y la directora de la escuela. Pese a la denuncia premia y los testimonios de las profesionistas la denuncia en contra de Gabriela continuó. Finalmente, la Fiscalía General de Justicia de Yucatán considera que no hay elementos contra la madre por lo que se cierra la carpeta.

El procedimiento siguió porque durante cinco años, Medina Sonda interpuso cinco amparos, para entonces la ex procuradora del DIF, Celia Rivas ya es fiscal general de Yucatán.

La vida judicializada implicaba infinidad de gastos para Gabriela y su familia para el pago de abogados, además de consecuencias psicológicas y emocionales para su hijo e hijas y para ella misma.

Como después de todo ese tiempo no logró que inculparan a Gabriela por delito de maltrato infantil, establece una demanda de divorcio en la que expone las ventajas que tiene por contar con un empleo remunerativo, cosa que la madre no tiene y con testimonios falsos de quienes fungieron como niñera y chofer reiteran que hubo maltrato infantil. Entre las mentiras -dice Ligia- destaca la de Manuel, el chofer, quien aseguró que tenía que bañar a las niñas y al niño, sin embargo, Gabriela no entrar a la casa.

La juez familiar Sandra Beatriz Bermejo Burgos determina que la guarda y custodia es para la madre, aunque la decisión llegó varios meses después. Tiempo en el que Martín Alberto hizo demostración de su poder. Cada tanto se presentaba en la casa con el pretexto de ver a los niños acompañado del notario público Gonzalo Enrique Irabien Arcovedo. En alguna ocasión, recuerda Ligia que le pidió al profesionista que también hiciera constar que el papá no daba ni para las medicinas. La respuesta fue que estaba ahí porque “lo había contratado el señor”.

Demandas y amparos

En 2011, Martín Alberto Medina Sonda interpuso otra demanda, aduciendo que lo le permitían ver a sus hijos. Gabriela acude al Notario Público Irabien Arcovedo para pedirle copia de las actas que levantaba cada vez que iba a su casa acompañando a su cliente. Como en un principio se negó, Gabriela le advierte que lo va a denunciar, finalmente le entrega las copias, pruebas que favorecen a Gabriela por lo que el juez ratifica la guarda y custodia y establece dos horas de convivencia en determinados días a favor del padre en las instalaciones de la Procuraduría del menor y la familia.

Ema Gabriela generalmente llegaba acompañada de su mamá y de su papá a las convivencias. En alguna ocasión, Medina Sonda le advirtió a Ema Gabriela que la iba aplastar como una cucaracha.

En una de las convivencias, Ligia es testigo del robo de la placa de la camioneta de su hija por parte de un hombre, por lo que interponen una denuncia. En otra ocasión uno de los abogados de Medina Sonda acosa a Ema Gabriela y le dice que lo que le hace a su cliente lo va a pagar caro.

El 25 de mayo de 2012, mi marido y yo íbamos rumbo al juzgado para alcanzar a Gabriela, sin embargo, a la altura del parque de la colonia México, un grupo de policías armados interceptaron el vehículo de Gabriela, la bajaron por una supuesta detención. Ellos mismo le entregan al niño y las niñas a Medina Sonda quien se encontraba en otro vehículo. La niñera la amenazaron con una pistola. Por esos hechos, el niño se desmayó, pero a estas personas no les importó Gaby llamó a su mamá para decirle que la habían detenido.

Ligia Teresita cuenta que extrañamente a la misma hora de la detención y secuestro de los niños el abogado de Medina Sonda avisa que los tres pequeños no asistirán a la convivencia porque el juez, porque el juez otorgó la guarda y custodia al padre.

La detención de Gabriela

Gabriela fue detenida, llevada a la Fiscalía al frente de la cual estaba Celia Rivas -esta exfuncionaria es la actual presidenta de la asociación civil Luciérnagas (un grupo de empresarias), así como directora de una organización denominada “justicia y paz”-.

Gabriela es llevada a Tabasco donde es incomunicada. En el juzgado penal de esa entidad, le informan que acusa de retención indebida de la camioneta. Ella explica que intentó devolver el vehículo y que el padre de sus hijos se negó a aceptarla y por ese hecho contaba con un acta levantada por un notario público. Sin embargo, nadie tomó en cuenta su declaración.

Ligia, su esposo y los hermanos de Gabriela se trasladan a ese lugar. La madre recuerda que escuchó una conversación del juez:

«No, Rodolfo, no te preocupes, aquí la tengo en la rejilla. La señora no sale, de eso yo me encargo”. Rodolfo Campos Montejo, era entonces el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia en Tabasco, dice Ligia.

Efectivamente, Ligia puede ver a su hija en esa “rejilla” en el juzgado del centro de detención y comprueba que su hija estaba muy lastimada, golpeada y que le habían arrancado cabello a jalones, se le podían ver los huecos en la cabeza, se le veía muy mal. Gabiela le pide a su madre que busque a sus hijos.

Sus hijos habían sido entregados por la jueza familiar Sandra Beatriz Bermejo Burgos a Medina Mora.

SEM/sj

• “Muchas mujeres prácticamente no tienen tiempo para una vida personal porque están dedicadas al cuidado”, comentó la senadora por Zacatecas
• Lapobreza de tiempo ha sido también una barrera para garantizar derechos plenos a las mujeres

Redacción

SemMéxico, Ciudad de México, 30 de marzo, 2026.- Reconocer en la Constitución el derecho de todas las personas a cuidar, ser cuidadas, al autocuidado y a disponer de tiempo propio a través de una Política Nacional de Cuidados propuso la senadora Amalia García Medina, integrante del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano.

La legisladora por Zacatecas refirió que según datos del INEGI, el trabajo de cuidados equivale al 26 por ciento del Producto Interno Bruto. Esta actividad, agregó, representa una enorme carga para las mujeres.

“Independientemente de la clase social a la que pertenezcan, muchas mujeres prácticamente no tienen tiempo para una vida personal porque están dedicadas al cuidado. No es menor señalar que esta pobreza de tiempo ha sido también una barrera para garantizar derechos plenos a las mujeres”, comentó.

“Algunos datos lo muestran: las mujeres que tienen un empleo formal, en un alto porcentaje -alrededor del 70 por ciento- renuncian a él para dedicarse a cuidar. Renuncian a la posibilidad de autonomía económica para cuidar a sus hijas e hijos, a familiares enfermos, a personas adultas mayores o a personas con discapacidad”.

Refirió que este trabajo de cuidados no lo realizan solamente las mujeres adultas, sino también muchas niñas y adolescentes, lo que les impide acceder a la educación superior y a un desarrollo pleno en su vida.

En ese sentido, resaltó que para garantizar los derechos plenos de las mujeres se debe reconocer el valor del trabajo de cuidados, redistribuir estos cuidados entre el Estado, la sociedad, las empresas y las familias, así como reducir las jornadas excesivas dedicadas a estas tareas.

La iniciativa de la senadora de la Bancada Naranja propone incorporar al artículo 4° de la Constitución Política el siguiente texto: “Toda persona tiene derecho a cuidar, a ser cuidada, al autocuidado y disponer de tiempo propio. El Estado garantizará estos derechos a través de una Política Nacional de Cuidados, la cual establecerá las directrices generales para su debido ejercicio en condiciones de respeto de la dignidad de las personas”.

La iniciativa fue turnada a las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales; y de Estudios Legislativos.