Saúl Escobar Toledo

En memoria de

Luis de la peña Auerbach

SenMéxico, Cd de México, 20 mayo de 2026.-La Institución Brookings publicó hace unos días una investigación acerca de los hijos de migrantes cuyos padres han sido encarcelados en los últimos años en Estados Unidos. Consideran que “la administración Trump ha convertido la detención y la deportación en los ejes centrales de su política migratoria”. Y afirman que en estos momentos hay alrededor de 60 mil personas en prisión y casi 400 mil han sido recluidas dentro de Estados Unidos en centros a cargo de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) entre el 20 de enero de 2025 y el 9 de abril de 2026.

Muchos niños se han visto afectados por haber sido separados de sus padres. La mayor parte de las personas detenidas son adultos y padres de familia; se calcula que el 60% de las madres privadas de su libertad habían sido deportadas y el 17% permanecían bajo custodia de ICE. Brookings calcula que el número de niños que sufrieron  la captura de un progenitor suma  alrededor de 205 mil, y que 145 mil de esos menores son ciudadanos estadounidenses. De ellos, más de 22.mil han experimentado el arresto de los dos progenitores.

Una nota del diario El País, que cita la investigación de Brookings agrega que “desde que comenzó la ofensiva de Trump contra los migrantes, han circulado por las redes sociales y los medios de comunicación numerosos vídeos de escenas dramáticas de detenciones donde se ve a padres desesperados mientras son separados a la fuerza de sus hijos”.

La investigación advierte que “no existen datos confiables para saber cuántas personas apresadas o deportadas tienen hijos en Estados Unidos, ni qué sucede con esos niños una vez que su progenitor es puesto bajo custodia”. El Departamento de Seguridad Nacional (Departament of Homeland Security) informó que, para el año fiscal de 2025 habían sido detenidos 18, 277 padres de hijos estadounidenses, una cifra que los investigadores consideran sumamente inferior a la realidad. 

Los autores decidieron llevar a cabo un análisis alternativo. Con base en la cifra de 400 mil personas recluidas, estimaron que el número total de niños afectados por el arresto de un progenitor sería  de alrededor de 205 mil (nacidos fuera o en territorio de EU).

En lo que se refiere a los 147 mil niños que son ciudadanos estadounidenses, calcularon que sus padres, en su mayoría, son de origen mexicano, un 54% del total.  Aquellos de ascendencia guatemalteca representarían alrededor del 15%; de Honduras un 11%; de El Salvador 6%; y de Ecuador el 2%. De otros países de América Latina y el Caribe podrían ser alrededor del 8%. En cambio, los niños de padres provenientes de Asía apenas sumarían un 2%. 

La investigación también arrojó datos acerca de la edad de los niños que fueron separados de sus progenitores: el 37% tienen o tenían en el momento de la captura de uno o ambos padres, menos de 6 años; el 36% entre 6 y 12 años; y el 27% entre 13 y 17 años.

El lugar en que se encontraban esos 140 mil niños cuyos padres fueron detenidos se extiende a toda la Unión Americana, pero sobresale, con mucho, el estado de Texas, aunque destacan, igualmente, Nevada, Arizona, Utah y Wyoming. 

Lo más grave, señala la investigación, es que se sabe muy poco acerca de lo que ocurre con los hijos de las personas recluidas. Los niños indocumentados pueden enfrentar detención o deportación. Sin embargo, consideran que la mayoría de los niños son ciudadanos estadounidenses por lo que, en algunos casos, viajan al país de origen del padre deportado, pero  el gobierno no publica regularmente datos acerca del traslado de esos niños al extranjero. 

Frecuentemente, los menores se quedan con otro familiar, un amigo cercano o un hogar de acogida. Sin embargo, hay testimonios que dan cuenta de que esta solución pude ser trágica. El País relata que “el mes pasado se conoció que una niña de tres años había sufrido abusos sexuales en la casa de acogida que la recibió después de que su madre fuera deportada y mientras su padre, en reclusión en Estados Unidos, pasó meses reclamando que se la entregaran.

La mayoría de los padres prefiere no dar aviso a los servicios públicos de bienestar infantil, incluso si cuenta con opciones de cuidado deficientes. ICE ha publicado un folleto titulado “Padres detenidos y Tutores Legales, preguntas frecuentes” en el que “sugiere” que si un padre recluido sospecha que su hijo es víctima de maltrato o ha sido abandonado por la persona encargada del cuidado, puede denunciarlo a una autoridad estatal o llamar por teléfono a la “línea de Información y Denuncia de los Centros de Detención”. Si el padre o madre va a ser expulsado y sus hijos son ciudadanos de EE. UU., “ICE puede ayudarles a conseguir los formularios especiales para menores y obtener pasaportes de EE. UU”. Ahora bien, agrega el folleto, “si sus hijos no son ciudadanos, el padre debe notificar al oficial de ICE que está manejando su caso”, y llenar un formulario “documentando su solicitud de ser expulsado con su hijo”. 

Es decir, tanto las denuncias por maltrato como las peticiones de salir expulsados de Estados Unidos con sus hijos requieren que los padres proporcionen información acerca de sus familiares o amigos cercanos, seguramente la dirección del hogar y otros datos que los detenidos temen sean usados para ubicar a migrantes de origen latinoamericano y llevar a cabo más redadas. 

Además, ICE no contempla la posibilidad de que los niños se queden protegidos y seguros en territorio estadounidense, sin peligro de que también sean expulsados, aunque sean ciudadanos de ese país.

El desconocimiento de las autoridades estadounidense acerca de la situación de los niños separados de sus padres deja a muchos desamparados. Ni el gobierno ni la sociedad saben, con exactitud, cuantos niños han quedado completamente desprotegidos.

El estudio advierte que, en el futuro inmediato, las circunstancias seguramente van a empeorar. “El número de ciudadanos estadounidenses niños que enfrentan la amenaza de separación familiar es mucho mayor que los aproximadamente 145,000 que se estima la han experimentado hasta ahora durante esta administración. Se calcula que hay 13 millones de adultos indocumentados o con un estatus migratorio precario con protección solo parcial. Sus familias incluyen a más de 4.6 millones de niños estadounidenses que viven con un progenitor en riesgo de deportación, incluidos aproximadamente 2.5 millones que, en el peor de los casos, podrían enfrentar el arresto de los dos padres que viven con ellos en el hogar.”

La investigación concluye que “Cuando detenemos o deportamos a los padres de un niño, la nación tiene una obligación clara de reconocer, contabilizar y salvaguardar el bienestar de ese niño.”. Pero esto no está sucediendo y, por el contrario, Washington y varios gobiernos estatales prefieren ignorar el asunto. 

De acuerdo con la secretaria de Relaciones Exteriores de México, el gobierno ha condenado oficialmente las políticas de separación familiar y ha intervenido activamente para lograr la reunificación y repatriación de los niños mexicanos afectados. Los consulados mexicanos fungen como el primer punto de contacto y proporcionan orientación y asesoría para la repatriación segura del menor a México. Sin embargo, no pueden regularizar la situación migratoria de los niños, ni representarlo legalmente en procedimientos judiciales en EE. UU. Además, no se conoce un informe detallado de los asuntos en que han intervenido.  

Niños y niñas radicados en Estados Unidos, la mayoría ciudadanos de ese país, están siendo víctimas de un drama: su separación de uno o ambos padres, resultado, principalmente, de una política racista claramente dirigida a familias “latinas”. Un saldo trágico de la guerra que Trump ha desatado en su propio territorio con el pretexto de frenar la migración indocumentada.  

saulescobar.blogspot.com

En el centenario de su nacimiento (24 de mayo) conviene valorar sus lecciones de periodismo.

Luis Castro Obregón

SemMéxico, Cd. de México, 20 de mayo, 2026.- El periodismo de investigación de Manuel Buendía (1926-1984) develó durante años la constelación de fuerzas que operaban en las sombras del Estado mexicano.

A diferencia de otros periodistas de su tiempo, no se conformó con registrar escándalos aislados ni con describir la superficie del poder; su trabajo consistió en identificar las conexiones profundas entre actores que, en apariencia, pertenecían a esferas distintas: agencias de inteligencia extranjeras, organizaciones ideológicas clandestinas, élites políticas y estructuras criminales emergentes.

En el centenario de su nacimiento (24 de mayo) conviene valorar sus lecciones de periodismo.

Uno de los ejes más audaces de su investigación fue la presencia de la Agencia Central de Inteligencia en México. Buendía desmontó la idea de una relación bilateral limitada a la diplomacia formal.

Documentó un entramado de operaciones encubiertas que utilizaban el territorio mexicano como plataforma de vigilancia y control sobre América Latina.

Sus hallazgos apuntaban a una doble dimensión: por un lado, la observación de movimientos de izquierda en la región; por otro, la capacidad de influir, directa o indirectamente, en decisiones del aparato estatal mexicano.

Buendía no hablaba en abstracto. Nombraba agentes, describía mecanismos, reconstruía rutas de operación. Señalaba cómo ciertas investigaciones académicas o proyectos de cooperación podían funcionar como fachadas para actividades de inteligencia, y advertía sobre la vulnerabilidad de la soberanía nacional frente a estas dinámicas.

Ese cuestionamiento se entrelazaba con otro de sus frentes de investigación: el resurgimiento de organizaciones de ultraderecha con vínculos internacionales.

Su trabajo sobre “Los Tecos”, en la Universidad Autónoma de Guadalajara, mostró una estructura que operaba bajo lógicas de sociedad secreta, con ritos de iniciación y conexiones con la Liga Mundial Anticomunista. Buendía describió cómo la educación, la religión y la política se convertían en trincheras de una guerra ideológica que se libraba en redes cerradas y disciplinadas.

Las investigaciones revelaban una realidad inquietante: la cercanía de estos grupos a sectores formales del poder. Buendía documentó flujos de financiamiento, afinidades políticas y puntos de contacto con actores del Partido Acción Nacional y con jerarquías de la Iglesia católica.

No se trataba de acusaciones ligeras, sino de una advertencia sobre la posibilidad de que proyectos profundamente antidemocráticos encontraran cauces de influencia en instituciones legítimas.

Esa capacidad de sostener sus revelaciones descansaba en un elemento fundamental: el archivo. En su oficina, Buendía construyó uno de los sistemas de documentación privada más sofisticados de su tiempo. Lejos de la intuición, de la filtración o del golpe de suerte, su trabajo se apoyaba en la recolección sistemática de datos, en la elaboración de fichas, en el seguimiento de trayectorias personales y en la identificación de redes de poder.

Cada nombre, vínculo o antecedente era registrado y cruzado con otras fuentes, en una lógica que hoy reconoceríamos como inteligencia de datos aplicada al periodismo.

Este “periodismo de archivo” no solo elevó el estándar de la investigación en México; lo blindó. Frente a un entorno donde el desmentido oficial era una herramienta recurrente de control, Buendía construyó textos prácticamente inexpugnables, sostenidos por capas de verificación y corroboración múltiple.

La “ética de la síntesis” fue otra de sus aportaciones clave: la capacidad de traducir tramas densas en piezas breves, legibles y contundentes, capaces de impactar tanto a especialistas como a lectores comunes. Todo sin perder complejidad ni rigor periodístico.

Sus últimas investigaciones apuntaban hacia la consolidación de estructuras del narcotráfico con protección política. El 30 de mayo de 1984, esa línea de indagación se interrumpió con su asesinato en pleno centro de Ciudad de México. La implicación de José Antonio Zorrilla Pérez, entonces titular de la Dirección Federal de Seguridad, evidenció el grado de descomposición de una institución encargada de proteger al país.

El impacto de su homicidio fue inmediato. En el gremio periodístico se rompió la idea de que la notoriedad ofrecía algún tipo de resguardo.

A la distancia, el centenario de Buendía obliga a releerlo. La discusión sobre la injerencia extranjera, la persistencia de grupos ideológicos radicales y la corrupción no pertenece al pasado.

Buendía fue un cartógrafo de las zonas oscuras del poder. Recordarlo hoy exige al periodismo verificar sin concesiones, documentar con rigor las interconexiones entre instituciones y actores, cruzar fuentes oficiales y no oficiales hasta construir una verdad que perdure frente a la desinformación.

Lecturas sugeridas: “La CIA en México” y “Ejercicio Periodístico” de Manuel Buendía (FMB).

Escritor y periodista. Originalmente publicado en El Financiero, 19 de mayo 2026