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Una brújula para la convivencia escolar en el regreso a clases

  • Muchas incógnitas y pocas certezas en el regreso a clases  ¿Qué desafíos académicos y principalmente, humanos– nos aguardan?
  • ¿Podremos conducir la convivencia en el aula virtual o presencial sin vernos rebasados por la circunstancia?

María Cecilia Fierro Evans*.

SemMéxico, Cd. de México, 27 de julio, 2021.- Muchas incógnitas y pocas certezas en el regreso a clases  ¿Qué desafíos académicos y principalmente, humanos– nos aguardan?

¿Cómo las situaciones personales y familiares vividas en pandemia han marcado la vida de nuestros nuevos alumnos? ¿Podremos conducir la convivencia en el aula virtual o presencial sin vernos rebasados por la circunstancia?

Para situar la discusión…

Las políticas públicas en México alrededor de la convivencia y la prevención de violencia –del Programa Escuela Segura (PES 2007) a la fecha– han estado orientadas bajo un enfoque de seguridad pública. Esto es, centradas en el combate al crimen organizado y la delincuencia, en imponer el orden y el control y focalizando los comportamientos disruptivos de los estudiantes. Esta impronta inicial del PES ha permanecido, si bien en periodos de gobierno subsiguientes se incorporaron otro tipo de estrategias. Por ejemplo, el Programa Nacional de Convivencia Escolar (PNCE 2017), representa una amalgama de medidas con diversas lógicas e integra tanto medidas punitivas como estrategias formativas orientadas al desarrollo socio-emocional de los estudiantes.

En la vida diaria de las escuelas, estas directrices se expresan en un conjunto de protocolos y reglamentos que definen las acciones a seguir en casos de delitos, faltas graves y faltas leves. En cada escuela de nivel básico opera un “órgano de convivencia”, que es el responsable de definir, en situaciones específicas, si una situación se cataloga como “conflicto o violencia”. La falta de criterios para analizar situaciones y ponderar los posibles cursos de acción más conducentes para resolver en lo inmediato, es uno de los problemas que enfrentan estos equipos. Hay tensión e incertidumbre alrededor de las decisiones que se toman, ya que éstas tienen consecuencias tanto para los estudiantes involucrados, –suspensiones, expulsiones–, como para directivos y docentes quienes pueden enfrentar consecuencias laborales por omisión.

Un diálogo necesario…

En este contexto, la solicitud recibimos la solicitud para elaborar un Modelo teórico para Atender, Prevenir y Erradicar la Violencia Escolar,[i] ofreció un espacio para el diálogo entre las políticas públicas y los aportes de la investigación en convivencia.

La primera toma de posición fue ratificar la importancia de mover el centro de atención desde un enfoque de seguridad pública, hacia uno de seguridad humana,[ii] el cual se propone crear condiciones para establecer una conviven­cia escolar democrática y respetuosa de los derechos de los miembros de la comunidad educativa, cuestionando la visión de que la violencia es principalmente un fenómeno interpersonal, para asumirla como un problema estructural que contempla a la institución escolar en su totalidad. Así, propusimos un Modelo de Convivencia que contemple la prevención de la violencia.

Tres niveles de actuación para construir la Convivencia

Atendiendo los niveles propuestos de Atención, Prevención y Erradicación de la violencia escolar, los renombramos con el énfasis de construir la convivencia: El primer nivel de Contención, conocido en los documentos de política pública como Atender la violencia escolar, refiere a la respuesta inmediata de parte de la autoridad, ante las situaciones que alteran la convivencia.

El segundo llamado Resolución de los Conflictos, corresponde al de Prevenir la violencia en las escuelas. Se orienta a promover el desarrollo de capacidades y de habilidades para enfrentar de manera constructiva los conflictos inherentes a la vida escolar.

El tercero corresponde al de Transformar las Prácticas Pedagógicas y de Gestión, el cual sienta las bases para la construcción de una paz duradera en las escuelas; de ahí que equivale a Erradicar la violencia en el espacio escolar mediante la aplicación de prácticas de inclusión, de equidad y de participación.

Los espacios o ámbitos de intervención que contempla el Modelo son: (a) Pedagógico-curricular referido a las prácticas docentes con el grupo de clase. (b) Organizativo-administrativo, que alude a las prácticas de gestión institucional, y (c) Socio-comunitario, relativo a la participación de padres y madres de familia, como de otros miembros e instancias de apoyo a la escuela. Se reconoce así que construir la convivencia involucra a la comunidad escolar en su conjunto.

Una brújula para orientar las prácticas pedagógicas y de gestión

El Modelo se basa en un concepto de convivencia entendida como los procesos y resultados de los esfuerzos por construir una paz duradera entre los miembros de la comunidad escolar, a partir de prácticas pedagógicas y de gestión: inclusivas, equitativas y participativas que aborden de manera constructiva el conflicto.[iii]

¿Qué implica tener presente?

1) Reconocer que la violencia directa que se experimenta en las escuelas, es la manifestación visible de violencias de orden estructural y cultural, como lo señala el “triángulo de las violencias” de Galtung.[iv]

2) Saber que hay dos conceptos muy valiosos para orientar la actuación al interior de la escuela: paz negativa o efímera y paz positiva o duradera.[v] La paz efímera alude a los esfuerzos por promover la ausencia de violencia directa, pero sin atender las causas que la generan. En cambio, la paz duradera implica además de contener la violencia directa, atenuar en lo posible las consecuencias de la violencia estructural, así como cuestionar y erradicar la violencia cultural, es decir, las creencias que justifican la violencia estructural y la violencia directa.

3) Requerimos tener presente que construir la paz duradera no significa que desaparecen los conflictos en la escuela, ya éstos son inherentes a la vida social en general, pero es posible abordarlos de una manera constructiva.

4) Es indispensable hacer la distinción entre conflicto y violencia. Atender de manera oportuna y adecuada los conflictos hace posible llegar a una resolución no violenta de los mismos. Sin embargo, cuando se enfrentan de una forma inadecuada, tarde o temprano darán lugar a formas de violencia directa.

5) La paz duradera en las escuelas implica, en última instancia, trabajar en favor de una mayor justicia social en nuestras escuelas. Fraser propone un modelo para la justicia social en sociedades contemporáneas, el cual es adaptado, desde la pedagogía, como inclusión (reconocimiento), equidad (redistribución) y participación (representación).[vi]

6) Un Modelo de Convivencia se ocupa de revisar las prácticas pedagógicas y de gestión en función de atender necesidades y valorar las diversas identidades de nuestros estudiantes (inclusión). Reconocer sus esfuerzos y propiciar dinámicas de colaboración que reduzcan las brechas de desempeño entre estudiantes (equidad). Darles voz para que expresen necesidades, propuestas y aprendan a resolver en conjunto situaciones que les afectan (participación). Apoyar además el desarrollo de capacidades para mediar los conflictos. Y atender, además de lo reglamentado, a través de medidas formativas, las faltas leves y graves que se cometan en la escuela:

¿Qué estamos haciendo para construir la convivencia?


Iniciamos comentando los grandes desafíos humanos que nos aguardan en el regreso a clases. Responder qué hacemos por la convivencia implica revisar desde la base de la pirámide[vii] cuáles son las acciones pedagógicas que llevamos a cabo para reconocer en qué circunstancia personal llegan nuestros estudiantes, haciendo del grupo una red solidaria de apoyo mutuo. Identificar las situaciones de rezago académico, para atenderlas sea vía tutorías entre pares u otras estrategias colaborativas. Crear espacios de participación orientados a recuperar los intereses e ideas que alimenten el gusto por aprender entre nuestros alumnos.

Allí está el trabajo de fondo. La educación socioemocional desarrolla capacidades que ayudan en la comunicación y el manejo de conflictos. Y sí, cuando haga falta, acudir a reglamentos y protocolos cuando sea necesario. La experiencia de docentes y escuelas mexicanas en entornos de violencia, indica que este es un camino posible y satisfactorio.

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Referencias:

Carbajal, P. y Fierro, C. (2020). Modelo de Convivencia para Atender, Prevenir y Erradicar la Violencia Escolar. México: Universidad Iberoamericana León-Secretaría de Educación de Guanajuato.

Carbajal, P. (2016). Educación para una convivencia democrática en las aulas. Tres dimensiones pedagógicas para su análisis. En N. Tello y A. Furlán (eds.). Violencia Escolar: aportes para la comprensión de su complejidad. México: UNAM/SUIVE, pp. 52-81.

Carbajal, P. (2018). Building democratic convivencia (peaceful coexistence) in classrooms. Case studies of teaching in Mexican public schools surrounded by violence. Tesis doctoral. Ontario Institute for Studies in Education, Universidad de Toronto. Recuperado de http://hdl.handle.net/1807/89835

Fierro-Evans, C., y Carbajal-Padilla, P. (2019). Convivencia Escolar: Una revisión del concepto. Psicoperspectivas, 18(1), 1-14. https://www.psicoperspectivas.cl/index.php/psicoperspectivas/article/view/1486

Fraser, N. (2003). Social justice in the age of identity politics: Redistribution, Recognition and Participation. En N. Fraser y A. Honneth. Redistribution or recognition? A political philosophical-exchange (pp. 7-109). London, New York: Verso.

Galtung, J. (1969). Violence, Peace, and Peace Research. Journal of Peace Research, 6(3), 167-191.

Galtung, J. (1988). Sobre la Paz. Barcelona: Ed. Fontamara

Galtung, J. (1990). Cultural Violence. Journal of Peace Research, 27(3), 291-305.

Galtung, J. (2013). Conflict Transformation by Peaceful Means (The Transcend Method). En J.

Galtung y D. Fischer. Johan Galtung, pioneer of peace research (pp. 59-70). Heidelberg, New York, Dordrecht, London: Springer.

Magendzo, Abraham, Toledo, María, Gutiérrez, Virna (2013) “Descripción y análisis de la Ley sobre Violencia Escolar (Nº20.536): dos paradigmas antagónicos” Estudios pedagógicos, vol 39, num. 1. pp. 377-391. http://dx.doi.org/10.4067/S0718-07052013000100022.

SEP (2017). Programa Nacional de Convivencia Escolar. Protocolos para la detección, prevención y actuación en situaciones de abuso sexual infantil, acoso escolar y maltrato en las escuelas de educación inicial y básica para el estado de Guanajuato. México: Secretaría de Educación Pública. http://www.seg.guanajuato.gob.mx/AConvivir/Paginas/dctos/Protocolo/Protocolo_Guanajuato.pdf

[i] La invitación llegó de la Coordinación Transversal para la Convivencia y la Cultura de la Paz de la Secretaría de Educación de Guanajuato. [ii] Ver: Magendzo, Toledo y Gutiérrez, 2013. [iii] Ver: Fierro y Carbajal, 2019. [iv] Ver: Galtung,1988, 1990, 2013. [v] Ver: Galtung, 1969. [vi] Ver: Fraser, 2003 y Carbajal, 2016, 2018. [vii] Ver: El triángulo del Modelo de Convivencia para Atender, Prevenir y Erradicar la Violencia Escolar de Carbajal y Fierro (2020) que ilustra este artículo.

*Integrante de Mujeres de la Red de Educación, MUxEd, es académica numeraria de la Universidad Iberoamericana León. Se interesa por las prácticas docentes, la gestión directiva, y el estudio de comunidades escolares comprometidas con el aprendizaje y la convivencia democrática en entornos vulnerables

Latinoamérica: Afrofeministas, unidas en la historia y la resistencia

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Por Lirians Gordillo Piña

SemMéxico/ SEMlac. La Habana, Cuba. 27 de julio de 2021.- La vida de las mujeres negras y mestizas de América Latina y el Caribe expresa una historia común de discriminación, resistencias y aportes sociales.

«No me di cuenta de que era negra hasta que fui a la escuela y mis maestros y compañeros me decían negra con desprecio, de una manera racista y discriminatoria», recuerda Massay Crisanto, de Honduras.

Crisanto fue una de las participantes en el panel «Mujeres negras: resistiendo para vivir. Marchando para transformar», organizado por la Marcha Mundial de las Mujeres (MMM) en Brasil.

La MMM es un movimiento mundial que reúne a colectivos y organizaciones feministas y de mujeres de todo el mundo. Fundada en 1996, la organización declara su lucha contra el patriarcado, la violencia contra las mujeres y la pobreza que genera el capitalismo.

El panel, transmitido en las redes sociales digitales, se dedicó al Día Internacional de la Mujer Afrolatina, Afrocaribeña y de la Diáspora que se celebra el 25 de julio. Desde 1992 se conmemora la fecha para llamar la atención sobre las realidades de las mujeres afrodescendientes, su historia y la necesidad de promover políticas públicas que ayuden a mejorar su calidad de vida y a erradicar el racismo y la discriminación.

Las participantes en el encuentro virtual reconocieron una historia de discriminación común que se ha expresado en las violencias sobre sus cuerpos, la expropiación de sus territorios, la explotación laboral y la invisibilización de sus aportes a lo largo de la historia.

«A esto se une el encarcelamiento de los hombres negros, el exterminio de la juventud negra y la hipersexualización de las mujeres negras. Prácticas que se mantienen hoy. Las balas perdidas encuentran siempre los mismos cuerpos, que son, en general, los de nuestros hijos», afirmó Juliana Mittelbach, de Brasil.

Mittelbach es enfermera, coordinadora de la Red de Mujeres Negras del Estado Paraná e integrante de la MMM. Durante su intervención, denunció la complicidad entre colonialismo, racismo, capitalismo y patriarcado.

«El capitalismo es un sistema que explota al pueblo y que tiene en su raíz el mantenimiento de las desigualdades con la explotación, la desvalorización, la aceptación y naturalización de la historia de esclavización. Por tanto, la población negra es una población subvalorada y puede estar en el mercado de reserva, en los peores lugares de trabajo», dijo la activista.

A partir del reconocimiento crítico de esta realidad, la MMM apuesta por una lucha interseccional contra todas las opresiones. A decir de Mariana Lacerda, de la MMM en Brasil, «no podemos darnos el lujo de renunciar a ninguna de estas luchas».

«Tenemos que intervenir en la actividad cotidiana combatiendo el racismo, en la búsqueda de una vida digna a partir de políticas públicas que puedan promover la igualdad racial. Tenemos que buscar un proyecto de sociedad antipatriarcal, antirracista y anticapitalista. Ese es el gran desafío, tener que actuar en todos esos frentes asegurando la supervivencia, a la vez que luchamos por un nuevo proyecto de sociedad», agregó Mittelbach.

Cuba, entre la historia y la transformación

La filósofa Analoy Lafargue compartió avances y desafíos de las mujeres afrodescendientes en Cuba, en representación de la Federación de Mujeres Cubanas (FMC).

Lafargue reconoció la fortaleza de contar, desde 1961, con una organización de mujeres para impulsar la igualdad de género y la emancipación de las cubanas, a la vez que identificó vacíos y desafíos para las afrodescendientes en la nación del Caribe.

Las políticas a favor de la igualdad de género en el país impactaron positivamente en las afrocubanas, pero las investigaciones han develado que la pobreza en Cuba tiene rostro de mujer negra; ellas son mayoría entre las madres solteras jefas de hogar; están sobrerrepresentadas en el sector informal de la economía y enfrentan problemáticas como el embarazo adolescente.

Frente a estos problemas, la máster en Estudios Caribeños identificó, como una contribución, la existencia de afrofeminismos en el país y convocó a realizar acciones específicas en función de la diversidad de experiencias y realidades que viven las mujeres cubanas.

Lafargue destacó la necesidad de socializar la historia de lucha de las mujeres negras de los siglos XIX y XX. Propuso crear espacios de reflexión para generar conciencia racial y de género, de sororidad y empatía ante las diferencias y con compromiso social responsable.

En particular, planteó como un reto actual «representar con voz activa, agenda propia y articulada con la lucha antirracista, las necesidades emergentes de las mujeres afrodescendientes».

Necesitamos romper con la visión institucional de que todas las mujeres somos iguales, dijo.

«Sí, ‘somos iguales ante la ley, no iguales ante la vida’. Ello significa romper las barreras ideológicas de lo común heredado de la sociedad occidental, muy bien asumido por las sociedades occidentalizadas negando la realidad de sociedad fragmentada en la que hemos sido constituidos», reflexionó la activista cubana.

En Cuba existen el Programa Nacional contra el Racismo y toda discriminación, y el Programa Nacional para el Adelanto de las Mujeres, dos plataformas gubernamentales que, según la especialista, son fundamentales para luchar contra las desigualdades desde la interseccionalidad.

«Desde la imbricación comprometida y responsable de las plataformas nacionales creadas para hacerle frente al racismo, las discriminaciones y todas las formas de la violencia, con el acompañamiento del Estado y gobierno cubanos, las mujeres afrodescendientes con provecho de nuestras facultades podremos, en mayor o menor medida, enfrentar los desafíos históricos, sistémicos, sistemáticos, estructurales y emergentes que problematizan y condicionan nuestras vidas», concluyó la activista.

Cuba: Edad del matrimonio en la mira de legislación de familia

Por Dixie Edith

SemMéxico/ SEMlac. La Habana, Cuba. 27 de julio de 2021.-   A las puertas del proceso de consulta y aprobación de un nuevo Código de las Familias en Cuba, legislar acerca de la edad mínima para contraer matrimonio se ha convertido en eje de múltiples debates protagonizados por especialistas del Derecho, la Psicología y otras ciencias sociales.

Un criterio de consenso es que la nueva legislación debe eliminar la autorización excepcional a las niñas para casarse -con permiso parental-, a partir de los 14 años de edad y a los varones a partir de los 16.

Más allá de la naturalización de estereotipos machistas que implica que esa excepcionalidad sea menor en dos años para el caso de las muchachas, la dispensa también arrastra implicaciones para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos.

«La nueva legislación de familia debe eliminar esta excepcionalidad por completo o aprobar el matrimonio a los 16 años para ambos sexos, estableciendo como requerimiento una autorización judicial», explicó a SEMlac Leonardo Pérez Gallardo, presidente de la Sociedad Cubana de Derecho Civil y de Familia.

El Código de Familia vigente en el país caribeño, aprobado en 1975 como Ley.1289, establece en su Artículo 3 que pueden «formalizar el matrimonio la hembra y el varón mayores de 18 años de edad».

Sin embargo, también dispone que ambos padres o tutores legales -o uno de ellos, en caso de fuerza mayor– tienen autoridad para «autorizar excepcionalmente y por causas muy justificadas» la formalización de la unión en menores de esa edad, «siempre que la hembra tenga por lo menos 14 años cumplidos y el varón 16 años, también cumplidos».

Tal facultad pueden ejercerla también abuelas o abuelos -maternos o paternos-, siempre otorgando preferencia a quienes convivan con la muchacha o muchacho.

De historias y cifras

Lisania Ruíz tiene 19 años y vive con su tía desde poco después de cumplir los 15, cuando salió embarazada y sus padres casi la obligan a casarse.

«Pasó cuando estaba terminando la secundaria; tenía un novio mayor que yo y salí embarazada. Cuando se lo dije, él estaba mudándose para empezar la universidad en otra provincia y no quiso saber nada más de mí. Mis padres se pusieron muy mal y decidieron casarme con un compadre de ellos que vivía en el campo», narró Ruíz a este servicio.

La muchacha, nacida en Sibanicú, un pueblo situado a medio camino entre las provincias de Camagüey y Las Tunas, a más de 550 kilómetros de la capital de la isla, pidió auxilio a una tía materna, quien desde hacía ya varios años se había mudado para La Habana.

«Mi tía me fue a buscar, discutió fuerte con mis padres y me trajo con ella. Pude hacerme el aborto casi por los pelos, porque ya tenía varias semanas de embarazo; terminé un técnico medio en informática y ahora voy a empezar Comunicación Social en el curso por encuentro. Con mi mamá hablo a veces, pero mi padre nunca más ha querido ni saber cómo estoy», detalló Ruíz.

Esta muchacha estuvo a punto de engrosar la cuenta de las cerca de 5.000 adolescentes menores de 18 años que se casaron entre 2014 y 2019, según datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (Onei).

Solo en ese último año se registraron 918 matrimonios de jóvenes entre 14 y 17 años, muchos de ellos con parejas bastante mayores. Por solo citar un ejemplo, en 11 de los casos los hombres tenían más de 50 años.

Especialistas advierten que las uniones tempranas esconden otras desigualdades vinculadas con los desequilibrios de poder al interior de la pareja, provocadas muchas veces por grandes diferencias de edad.

La última edición de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (Mics), realizada en 2019 por el Ministerio de Salud Pública con apoyo del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), arrojó que 6,2 por ciento de las mujeres entre 15 y 49 años se había casado o unido antes de los 15 años.

Mientras, otras investigaciones han constatado la persistencia también de uniones tempranas no legalizadas, muchas veces relacionadas con embarazos prematuros, según confirmó la psicóloga Matilde Molina Cintra, subdirectora del Centro de Estudios Demográficos (Cedem), de la Universidad de La Habana.

En opinión de Pérez Gallardo, «las uniones consensuadas en estas edades suponen un desafío extra» para la nueva legislación de familia. Se trata de uniones no registradas y fuera del alcance de la ley.

Entre las propuestas que debe incorporar el nuevo Código se incluye el reconocimiento legal de la unión de hecho. A juicio del experto, aunque los menores de edad tampoco podrán legalizar uniones de hecho con valor jurídico como alternativa al matrimonio, porque para cumplir el requisito deben demostrar dos años de convivencia luego de los 18, urge seguir trabajando en disminuir las uniones informales en esa población.

Que el ciclo no se repita

Para Molina Cintra, detrás de muchas uniones tempranas existe una clara influencia de las dinámicas que ocurren en muchos de los hogares.

«Las muchachas suelen repetir patrones aprendidos de formación temprana de las familias, a partir de uniones formalizadas o no, con embarazos prematuros asociados», explicó a SEMlac.

La jurista Yamila González Ferrer considera que subsisten prejuicios en algunos padres, madres y familiares, que compulsan a sus hijas a contraer matrimonio cuando tienen sus primeras relaciones sexuales o cuando salen embarazadas, reconoció durante los debates en torno a la presentación en Cuba del lnforme Estado de la Población Mundial 2021, del Fondo de Población de Naciones Unidas (Unfpa), centrado en la autonomía corporal.

Tanto las uniones como el matrimonio o el embarazo temprano influyen en el desarrollo psicosocial de las adolescentes, alertó Molina. Las muchachas, sobre todo, suelen interrumpir sus estudios y, como consecuencia, pierden autonomía física, política, económica o en la toma de decisiones, mucho más ante un embarazo o parto.

Estas muchachas y muchachos «no están aptos aún para formar una familia, pues están concluyendo su etapa de formación, no han alcanzado la suficiente madurez y responsabilidad para ocuparse de los asuntos propios y mucho menos para hacerse cargo del mantenimiento de una familia y un hogar, toda vez que ni siquiera cuentan con edad laboral para tener una independencia económica», explicó González Ferrer, vicepresidenta de la Unión Nacional de Juristas de Cuba.

Desde el punto de vista jurídico, además, al tener el matrimonio el efecto de emancipar a las personas menores de edad, estas ya no quedan protegidas legalmente por sus progenitores, aunque posteriormente se divorcien, lo que en edades tan tempranas y vulnerables tiene muchos riesgos.

Para Pérez Gallardo, de no eliminar definitivamente la excepcionalidad, una alternativa sería depositar la responsabilidad en la autoridad judicial, pues puede atenuar el impacto de las uniones tempranas.

«Dicha autorización exige un proceso, pasar por un fiscal. No todo el mundo está dispuesto a promover un proceso ante los tribunales y, además, tendrán que demostrar una causa justificada para oficializar el matrimonio», detalló el jurista.

Cristina Farfán promotora de la educación feminista, literata y pintora, dice de ella Claudia Adriana López

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  • Conferencia virtual organizada por el Museo de la Mujer, en rescate de las constructoras del feminismo en el siglo XX.
  • Mérida un faro donde el trabajo de Rita Cetina y Gertrudis Tenorio, detonó el primer Congreso Feminista

Elda Montiel
SemMéxico, Cd. de México, 27 de julio 2021.- En el aniversario del nacimiento de la literata yucateca Cristina Farfán, 24 de julio de 1846, promotora de la educación femenina la doctora Claudia Adriana López Ramírez señaló que es importante no dejar en el olvido a todas estas mujeres que abrieron la brecha y el camino para que hoy podamos acceder y participar, no sólo en el ámbito político sino en otros rubros más.
La investigadora de la Universidad de las Américas de Puebla, consideró que Cristina Farfán quien nació en Mérida junto con Rita Cetina y Gertrudis Tenorio son las primeras maestras promotoras de la educación femenina y precursoras de los primeros movimientos feministas.
Explicó que ellas fueron las maestras de las mujeres que en 1916 realizaron el Primer Congreso Feminista en Mérida, encabezado por Elvia Carrillo Puerto.
Todo lo dijo en la conferencia virtual titulada “Una siempre viva Cristina Farfán, la hija de Zeuxis y Apeles” (1846-1880) organizada por el Museo de la Mujer.
La doctora Claudia Adriana López detalló cómo surgió su interés por las educadoras al ver en un libro de texto el nombre de Cristina Farfán como una de las mujeres que había escrito en la primera revista de mujeres para mujeres “La siempreviva”.
Destacó que Cristina Farfán también fue pintora por eso el nombre de hija de Zeuxis que fue un pintor griego de la época clásica y Apeles afamado pintor de la antigüedad. Se habla de su obra pictórica sin embargo no se sabe dónde está.
También la calificó como un ícono de la mujer mexicana por la visibilización de sus quehaceres inspiradores en un ambiente acotado por un pensamiento patriarcal.
Se casó con su tutor un literato reconocido en Yucatán, José García Montero, sin embargo eso no fue impedimento para que incursionara en un ámbito de hombres como era la literatura, se fue a vivir a Tabasco donde fundó la revista El Recreo del Hogar también para mujeres.
El contenido general de la revista La Siempreviva eran mensajes en favor de la educación de la mujer y las estrategias de las editoras para vencer los obstáculos que se les presentaron hasta 1872 cuando fue el cierre de la revista.
Formaba parte de las damas privilegiadas y alguna de sus poesías fueron publicadas en el periódico de mayor prestigio en la recién República instaurada “El Renacimiento” encabezada por Ignacio Manuel Altamirano.
Participa en las “Veladas Literarias” donde se reunían intelectuales de la sociedad yucateca (hombres y mujeres) para tratar asuntos culturales y literarios.
El fuerte de Cristina era la poesía y la fábula. Murió joven, a los 34 años

Ignacio Manuel Altamirano funda la Revista Renacimiento e invita a escribir a las mujeres, época donde había gran analfabetismo, eran pocas las mujeres que tenían educación. En Mérida se crea una revista análoga donde se busca la participación de las mujeres.
Entre ellas La Revista de Mérida, La Aurora, La Oliva y Biblioteca de Señoritas, junto con Rita Cetina y Gertrudis Tenorio se les puede ubicar en la constelación de las letras patrias. Nuestra maestra escribe sobre economía doméstica, que actitud debía tener la mujer al recibir al hombre, lo importante que era bordar.
En esa época había muchas mujeres sin educación y ellas como profesoras tuvieron un gran impacto en la sociedad yucateca y a nivel nacional.
Refiere la investigadora que se encontró un escrito sobre ella, “La Corona Fúnebre” en el que sus colegas literatos y literatas escriben que ella se daba a querer. La palabra caridad era una constante en su obra, ser generosa y expresaba gran amor a sus alumnas.
En la escuela se encargada de dar clases de pintura y los géneros cultivados son la fábula, la poesía y la prosa. En el artículo “La niña y la rosa” es una especie de carta, un ensayo con mucha reflexión con analogías, comparaciones, momentos mágicos de la época. Pero también motivaba a otras mujeres a escribir ya que era una mujer casada, que cuida a sus hijos era una motivación tremenda.
En el artículo “La niña y la rosa”, una especie de carta, realmente un ensayo con mucha reflexión con analogía, comparaciones, momentos mágicos de la época.

Prevenir y atender la violencia política contra las mujeres con un enfoque territorial

  • Los observatorios de participación política no cumplen su función

La mitad del cielo

Muriel Salinas Díaz
SemMéxico, Guadalajara, Jalisco, 27 de julio, 2021.- Pese a que en las 32 entidades federativas se cuenta con un Observatorio de Participación Política de las Mujeres (OPPM), en la mayoría de los casos estos no cumplen con la función para la que fueron creados y ha sido difícil lograr que las instituciones que los conforman avancen hacia la articulación de una política pública para fortalecer la participación política de las mujeres, la democracia paritaria y el acceso de las mujeres a una participación libre de violencia.
En el caso de Guerrero el OPPM prácticamente sesiona para que las instituciones informen sobre las actividades que realizan en torno a estos temas, que se centran fundamentalmente en acciones de capacitación o eventos conmemorativos.
Sin embargo, la necesidad de avanzar hacia la consolidación de políticas públicas para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia política contra las mujeres es una tarea imprescindible que requiere de la concurrencia de las instituciones electorales, los gobiernos estatales y municipales, así como de la sociedad civil para concretarse.
Con este propósito, Equipos Feministas, A.C. llevó a cabo un proyecto para desarrollar una estrategia participativa para prevenir y atender esta modalidad de violencia contra las mujeres durante el pasado proceso electoral en el estado de Guerrero, con el apoyo del Programa Nacional de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las OSC, a cargo del INE, en su edición 2020.
El proyecto consistió en la conformación de Nodos Regionales para Prevenir y Atender la VPMRG en las regiones de Acapulco, Centro, Montaña y Norte del estado de Guerrero, para lo cual se instrumentó un curso de capacitación virtual en la materia dirigido al funcionariado de las instituciones electorales y gubernamentales, OSC’s locales, abogadas y abogados electorales, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos de las mujeres. Con los cuales posteriormente se conformaron los Nodos y se habilitaron para desarrollar acciones de monitoreo, registro, atención, canalización y seguimiento de casos de VPMRG durante el proceso electoral.
Derivado de este ejercicio, Equipos Feministas, A.C. y la Red para el Avance Político de las Mujeres Guerrerenses publicaron el primer Informe sobre Violencia Política contra las Mujeres en el Proceso Electoral de Guerrero 2020-2021, el pasado mes de mayo.
El informe da cuenta de un total de 45 casos de violencia política contra mujeres que participaron en el proceso electoral como precandidatas o candidatas a cargos electivos y contra militantes activas de diversos partidos políticos. De estos, 8 corresponden a denuncias presentadas ante la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado, en tanto que 32 de estos incidentes fueron identificados a través de los Nodos Regionales e integrantes de la Red.
Estos casos fueron registrados en un total de 20 municipios de Guerrero, siendo Chilpancigo y Acapulco los que concentraron la mayoría de estos, con nueve y seis incidentes respectivamente.
En términos regionales, el 41 por ciento de los incidentes se registraron en la zona Centro de Guerrero, seguido por un 24 por ciento concentrados en la zona Norte, 16 por ciento en la zona de Acapulco, 6% en la Costa Chica, el 5 por ciento se situó en la región de la montaña y en el mismo porcentaje en la Costa Grande, en tanto que un 3 por ciento de estos casos se registraron en la Tierra Caliente.
La mayoría de los incidentes de VPMRG registrados fueron cometidos contra mujeres entre 40 y 49 años de edad, siendo 17 los casos en este grupo, seguidos por 9 casos en los que las víctimas fueron mujeres entre 30 y 39 años. Cinco casos fueron perpetrados contra mujeres entre 50 y 59 años; cuatro casos fueron cometidos contra mujeres mayores de 60 años y solo dos casos fueron cometidos contra mujeres cuyas edades oscilan entre los 18 y 29 años.
Cuatro de los casos registrados en el informe fueron perpetrados contra mujeres indígenas: Eneida Lozano Reyes, integrante de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero UPOEG, quien primero fue aspirante a diputada local por MORENA en el distrito 14 y posteriormente fue candidata a Concejala del gobierno municipal de Ayutla de los Libres, cargo para el que resultó electa. El segundo caso es el de Felicitas Martínez Solano, precandidata a la diputación local por el mismo partido en el distrito 15 con cabecera en San Luis Acatlán y el tercer caso corresponde a Edith Ramírez Santos, quien renunció a la candidatura a una regiduría por el partido Redes Sociales Progresistas en el municipio de Copalillo, por presiones y actos de hostigamiento por parte del candidato a la presidencia municipal de dicho partido político.
Exceptuando las 8 denuncias que se presentaron en la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales FEDE y de las que no se cuenta con información, de un total de 32 casos registrados a través de los Nodos Regionales, 17 cueron cometidos contra mujeres que militan en MORENA, 4 contra mujeres del Partido de la Revolución Democrática PRD, 4 contra mujeres del partido Movimiento Ciudadano, 4 del Partido Revolucionario Institucional PRI, 3 del Partido Acción Nacional PAN, dos mujeres canditatas de la coalición PRI-PRD, 1 de Redes Sociales Progresistas y 1 del Partido del Trabajo PT.
En diecinueve de los casos registrados se trata de mujeres candidatas a cargos municipales, en tanto que se identificaron seis casos en los cuales las víctimas fueron candidatas a diputaciones locales, de las cuales dos son mujeres indígenas.
Respecto del perfil de las personas perpetradoras, el 62 por ciento de estas son hombres, el 16 por ciento son hombres y mujeres, el 11por ciento son mujeres y en otro 11 por ciento de los casos no se logró identificar el sexo de las o los perpetradores.
Es importante destacar que en 40 por ciento de los casos las personas identificadas como perpetradoras son dirigentes, militantes o simpatizantes de MORENA, en tanto que en el 22 por ciento de los incidentes las víctimas señalaron a grupos del crimen organizado como los perpetradores, seguidos por un 11 por ciento de casos donde se identifica como perpetradores a personas militantes o simpatizantes del PRI, un 5 por ciento corresponde a medios de comunicación o sus integrantes y en la misma proporción se identificó a militaltes o simpatizantes del PRD. EL 3 por ciento de los casos se identifica a dirigentes, militantes o simpatizantes de MC y en el mismo porcentale a personas del partido Redes Sociales Progresistas y a una casa encuestadora.
El informe contiene además un conjunto de fichas descriptivas mediante las que se recuperan algunos de los casos documentados y un apartado que narra dos casos emblemáticos: el de Félix Salgado Macedonio y un testimonio de la Síndica de Teloloapan, Eleazar Marín Quebrado, que dan cuenta del contexto de violencia en el que se desarrolló el proceso electoral en Guerrero y cómo este afecta la participación política de las mujeres durante el mismo, así como durante el ejercicio del cargo.
Uno de los factores clave que me gustaría recuperar de esta experiencia es el haber desarrollado una estrategia de prevención y atención de la VPMRG con un enfoque territorial en Guerrero, que fue posible por iniciativa de una organización de la sociedac civil como Equipos Feministas, A.C y por la voluntad política de las instituciones electorales y gubernamentales, tanto estatales como municipales. Un proceso de este tipo sólo es posible con el apoyo de programas como el PIPPM a cargo del INE, quizá uno de los pocos programas de fomento a las actividades de las OSC que sobreviven a las medidas regresivas impuestas desde la presidencia de la república que han desaparecido prácticamente todos los programas de esta naturaleza en el país.
Entre las acciones de capacitación virtual y presencial, así como la integración y puesta en marcha de los Nodos Regionales, el monitoreo, registro, así como atención jurídica a casos de VPMRG, la organización logró beneficiar a un total de 577 mujeres y 77 hombres, desde precandidatas y candidatas a cargos electivos de diversos partidos políticos, periodistas, activistas y defensoras de derechos humanos, integrantes de colectivas feministas y OSC’s, abogadas y abogados, funcionarias y funcionarios electorales tanto locales como federales, así como servidoras y servidores públicos estatales y municipales, impactando en 35 de 81 municipios de Guerrero.
La experiencia de prevención y atención de la violencia política contra las mujeres en Guerrero representa un referente que habrá que fortalecer y consolidar en la entidad, e impulsar como un modelo replicable y susceptible de institucionalizarse para dinamizar el quehacer de los Observatorios Estatales de Participación Política de las Mujeres. Y eso también implica la defensa del Programa de Impulso a la Participación Política de las Mujeres a través de las OSC en el presupuesto de egresos de los años venideros.

Una feminista en el IEM-Nuevo León, piden mujeres al gobernador electo Samuel García

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  • En carta pública llaman a cumplir con el perfil que establece la ley
  • Reconocen el trabajo de equipo de trabajo actual y claman por la continuidad

Redacción

SemMéxico, Monterrey, NL, 26 de julio, 2021.- Feministas de Nuevo León y de otras partes del país firman una carta dirigida al gobernador elector, Samuel García Sepúlveda, en el que llaman a realizar un proceso de selección coherente con la protección de los derechos de las mujeres en la designación de la presidencia del Instituto Estatal de las Mujeres (IEM).

Enfatizan en la oportunidad y responsabilidad “de no repetir el error del gobierno saliente (2015-2021), al haber designado durante la primera mitad de su administración un perfil que no contaba con la trayectoria necesaria para cumplir con los objetivos del IEM”.

Al mismo tiempo reconocen el trabajo realizado durante la segunda mitad de la administración saliente el IEM, con el liderazgo de la Presidenta Ejecutiva, Martha Cecilia Reyes Cruz y la Secretaria Ejecutiva, Juana María Nava Castillo, que sentaron las bases para, finalmente, dar rumbo a las medidas de la Alerta de Violencia de Género (AVGM) y recuperar la vocación de esta dependencia de impulsar la transversalización de la perspectiva de género en el Estado y la coordinación interinstitucional.

Por ello, demandaron que, a través de la designación de la titularidad el IEM, se garantice la continuidad al trabajo que se ha efectuado con la dirigencia de la Presidenta Ejecutiva actual y su equipo para asegurar la sostenibilidad de los programas, proyectos y actividades implementadas, que trajeron resultados positivos para las mujeres del estado, dichos esfuerzos deben permanecer en la agenda institucional.

Y que, el perfil de la próxima Presidenta Ejecutiva del IEM debe cumplir con requisitos mínimos, además de los establecidos en la Ley, como:

  • Experiencia profesional en la administración pública y/o trayectoria comprobada en la defensa y promoción de los derechos de las mujeres.
  • Que tenga alianzas con la sociedad civil y con colectivas feministas.
  • Perspectiva de género e interseccional.
  • Conocimiento y experiencia en el diseño, planeación, ejecución, monitoreo y evaluación de intervenciones, programas públicos y proyectos.
  • Enfoque de prevención de la violencia que atienda los tres niveles, primaria, secundaria y terciaria.
  • Que reconozca, respete y garantice la pluralidad de mujeres en nuestro estado dentro del IEM.

“Confiamos en que las prácticas de la ‘vieja política´ no se replicarán en esta designación porque como gobernador electo comprende que esta institución es fundamental para prevenir y erradicar la violencia de género, incentivar la participación activa de las mujeres del estado, y velar por el respeto y promoción de sus derechos”

La carta es firmada por Claudia Hernández Gallardo, Jessica Elodia Martínez Martínez, Stefanía Bárcenas Padilla, Diana del Rosario Araiz Parra, Elsa Velázquez Galicia, Marisa Valdés, Sara Lovera, Dora Villalobos Mendoza, Martha González Rentería, Candelaria Rodríguez, Bárbara García Chávez, Soledad Jarquín Edgar, Sandra H. Cardona Alanís, Vanessa Jiménez Ruvalcaba, Norma Alicia Hurtado Pérez, Sonia del Valle, Graciela Machuca, Marta Eugenia Dávila, Elena Olascoaga, Yazmín Ávila Hurtado, Carolina Escobar Pérez, Priscila Palomares, Paulina Rosales Garrido, María del Carmen Rigal, Lorena Piña Gómez, Laura Guadalupe Leal Guajardo

Laura Judith Maldonado Leal, Carolina Ayala Durán, Sofía Lozano Snively, Michell Herrera Elizondo, Augusto Ruedas Alcocer, Laura Carmina Gutiérrez Sáenz, Marcela Valero Cervantes, María Belem Salas Salazar, Ma. de la Luz Estrada Mendoza, Gabriela Rivera Díaz, Norma Cerros.

Así como Roxana Sandoval Peñaloza, Cristina Azuara Fernández, Martha Guadalupe Figueroa Mier, Marcela Valero, María del Carmen Rigal Trinidad, Julieta Martínez, Ximena Peredo, Anny Beristain Hernández, Rosa Fierro Campo, Bárbara González, Adelaida Salas Salazar, Rosario Román Pérez, Joana Chapa, Ana Elizabeth Reynoso Martínez, Ana Delia Garza, Juan Martín Pérez García, Daniela Torres León, Blanca Icela García Cortez, Ivonne de la Rosa Galarza, Josefina Rodríguez Corona, E. Ximena Rodríguez Castañeda, Claudia Lozano Pedraza, Isabel Pérez Cerda, Diohema Anlleu, María Guadalupe Cruz Hernández, Rosalinda Zavala Salazar, Reyna Estela Reyes Melo, Venecia Guzmán, Lucía Barragán Beaud, Araceli W. Ching y Nissi Valdovinos González.

Irma Alma Ochoa Treviño, solicitante de la AVGM; Miverva Martínez Garza, Subdirectora de Responsabilidad Social y Sustentabilidad, Facdyc, UANL; Sylvia Guadalupe Puente Aguilar, Directora de Procesos Jurídicos de la SSPE; Elia Martínez Rodarte, sexóloga educadora, columnista (Ivaginaria); Martha Montemayor, Unidos por el Huajuco, y Guadalupe Elizondo Perales, DGM Apodaca.

Por las organizaciones: La Fortaleza, Sincréticas, Tú Decides Nosotras te Acompañamos, N.L.,

ARKALI Espacio Cultural, A.C., Centro de Atención a la Mujer Trabajadora AC, Ni Más Ni Menos Mujeres S.C. de Chiapas, Girl Up Políticas UANL, Ecos de Mirabal SC, Consejo Ciudadano de Formación y Cultura Autogestiva AC, Voces de Mujeres en Acción, A.C., Red Necesito Abortar México, Muxed, Maya sin Fronteras A.C., Centro de los Mexicanos en la Globalización, Ecosistema para la co-creación de oportunidades AC, Colectivo Olga Lidia Hernández M, Acoso en la U, Común Ati, Comunidad Terapéutica A.C., AVANCE Por los Derechos de México A.C., Familia Digna A.C., Ecosistema para la Igualdad Sustantiva A.C.

Así como la plataforma informativa SemMéxico, Colectivo Bolivariano, Oaxaca, Womerang A.C., Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos(as) en Nuevo León, A.C., Mujeres Libres Colem A.C., Comunati, RedMIN, Artemisas por la Equidad A.C., Niñez siglo XXI, A.C., Red Intercultural de Apoyo e Inclusión de Personas Indígenas en Nuevo León A.C (RedMin), Consejo Ciudadano de Seguridad Pública de Nuevo León,       

Mujeres+Mujeres, No Somos Medias Naranjas, CCME NL, ¿Y yo, por qué no?

SEM/sj

Feministas de Nuevo León proponen a Juana María Nava Castillo para dirigir el IEM

  • Pegasus Project la sombra de un espionaje que debe ser investigado

Mujeres y política

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, 26 de julio, 2021.- Tres mujeres. En Nuevo León, feministas de esa entidad quieren que una feminista se la que dirija el Instituto Estatal de las Mujeres de Nuevo León en el próximo gobierno que encabezará Samuel García, el hoy gobernador electo de la entidad más importante desde el punto de vista económico del país, se trata de Juana María Nava Castillo.

La propuesta, que es respaldada, incluso por feministas de varias partes del país, debe ser bien vista por muchas y muchos neoloneses, en especial quien va a gobernar, considerando el compromiso que con las mujeres ha tenido Juana María Nava Castillo, periodista desde la perspectiva de género durante varias décadas que, al paso de los años, ha sumado experiencia dentro de la administración pública, siempre desde esta visión feminista.

Quienes conocemos a Juany Nava desde hace casi tres décadas sabemos de su enorme capacidad de trabajo, su nivel de desarrollo intelectual, su buen carácter y, reitero, su compromiso con las mujeres, esté en dónde esté. De ahí el interés de feministas de Nuevo León de apoyar y respaldar la propuesta ante el futuro gobernador.

Actualmente, Juana María Nava Castillo es titular de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Estatal de las Mujeres en aquella entidad, ha crecido a pasos agigantados en la elaboración, pero también en la ejecución de programas de trabajo apegados a principios de igualdad y no violencia.

Formada como periodista en la Universidad Autónoma de Nuevo León, institución que, por cierto, la ha reconocido su destacada trayectoria, durante más de cinco lustros dedicó su trabajo a la visibilización de las mujeres neolonesas, contagiada por aquel torbellino feminista que sigue siendo la maestra de todas nosotras, Sara Lovera. Por ello editó con éxito, de forma independiente, la revista Nosotras, entre 2008 y 2013.

Así que como muchas de aquella ola de periodistas de la condición social de las mujeres se ha preparado y certificado en la capacitación a personal universitario, de instituciones públicas en perspectiva de género, derechos humanos y hoy es una destacada funcionaria de la seguramente nadie tendrá queja.

Hablar de Juany Nava es hablar de una mujer con mucha capacidad. La propuesta de las feministas de Nuevo León debe ser considerada en serio por el futuro y muy joven gobernador, Samuel García Sepúlveda, quien tendrá que acompañarse de mentes brillantes, pero también muy honestas, como es el caso de la periodista y hoy servidora pública que hemos mencionado y a quien la han reconocido, además, en el Congreso del Estado de Nuevo León, XXIV Legislatura, y el Senado de la República.

Entonces si Samuel García quiere que la cuña apriete…pues ya sabe lo que debe hacer.

Yésica Sánchez Maya

La presunción de que la defensora y feminista Yesica Sánchez Maya podría estar entre las 109 personas defensoras que habrían sido infectadas por el malware Pegasus, no es una remota posibilidad, considerando su trayectoria y lo peligroso que resulta para los gobiernos que haya quién los esté viendo y quién los denuncie.

Esta acción ejecutada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, se suma a las muchas que gobiernos locales han ejercido contra Sánchez Maya, tanto al frente de la LIMEDH, por su trabajo a favor de las personas que sufrieron agresiones de policías estatales o federales, durante el movimiento político social magisterial del 2006 y hasta hoy, desde su trabajo de defensoría en Consorcio Oaxaca, donde en alguna parte del gobierno de Ulises Ruiz las acusaron de terroristas con el fin de desacreditar su trabajo.

De ahí la exigencia de que se investigue, si es que el gobierno federal lo decide. Esa sería una buena noticia, dentro de todas las calamidades que cada día se revelan en México plagada de tantas malas noticias.

María Elena Ríos

En días pasados, sometida a una serie de cirugías reconstructivas como consecuencia del ataque con ácido perpetrado en septiembre de 2019, María Elena Ríos, ejemplo de fortaleza sigue bordeando la falta de justicia que persiste en ese lamentable acto de violencia feminicida.

Recientemente la familia de dos de sus agresores, ambos intelectuales, uno de ellos en prisión, Juan Vera Carrizales, y otro prófugo de la justicia, Juan Vera Hernández, realizó una marcha en la ciudad de Oaxaca, y la toma de oficinas públicas en Huajuapan de León, pretendiendo con ello desvirtuar su exigencia de justicia de María Elena y en defensa de los agresores intelectuales de ese cobarde atentado.

Pero pocas personas se tragan la píldora de la inocencia de los Vera, por ello, la familia gasta mucho dinero, pues tuvieron que pagar a quienes participaron en la marcha y han contratado a un “medio de comunicación” donde las hijas de Juan Vera Carrizales, ex diputado local por el PRI, se revictimizan. Y en un acto por demás burlón, exponen que están dispuesta a apoyar a María Elena.

Y todo esto sucede, en tanto, la justicia camina lentamente en Oaxaca.

Consorcio Oaxaca repudia espionaje ilegal contra defensoras en gobierno de EPN

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  • Exige a la FGR investigación y castigo a todos los responsables
  • Yesica Sánchez Maya entre más de cien defensoras que habrían sido espiadas

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 26 de julio, 2021.-El día 18 de julio, como resultado de la investigación “Pegasus Project” realizada por Forbidden Stories y Amnistía Internacional, fue revelado que entre 2016 y 2017 más 50 mil números telefónicos fueron potencialmente infectados por el malware de espionaje Pegasus entre los que se encuentran 15 mil números telefónicos mexicanos incluyendo a personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Estas nuevas revelaciones confirman y amplían los hallazgos de la investigación conocida como “Gobierno Espía” que en el 2017 había revelado, el uso de Pegasus y espionaje por parte del Gobierno Mexicano. De ahí que una serie de reportajes que están publicando la Revista Proceso, The Washington Post, The New York Times, The Guardian, entre otros, dan cuenta de mayor información al respecto.

Desde Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca repudiamos categóricamente el espionaje a manos del gobierno de Enrique Peña Nieto, como una práctica que socava los derechos humanos. Las consecuencias de esta práctica ilegal son graves, como lo enfatizó la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU, Michelle Bachelet “el uso de softwares de vigilancia ha estado vinculado al arresto, intimidación e incluso asesinatos de periodistas y personas defensoras de derechos humanos; […] Pegasus permite intrusiones profundas en los dispositivos de las personas, lo cual resulta en tener conocimiento sobre todos los aspectos de sus vidas”.

El espionaje orquestado por el Gobierno de Peña Nieto se suma a infinidad de prácticas autoritarias, de criminalización y represión brutal contra las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que caracterizaron su actuar durante todo el sexenio. Dichas prácticas se dieron en todo el país y han transcendido en el estado de Oaxaca.

Al menos 141 detenciones arbitrarias de personas defensoras en Oaxaca de diciembre 2012 a diciembre 2018, destacándose entre éstas las de integrantes del movimiento magisterial, quienes se oponían a la reforma educativa. Recordamos también el asesinato de al menos 15 personas defensoras de enero 2017 a diciembre 2018 y finalmente el brutal “Operativo 19 de junio” en Nochixtlán y localidades cercanas que dejó un saldo de 8 personas asesinadas y decenas de personas lesionadas.

Es de alta gravedad que dentro de la lista de las 109 personas defensoras que pudieran haber sido infectadas por el malware Pegasus se encuentra la integrante del Equipo Directivo de Consorcio Oaxaca Yesica Sánchez Maya. La labor de defensa y acompañamiento que realiza nuestra organización conlleva una serie de contactos con víctimas, personas defensoras e integrantes del movimiento social en todo el estado; en este sentido, el ataque en su contra es un ataque y una vulneración de la información y datos personales no solo de sus familiares y amistades, sino de amplios sectores de los movimientos sociales y víctimas en Oaxaca.

Desde Consorcio Oaxaca denunciamos que este ataque que no ha sido un hecho aislado, sino que se dio en un contexto de constantes ataques también a la organización. Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, nuestra organización documentó de manera constante hostigamiento, vigilancia, incidentes con los equipos telefónicos y de computo, difamaciones y un total de 8 allanamientos, tanto a nuestra sede como a domicilios particulares de sus integrantes.

La transcendencia del caso obliga a la toma de medidas prontas, contundentes y extraordinarias, que garantice el acceso a la justicia para todas las víctimas, así como la no repetición de estas graves vulneraciones a los derechos humanos. Ya no se trata de una acción aislada de ataque por medio del espionaje, sino de una conducta calculada y particularmente grave por parte de quienes tenían a su cargo la garantía de la labor de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas.

Instamos al Gobierno Federal y en específico a la Fiscalía General de la República a la realización de una investigación exhaustiva, imparcial y pronta que permita identificar a todos los responsables intelectuales y materiales de la financiación y de la operación del espionaje, garantizando el castigo no solo a las empresas que vendieron el malware sino a todos los funcionarios de las diversas instancias de Gobierno que adquirieron y usaron Pegasus.

Expresamos nuestra preocupación por el alto nivel de vulnerabilidad y riesgo que significa el espionaje a nuestra labor de defensa de derechos humanos. Nos solidarizamos con las otras víctimas de espionaje en México.

Llamamos al Gobierno Federal a no permitir ni un caso más y a eliminar de cualquier instancia de Gobierno el ejercicio de prácticas de espionaje en México.

SEM/sj

Piden asignar recursos para atender a las víctimas de trata

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  • Realizan conversatorio en el Día Internacional de Trata de Personas
  • A raíz de la pandemia se aumenta la vulnerabilidad de mujeres migrantes

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México, 26 de julio 2021.- Un exhorto al gobierno federal para que no solo el 30 de julio se visibilice el problema de la trata de personas que afecta, principalmente, a niñas, adolescentes y mujeres, sino que se asignen recursos para las víctimas, hizo Elsa Simón Ortega, de la organización Por la Superación de la Mujer A.C.

Al participar en el marco del Día Internacional de la Trata de Personas en la inauguración del conversatorio “Miradas del Sur: La trata de personas en el contexto migratorio”, destacó que la trata de personas tiene diversas modalidades desde a niñas, niños y mujeres de la tercera edad pidiendo dinero en la calle y el problema del matrimonio infantil por convenio, por los usos y costumbres, no solo en Chiapas, sino que también en Guerrero y Oaxaca. 

Refirió que la pandemia de la Covid 19 acrecentó el problema de la migración varada en la frontera sur de Chiapas, lo que aumenta la vulnerabilidad de las mujeres de ser enganchadas por el que se considera el tercer negocio más grande del mundo.

Falta mucho por hacer aun cuando desde el año de 2007 se emitió la primera Ley de Trata de Personas, sin embargo, no se han asignado recursos para atender a las es víctimas de todas las edades. Asimismo, llamó a las autoridades a erradicar este delito.

Actualmente es más difícil detectar la trata de personas porque no solo es la explotación sexual, ahora hay niñas que se la pasan todo el día con adultas mayores pidiendo dinero y no sabemos de dónde las traen.  

El gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón dijo que el estado ha sido el paso permanente para la migración legal e ilegal, no solo en espacios de tránsito sino por el Ríos Suchiate. Destacó que a pesar de ser un estado económicamente pobre cuentan con refugios y se hacen esfuerzos por dar cauce legal a la migración.

Al inaugurar el conversatorio, María del Rosario Piedra Ibarra, presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), aseguró que trabajan para que la gobernanza pueda desarrollar mecanismos suficientes para el flujo migratorio.

“Insistimos en la necesidad de implementar programas de prevención de la trata de personas y atención a la población migrante, fortalecer la seguridad pública y el derecho a la denuncia”.

Mientras que Dana Graber Ladek, jefa de Misión en México de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), destacó que históricamente Chiapas era lugar de tránsito de poblaciones centro y sudamericanas, sin embargo, con la pandemia las nacionalidades se han diversificado.

Krsitian Holgue, representante de la Oficina de las Naciones Unidos contra la Droga y el Delito (UNODC), organismo que organiza los conversatorios Corazón Azul, precisó en qué consiste la campaña mundial contra la trata de personas.

SEM/em/sj

Amlo ¿sólo un discurso lo de la corrupción?

Palabra de Antígona

Sara Lovera

SemMéxico, 26 de julio, 2021.- El 23 de julio, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció por segunda ocasión que abrirá los expedientes del CISEN (Centro de Investigación y Seguridad Nacional), una de las fuentes de inteligencia del gobierno de la República, ello en aras de la transparencia. Una respuesta política a las denuncias del espionaje.

Sabemos que no es nuevo el espionaje y casi ninguna persona está exenta de que su vida entera esté documentada, no por las agencias de inteligencia, sino por los datos clasificados por las redes sociales. Hace mucho tiempo que se perdió toda privacidad. Tal vez por ello el presidente de la República dijo que el espionaje sí es un delito, pero que lo verdaderamente importante fue el desvío de recursos de gobiernos anteriores. Es decir: la corrupción.

Al presidente le preocupa la corrupción del pasado. Siempre señala, habla de quienes robaron, practicaron el desvío de recursos para sus intereses o se amafiaron. No puedo dudar lo que dice el presidente, pero tengo muchas preguntas.

¿Cuántas personas se investigaron y que sanción se les aplicó por corrupción en el manejo de las estancias infantiles? ¿Y sobre los programas de cáncer en mujeres que se atienden desde el programa Micaela (Modelo integral para la atención del Cáncer Cervicouterino Localmente Avanzado)? ¿Cuáles y donde están documentados y sancionados los abusos en la compra de medicamentos? ¿Quiénes robaron en el manejo de los fideicomisos? ¿Quiénes y dónde están los responsables del robo de hidrocarburos? ¿Por qué no sabemos los nombres, las investigaciones y las personas responsables que forman parte, presiden o manejan alguna organización social u organización no gubernamental?

Lo que sí sabemos es que una nube no identificada en concreto es “opositora” a la 4ª transformación. Pero tampoco sabemos quiénes responden a “intereses económicos” inmorales. Es decir, ¿dónde, cómo y por qué no conocemos una lista, —que debe ser enorme— de personas involucradas en la corrupción? Por ejemplo, en los comedores comunitarios, ¿cuáles fueron los desvíos en el fondo Proequidad del Instituto Nacional de las Mujeres? ¿Dónde están las acciones sociales teñidas de desvíos?

No sabemos nada de las investigaciones a pequeñas agrupaciones que tuvieron apoyos, grupos que por todo el país hacían trabajo social para las mujeres más pobres. No sabemos si alguien manipulaba los recursos de las casas de la mujer indígena y afromexicana. ¿Dónde están las o los responsables del mal uso de esos recursos? ¿Por qué el presidente habla diariamente de estos horrores y no hay nadie castigado o investigado?

En cambio, hubo graves consecuencias. El cierre de programas, fideicomisos, estancias infantiles, disminución al mínimo de recursos para víctimas, atención a derechos humanos y aplicación irrestricta de la famosa primer orden (Circular Uno del 14 de febrero de 2019) a todo el gabinete de no transferir recursos a ninguna organización social.

Todo es muy extraño. La corrupción se combate con centralización y alteración de reglas. Hoy, para tener un contrato de servicios o ventas al gobierno, ya no se hacen concursos. Hasta el 80 por ciento son contratos asignados directamente. Extraña tanta opacidad frente a discursos que no se sostienen en hechos ni datos.

Me lastima porque se afectó a las mujeres, a sus grupos y programas. Desapareció prácticamente la capacitación de género a través de agrupaciones. Algunas asociaciones cerraron y las que continúan llevan a cuestas la acusación pública de servir a intereses espurios.

Tres años después, ¿cuál es el tamaño de la corrupción? Tampoco sabemos las consecuencias de su combate. Todo es discurso político y catilinarias tempraneras dirigidas a la clientela del presidente. Veremos.

*Periodista, directora el portal informativo SemMéxico.mx

Se sumará AIEEF a la promoción de la Consulta Popular

  • 53 mil mesas receptoras en todo el país el 1 de agosto
  • La primera consulta ciudadana en México

Micaela Márquez

SemMéxico, Cd. de México, 26 de julio 2021.-  La Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF) acordó sumar a los Organismos Públicos Locales (OPLES) a la campaña promocional de la Consulta Popular que se realizará el próximo 1 de agosto.

Esta será la primera vez la consulta ciudadana en la que la población mexicana podrá expresar su opinión sobre temas de interés público. 

Las y los mexicanos podrán acudir con su credencial para votar en la mesa receptora que corresponda a su domicilio, a emitir su opinión a favor o en contra, respecto de la siguiente pregunta aprobada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en octubre de 2020:

“¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?”.

Se informó que se instalarán un poco más de 53 mil mesas receptoras de opinión, donde se observarán los protocolos de salud implementados en la pasada jornada electoral para que la ciudadanía acuda con credencial de elector y cubre bocas a emitir su opinión.

El Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, con presidentas, presidentes, consejeros y consejeras de los oples, acordó que tanto la autoridad nacional como las 32 autoridades electorales locales sumaran esfuerzos para invitar a la ciudadanía a ser parte de la primera Consulta Popular que se celebrará en el país con base en lo mandatado por la Constitución y la legislación vigente.

SEM/mm/sj

Proponen programa para detectar a niñez superdotada

  • Propuesta fue presentada en la LXIV Legislatura de las Paridad
  • En México alrededor de 1 millón de infantes tienen capacidades superior

Micaela Márquez

SemMéxico, Cd. de México, 26 de julio 2021.-  Por considerar que es deber del Gobierno identificar a niñas, niños y adolescentes con un alto coeficiente para garantizar y explotar al máximo sus habilidades educativas y otorgar una educación de calidad el diputado de Movimiento Ciudadano, Juan Martín Espinoza presentó una iniciativa que modifica la Ley de Educación.  

En su propuesta adiciona una fracción XIV al artículo 9 de la Ley General de Educación para que las autoridades educativas impulsen un programa de detección oportuna a niñas, niños y adolescentes con un coeficiente intelectual (CI o en inglés IQ) superior a 130 puntos, que se obtiene a través de pruebas psicológicas estandarizadas para cada grupo poblacional.

Estadísticamente se calcula que el tres por ciento de la población infantil tiene sobredotación, lo que equivaldría a un millón en México, y más de 66 millones en el mundo de acuerdo al Centro de Atención al Talento (CEDAT).

Estimaciones de la ENOE 2018, en México existen 11.4 millones de niñas y niños de cinco y menos años, de los cuales 49.6 por ciento son niñas.

El legislador integrante de la LXIV Legislatura de la Paridad de Género menciona que durante la infancia es cuando pueden explotar al máximo las capacidades intelectuales y en caso de no apoyar estas aptitudes, está comprobado, se pueden ir perdiendo con el paso del tiempo, lo que generaría un daño irreparable.

Señala que es necesario un programa especial que realmente ayude a identificar y a desarrollar a estos niños y niñas con talento y que se les otorgue un apoyo económico que ayude a su emprendimiento educativo.

Por otra parte, detalló que existe un fenómeno social conocido como “fuga de cerebros” que se refiere a las personas que poseen un coeficiente intelectual alto y no tienen las oportunidades de desarrollar sus habilidades en territorio nacional, lo que genera que migren al extranjero donde sí reciben apoyos de educación especial. 

La Organización Mundial de Salud (OMS) define que la superdotación de una persona no solamente está catalogada por este puntaje, sino además implica otras habilidades y capacidades, por ejemplo, muestran superioridad en cuanto a madurez social, emocional, tienen un pensamiento divergente, son sumamente creativas y la forma de percibir y solucionar problemas no es tan estructurada o convergente, buscan ver las cosas de una forma diferente.

Además, enfatizó que el promedio de calificaciones o alto rendimiento escolar realmente no visibiliza si un menor de edad posee un alto coeficiente intelectual porque las y los educandos pueden tener altas calificaciones, pero no los convierte en superdotados.

El documento fue enviado a la Comisión de Educación para su análisis.

SEM/mm/sj

Escuela de Paz cumple diez años que hecho visibles a las  mujeres y las fortalece frente a la violencia

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*Es una propuesta pedagógica integral: conocimientos, herramientas y experiencias