El “caso de la Manada” supuso un punto de inflexión sobre la violencia sexual en nuestro país. La sentencia, el trato a la víctima, el cuestionamiento e insensibilidad produjo una serie de reacciones y protestas que han impulsado algunos cambios en la percepción de la violencia sexual y en las herramientas para combatirlas

SemMéxico/ Ameco Press. Madrid, 21 nov. 20.- Hace cuatros años del juicio de la “Manada”, (aún ha quedado escrito en la memoria colectiva el juicio de la violación múltiple que sufrió una chica durante los Sanfermines). El caso se convirtió en un acontecimiento mediático que puso sobre la mesa mitos, estereotipos y la falta de especialización de los y las profesionales que están en contacto con las supervivientes de violencia sexual. 

Es reciente que la agresión sexual se considere un tipo de violencia contra las mujeres. Y fue en 2016, con el juicio de la “Manada”, donde se pudo ver como el proceso de denuncia puede llegar a ser un suplicio para las víctimas en vez de una protección.

También ha sido decisivos movimientos como “Me too”, donde a través de las redes sociales las mujeres iban denunciando algún tipo de violencia sexual sufrida. En España, bajo el lema “Yo sí te creo” se ha ido y se sigue dando apoyo a todas aquellas mujeres que deciden contar su historia.

Mitos, estereotipos y violencia institucional

El informe “Ya es hora de que me creas”, realizado por Amnistía Internacional, muestra la desprotección que sufren las víctimas de violencia sexual. Este tipo de violencia sigue siendo desconocida y se sigue sosteniendo, que no coincide con la realidad, el mito del violador que nos espera en el portal.

La Macroencuesta de Violencia de Género 2019, publicada por el Ministerio de Igualdad, rompe con este mito. Los datos exponen un mayor porcentaje en los agresores conocidos (amigo, vecino, pareja o ex pareja, familiar, compañero o jefe) que de desconocidos y también muestra que el sitio donde más se produce este abuso es en la propia casa de la víctima. Esta investigación ayuda a ampliar la visión sobre la violencia sexual y a poner el foco en las agresiones dadas en el entorno conocido que suelen ser las menos creíbles para las instituciones, produciendo una mayor victimización secundaria.

La llamada cultura de la violación ha supuesto que la imagen generalizada de un agresor sea la de un desconocido escondido en algún recoveco mientras el estereotipo de la víctima es la de aquella mujer que se resiste, pelea o grita para pedir ayuda y que, a partir de la agresión, ya no pueda realizar su vida con “normalidad”. Cuando aparece una víctima denunciando haber sufrido violencia sexual y no encaja en esta visión, se expone a un mayor cuestionamiento por parte de las instituciones y una mayor desprotección.

El caso de la Manada supuso la visibilidad de otro tipo de víctima y de violencia sexual. También mostró la falta de formación en las instituciones con respecto a la violencia de género y a la cultura de la violación. La víctima fue cuestionada porque iba “sola con cinco chicos” y porque “no se defendió”. Se debatió su credibilidad porque había bebido y porque tras el abuso había retomado su vida. Todo el enfoque está puesto en exigir que sea ella quién conteste y luche para que se le crea y no en interpelar a los agresores.

Virginia Álvarez, responsable de investigación de Amnistía Internacional asegura que “todavía hay mucha resistencia de algunos jueces y juezas de entender lo que supone la violencia de género y la violencia sexual”. El informe de AI “quería visibilizar los estereotipos de género que hay en la violencia sexual, una violencia muy oculta”. Virginia destaca que “seguimos asistiendo a sentencias muy preocupantes. Ha pasado inadvertida la sentencia de los jugadores del Arandina, que es totalmente escandalosa y está basada en los estereotipos de género que venimos denunciando”.

En la misma línea se expresa Virginia Gil, directora de la Fundación Aspacia, en relación con la violencia institucional y los mitos. “Los mitos están presentes en todos los estamentos sociales y, por lo tanto, se refleja en las personas que están en las instituciones”. Virginia Gil destaca que el cuestionamiento continuo de las víctimas tiene que ver con los estereotipos que hay alrededor de la violencia sexual. “Una idea muy sostenida es la imagen de la violación auténtica, que es la que ejerce un agresor desconocido en un descampado, utilizando mucha violencia y donde la mujer se resiste con uñas y dientes, entonces todo lo que se sale de este canon va planteando dudas sobre la víctima”.

La violencia institucional conlleva un cuestionamiento a la víctima desde su manera de vestir, el lugar donde se encontraba, su sexualidad, hasta debatir si sufrió. La filosofa Celia Amorós lo relaciona con la existencia de la racionalidad patriarcal, es decir, siempre hay una justificación detrás de una agresión sexual que desacredite a la víctima y arrope al agresor, provocando finalmente que el suceso pase desapercibido.

“El cuestionamiento de la mujer es tan grande, que al final la condena [del agresor] no repara” dictaba Laia Serra, abogada penalista en una entrevista para Amnistía Internacional.

Mujeres migrantes, víctimas de trata y conflictos armados

Las mujeres extranjeras en situación irregular en nuestro país son de los sectores más vulnerables, no solo en temas económicos y laborales, también en derechos humanos. El informe Cadenas Invisibles, de Amnistía Internacional avisaba de que las autoridades españolas anteponen el control policial y migratorio a la identificación y protección de víctimas de trata.

La ausencia de leyes y de formación en violencia de género implica que cuando una mujer migrante denuncia haber sufrido violencia sexual o ser víctima de trata, desde las autoridades solo vean a una mujer extranjera y que su primera pregunta sea si tiene papeles. Este hecho complica aún más la situación de las mujeres migrantes. El miedo a ser expulsadas, hace que callen. En una entrevista con Carolina Elías, presidenta de SEDOAC, alertaba del aumento de puestos de trabajo de internas a raíz de la crisis surgida por la pandemia de la covid-19. Esto agrava más la situación de las mujeres extranjeras en situación irregular, ya que muchas son empleadas del hogar, sin contrato y expuestas a ser agredidas sexualmente al convivir con el abusador y sin tener posibilidad de protección alguna.

En un estudio de la investigadora Sonia Herrera, bajo el título “Atrapadas en el limbo. Mujeres, migraciones y violencia sexual”, describía que la violencia que sufren las mujeres migrantes siempre va ligada al cuerpo. Más del 60% de las mujeres migrantes sufren violencia sexual en el viaje de tránsito.

Muchas de estas mujeres huyen de su país de origen por pobreza o guerra entre otras cosas. En los conflictos armados, la violencia sexual en ocasiones es utilizada para desgastar y humillar al enemigo. En un informe de la ONU señala que solo en 2018,se registraron más de 2.500 casos de violencia sexual en conflictos armados en 19 países.

Solo sí es sí

Por primera vez, la Macroencuesta de Violencia de Género 2019 ha puesto la lupa en la violencia sexual, entre otras formas de violencia ejercida sobre las mujeres. El 13,7% de mujeres residente en España han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida y el 2,2% han sido violadas. El 99,6% de los agresores han sido hombres y el 60% de esos hombres eran: un conocido, amigo, pareja o familiar de la víctima. El abuso sexual se produce en el 59% de los casos en casa de la víctima, del agresor o una tercera vivienda. Y solo el 8% de las mujeres denuncian. Las principales causan por las que no toman vía legal es por vergüenza, porque era menor o por temor a no ser creídas.

Estas conclusiones hacen ver que son necesarias y urgentes medidas y leyes de protección, reparación y prevención de la violencia sexual en España. El que las mujeres sigan mostrando desconfianza hacia la denuncia apela a una reflexión profunda por parte de las instituciones.

Todas estas situaciones evidencian la necesidad de considerar la violencia sexual como un tipo de violencia machista, tal y como establece el Convenio de Estambul, ratificado por España en 2014, y que está inspirando reformas en leyes, mecanismos y herramientas existentes en nuestro país.

El Gobierno presentó un borrador de anteproyecto de Ley, conocido como “Solo sí es sí” que abarca un plan integral para dar protección y seguridad a las víctimas de violencia sexual. Esta ley supondría una modificación en el artículo 178, eliminando la diferencia entre abuso sexual y agresión sexual. La ley, además de los delitos sexuales contemplados en el Código Penal, considera violencia sexual la mutilación genital, la trata con fines de explotación sexual y el matrimonio forzado.

El anteproyecto conllevaría la creación de una red de asistencia integral especializada con centros de crisis 24 horas. Además de un plan estatal evitando la ausencia de servicios en algunas comunidades y la diferencia de protocolos en las autonomías.

La ley también supondría el derecho a acceder a las ayudas económicas y de protección sin la obligatoriedad de denunciar. En este apartado, en la conversación con Virginia Álvarez, mostraba su preocupación, ya que, aunque es una noticia positiva, “del borrador que hemos visto nos sigue preocupando, que para las otras víctimas no se está exigiendo denuncia para el acceso a ayudas, a las víctimas inmigrantes en situación irregular, sí que se las va a exigir esto”. La imposición de poner una denuncia invisibiliza y, además, aumenta el temor de la mujer migrante a ser expulsada del país.

Aumentar las penas nunca ha sido reclamo feminista. Como dijo Victoria Rosell, la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, en el conversatorio de violencia sexual, “las respuestas penales son una historia tan patriarcal”. La fijación por el castigo de algunos sectores de la sociedad no está respaldada por los movimientos feministas. Estos se centran más, igual que el borrador de ley, en la reparación de la víctima y en la formación especializada de aquellos profesionales que estén en contacto con víctimas de violencia sexual. En el mismo conversatorio, María Olaya, consejera de Toronto Rape Crisis Centre, sentenció lo punitivo diciendo que “las mujeres no son tenidas en cuenta. No todas quieren ir a reportar a la policía. No todas quieren la misma reparación. Ella debe elegir como quieren sanarse y no por imposición. ¿Dónde están las alternativas?”

Además de lo punitivo, las medias legislativas deben ir acompañadas por reformas educativas con perspectiva de género y herramientas para la prevención y sensibilización de la sociedad ante la violencia sexual.

Según el Latinobarómetro, Paraguay tiene la segunda tasa más alta de Violencia Intrafamiliar Contra la Mujer de América Latina: 41.0% de las mujeres. “Las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas y de casos de violencia contra niñas nos muestran que estamos en una situación más complicada con la pandemia”

SemMéxico/AmecoPress. Asunción, 21 nov. 20. .- “Es posible que por el Covid 19 no se realicen marchas, como en otros años, pero estamos conversando sobre diferentes acciones”, dijo Myrian González, Directora del Centro de Documentación y Estudios (CDE). “Las mujeres necesitamos reafirmarnos en una vida libre de violencia”, añadió, y explicó que de esa idea surgió hace unos años el nombre “Mujeres Libres de Violencia”.
“Necesitamos que el mensaje sea positivo, pero es muy difícil, porque este año ha sido especialmente duro para las mujeres, por todo lo que implicaron las medidas por la pandemia”, dijo Graciela Mereles, representante de la Federación de Mujeres del Paraguay.

“Las cifras de mujeres asesinadas por sus parejas y de casos de violencia contra niñas nos muestran que estamos en una situación más complicada con la pandemia”, dijo Lourdes Herreiro, una de las participantes de la plataforma.

Victoria Peralta, del Movimiento por el Derecho a la Salud María Rivarola, dijo que era necesario poner también el énfasis en la violencia que sufrieron este año las mujeres “deambulando en busca de salud”. “¿De qué nos sirve que nos diagnostiquen cáncer si no hay tratamiento? Las mujeres con cáncer tuvieron que salir a manifestarse para poder acceder a la quimioterapia. El octubre rosa promueve la detección de la enfermedad, pero no hay tratamiento. Saber que tenés cáncer y no poder tratarte te deteriora aún más rápido”, afirmó.

“Siempre denunciamos la violencia que sufren las mujeres indígenas, y este año contamos muchos casos de niñas y mujeres indígenas asesinadas. Tocamos el tema cada año, pero como mujer indígena puedo afirmar que nunca hemos sentido tanto la violencia como en estos meses. La pandemia nos trajo muchas cosas, pero lo más difícil ha sido la violencia comunitaria con el líder. El Estado se desentiende con la ley consuetudinaria, que los líderes sacan para ser violentos. Ninguna ley consuetudinaria, ninguna cultura indígena, se basa en la violencia. Ahora estamos acompañando un caso de violencia comunitaria en Filadelfia, U’jhelavos, en la zona del Chaco”, dijo Daniela Benítez, artesana nivachei e integrante de Mujeres Indígenas del Paraguay.

Norma Bogado, de Cultiva Paraguay, opinó que es posible realizar acciones locales, pero la visibilidad mediática siempre es mayor cuando las actividades se realizan en la capital.

25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres

En 2019, la plataforma Mujeres Libres de Violencia se unió a la marcha del 25 de noviembre haciendo un especial llamado hacia otras mujeres “que nos escuchan y nos ven. A las madres, a las abuelas, a las hermanas, a las hijas, a las tías, a las sobrinas, a las primas, a las vecinas, a las amigas, compañeras, a las paisanas, a las comadres, a las cuñadas, a todas. Queremos decirles para unirnos, para abrir los ojos, para cuidarnos, para cuidar nuestra vida, y sobre todo, para cuidar cada uno de los derechos que hemos ganado gracias a quienes vinieron antes, a las que mataron, a las que sufrieron, a las que maltrataron, a las que violaron de niñas, a las que toquetearon, a las discriminadas, esos derechos por las que lucharon ellas, las que dijeron ‘¡Basta!’, para que nos diéramos cuenta de que queremos ser ¡Mujeres Libres de Violencia!”.

Desde esta plataforma se denuncia la violencia estructural, pero a la vez se valora la capacidad de organización de las mujeres en sus comunidades, en sus territorios, frente al modelo extractivista de la economía y de la vida, que acumula mucha riqueza en manos de unos pocos, destruye el medioambiente y genera pobreza a la mayor parte de las mujeres campesinas y a sus familias.

En Paraguay, la violencia en todas sus formas -ya sea física, psicológica o económica- alcanza a las mujeres. Los feminicidios son frecuentes y dejan a los hijos e hijas desprotegidos. Y, ante todo este panorama, la Justicia no es pronta y barata, ni mucho menos efectiva.

Escrito por Alícia Oliver. La Independent

SemMéxico/La Independent. 21 de noviembre. Con motivo del 25N hablamos con Montserrat Vilà Planas, presidenta de la Plataforma Unitaria contra las Violencias de Género.

¿Cómo surgió la iniciativa de crear esta Red?
Las vocalías de mujeres del distrito del Eixample de Barcelona, desde el año 2000, estábamos trabajando por la sensibilización y la prevención de la violencia de género, fruto de las expectativas que abrió la IV Conferencia de Pekín. Nos dimos cuenta que, desde la transición, las luchas por la igualdad, por la no discriminación, para conseguir los derechos que nos corresponden habían reforzado al movimiento, pero sobre las violencias machistas pensamos que iría bien una Plataforma que, a partir de unos mínimos acuerdos de lucha, se pudiera apuntar y hacer alianza todas las entidades o personas que luchamos contra la violencia hacia las mujeres, con los objetivos de hacer sensibilización, prevención e incidencia política. Y así nació en 2002 la Plataforma Unitaria contra las violencias de género.

¿Cuáles son vuestras líneas de trabajo?
Tenemos tres grandes áreas de trabajo: Incidencia social, de sensibilización y movilización de la ciudadanía con el proyecto del Foro anual de noviembre en el que trabajamos todo el año; con el tercer lunes de cada mes en la Plaza San Jaime para hacer un homenaje a las mujeres asesinadas, con acciones en la calle y en los mercados. De prevención a través de la educación tanto en las escuelas como en el ocio, con Rompemos el Silencio, la Red Activa de Juventud por la Igualdad (XAJI) y otros. Incidencia política, para llevar las campañas más adecuadas y recurrentes a la calle, para incidir todas juntas en las políticas públicas. Lo hacemos participando en el movimiento de mujeres de Cataluña a través de las diferentes Redes como Ca la Dona, como la FEDE, Asociaciones de Vecinos y Vecinas, y también desde los Consejos tanto el Consejo Nacional de Mujeres de Cataluña (CNDC) como el Consejo de Barcelona y sus grupos de trabajo sobre violencias. Incidencia internacional, apoyando a movimientos sociales de mujeres en el mundo y participando en algunas redes como Women Against Violence Europe (WAVE) a nivel europeo.

Acabáis de celebrar la edición 16 del Foro contra las Violencias de Género, ¿qué valoración hacéis?
Estamos contentas porque a pesar de las dificultades para poder hacer el Foro presencial, desde el primer momento de la pandemia el Grupo de Trabajo que lo prepara y el equipo técnico previeron que teníamos que hacer algo especial. Primero, que los contenidos del Foro también tendrían en cuenta el tiempo que estamos viviendo, y segundo, poner los medios técnicos para poder hacerlo virtual y que fuera provechoso.

Hemos tenido seis días de Foro. En principio, habíamos previsto que las mesas redondas y alguna otra actividad fuera presencial. Pero finalmente, a causa de las últimas medidas, todo el Foro fue virtual.

Han participado 4.930 personas en las 7 mesas redondas, los 2 coloquios y las 17 actividades del Foro, y han visionado las mesas y talleres, hasta ahora, otros miles de personas. Hay que añadir 900 jóvenes de los 4 debates, los 2 talleres, la actividad de buenas prácticas, el micro abierto, la Gincana y el teatro foro hecho en el Foro joven. Hemos contado con la colaboración de más 50 talleristas y 45 ponentes.

El recuento oficial nos muestra que 55 mujeres fueron asesinadas, el año pasado, a manos de sus parejas o ex parejas. Este año, ya son 38. En Cataluña, en concreto, 7 mujeres y una niña. Pero si miramos las cifras del Observatorio Feminicidio.net son muchas más. ¿Por qué no se tienen en cuenta las otras violencias machistas?
La ley 1/2004 de medidas de protección integral contra la violencia de género, en su artículo nº1, contempla la violencia machista «como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre estas por parte de los que sean o hayan sido sus cónyuges o de los que estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, incluso sin convivencia». Por lo tanto todas las cifras oficiales hasta ahora dejan fuera otros muchos tipos de violencia machista como violencias sexuales, violencias en relaciones esporádicas, etc.

También el Observatorio de Feminicidio.net contempla todos los feminicidios, es decir, los asesinatos a mujeres y los clasifica muy bien. Por ejemplo contempla el asesinato a mujeres por robo, o por violencia comunitaria. Están contemplados también los asesinatos de los menores asesinados por los padres agresores.

Una de las demandas que se ha ganado con el Pacto de Estado es que se modifique la ley para poder tener unas cifras reales de la violencia machista. Está ya aprobada pero todavía no lo computan.

Volviendo a las cifras que son escalofriantes, ¿qué es lo que falla? ¿Tenemos unas leyes e instituciones a la altura para abordar las violencias machistas?
Realmente las cifras continúan siendo muy altas. La última macro encuesta del estado en 2019, nos alerta de cómo está de arraigada la violencia machista en una sociedad que denominamos patriarcal. ¿Qué falla? La violencia machista es estructural y para cambiarla tenemos que construir otra manera de relacionarnos mujeres y hombres. Esto se está consiguiendo a lo largo de los años con la lucha de las mujeres por sus derechos y libertades. Pero a pesar de que estamos consiguiendo muchos éxitos y cambios sustanciales con medidas y leyes poniendo en la agenda política la violencia hacia las mujeres, la aplicación de estas políticas públicas demasiado a menudo no están a la altura para abordar las violencias machistas. Las personas, las instituciones, que tienen que desarrollar y aplicar estas leyes todavía no están en este cambio que pide atacar a la raíz de la violencia, todavía hay una parte importante de la sociedad que de alguna manera acepta o justifica la violencia hacia las mujeres. Los múltiples estereotipos y mitos hacia las mujeres están muy integrados dentro del imaginario social.

La lucha para erradicar la violencia está ganando terreno desde la base social de la juventud, de las mujeres en general y de algunos hombres que hacen alianza con el movimiento feminista y va tomando cuerpo a nivel mundial como hemos visto estos últimos años con la Huelga feminista del 8M o las manifestaciones del 25N o movimientos como el MeToo, o ahora el movimiento por el aborto libre en Polonia.

¿De qué manera está afectando la Covid-19 a las mujeres que viven situaciones de violencias?
Tiene un impacto directo con un incremento de la violencia machista hacia las mujeres y sus hijas e hijos, a los abusos a menores, en casa, en las redes, en la comunidad.

El aislamiento de todos estos meses, agravado en muchas mujeres por situaciones de pobreza o de trabajo precario crea situaciones de angustia extrema. Agravado por no tener un entorno adecuado. Una compañera explicaba cómo para mujeres migradas el mensaje «quédate en casa» tiene connotación de todo menos de seguridad, con familias viviendo en una habitación sin condiciones ni sanitarias ni de convivencia.

Las mujeres que se han tenido que confinar con su agresor están sufriendo el miedo, el riesgo, la angustia y las agresiones sin muchas posibilidades de salir de la violencia. La disminución de denuncias en los primeros meses de confinamiento lo verifica. Las que ya sufrían una agresión o las que han empezado a sufrirla no han tenido tantas oportunidades de llamar a un servicio o de acercarse a una entidad que las ayudara.

Las mujeres que ya habían salido y no viven con el agresor se han visto sin el calor del acompañamiento que están recibiendo para recuperarse o han tenido muchas dificultades para continuar con los trámites de los recursos o han visto interrumpido su juicio, etc. etc.

En este contexto del impacto y ligado a las violencias machistas los y las menores son las grandes olvidadas. Las que conviven con los padres agresores. Las que están siendo objeto de abusos sexuales dentro de la misma familia. Las que están asediadas en las redes por pedófilos o abusadores directamente. Según la unidad operativa de estos delitos de la GC del estado, se ha incrementado estos meses un 24% en plataformas P2P y un 42,8% en el sector de webs oscuras.

En tanto que periodistas, ¿cuál es la queja qué harías a los medios de comunicación generalistas a la hora de abordar estos temas?
Que hablen con expertas del tema y no con la primera persona que se encuentran del entorno. Que vayan a las raíces del tema, con información contrastada. Que no sean cómplices de esta violencia normalizando situaciones o escondiendo la impunidad de los agresores. Los asesinatos que no los traten como un suceso que pasa como una fatalidad.

En definitiva que se pongan junto al movimiento feminista y de las mujeres que luchan por sus derechos y libertad y que ayuden a hacer este cambio social que lleve a un mundo libre de violencia machista.

16 días de Acción

• Afirma que se trata de grave regresión en los derechos humanos de niñas y mujeres.
• Piden asignación de recursos ante las más de 73 mil mujeres víctimas de violencia feminicida
• Advierten que hay en las estadísticas oficiales cifra negra: Alertistas

Elda Montiel

SemMéxico, Cd. de México. 20 de noviembre 2020.- La Red Nacional de Alertistas y defensoras de Derechos Humanos en 17 entidades del país se pronunciaron contra la arbitraria decisión de dejar sin efecto las Declaratorias de Alertas de Violencia de Genero contra las Mujeres, AVMG, que no cumplen con las recomendaciones de Gobernación.

Afirman airadamente que la reducción al presupuesto etiquetado con perspectiva de género, es una regresión para las políticas públicas destinadas a atajar la violencia contra las mujeres y piden recursos etiquetados.

En un comunicado afirman que hoy hay una carencia desde el gobierno la falta de una estrategia de acción única e integral para enfrentar la violencia contra las mujeres.

En el comunicado, las organizaciones promoventes de las AVGM  refieren que tan sólo en los nueve meses del 2020, más de 73 mil mujeres han sido víctimas de violencia de género y el 83.3 por ciento de los casos se refieren a delitos que atentan contra la libertad personal.

Las llamadas al 911 por violencia familiar ya suman más de 531 mil por incidentes; 181 mil 225 por violencia de pareja y solamente se reconocen 704 feminicidios, de acuerdo a cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, la red de alergistas visibiliza la existencia de una cifra negra que triplica estas cifras.

En lo que va de la actual administración, sostienen, que han observado una grave regresión en materia de los Derechos humanos de las niñas y las mujeres, lo que se agrava sin que exista estrategia única de Estado, ni programa de acciones de emergencia frente al tamaño de la violencia contra las mujeres.

Destacan la disminución progresiva del presupuesto etiquetado para la atención y operación de las Declaratorias de AVGM en el país aprobado para el 2021, que tiene una reducción del 65 por ciento en el rubro destinado para coadyuvar el mecanismo de las Alertas, y un 12 por ciento en el fondo de transferencias a los Estados y municipios, con respecto al ejercicio de 2020, es decir, eliminan 2 mil millones de pesos del PEF para el próximo año.

Las políticas de austeridad y restrictivas afectan de manera directa la operación de las actuaciones gubernamentales en los territorios de 28 entidades de la República Mexicana que se encuentran bajo el mecanismo de la AVGM.

Afirman que es manifiesta la falta de compromiso del Estado Mexicano para garantizar el acceso a una vida libre de violencia para niñas y mujeres y recuerdan que así se incumplen todas las recomendaciones de la CEDAW, que pidió a México etiquetar de manera progresiva el presupuesto con perspectiva de género para las mujeres.

Demandan, por tanto, el cumplimiento efectivo del mecanismo de la AVGM y lineamientos efectivos para la asignación de recursos.

Piden legalidad y no violencia institucional y hacer efectiva la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

Advierten que la efectiva participación de las organizaciones promoventes del mecanismo de las AVGM daría garantías para cumplir su labor. Anunciaron que van a agotar todas las instancias nacionales e internacionales para hacer valer el mecanismo de las AVGM.

Del 2013 al 2020 se han solicitado 52 AVGM en 28 entidades del país, y sólo 21 han sido declaradas en 18 estados de la república, 11 acumuladas, cuatro desechadas, ocho no declaradas y cuatro en proceso. Cabe destacar que en ninguna entidad se ha cumplimentado total o parcialmente las recomendaciones y medidas determinadas por la Secretaría de Gobernación a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres CONAVIM.

Detallan la Red Nacional de Alertistas ha llevado a cabo un análisis de la situación y concluyen que no hay certeza jurídica ni reglas claras en la aplicación del mecanismo de la AVGM, lo que ha generado una atención desigual, inequitativa y deficiente en los estados alertados.

Citan como ejemplo los casos de Sonora, Campeche, Durango y Colima.

En Sonora se ha solicitado desde el año de 2015 tres distintas AVGM sin que se hayan aprobado, aun cuando la violencia feminicida coloca a los municipios de San Luis Río Colorado, Nogales, Hermosillo, Guaymas, Empalme y Cajeme entre los cien municipios del país con mayor incidencia feminicida. Cajeme ha sido incluido en el Programa de Atención a zonas prioritarias por el Sistema Nacional de Seguridad Pública;

En Campeche aún falta poner en práctica acciones de prevención y sanción contra las violencias feminicidas, la violencia sexual contra las niñas y mujeres, así como garantizar la investigación, sanción y reparación a las víctimas de tentativa de feminicidio, feminicidio y trata, especialmente se carece de acciones en la búsqueda oportuna y con vida de niñas y mujeres desaparecidas – Alerta Alba-.

Durango, es el estado con el menor índice de respuesta a los resolutivos de la Alerta. A dos años de activación el estado no cuenta con refugios para mujeres violentadas y sus hijos e hijas, no se ha implementado el protocolo para la emisión de órdenes de protección y se carece de instituciones responsables para la reparación integral del daño a las víctimas.

Colima, a tres años de la declaración de la Alerta, señalan,  la Fiscalía General, la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y las Secretarías de Seguridad Pública Municipales han incumplido con las recomendaciones relacionadas con medidas de seguridad y protección, prevención de la violencia, acceso a la justicia y reparación del daño. El Grupo Interinstitucional y Multidisciplinario (GIM) se ha reunido en 7 ocasiones, para evaluar solamente el Informe del año 2018, aún quedan pendientes de evaluar los informes de 2019 y 2020.

El tratamiento desigual en los estados en donde se ha declarado la AVGM y los Estados donde solo se han emitido recomendaciones sin declaratoria, provoca ese trato desigual en la asignación de presupuesto para atender las recomendaciones, lo que es evidente en estados como Querétaro, Sonora, Ciudad de México, Chihuahua, Tlaxcala, Tabasco, Yucatán, Guanajuato, Baja California y Coahuila.

En los estados con AVGM declarada la falta de transparencia en la aplicación de los recursos etiquetados, tanto Federal como estatal; en territorios municipales no se sabe si aplica o cómo i se opera; sumado a ello es lamentable que en las entidades con Alerta, los recursos presupuestales apenas llegan al 0.26 por ciento de sus presupuestos destinados para acciones de igualdad entre mujeres y hombres y para la AVGM no se etiqueta.