Estrella Pedroza 

SemMéxico. Morelos. 17 de marzo de 2021.- Colectivos de familiares de víctimas  lanzan un  S.O.S  ante el intento del gobierno de Cuauhtémoc Blanco Bravo de apoderarse  de  la  Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos  al pretender imponer una terna, para elegir a la o el titular, violentando Ley de Víctimas del Estado de Morelos.

Mujeres  integrantes de los  colectivos “Regresando a Casa Morelos”, “Víctimas y Ofendidos del Estado de Morelos” “Unión de Familias Resilientes” y “Ana Karen Vive” han iniciado una jornada de protestas bajo el lema «Sin la familias no» para visibilizar las irregularidades con las que se pretende imponer a la próxima titular de dicha comisión. 

Angélica Monrroy, integrante de “Regresando a Casa Morelos”, destacó que «el Poder Ejecutivo pretende enviar al Congreso de Morelos una terna con perfiles alineados al gobernador y con ello  se  violenta la Ley de Víctimas del Estado de Morelos porque no está tomando en cuanta a las familias».

La citada Ley en su artículo 118 señala que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos estará a cargo de un Comisionado Ejecutivo, que será elegido por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Congreso del Estado, de la terna que el Gobernador del Estado, previa consulta pública que se realice a los colectivos de víctimas, expertos y organizaciones de la sociedad civil especializadas en la materia.

«Pero lo que estamos viendo es que las personas que el Poder Ejecutivo está proponiendo son personas o que tienen afinidad con el Gobierno del Estado o/y que son propuestas por uno que otro colectivo que surgió de manera repentina pero que ni representa a las familias y que no tiene trabajo en este camino de búsqueda y la terna debe ser avalada por el mayor número de familias y no solo por unas cuantas», dijo.

De acuerdo a los colectivos que integran decenas de familias que buscan a sus seres queridos que están en condición de desaparecidos  o fueron víctimas de violencia, «es importante que a ese espacio llegue una persona verdaderamente comprometida con el tema, que tenga experiencia pero sobretodo empatía con las víctimas, que trabaje por y para las víctimas». 

Angelica Monroy  recordó  que la anterior titular Naxielli Carranco Lechuga no tuvo ni la sensibilidad, ni la preparación, pese a que venía de sociedad civil, se manejó  por intereses personales y nunca hizo nada por  ejercer y defender los recursos de las víctimas». 

Añadió : 

«Ella era gente de Graco Ramírez (exgobernador de Morelos) y tenía la consigna de no gastar el recursos  en víctimas; tan fue así que cada año se etiquetaron  aproximadamente 30 millones de pesos y nunca se ejercieron debida y equitativamente; los dejo perder». 

Los colectivos de víctimas han enviado una carta a las y los diputados de la LIV Legislatura  en la que explican la situación y hacen la siguiente petición: 

«Es de suma importancia que la voz de las víctimas del Estado de Morelos,  ya que directamente sin elección ocupamos un lugar que no buscamos pero por dichas circunstancias somos la parte interesada por lo que les hacemos respetuosamente petición de tomar en cuenta nuestra candidata la Angélica Danae Velázquez Luna para el nombramiento de la persona titular de la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos», se lee en el documento. 

Y a pesar de que han acudido en dos ocasiones al Congreso Local prácticamente han sido ignoradas la madres, hijas, hermanas y tías de las víctimas de esta entidad.

Hasta ahora no han logrado que la Comisión de Justicia, Derechos Humanos y Atención a Víctimas, presidida  la diputada Érika García Zaragoza, les de una audiencia. 

En su última visita, realizada este miércoles, fue el diputado del Partido de Encuentro Solidarios (PES) -partido del que emanó el gobernador de la entidad- las recibió. 

«Se comprometió  a hacer de conocimiento de sus homólogos y que las víctimas quería transparencia para la terna pero dijo que él  no podía hacer más… «, dijo, Ana Luisa Garduño, integrante del colectivo “Ana Karen Vive”.

Subrayó que entre  los motivos por los que se quiere una persona comprometida al frente de la Comisión es porque desde el año pasado están 147 familias sin poder acceder al Fondo de Reparación  y además a tres meses de haber iniciado el año no hay una calendarización de las actividades del Consejo que rige este organismo.

Josefina Aguilar Pastor   

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 17 de marzo de 2021.- Cecilia Bringas Reymundo, pide a diputadas y diputados de la Junta de Coordinación Política (Jucopo)  y de la comisión de Asuntos Políticos de Gobernación, la escuchen y conozcan las carpetas de investigación por abuso deshonestos y violencia familiar, que pesan sobre el magistrado Héctor Flores Piedra, propuesto para ser promovido en el Tribunal de Justicia Administrativa. 

En días pasados, Cecilia Bringas Reymundo, presentó al Congreso Local a través de la Secretaría de Servicios Parlamentarios, una solicitud dirigida a las diputadas y diputados, a fin de que no aprobaran la promoción del magistrado Héctor Flores Piedra en el Tribunal de Justicia. 

La solicitante señaló en dicha petición que Flores Piedra, no es un hombre íntegro y comprobó que sobre él pesan tres carpetas de investigación que se mantienen abiertas por los delitos de abusos deshonestos en contra de una menor de edad, violencia familiar equiparada y deudor alimentario. 

Sin embargo, dio a conocer que, al momento de entregar dicha petición, al interior del Poder Legislativo, no solo ya conocían el caso, sino que de antemano lo descalificaron, asegurando que los señalamientos, eran falsos.

Derivado de esta situación, este martes, de nueva cuenta, Bringas Reymundo, se presentó en la sede del Poder Legislativo, para presentar una nueva solicitud, ahora de audiencia, amparada por la propia ley orgánica del Congreso del estado, a fin de que las diputadas y los diputados, conozcan de viva voz, los señalamientos en contra del magistrado, antes de que se realicen los dictámenes y votaciones sobre la promoción de Flores Piedra. 

La solicitante, pide que dicha audiencia sea lo antes posible, por lo que prevé que pudiera ser recibida y escuchada por las y los diputados entre este miércoles o jueves. De lo contrario advirtió, la estarían dejando en la total indefensión.  

A fin de que se corrobore lo expresado en su anterior impugnación, “y que no se comente la no existencia de los actos realizados por el señor Héctor Flores Piedra”, Cecilia Bringas, anexó copia de los documentos con los que acredita la existencia de la tramitación de las carpetas judiciales y expedientes abiertos en contra del magistrado. 

Siendo estas, la carpeta de investigación con número 12022230100076170619, por delitos sexuales en su modalidad de abusos deshonestos ante la Fiscalía General del Estado (FGE), en la Unidad de Investigación en Delitos Sexuales y Violencia Familiar del distrito judicial de los Bravo, adscrita al Centro de Justicia de Mujeres, en contra de una menor de la que por razones obvias omitió su nombre. 

Así como la carpeta de investigación número 12022230200138170919, por el delito de violencia familiar equiparada ante la FGE; un juicio pro hechos de violencia familiar ante el Juzgado de Primera Instancia en materia Familiar especializado en Violencia contra las mujeres, bajo el expediente 19/2019. 

También un juicio especial de alimentos -aumento de pensión alimenticia- para su menor hija, ante el juzgado segundo de primera instancia de lo familiar del distrito judicial de los Bravo, bajo el expediente 260/2019-III. 

• El impacto económico de la pandemia desastroso para las mujeres.

Elda Montiel 

SemMéxico. Cd. de México. 17 de marzo 2021.- La reforma legislativa para disminuir la brecha salarial de las mujeres se da en un entorno en donde las desigualdades se agudizaron por la pandemia, con una disminución de la participación económica de las mujeres que se traduce en un retroceso de 15 años para México, mientras que para América Latina fue de diez años, de acuerdo con la CEPAL.  

La Secretaria Ejecutiva de CEPAL, Alicia Bárcena, ha dicho que las mujeres están en primera línea en el sector salud, representan el 7,3 por ciento de los trabajadores de salud, pero ganan 21,7 por ciento menos. Además, se ha exacerbado la carga de cuidados no remunerados para las mujeres y enfrentan carencias de ingreso y de acceso al internet. 

En México, la pandemia ha impactado de manera desproporcionada a las mujeres, de acuerdo con los datos recabados por las investigaciones del Instituto Mexicano de la Competitividad (IMCO). 

El 41 por ciento de las mujeres que trabajan sufrió disminución en sus ingresos y el 21 por ciento perdió su empleo por asumir otras responsabilidades, mientras que, en el caso de los hombres, se debió a recortes de personal. 

De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en abril del 2020, se perdieron poco más de 12 millones de empleos, con una recuperación de la economía lenta y una crisis de salud que todavía no termina, lo que ha impactado directamente en los hogares y sus ingresos.   

Antes de la pandemia la brecha salarial se venía cerrando desde el 2005, aunque las mujeres obtenían ingresos menores a los hombres. Por ejemplo, si Juan ganaba 100 pesos por un trabajo, María ganaba sólo 86 pesos. 

De acuerdo con una encuesta del IMCO con Reforma, el 48% de los hombres con menos ingresos reportó un recorte de entre el 20% y 50%, mientras que el 32% de las mujeres con menor salario reportaron una disminución de más de la mitad. Si se considera que la mayor proporción de las mujeres gana entre $2 mil 600 y $6 mil pesos, esto significa que el impacto en su economía fue mayor.

Transitar de la ley a los hechos 

Las y los legisladores han coincidido en que se está dando un paso adelante para proteger los derechos humanos de las mujeres al dotar de un marco legal la Igualdad de Género en el trabajo para disminuir la brecha salarial.

En esta tardea, tanto los empleadores del sector público como del sector privado, tendrán un mandato claro para que esta brecha laboral, cargada de discriminación, sea erradicada. Sin embargo, el reto es llevar el texto a la realidad, transitar de la igualdad en la ley a la igualdad en los hechos. 

Hay que reflexionar en los años que han tenido que pasar para ir elaborando estos instrumentos. 

Por ejemplo, el principal cambio sustantivo de esta reforma es la transición por el principio de igualdad de remuneración “por trabajo igual”, hacia el principio de igualdad de remuneración por trabajo “de igual valor”, conforme al Convenio número 100 de la Organización Internacional del Trabajo OIT (OIT). Sólo que esta especificación de la OIT data de 1951, tuvieron que pasar 70 años para armonizar la legislación mexicana.  

Algo parecido ocurrió con el Convenio 98 de la OIT, que se creó en 1949 relativo a la aplicación de los principios del derecho de sindicación y entró en vigor en 1951, pero en México hubo una demora de más de 60 años para su aprobación, ya que fue hasta septiembre del 2018 cuando el Senado lo aprobó y México se obliga a implementarlo en 2019, cuando estaba en proceso la firma del TMEC. 

También en 2019 las empleadas del hogar lograron la seguridad social, reformas a la ley laboral para garantizar sus derechos y la ratificación del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que data del 2011. Aquí el Estado tardó en ratificarlo sólo ocho años. 

Ahora las trabajadoras domésticas seguirán luchando porque todo eso no quede en papel, se logró un paquete con el IMSS para un programa piloto de afiliación por parte de los empleadores, pero igual quedó suspendido por la pandemia, pero en opinión de la sindicalista Rosario Ortiz, con experiencia en las reformas a la Ley Federal del Trabajo, esto sólo fue un escalón más de la simulación.

Respecto al marco jurídico para la igualdad de género en el trabajo, otro de los retos es que existen estados como Coahuila, Campeche, Chihuahua, Aguascalientes y Durango con mayor disparidad y bajos salarios para las mujeres.   

También se busca que las mujeres no sean discriminadas y tengan igualdad de condiciones que los hombres por lo que el Estado deberá impulsar políticas públicas que fortalezcan el acceso de las mujeres al empleo, en el sector público, privado y social. 

Hay que destacar que entre las iniciativas que se consideraron, Patricia Mercado propuso una ruta para que se igualen los salarios en la administración pública, aquí el reto es ver si los recortes de personal, como el recientemente anunciado por la Secretaria de Educación, Delfina Gómez, dentro de la política de austeridad de la Cuarta Transformación afecta el cumplimiento de la igualdad salarial.  

Además, la brecha salarial va desde el 18 por ciento hasta el 35 por ciento como lo señaló la legisladora Verónica Delgadillo cuando precisó que si un hombre gana 6 mil pesos al mes, una mujer, en ese mismo puesto, que hace y tiene las mismas responsabilidades gana 3,900 pesos; recibe 2,200 pesos menos.

 “¿En qué se traduce esa brecha salarial? Se encarna en miles y millones de mujeres que viven una vida más precaria y con más problemas. Es más difícil acceder a la salud, a la educación para sacar adelante a sus familias solo por ser mujeres”, acotó