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Interponen queja ante la CNDH por irregularidades de la Fiscalía de Oaxaca

* Pide víctima de violencia familiar acompañamiento en las audiencias 

* Extravían el expediente y no hay actos de investigación en la carpeta

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 6 de agosto, 2020.- Por un cúmulo de irregularidades cometidos por la Fiscalía General de Justicia de Oaxaca, LVT, presentó una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en la que pide se conozca la grave violencia institucional y violaciones a los derechos humanos de que he sido objeto.

Como se recordará en SemMéxico – https://semmexico.mx/?p=23479 – se publicó la denuncia de LVT, quien presentó denuncia por violencia familiar ante la vicefiscalía Regional de la Costa, en el Estado de Oaxaca, en la que denunció los múltiples agravios cometidos por su ex pareja, un empresario de origen italiano asentado en Mazunte.

De igual forma pide se dicten medidas cautelares urgentes que garanticen su derecho al acceso a la justicia, a la seguridad y a la alimentación en la audiencia inicial que se llevará a cabo mañana 7 agosto en el Juzgado de Control de San Pedro Pochutla.

Y también solicitan que la CNDH que un visitador asista a la audiencia como observador de derechos humanos en la audiencia inicial y que la Comisión –de manera urgente- pida al presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado para que considere pertinentes la aplicación de convencionalidad y juzgue con perspectiva de género y enfoque de derechos humanos.

Esto luego de que personal de la Fiscalía de Oaxaca habría obstaculizado el avance de la denuncia de LVT al “extraviar” durante meses la carpeta de investigación de su denuncia que presentó el 29 de enero de 2020, carpeta en la que acusa, no hay actos de investigación entre el 29 de abril y el 19 de junio, por parte de la dependencia.

SEM/sj

Contrapeso legislativo; basta con 80 distritos federales

+ Sobre contagios y cadáveres, Morón en campaña

+ El raro asesinato de Lalo Ochoa

Por Martha Elba Torres Martínez

SemMéxico. 06 de agosto 2020.- Sobra razón al dirigente del PRD en Michoacán, Juan Bernardo Corona, cuando se pregunta: “¿que no podemos ponernos de acuerdo, en por lo menos 80 distritos federales para lograr el contrapeso en la Cámara de Diputados?”.

La alianza opositora, se cocina para las elecciones federales intermedias. En lo local, ya se verá.

Es un tema de sobrevivencia. De interés nacional; de unidad, por encima de divergencias ideológicas. “A todos nos va mal, parejo, militantes, apartidistas, abstencionistas, empresarios, trabajadores, campesinos. Nadie puede decir que le va a toda madre”, dice por su parte, el dirigente estatal del PRI, Jesús Hernández.

Las alianzas electorales no son nuevas y han recorrido un largo camino. ¿Qué ha fallado? La selección: cuando no salen malos, resultan peores los que encumbran en el poder. Nuevamente lo estamos sufriendo. Sueños que se convirtieron en pesadilla.

Es cosa, como dice Juan Bernardo, que se pongan de acuerdo en cada distrito.

El PAN ha dicho que con el PRI, nada. La soberbia azul. Pero lleva una década trabajando con el PRD. El dirigente estatal, Oscar Ledezma, es la mejor prueba: es diputado local de mayoría, gracias a los votos amarillos. Aquí se requiere de sumar, no restar. No hay llanero solitito.

Y sí, a toditos no va de la refregada. Hasta a los canijos delincuentes. ¿Qué le roban al pobre que no trae un peso en la bolsa porque perdió el trabajo? Se meten a una casa y no encuentran más que deudas y Covid. Las empresas quebradas y los campesinos e indígenas, en el abandono. Burócratas que no les pagan la quincena, o ya les mocharon una buena parte, para “la austeridad”.

Los morenos y fans de Amlo ¿no lo sufren? ¡Claro que sí! Pero calladitos se ven más bonitos.

O sueltan la sopa, como el titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Víctor Manuel Toledo. No importa que lo haya dicho en marzo o esta semana: la 4T es pura retórica engañabobos. “Está llena de contradicciones muy fuertes y de luchas de poder”.

“No idealizar la 4T porque no esta en la cabeza del Presidente ni en su gabinete”. Lo dijo un secretario de Estado.

¿Cómo le cayó a López Obrador la filtración del audio? Para que vean que a él también le va de la fregada.

Pero lo mejor, finalmente la respuesta de ayer del Presidente, en Sonora: él es el responsable de las decisiones en el gobierno y por tanto de todas sus estrategias fallidas en seguridad, salud y economía…

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Y es que López Obrador hace escuela con los gobernantes emanados de Morena, con las malas decisiones.

Por eso le va muy mal en las redes sociales, al alcalde de Morelia, Raúl Morón, con dos errores tremendos: con semáforo rojo, china libre a restaurantes, bares y antros. ¡Claro! Los giros rojos es lo que más deja, y sus informes en nueve tenencias y el 15 de agosto, en la plaza Jardín Morelos con 300 invitados especiales, comenzando con el presidente López Obrador. Qué tal que si venga.

Pero ya chole con eso de los “especiales”. ¿De qué o en qué? Les apuesto que serán los mismos de siempre: empresarios, ministros de culto, la milicia, la horda de legisladores, algunos funcionarios federales y desde luego, el ayuntamiento y dirigentes de Morena. Neta. Ese calificativo no es más que otra de las contradicciones de la 4T.

Desde el 22 julio, la Secretaría de Salud del estado advirtió que de relajarse las medidas sanitarias con la reactivación socioeconómica, podría llegarse a los 10 mil casos positivos de Covid para el 10 de agosto, de acuerdo a las proyecciones del modelo matemático Kermack-McKendrick. A finales de ese mes, ya había valido gorro.

El 30 de julio, el gobernador Silvano Aureoles emitió un decreto de medidas extraordinarias, uso obligatorio de cubreboca y horarios específicos para establecimientos nocturnos y se prohibió la operación de tianguis y mercados los fines de semana.

Pero dijo Morón Orozco, que en Morelia las decisiones las toma él. Llovió la crítica en redes y el día 4, el desacuerdo de Silvano con el desacuerdo del edil:

“Esa es una verdadera irresponsabilidad, porque juegan con la vida de las personas, juegan con la vida de las familias. Hasta que no se les enferma algún familiar o fallece algún cercano, entonces si reaccionan, y entonces quieren apoyo de inmediato de los servicios de salud, pero antes no hacen la parte que les toca, siendo los principales responsables de la salud en sus municipios. Pero tiempo al tiempo. Después empiezan las quejas y las demandas de apoyo, por andar promoviendo que la gente no cumpla con las medidas sanitarias.

“Morelia tiene un millón de habitantes, si se nos llega a salir de control, no nos la vamos a acabar, porque no nos alcanzarían los espacios ni el personal médico para atender a la gente contagiada o enferma. Pero el mal ejemplo lo pone el Presidente de la República al no usar el cubrebocas, qué podemos esperar de los que lo siguen”. Así en su mensaje en redes, el mandatario.

Al cierre de ayer, Michoacán ya sumaba 10 mil 646 casos acumulados y 850 vidas perdidas. Nada más por no aceptar la gravedad de la situación…

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Y es que todo alrededor es muerte, incertidumbre. México está en el punto A y ni siquiera puede ver el punto B. Así de mal.

En el gremio periodístico, cerca de 20 colegas caídos por Covid y en una sola semana, tres absurdas muertes: Tere Huerta, de Veracruz, luego de una larga agonía por un accidente vehicular; a Pablo Morrugares, de Guerrero, le dispararon dentro de un bar en Iguala, y aun con escolta al estar adherido al Mecanismo de Protección a Periodistas.

En Uruapan, Michoacán, Luis Eduardo Ochoa Aguilar, que si bien no se encontraba en activo desde hace tres años por estar en la academia, era muy apreciado por el gremio al haber trabajado para varios medios del estado.

Y eso es lo extraño de su asesinato.

Corrieron dos versiones: que le dispararon en la cabeza cuando estaba en su carro; la otra, que estaba en su casa con unos amigos, oyó un pleito afuera. Salió y al tratar parar la pelea, le dispararon.

La real, es que se encontraba en la casa de su abuelo, salió con él a comprar unas hamburguesas y en el camino y unos sujetos los asaltaron. Lo raro, es que a Lalo, uno lo separa, se lo lleva a un jardincito y le dispara dos veces en la cabeza. No había revelado amenazas de muerte, pero al parecer si había una en su contra.

La Fiscalía General del estado esta obligada a resolver este crimen, pero también el de Chava Adame, cometido en 2017, y los de una docena más. Si ya les dieron carpetazo, porque cualquiera que sea la razón, que se informe, porque tenemos derecho a eso, sus familias y periodistas: saber por qué murieron y a manos de quién.

Cuesta embarazo adolescente el 0.27 % de PIB a México

* Presenta UNFPA el informe Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México

* 20 % de los partos en la región de AL y El Caribe correspondió a mujeres menores de 20 años

María Ramírez 

SemMéxico/Naciones Unidas, Cd. de México. 6 de agosto, 2020.- El embarazo adolescente cuesta a México el 0.27 por ciento del Producto Interno Bruto, señala el informe sobre las Consecuencias socioeconómicas del embarazo en adolescentes en México, que presentó hoy el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA).

Este análisis, amplio de la situación del embarazo adolescente, evalúa su costo para las madres adolescentes, la sociedad y el Estado Mexicano y señala que de acuerdo con el informe de UNFPA, el 20 % de los partos en la región de América Latina y El Caribe correspondió a mujeres menores de 20 años. 

Esto representa un problema ya que las madres adolescentes tienen un logro educativo mucho menor, perciben ingresos inferiores y presentan mayores niveles de desempleo. Tienen menor acceso a la seguridad social y a un empleo formal.

“En México, la brecha educativa es muy significativa entre las mujeres que fueron madres en edades tempranas y las que fueron madres en edad adulta”, dijo Federico Tobar, el asesor regional de Aseguramiento de Insumos de Salud Sexual y Reproductiva de UNFPA.

El embarazo adolescente representa un problema de salud, pero también social y político: el informe presentado en conferencia virtual revela que el impacto económico total del embarazo en adolescentes para la sociedad (por pérdida de ingresos y empleos) es de casi 63 mil millones de pesos, y más de 11 mil millones de pesos de pérdida de ingresos fiscales para el Estado – un costo que representa el 0.27 por ciento del PIB-.

Uno de cuatro habitantes de América Latina y Caribe tiene entre 15 y 29 años de edad; en México, en 2020 está parte es de 25.5 por ciento, unas 32.6 millones de personas.

“¡Como país, esto nos cuesta muy caro!”, expresó Arie Hoekman, Representante de UNFPA México. 

Un tema de derechos humanos

Más allá, el informe recuerda que prevenir que una niña o una adolescente se embarace es una cuestión de derechos humanos y es la llave para acceder a muchos otros derechos, como el derecho a la salud, a continuar estudiando, a tener mejores oportunidades laborales, entre otros.

María Antonieta Alcalde, directora de la organización IPAS Centroamérica y México, señaló durante el intercambio que siguió la presentación del informe que la educación sexual para la prevención del embarazo adolescente es un derecho humano y constitucional que se debe garantizar de manera universal.

Parte de estos embarazos son forzados y son la consecuencia de la violencia de género, y necesitan políticas públicas específicas, expresó la directora del Consejo Nacional de Población, Gabriela Rodríguez.

Un otro informe del PNUD publicado esta semana documentó el aumento del embarazo adolescente durante las medidas de confinamiento por la pandemia de COVID-19. 

 “Las personas adolescentes y jóvenes representan el presente y el futuro de cualquier sociedad”, dijo Arie Hoekman. “En la medida que este segmento de la población obtenga oportunidades para su inserción económica y social, a la sociedad en general le esperará un futuro más próspero”.

SEM/sj

El ministro Gutiérrez Ortiz Mena analizará tema de aborto en Veracruz

Por: Ana Alicia Osorio/Testigo Púrpura

SemMéxico/ Billie Parker Noticias. Veracruz. 06 agosto 2020.- El tema del aborto en Veracruz ya fue entregado a otro ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que lo analice y presente un nuevo proyecto ante la Primera Sala.

Ahora el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena será el encargado de analizar el amparo y su resolución, presentado por asociaciones civiles porque el Congreso del Estado se negó a modificar las causas de aborto legal en la entidad veracruzana.

Este ministro, quien ya estuvo a cargo de un proyecto donde se dictaminó que negar el aborto en casos de que haya posibles complicaciones a la salud de las mujeres es una violación a sus derechos, será el nuevo encargado de elaborar un posicionamiento.

 “El Ministro Gutiérrez Ortiz Mena ha sido consistente en proponer que los casos sean analizados con perspectiva de género. Su manera de pensar sobre la equidad y discriminación lo ha llevado a pronunciarse en favor de declarar la inconstitucionalidad de normas secundarias que, a su juicio, resultarían en un reforzamiento de estereotipos de género”, señala la página de la Corte.

Ello luego de que el pasado 29 de julio los y las ministras rechazaron un proyecto donde se determinaba que el Congreso debía hacer las modificaciones necesarias ya que consideraron que la forma en que se planteaba (omisión legislativa) no era la correcta.

El caso del aborto en Veracruz llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación luego de que el Congreso se negara a ampliar las causas de interrupción legal del embarazo como lo marcaba la Alerta de Violencia de Género (hasta las 12 semanas de gestación sin restricción, por salud de la mujer y sin tiempo límite por violación).

Ante ello algunas organizaciones feministas presentaron un amparo que fue resuelto a su favor pero el Congreso apeló esa decisión y la SCJN decidió que le toca decidir al respecto por la importancia del tema.

El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio había señalado que es necesario que el nuevo ministro actúe de manera rápida para que el proyecto se vote a la mayor brevedad posible.

Exigen periodistas de Guerrero esclarecer asesinato de informadores

  • Condenan el atentado contra el Diario de Iguala
  • Demandan justicia por el asesinato de siete informadores en los últimos años

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 6 de agosto, 2020.-  Periodistas de la entidad condenaron el ataque a las oficinas del periódico Diario de Iguala y exigieron a los gobierno federal y estatal una investigación a fondo, detener a los responsables e impartir justicia, así como esclarecer los asesinatos de siete comunicadores asesinados en los últimos años.

Periodistas aglutinados en organizaciones como el Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa (SNRP) y la Asociación de Periodistas del Estado de Guerrero (APEG) emitieron un posicionamiento respecto a los últimos acontecimientos ocurridos en el municipio de Iguala, en la región Norte, donde  los últimos días, se han cometido agresiones en contra de representantes de los medios de comunicación.

Los comunicadores condenaron de forma enérgica el ataque armado en contra de las oficinas y taller del periódico Diario de Iguala, hechos ocurridos la mañana de este martes y que vulnera el derechoa a la libertad de información y de expresión.

“Demandamos a los gobiernos federal, estatal y municipal una investigación a fondo para esclarecer la artera agresión a las instalaciones de este medio informativo, donde además se imprimen los periódicos locales Diario de la Tarde y Redes del Sur”,  especifica el documento.

Al mismo tiempo exigen el esclarecimiento de los asesinatos de los siete comunicadores registrados en lo que va de la presente administración estatal, entre ellos; el del director del periódico El Foro de Taxco, Francisco Pacheco Beltrán; el del reportero del Despertar del Sur, Cecilio Pineda Birto; la directora del portal Denuncias Acapulco sin Censura, Pamela Montenegro; el del locutor de Radio y Televisión de Guerrero, Gabriel Soriano Kuri.

El del director del portal La Verdad Zihuatanejo, Edgar Alberto Nava López; el de Víctor Fernando Álvarez Chávez, director del portal Punto por Punto; y el más reciente, el de Pablo Morrugares Parraguirre, asesinado la madrugada del pasado domingo 2 de agosto, en Iguala de la Independencia.

Exigen a los gobiernos federal y estatal, la plena garantía y condiciones para que las y los periodistas puedan desempeñar libremente su labor, sin ningún tipo de obstáculos, agresión directa o indirecta que afecte el derecho de informar.

SEM/jap/sj

Crearían un Registro Estatal de Agresores Sexuales y Trata infantil

  • La propuesta legislativa fue presentada por Elisa Zepeda
  • La información sería expuesta a través de la plataforma de Sipinna

Redacción

SemMéxico, Oaxaca, 6 de agosto, 2020. La diputada Elisa Zepeda presentó al Congreso Local, la iniciativa de reforma con proyecto de decreto a la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, con la que se propone crear el Registro Estatal de Agresores Sexuales y Trata Cometidos Contra Menores de Edad.

Lo anterior con el objetivo de crear un mecanismo que permita detectar de forma ágil y oportuna, la manera en que operan los criminales, y responsables de agresores sexuales de menores de edad. Así como las condiciones y lugares de mayor incidencia delictiva, al Sistema Local de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna).

La propuesta legislativa promovida e impulsada por la diputada morenista, Elisa Zepeda, añade que el Registro Estatal de Agresores Sexuales y Trata Cometidos Contra Menores de Edad, deberá concentrar información precisa del inculpado: nombre, sobrenombre, seudónimo o apodo, domicilio actual, Clave Única del Registro de Población (CURP), filiación, señas particulares, entre otros datos.

Expone que será la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del Estado y el Tribunal Superior de Justicia proporcionarán la información necesaria a la Secretaría Ejecutiva del Sistema local a fin de mantener actualizado el Registro Estatal.

Se establece, además que la información recabada será publicada por Sipinna, a través del portal electrónico con el que cuenta, apegada a los términos de esta ley, antes mencionados y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Oaxaca.

La diputada Elisa Zepeda indicó que actualmente Ley estatal, no existe una plataforma estadística e información de datos de los sentenciados por los delitos de violencia sexual y de trata cometidos en contra de las niñas, niños y adolescentes; en el que las personas puedan conocer la información de hombres y mujeres, que hayan cometido alguna agresión de índole sexual y del delito de trata.

Señaló que proteger a las niñas y niños víctimas de la trata requiere identificar a las víctimas a tiempo, ubicándolos en un entorno seguro, brindándoles servicios sociales, de salud, de apoyo psicosocial y de reintegración con la familia y la comunidad.

La propuesta legislativa por la que se reforman los artículos: 108, 125 Bis, 125 Ter, 125 Quáter, 125 Quinquies Y 125 Sexeis de la Ley de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, se turnó a la Comisión Permanente del Congreso Local correspondiente para su análisis y dictamen.

SEM/sj

Uso y aprovechamiento de tierras, un pendiente para la igualdad de género

  • Presentan iniciativa para abatir la desigualdad y discriminación en materia agraria
  • RNA señala que las mujeres poseen solo el 26.3 % de núcleos agrarios en todo el país

Lorena Vaniezcot

SemMéxico, Cd. de México, 6 de agosto, 2020.- Ante la Comisión Permanente del Congreso, diputadas y diputados de Morena y del PVEM proponen establecer en la legislación agraria la igualdad género y el principio de paridad para abatir la desigualdad y discriminación que padecen las indígenas y rurales sobre el uso y aprovechamiento de las tierras.

La desigualdad en esta materia sigue siendo una asignatura pendiente, sostienen en la iniciativa, en la que explican que de acuerdo con el Registro Nacional Agrario, 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país, 3.6 millones de hombres y 1 millón 304 mil mujeres, lo que representa 26.3 por ciento del total. 

Con la iniciativa que impulsan los diputados Ana Patricia Peralta, Armando Contreras, de Morena; Arturo Escobar y Vega, del PVEM, a nombre de sus compañeros legisladores, así como de los diputados Héctor Serrano y Mauricio Alonso Toledo, sin grupo, buscan actualizar los artículos 10, 17, 18, fracción III; 57, párrafo primero y fracción III; 72, 108 y 109 de la citada legislación. 

Reconocieron que, sin demeritar los avances en la normatividad y legislación en materia de derechos humanos de las mujeres, tutelados por el Estado, se debe admitir que la desigualdad y discriminación que padecen las mujeres que pertenecen a un grupo étnico y que viven en el medio rural.

Existe una brecha muy pronunciada de género en la propiedad de la tierra, históricamente relacionada con factores como la preferencia hacia los hombres en la herencia; los privilegios hacia ellos en el matrimonio; la tendencia a favorecerlos en la distribución de la tierra y también en los programas estatales de redistribución; además de los sesgos de género en el mercado de tierras, agregaron. 

Señalaron que en materia de derechos agrarios de las mujeres su acceso es limitado. Las áreas que están bajo responsabilidad de ellas, la mayoría de las veces son menores que de los hombres y son las de menor calidad para la producción. Las diferencias para su acceso se expresan de distintas formas: en la herencia, en los programas de reforma agraria y en el mercado de tierras, acotaron. 

Un ejemplo de esto, dijeron, son las estadísticas del Registro Nacional Agrario, donde se indica que el padrón de 4.9 millones de personas que poseen núcleos agrarios en todo el país está integrado por 3.6 millones de hombres y 1 millón 304 mil mujeres, lo que representa 26.3 por ciento del total. 

Ello significa, agregaron, que de cada 10 personas con derechos sobre la tierra, ni siquiera tres son mujeres. Eso sí, alrededor de 850 mil de ellas trabajan la tierra sin que sean titulares de derechos. Lo grave de esos casos es que las mujeres en esas condiciones no pueden acceder a los programas oficiales de apoyo, advirtieron.  

De acuerdo con la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, indicaron que es necesario revisar la normatividad vigente en materia agraria para adecuarla a dicha ley, al tomar en cuenta que las mujeres trabajan la tierra y sin derecho sobre ella; tienen el uso y no el derecho y, actualmente, están en algún tipo de desventaja ante el principio de igualdad que la legislación tutela. 

“Además, con esta reforma se cumplirá con una de las tareas pendientes del Estado Mexicano y se verificarán los compromisos internacionales suscritos en la materia”, adelantaron. 

La iniciativa fue turnada de manera directa, para estudio y dictamen, a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria; con opinión de la Comisión de Igualdad de Género, de la Cámara de Diputados. 

SEM/lv/sj

MP maltratan y revictimizan a mujeres en Guerrero

  • Afirma presidenta del Frente Integral contra la violencia de género que falta capacitación
  • La violencia sexual una de las más difíciles de denunciar

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico, Chilpancingo, Gro., 5 de agosto, 2020.- La falta de conocimientos sobre “perspectiva de género” por parte de agentes del Ministerio Público provoca la revictimización de las denunciantes de violencia de género contra las mujeres y con ello que provocan que muchas veces desistan, señaló Yoloxochilth Ávila Alcaraz, presidenta del Frente Integral contra la Violencia de Género.

En entrevista vía digital para SemMéxico consideró que aún son pocas las mujeres que se atreven a denunciar un hecho de violencia en su contra y señaló entre las razones el miedo o el desconocimiento de su derecho a vivir libres de violencia, pero también es porque son maltratadas por los agentes del MP quienes carecen de conocimientos sobre perspectiva de género y terminan por revictimizarlas, las mal orientan y reenvían con su agresor.

Esto aunado a la naturalización y tolerancia de la violencia de género, agregó la también integrante de la Escuela Itinerante de Mujeres Morenas Guerrero, quien explicó que los violadores generalmente tienen antecedentes de violencia doméstica, acoso u hostigamiento.

Esos son los datos que las autoridades correspondientes deben tomar en cuenta para evitar su reiteración, dijo tras explicar las dificultades de una víctima para hacer frente a un trauma tan fuerte, muchas veces tardan hasta 10 años para poder denunciar, de ahí que consideró que la atención psicológica es prioritaria.

Señaló que las investigaciones en casos de acoso deben ser más efectivas para castigar a quien resulte responsable y evitar delitos sexuales.

Se refirió a las declaraciones, que en otro momento, han hecho algunas personas que se dedican a la política, en su intento por ocultar esta problemática social y que terminan por desestimar los altos índices de denuncias registradas, sobre todo durante la presente pandemia, “no hay motivo para dudar de la palabra de una mujer si habla sobre este ilícito”, sostuvo.


La presidenta del Frente Integral contra la Violencia de Género lamentó que las mujeres tengan que salir a las calles y realizar acciones para ser tomadas en cuenta, pues “en un mundo ideal esto no debería pasar, la inclusión debe ser natural, sin embargo, hemos llegado al grado de reclamar el sesgo donde los hombres se creen superiores a las mujeres”.

Agregó que antes de la pandemia, las acciones sociales se dirigieron a las escuelas primarias, sin embargo, debido a la contingencia por coronavirus, las actividades que realizan las integrantes de la organización, son de manera virtual, para identificar los diferentes tipos de violencia, empoderar a las mujeres y circulas de lectura que permiten la formación del pensamiento feminista.

SEM/jap/sj

Recuperar a su hijo, un camino lleno de obstáculos

  • Su hijo fue sustraído por el papá, aun así, se le concedió la custodia provisional
  • Una funcionaria del DIF Municipal la hizo firmar un documento sin la presencia de un abogado

Soledad Jarquín Edgar

SemMéxico, Oaxaca, 5 de agosto, 2020.- La justicia está lejos de las mujeres, sostiene Irma Haydée Trejo Ángeles, víctima de la sustracción de su hijo por parte de su ex pareja Luis Alberto R.R., y quien tiene ya más de año y medio sin ver a su pequeño.

Después de enfrentar un embarazo difícil, además de todos los tipos de violencia –de acuerdo con un dictamen elaborado por personal especializado del Inmujeres de la Ciudad de México- por parte de su ex pareja y la familia de éste, hoy enfrenta el lento proceso de la justicia, suspendido durante meses por el aislamiento sanitario del Covid 19.

El pequeño, de poco más de dos años, fue sustraído por su papá Luis Alberto R.R., de su domicilio en la ciudad de México para ser trasladado a la lejana población de Santo Domingo Ingenio, en el Istmo de Tehuantepec, por lo que Irma Trejo Ángeles tiene poco más de año y medio sin ver a su pequeño hijo, sufre amenazas por parte de la familia de su ex pareja y, por si fuera poco, hasta de hechos de corrupción tanto de su ex abogada como de las instituciones.

El problema fundamental, explica a SemMéxico, es que su expareja, un hombre violento en extremo, por lo que ella ha interpuesto una denuncia, cuenta con un diagnóstico de trastorno de bipolaridad, por parte del Instituto Nacional de Psiquiatría Juan Ramón de la Fuente Muñiz ubicado en la Ciudad de México, lo que pone en riesgo la vida y la salud de su pequeño e incluso de ella misma.

Del trastorno de bipolaridad supo mucho tiempo después de su convivencia en pareja y Luis Alberto R.R. le aseguró que tomaba vitaminas, pero siendo ella entonces una estudiante de veterinaria sabía que las pastillas no eran vitaminas, cuando tanto la madre de Luis Alberto como él mismo le informaron del padecimiento estaba ya casi por nacer el niño.

Incluso, afirma, las agresiones encontraron entonces un nicho de justificación permanente, pues las reacciones violentas contra ella se debían al trastorno bipolar, le decía él para justificarse. Incluso, Irma Haydée se enteró más adelante que Luis Alberto tuvo que ser internado en el Instituto Nacional de Psiquiatría, una primera vez, porque agredió físicamente a su propia hermana, hecho que se ocultó en la familia.

Durante el séptimo mes de embarazo, presentó oligohidramnios, es decir, un volumen deficiente de líquido amniótico, por lo que se le recomendó tomar precauciones y más cuidados por parte del personal médico. En tanto, Luis Alberto la presionó para que se fueran a vivir a su casa. Pese a su condición recibió malos tratos de la madre de su pareja y decidió salir de ese círculo de violencia cuando el niño tenía poco más de dos años, para regresar a su casa familiar que compartía con su abuela.

El niño fue sustraído de la casa familiar de Haydée mientras ella asistía al trabajo y a su servicio social. Aunque de manera inmediata buscó a su hijo se encontró con la desagradable noticia de que se lo habían llevado de la ciudad de México, se trasladó sola y con pocos recursos a Santo Domingo Ingenio. Estuvo con su hijo bajo supervisión permanente. En una ocasión su expareja la golpeó de nueva cuenta y pretendió abusar de ella. Por lo que llamó a una patrulla. Fue conducida a una oficina del Dif municipal de esa localidad, le hicieron valoración psicológica y le atendieron las lesiones. Para interponer la denuncia por violencia, tenía que ser trasladada a Juchitán de Zaragoza, pero no le permitieron llevarse al niño, aduciendo que se encontraba delicado del estómago, pero le aseguraron que no habría problema.

La titular del DIF, Cintia Nashiely Gómez Morales le hizo firmar una carta, donde también estaban las firmas de los abuelos del niño y de su ex pareja. En el documento se asienta entre otras cosas “que al no tener la madre un techo seguro se estima conveniente que el menor quede al cuidado de los abuelos, HASTA QUE LA AUTORIDAD COMPETENTE DICTAMINE LO PROCEDENTE, sin que estos (el abuelo y la abuela) impidan la convivencia del menor y su madre…”. Sin embargo, eso no pasó.

Por el contrario, no le permitieron ver más a su hijo. El padre del niño promovió un juicio para solicitar la guarda y custodia, del que Irma Haydée nunca se enteró, no fue llamada a juicio y se decretó una guarda y custodia provisional a favor de Luis Alberto R.R. Una acción indebida, sostiene la madre del menor, quien también había interpuesto una demanda de esa misma naturaleza, con diferencia de un mes, en este caso Luis Alberto R.R., si fue debidamente notificado. El padre del menor presentó un amparo por conexidad.

Cabe señalar que de igual manera, ella interpuso una denuncia por violencia familiar, misma que quedó establecida en la carpeta de investigación 1025/FISCJUCHITAN/2019, que fue ofrecida como prueba en el juicio 217/2019, expediente que lleva el CAAMI, Centro de Ayuda a la Mujer Istmeña, del Grupo de Mujeres “8 de Marzo”.

Las irregularidades de la abogada

Trejo Ángeles refiere con un dejo de tristeza que tuvo que contratar a una abogada, de nombre “Rosa Isela S.M.”, a quien pagaba puntualmente sus honorarios y que de acuerdo con personal del juzgado habría dejado de promover actuaciones para recuperar al niño.

De igual forma pudo constatar otras malas prácticas por parte de personal de instancias responsables de procuración de justicia, quienes –presume- habrían sido compradas por la familia de su ex pareja y violentador.

Durante más de año y medio, ha viajado en diversas ocasiones desde la ciudad de México hasta Juchitán para tratar de recuperar a su hijo a quien asegura se le han violentado sus derechos humanos de manera reiterada, con acciones improcedentes de algunas autoridades, como la titular del DIF Municipal de Santo Domingo Ingenio que la hizo firmar un documento sin la presencia de un abogado, a pesar de que ella lo pidió de manera reiterada y a lo que accedió porque fue presionada y convencida de que no habría problema alguno, que podría regresar por su hijo.

En ese mismo lapso ha sufrido diversas amenazas, incluso de muerte, por parte de la familia de su ex pareja, quienes le han pedido de manera reiterada que deje de molestar y que el niño no les será devuelto nunca.

Ha tenido que dormir en refugios de la sociedad civil o de una iglesia cristiana para poder avanzar en el caso y lamenta que el supuesto poder económico de la familia de su ex pareja, quien debido a su problema psiquiátrico nunca ha trabajado, siga siendo un factor determinante para obstruir la justicia.

SEM/sj

TDnR: La vida de las mujeres ante la emergencia sanitaria por COVID-19

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  • Aumentan los factores de riesgo para la incidencia de la violencia de pareja o intrafamiliar
  • El trabajo doméstico no Remunerado es un factor de desigualdad estructural de género

Guadalupe Prieto Rivera, Diana Ramírez Huerta y Luis Rodrigo Torres Reynaga*

SemMéxico, Cd. de México, 6 de agosto, 2020.- El Trabajo Doméstico no Remunerado (TDnR) ha sido históricamente feminizado relegando las labores a mujeres y niñas, que lo realizan de manera informal, gratuita, precaria e invisible. Este trabajo incluye tanto labores domésticas como el cuidado de personas dependientes. Es un factor de la desigualdad de género y violenta los derechos de las mujeres al reproducir las desigualdades estructurales, al mismo tiempo que es atravesado por el sexismo, racismo, clasicismo y otras formas de discriminación.

La emergencia sanitaria por COVID-19 aumenta los factores de riesgo para la incidencia de la violencia de pareja o intrafamiliar. Las mujeres se encuentran en situaciones extremadamente vulnerables debido al cierre de estancias infantiles y centros educativos, además de la pérdida de sus ingresos especialmente si ellas laboran en la informalidad. Las consecuencias negativas van desde la salud y la economía, hasta el acceso a la protección social y la violación de sus derechos.

Las mujeres y niñas enfrentan situaciones adversas

Las desigualdades de género son de carácter estructural y tienen una diversidad de causas tales como roles de género, la división sexual del trabajo, el sistema educativo y los medios de comunicación, los cuales en su conjunto suponen la aparición de múltiples discriminaciones a partir de las interseccionalidades propias de cada mujer como el estatus social, etnia, estatus migratorio, orientación e identidad sexuales, entre otras.

El TDnR es un factor de desigualdad estructural de género que restringe las posibilidades de las mujeres de acceder al mercado laboral, contar con ingresos propios y participar en la vida pública (en la política y en la sociedad), al mismo tiempo que las excluye de la protección social indispensable para poder satisfacer de manera autónoma sus necesidades.

Aún con la incorporación masiva de las mujeres al mercado laboral, las desigualdades persisten debido a la naturaleza multidimensional del problema que se encuentra además inserto en una cultura patriarcal que naturaliza el papel subordinado de las mujeres. La división sexual del trabajo atribuye los siguientes roles: a) las mujeres asumen la responsabilidad de las labores domésticas y de cuidados sin recibir remuneración alguna, al mismo tiempo que pueden estar o no trabajando, y b) los hombres se dedican por completo al trabajo remunerado.

El reparto del trabajo se encuentra sexualizado, es invisibilizado y naturalizado, se entiende, inherente a la estructura familiar situación que se agrava frente a la emergencia sanitaria.

Incremento de la violencia de género a partir de las medidas de aislamiento y confinamiento social

Atender al llamado “quédate en casa” ha ocasionado que mujeres y niñas estén confinadas sin ninguna red de apoyo que les permita poder salvaguardarse ya que al estar la mayor parte del tiempo en casa quedan potencialmente expuestas a ser víctimas de violencia. 

Desde un enfoque interseccional, los grupos en mayor situación de riesgo durante la emergencia sanitaria por COVID-19 son:

Tabla 1. “Grupos en mayor situación de riesgo durante la emergencia sanitaria por COVID-19”

GrupoRiesgos
Mujeres migrantes, refugiadas y desplazadasEnfrentan desafíos particulares como la falta de acceso a servicios de salud. Además, los centros de atención, albergues o centros de detención migratoria pueden presentar condiciones de hacinamiento creando mayores condiciones de infección.
Mujeres indígenasEnfrentan riesgos como la desigualdad socioeconómica, la falta de agua potable, la desnutrición y el menor acceso a recursos sanitarios y de salud.
Mujeres afrodescendientesSe enfrentan a la falta de infraestructura sanitaria básica y algunos grupos viven en zonas urbanas (como la CDMX) en condiciones de hacinamiento.
Mujeres mayoresEste grupo tiene un riesgo de mortalidad y morbilidad mayor. Algunas mujeres no tienen la posibilidad de aislarse por situaciones de cohabitación o por tener responsabilidades de cuidado.
Mujeres privadas de libertadLa emergencia sanitaria exacerba las condiciones de hacinamiento extremo, la falta de infraestructura básica y la falta de acceso a los servicios de salud.
Mujeres con discapacidadDurante la emergencia sanitaria los servicios de salud necesarios para este grupo se han interrumpido como resultado del desvío de atención y recursos de salud a la respuesta al COVID-19.
Mujeres que viven en contextos frágiles y/o afectadas por conflictosEl COVID-19 presenta riesgos para las mujeres en contextos frágiles, especialmente en zonas asediadas por la violencia. Las interrupciones a la salud y a los programas humanitarios o de desarrollo las mantiene en condiciones vulnerables.
Personas del colectivo LGTBIEl mayor riesgo para este grupo es la discriminación por estereotipos de género en el acceso a los servicios.
Mujeres en situación de vivienda insegura o sin viviendaPrincipalmente la falta de acceso a los recursos de saneamiento e higiene.

Fuente: Elaboración propia con base en la Comisión Interamericana de Mujeres (2020).

Pese a la evidencia, en su conferencia matutina el pasado 15 de mayo de 2020, el Presidente López Obrador rechazó que la violencia contra las mujeres fuese a incrementar durante la emergencia sanitaria por COVID-19, lo que estadísticamente nos demuestra lo contrario pues las llamadas sobre denuncias de violencia contra las mujeres han ido en aumento sustancial a partir de los meses de febrero y marzo.

El Presidente expuso que el 90 % de las llamadas por denuncias de violencia contra las mujeres son falsas, argumentando que “él no está a favor de ningún tipo de violencia ya que por razones humanitarias ninguna persona debe de sufrirla”, menospreciando que se trata de un problema que debe ser abordado desde una perspectiva de género.

En comparación con los últimos años, en el 2020 se han sumado más llamadas al servicio Línea Mujeres del LOCATEL para atender denuncias por violencia género. Los meses de febrero y marzo de este año registraron la mayor incidencia y coincidieron con el periodo en el que comenzó la jornada de “Sana Distancia”.

Gráfico 1. “Incremento en las llamadas por violencia de género 2018-2020”

Fuente: Elaboración propia con datos de la Línea Mujeres de la Ciudad de México 

¿Qué acciones por parte del gobierno federal se han implementado para atender los estragos del incremento del TDnR y la violencia contra las mujeres durante la emergencia sanitaria?

El “Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 2020-2024” establece en el objetivo número dos: “Generar las condiciones para reconocer, reducir y redistribuir los trabajos domésticos y de cuidados de las personas entre las familias, el Estado, la comunidad y el sector privado”, sin embargo, no se han implementado programas que fomenten cambios sustantivos para lograrlo.

La Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (en materia de trabajo doméstico remunerado) recomienda apoyar a las trabajadoras del hogar, ya que pertenecen al sector informal y carecen de seguridad social. Sin embargo, este apoyo sigue siendo exclusivo de aquellas mujeres que reciben una remuneración a cambio de las labores domésticas y de cuidados que realizan.

El presupuesto para la reducción de las brechas de género es insuficiente y se ha reducido

El 23 de abril del presente año, un decreto presidencial estableció las Medidas de Austeridad para las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal: “No se ejercerá el 75% del presupuesto ya comprometido o no comprometido”.

El pasado 15 de julio se formalizó un recorte presupuestal de aproximadamente 151 millones de pesos al Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES), órgano rector de la Política Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres. Su junta del gobierno aprobó el recorte del 75% con una diferencia de 3 votos; 13 a favor, 10 en contra y 3 abstenciones. Se indicó que el recorte se verá reflejado en la asignación presupuestal de las partidas de servicios generales, materiales y suministros que se traduce en la reducción de sus capacidades operativas.

Este recorte implica una contradicción con el decreto presidencial que indica que “no se reducirá el presupuesto para la defensa de los Derechos Humanos”. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público retuvo 463 millones de pesos, lo cual significa una retención de aproximadamente 178% del presupuesto aprobado en la Ley de Egresos de la Federación para el presente año.

La situación se agrava, las autoridades mantienen como prioridades frenar los estragos del colapso sanitario del Sistema de Salud y la reactivación de la economía; mientras, la violencia de género aumenta por la “austeridad” del presupuesto para proteger y garantizar los derechos de las mujeres y las niñas.

El gobierno federal no ha dado respuesta al problema del TDnR. Se requiere que las autoridades gubernamentales lo reconozcan, que se diseñen e implementen políticas públicas para redistribuir el TDnR entre el Estado, el mercado, las familias y la sociedad, que garanticen a mujeres y niñas el acceso a una vida libre de violencia y al ejercicio pleno de sus derechos.

* Estudiantes de la Licenciatura en Sociología de la UAM-Xochimilco

**Trabajo coordinado por la Dra. Janette Góngora Soberanes

Emilio Lozoya, Privilegiado de la justicia

Jorge Herrera Valenzuela

SemMéxico, 6 de agosto, 2020.- Este comentario lleva dedicatoria para todos los dirigentes de barras, colegios, asociaciones y confederaciones de abogados. Ninguna voz se ha escuchado para opinar sobre las irregularidades del doble proceso penal instaurado en contra del exdirector general de Petróleos Mexicanos, traído de España en un avión de la Fuerza Aérea Mexicana, no en línea comercial como se acostumbra realizar el traslado de los extraditados o deportados.

Emilio Ricardo Lozoya Austin permaneció seis meses en una prisión española, tras 14 meses de ser prófugo de la justicia mexicana. Se negoció su llegada a México a tal punto que ni siquiera fue fotografiado al descender del avión militar. No lo llevaron al Reclusorio Norte, sino a un hospital privado, porque un médico oficial y otro particular (cuyos nombres se desconocen, los certificados deben estar en el expediente) diagnosticaron que debía ser atendido inmediatamente de anemia y de un problema en el esófago. El Ministerio Público aceptó esa determinación.

El presunto responsable de diversos delitos federales simplemente no ha pisado la cárcel y no ocurrirá. Le colocaron un brazalete, le recogieron su pasaporte y la visa, imponiéndole como “castigo” no salir de la Ciudad de México. Del Hospital Ángeles del Pedregal, en la oscuridad de una madrugada, salió hacia un domicilio, cuya ubicación no se revelará “por seguridad”. Ni siquiera los dos jueces fijaron una fianza, como tampoco hablaron de arresto domiciliario.

A ese último privilegio no puede acogerse el economista y abogado, porque apenas tiene 45 años de edad. Recuerdo que los dos casos más recientes beneficiaron al licenciado Luis Echeverría Álvarez y a la profesora Elba Esther Gordillo Morales, por ser mayores de 70 años. El expresidente fue procesado, sentenciado y exonerado. Además de cumplir con su arresto en casita. La profesora ha librado los tres juicios que le instruyeron y también tuvo autorización para recibir atención médica hospitalaria privada.

Facilidades nunca otorgadas

Salvo que mi memoria falle, no encuentro antecedentes de que a un presunto presidiario le tuvieran tantas consideraciones por el solo hecho de acogerse a la nueva legislación penal, máxime que el escándalo es mayúsculo, traspuso las fronteras continentales. Se habla de que en el caso del soborno propiciado por la empresa brasileña Odebrecht, Lozoya Austin no era funcionario. Sin embargo, como los millones de dólares se invirtieron en la campaña política electoral del candidato presidencial, apoyado por el PRI, hubo violación a la legislación en materia electoral.

Es el primer caso que se registra en los anales judiciales de que la persona vinculada a proceso penal rinda su primera declaración, empleando la moderna comunicación llamada “virtual”, es decir desde donde se encuentre el indiciado, cómodamente, puede responder a las preguntas del juzgador. En el asunto que nos ocupa, son dos procesos, dos jueces, dos Ministerios Públicos y el equipo de abogados defensores.

Bien, pero, además, desde el inicio ambos juicios son privados. No hay información oficial, sino únicamente lo que se comenta como sucedió en una “mañanera”, cuando el Presidente de México dijo que Lozoya Austin había dado nombres de involucrados en la red de corrupción. Todo quedó en palabras, como siempre, sin identificar a los corruptos.

Todas las facilidades, nunca antes otorgadas, demuestran que Emilio Ricardo Lozoya Austin mantendrá su libertad “con brazalete localizador”, continuará “firmando” el libro respectivo mediante el uso del correo electrónico, seguramente se evitará la ignominiosa ficha signalética de frente, de perfil derecho, de perfil izquierdo y un número a la altura del pecho. Obvio, no vestirá el uniforme destinado a los reclusos. No sabrá qué es la fajina y no probará la comida penitenciaría.

Con este caso, suman dos que no dejan nada bueno al Poder Judicial Federal. El de poner en libertad al hijo del narco “Chapo” Guzmán, por orden presidencial, y la protección al exfuncionario del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto, misma que no le brindó a la experredista y exjefa de Gobierno del Distrito Federal, María del Rosario Robles Berlanga, huésped del penal de Santa Martha Acatitla.

Finalmente les comento que de doña Rosario, de los exgobernadores Duarte, del abogado Juan Collado, se difundieron a granel las correspondientes fotografías, a raíz de su detención. ¿Por qué no hay una sola de Emilio Ricardo del 17 de julio a la fecha? ¿Será cierto que no está en México y como leí en la columna En Las Nubes de mi colega Carlos Ravelo, Lozoya está en Canadá? ¿puede creer eso?

Pregunta para Meditar:

¿La Fiscalía General de la República permanecerá sin oponer recursos legales para encarcelar al corrupto peñanietista?

jherrerav@live.com.mx

OPLE Nuevo León debe emitir lineamientos, Congreso debe legislar

  • TEPJF ordena que se hagan las reformas para hacer efectivas las reformas sobre paridad y violencia política
  • Las entidades que no hayan legislado en esa materia deberán acatar los criterios de la Sala Superior

Redacción

SemMéxico, Cd. de México, 6 de agosto, 2020.- El Congreso de Nuevo León deberá legislar y emitir cuanto antes la normativa relacionada con paridad y la violencia política en razón de género en la Ley Electoral local.

Así lo ordenó el pleno de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por mayoría de votos acordó el ordenamiento al Congreso de Nuevo León, quien debe legislar los ordenamientos legales para cumplir así con el mandato constitucional.

El Tribunal Electoral también señaló que el Organismo Público Electoral Local debe emitir los lineamientos para el proceso electoral próximo de acuerdo con la reforma constitucional y legal publicadas en el Diario Oficial de la Federación, el pasado 6 de junio de 2019 y el 13 de abril del año en curso en materia de paridad y violencia política en razón de género.

Estos lineamientos habrán de regir el próximo proceso electoral, ya que el Congreso local legisló la normativa relacionada con paridad y la violencia política en razón de género en la Ley Electoral local antes de que se cumplieran los 90 días previos al inicio del proceso comicial.

En sesión pública no presencial, bajo el formato de videoconferencia, las magistradas y los magistrados encontraron que sí existe una omisión por parte de dicho Congreso por no haber cumplido con las obligaciones que derivaron de las referidas reformas que lo vinculaban a establecer diversas disposiciones legales en el marco normativo local.

Sin embargo, en atención a que las leyes en materia electoral deben promulgarse y publicarse por lo menos 90 días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse y a que dicho plazo no podría cumplirse en la especie, se vinculó a la autoridad administrativa local a que emitiera los lineamientos correspondientes para hacer efectiva la protección de los derechos de las mujeres en los próximos comicios de esa entidad federativa.

Se informó que los congresos locales que no hayan legislado en torno a la paridad y violencia política en razón de género deberán acatar los criterios de la Sala Superior en la sentencia y se instruyó hacer del conocimiento la referida ejecutoria a los organismos públicos electorales; a los congresos y a los tribunales electorales de las entidades federativas. (Asunto: SUP-JRC-14/2020)

SEM/sj

Falaz

Moisés Sánchez Limón

SemMéxico, 6 de agosto, 2020.- Un singular personaje que asume la vida con desparpajo, sin filiación partidista y carente de carrera política, cuya vida profesional ha corrido en la academia en la UNAM, a quien desde que asumió un relevo en el gabinete presidencial han candidateado a la dimisión o el despido, expresó en privado su opinión y lo que le consta del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Lo evidenció falaz. El tema es insoslayable…

Sí, el biólogo y doctor en Ciencias, secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Víctor Manuel Toledo Manzur, calificó al de Andrés Manuel López Obrador “gobierno de contradicciones brutal”.

Y mire usted cuánta razón tiene este universitario que ha rebasado los 70 otoños y simpatiza con la izquierda pero no con la que presumen los prohombres de la 4T, tanto que poco antes de que se filtrara la versión de audio que recoge lo que piensa del gobierno lopezobradorista –se presume en una reunión con su equipo de trabajo y siempre hay Judas hasta en la sopa doméstica–, el inquilino de Palacio Nacional, en periplo por el estado de Sinaloa insistió en que ya estamos saliendo de la crisis económica y sanitaria.

“Si ustedes me dicen: ‘¿Cuánto hay en caja?, ¿hoy cuánto tenemos en caja?’, les puedo decir, 300 mil millones (de dólares), acaba de dar a conocer el Banco de México el aumento en las reservas – ¿no tendrás la nota? (preguntó a Chucho Ramírez)- a pesar de la crisis”, presumió el licenciado López Obrador, aunque en realidad las reservas ascienden a 192 mil 606 millones de dólares, amén de que cifras del INEGI y del propio Banxico refieren una terrible caída de la economía superior a la de 1995. La economía decrece y el desempleo es galopante.

Pero, bueno…

Luego, dispuso que todos los días a las 12 horas servidores del gobierno federal guarden un minuto de silencio para recordar a las víctimas del Covid-19 y brinden un aplauso a quienes luchan contra la enfermedad y al personal de la salud que trabaja salvando vidas en los hospitales.

Ese, es un insultante acto de contrición, postura falaz en busca de la simpatía popular y de echar tierra a aquel mensaje del 11 de febrero pasado, cuando junto con el subsecretario Hugo López-Gatell restó importancia a la pandemia del coronavirus que en China y Europa causaba severos estragos. Y justificó con ese singular ánimo de ministro de culto:

“Este es un homenaje que vamos a estar rindiendo a partir de hoy, en donde estemos. Si yo voy en la carretera, porque así recorro el país, a las 12 me voy a parar y me voy a bajar de la camioneta y así voy a hacer mi minuto de silencio. El que lo pueda hacer, que lo haga. Hay que fortalecernos en lo espiritual y darle mucho ánimo, mucho amor a los familiares de las víctimas, a los que tienen enfermos. Somos una comunidad solidaria”. ¿Y?

Pero, vaya, el punto es lo dicho por el doctor Toledo Manzur, en un mensaje de cinco minutos con 49 segundos, en el que al licenciado López Obrador mostró en tareas neoliberales con un negocio lechero que pretendió impulsar en terrenos ejidales –comprados o rentados—en los estados de Campeche y Tabasco, con una empresa de Estados Unidos.

¿Qué opina el escudero del señorpresidente en la Cámara de Diputados, Mario Delgado Carrillo? 

“Bueno, yo respeto la opinión el Secretario, aunque no coincido en nada con él. El proyecto de la Cuarta Transformación tiene pilares muy claros. El Presidente lo decía en campaña, si quieren que les diga el resumen del objetivo de la Cuarta Transformación del país, decía “se los puedo decir, parado incluso en un pie, erradicar la corrupción”, dijo el coordinador de los diputados federales de Morena y presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara baja.

En contraste, la diputada federal perredista Claudia Reyes Montiel sostuvo que “(…) Víctor Toledo no hace más que confirmar lo que a casi dos años de este gobierno todos los mexicanos sabemos: la autollamada cuarta transformación es un grupúsculo sin un proyecto de nación, objetivos claros y capacidad de gobernar. Sus integrantes se han sumido en luchas internas por el poder y para alcanzarlo no les ha importado mentir y traicionar al pueblo una y otra vez”. 

En efecto, Toledo Manzur dice a sus interlocutores: «Quisiera compartir con ustedes lo que yo he vivido y he observado en estos 10 meses, porque efectivamente la 4T, como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe.

«Por el contrario, este Gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa concretamente en luchas de poder al interior del Gabinete, que yo lo he notado en varias líneas».

Y se queja:

«A lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo de Semarnat, pero no estamos en un Gobierno totalmente del lado nuestro, adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil, no debemos idealizar la 4T.

En su mensaje deja en cueros al Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, Alfonso Romo, lo acusa de bloquear proyectos ambientales y de transición energética; y al secretario de Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, lo señala dirigido fundamentalmente a los agronegocios y en contra de la agroecología.

Aún más, comenta que hace dos meses el Presidente López Obrador convocó a una reunión de Gabinete para impulsar un proyecto de ganadería de una compañía norteamericana que consistía en la compra o renta de miles de hectáreas ejidales en Campeche y Tabasco.

Y del escándalo de la cervecera Constellation Brands, mencionó que la Secretaría de Gobernación estaba a favor de ésta e incluso el subsecretario de Gobierno convocó a una reunión para convencer a cinco Secretarías de que apoyaran a la empresa.

¿Gobierno falaz? Bueno, bueno, Toledo Manzur fue remachó: “(…) este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y estos se expresan concretamente en luchas de poder al interior del gabinete. Y lo he notado en varias líneas”.

Y no, no ha hay desmentido de Toledo Manzur ni comentario alguno de los aludidos en el audio. La máxima reza que el que calla, otorga. Lo cierto es que el aún secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales dijo lo que es vox populi pero que el licenciado López Obrador y su círculo fundamentalista niegan.

¿Crisis en el gabinete? No, sin duda no la hay porque el gabinete es Andrés Manuel López Obrador. Crisis de conciencia, sí, porque estos personajes que integran al gabinetazo presidencial conservan el empleo a costa del ridículo personal y, lo peor, varios de ellos en la tarea de la genuflexión cotidiana en perjuicio del país.

Dudo que Andrés Manuel despida a Toledo Manzur, porque sería un golpe a su ego virreinal. Pero no olvidará la afrenta. Conste.

sanchezlimon@gmail.com

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@msanchezlimon

Morena en el Senado respalda al Tribunal Electoral

Redacción

SemMéxico. Ciudad de México. 06 de agosto 2020.- El Grupo Parlamentario de Morena rechazó las intenciones de una parte de fracción morenista que pretende restar facultades al Tribunal Federal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TFEPJF), así lo expresó el senador Higinio Martínez Miranda

Martínez Miranda reiteró que el Grupo Parlamentario de Morena, en el Senado de la República, por encima de cualquier interés, personal o de grupo, mantiene firme su respeto a la ley, a la Constitución y a sus instituciones. Y agregó, cualquier intención de excluir o minimizar la esencia y propósito de la máxima autoridad electoral con que se cuenta.

El legislador morenista abundó en que la esencia del Tribunal es resolver controversias en materia electoral, proteger los derechos político-electorales de los ciudadanos; en sí, es el garante de los principios de constitucionalidad y legalidad en los actos y resoluciones electorales.

“Por lo cual, para la mayoría de senadoras y senadores de Morena, resulta inadmisible pretender limitar propiedades en la actuación de las y los magistrados del Tribunal, quienes hasta el momento se han conducido en estricto apego al orden jurídico”.

Por su parte las y los militantes y simpatizantes de Morena señalan, en un comunicado, que han vigilado con atención los procesos de renovación de las dirigencias, en el ánimo de contar con el rumbo y la orientación requeridos para mantener firmes los principios y las consignas de Morena.

Y afirman que las fracciones y divisiones en lo interno han lastimado al partido y deben terminar. La pluralidad de ideas es pilar y debe ser respetada en todo momento.

SEM/IL

Violencia y masculinidad: las herencias del patriarcado

  • SEMlac dialoga con la sexóloga y especialista del Centro Oscar Arnulfo Romero, Maite Díaz Álvarez, y con los periodistas Jesús Muñoz Machín y Lisandra Chaveco Valdés

Redacción 
SemMéxico/SEMlac. Cuba. 5 de agosto, 2020.- Las prácticas e imaginarios asociados a la masculinidad hegemónica contribuyen a la validación de una supuesta superioridad de los hombres sobre las mujeres. Tal creencia muchas veces justifica el poder de unos sobre otras, las relaciones de control y la violencia de género. De hecho, sostienen especialistas, el punto de partida para entender el modo en que se estructura la violencia se encuentra en todos esos mitos y estereotipos que, durante años, hemos heredado del patriarcado y considerado como normales.

Sobre las relaciones entre la masculinidad hegemónica y la violencia de género, así como las posibles estrategias para desmontar los prejuicios asociados a ellas, SEMlac dialoga con la sexóloga y especialista del Centro Oscar Arnulfo Romero, Maite Díaz Álvarez, y con los periodistas Jesús Muñoz Machín y Lisandra Chaveco Valdés

¿Qué se entiende por masculinidad hegemónica? ¿Cuáles son los principales mitos y prejuicios que la conforman?

Maite Díaz: La mayor parte de las sociedades del mundo están ordenadas en un sustento patriarcal, machista y androcéntrico, que potencia la superioridad masculina y valida un modelo de varón cuyos atributos, funciones y comportamientos son merecedores, por decirlo de alguna manera, de los mejores derechos, facilidades, oportunidades y privilegios. A partir de ahí, todo lo atribuido a lo considerado masculino cobra mayor significación, valor e importancia que lo consignado como femenino. En consecuencia, se establecen diferencias entre hombres y mujeres, que suponen relaciones desiguales de poder.
Esta realidad ha condicionado una hegemonía de lo masculino en el espacio social. En la actualidad, el término masculinidad hegemónica alude a esas características que tienen que ver con el hombre como proveedor, protector, competitivo, que tiene que poder, sobre todo, que bloquea sus emociones y la vulnerabilidad. Se asocian a este modelo la autosuficiencia que supone no solicitar ayuda, la sexualidad presente, fálica, la responsabilidad que tienen los varones en el éxito del desempeño erótico-afectivo y la heterosexualidad como elemento probatorio de la hombría. Esas normas obligan a las personas a actuar conforme a patrones heterosexuales dominantes imperantes.

Jesús Muñoz: Hace referencia a prácticas, actitudes y creencias que, en determinados contextos, se toman como la norma y aquello que ocupa lugar predominante en las relaciones de poder. Lo del poder es esencial: determinadas características garantizan (o se utilizan para garantizar) una posición dominante sobre grupos de personas, sean mujeres u otros hombres. En ocasiones, se asocia la masculinidad hegemónica solo al dominio de hombres sobre mujeres, pero también define jerarquías entre los varones.
Desde que se habla de estudios de los varones y sus masculinidades, hay elementos que se relacionan de forma directa con el concepto de masculinidad hegemónica. Entre ellos se encuentran la violencia como recurso esencial de la dominación, la heterosexualidad como norma social, el no expresar afectos o vulnerabilidad, el control de los recursos económicos, de los espacios públicos y de las instancias de reproducción cultural que, a su vez, legitiman desde lo simbólico todos los demás aspectos.

Lisandra Chaveco: Son las prácticas construidas socialmente que garantizan a un grupo de hombres una posición dominante con respecto a las mujeres. Son variables y responden a contextos, culturas, nacionalidades y épocas específicas. La masculinidad hegemónica se expresa, fundamentalmente, en la supresión de los afectos, la idea de la fortaleza física y psicológica, muchas veces sustentada mediante el uso de la violencia, la heterosexualidad como norma, el abuso del riesgo y la falta de autocuidados, la noción de invulnerabilidad, así como el ejercicio de una sexualidad activa y exitosa, entre otros valores y atributos.

¿En qué medida se relacionan esos imaginarios con la reproducción y validación de la violencia de género?

MD: Sin dudas, en todos esos mandatos y estereotipos sexistas asociados a la masculinidad hegemónica anidan muchas causas de la violencia de género. Las relaciones de poder establecen una asociación jerárquica de estatus entre dominados y subordinados. La cultura patriarcal estimula el poder masculino y este se visualiza en el dominio sobre las demás personas, en la autosuficiencia y la creencia de tener derecho a someter a los demás, sobre todo a las mujeres.
Las causas de la violencia de los hombres hay que buscarlas en la socialización del género. Los modos en que son educados los varones a lo largo de su desarrollo están marcados por la introducción de actitudes y comportamientos predeterminados por géneros, que provoca diferencias entre ambos. La educación sexista obliga a las personas a asumir patrones estereotipados. Por eso la violencia de género es machista, patriarcal y legitima la superioridad masculina y las relaciones de poder.

JM: Los imaginarios que sostienen la masculinidad hegemónica parten de considerar la superioridad masculina como el orden correcto en las relaciones sociales de cada entorno, ya sea familiar, laboral, noviazgos e incluso, grupos de amistades. Esa creencia justifica (o al menos pretende presentar como menos trascendentes) cuestiones como la violencia de género. Esto sucede, sobre todo, con manifestaciones que son menos evidentes, pues se alejan del maltrato físico, que suele ser más identificable.
La creencia de superioridad de los hombres justifica discriminaciones múltiples, entre ellas las agresiones machistas contra mujeres y niñas. Supuestamente, ellas deben ser obedientes, dedicarse a nosotros y a la familia más que a ellas mismas, constituir ejemplo de moral para cuidar su reputación y para no dañar la nuestra, es decir, nuestra masculinidad.

LC: Ambos fenómenos son directamente proporcionales. La superioridad del hombre, que constantemente se trata de naturalizar a través de la masculinidad hegemónica o tradicional, sirve como sustento para la reproducción de la misoginia, del acoso sexual laboral, de la violencia económica, simbólica, física y estructural de la que son víctimas niñas, mujeres y todos los cuerpos feminizados. Esos presupuestos estereotipados legitiman la discriminación y también la desidia por quienes no comparten la heteronormatividad, la división sexual del trabajo, la doble y la triple jornada laboral, la feminización del trabajo de cuidados y su desvalorización, el control y dominio sobre el cuerpo y el tiempo de las mujeres, los golpes, maltratos y también las violaciones y feminicidios.

¿Cómo trabajar en Cuba para desmontar los estereotipos asociados a esta construcción y limitar sus consecuencias?

MD: Derrumbar el sustento patriarcal que está en la base de nuestros males no es posible, ahora mismo, por su base estructural, su arraigo, su sedimentación en nuestras instituciones y cultura. No obstante, se pueden emprender varias acciones. La socialización masculina supone la asignación de prácticas de inequidad. En consecuencia, para evitar la violencia como la más grave de las desigualdades de género, hay que trabajar las prácticas de identidad masculina. Si les explica los porqués a los hombres, les será mucho más fácil desmontar las prácticas desiguales. No se trata de decirles que no pueden ser violentos, hay que explicar orígenes y causas de esa violencia; hay que atravesar las diferentes formas de ejercicio del poder que han colocado a la mujer en posición de desventaja y estudiar las inequidades que propician las relaciones discriminatorias.
También es vital también dar mayor visibilidad a acciones gubernamentales que tienden a favorecer la igualdad de género, como el decreto 234 promovido en 2003, que estableció la licencia de paternidad. Se debe continuar la preparación de comunicadores sociales, educadores, profesores, médicos y artistas en estos temas. Además, hace falta diseñar más programas y proyectos educativos sobre masculinidad. La mirada hacia el varón no solo debe resultar una apoyatura a los problemas de las mujeres en materias de derecho, bienestar, salud y oportunidades. Es tiempo de incorporar al hombre como centro de política. Las masculinidades y el trabajo con los hombres no pueden verse como una cosa aparte. Solo de ese modo conseguiremos transitar desde un mundo de inequidad hacia uno de participación.

JM: El trabajo implica muchas aristas, apunta hacia alianzas y articulaciones entre toda la sociedad. Pero, obviamente, hay dos dimensiones generales que se relacionan mucho: empoderamiento de las mujeres y trabajo educativo con hombres. Es necesario transformar las masculinidades hacia prácticas y actitudes no violentas, promoviendo aquellas que son solidarias y afectivas, que piensan la sociedad desde la igualdad. Esto implica también que las estructuras sociales que legitiman el patriarcado cambien de forma paralela, razón por la cual hay que trabajar con toda la población.
Urgen una transformación de la cultura esencialmente machista, un marco legislativo más eficiente y plataformas educativas (no solo responsabilidad de Educación) que generen iniciativas para el cambio del orden patriarcal. Con toda sinceridad, aunque sin renunciar a la educación de la toda la sociedad, trabajar con niños y niñas es la mejor manera de formar seres humanos que luego apuesten por el cambio y por dinamitar las bases del patriarcado.

LC: Tomando como punto de partida que la masculinidad hegemónica es una expresión del patriarcado como sistema que legitima todas las discriminaciones y violencias, es muy importante establecer alianzas entre los diferentes sectores, instituciones y redes en la empresa de desmontar estereotipos asociados. La cultura patriarcal nos atraviesa a todas y todos. Mujeres y hombres participamos en su construcción y refuerzo desde diferentes espacios de incidencia. Es importante visibilizar cómo nos afecta para, a partir de ahí, poder desaprender y luego aprender nuevas prácticas que nos permitan avanzar hacia la transformación.
Como parte de ese proceso, el trabajo con los hombres es medular. Hay que involucrarlos e intercambiar sobre los privilegios y costos del sitio en que el modelo los coloca. Además, es mucho más fácil desaprender cuando las prácticas no se han instalado con fuerza. Por tanto, es importante el trabajo desde las primeras edades. Si hablamos específicamente de limitar la violencia de género, la justicia juega un papel fundamental. La creación en nuestro país de una norma jurídica que tipifique la violencia de género en todas sus formas sería una garantía de protección para las víctimas y una medida de contención para quienes la ejercen.