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Buscan establecer el delito de “violencia simple” en el Código Penal de Guerrero

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Buscan establecer el delito de “violencia simple” en el Código Penal de Guerrero

Josefina Aguilar Pastor

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero, 8 de julio de 2020.-   Marco Antonio Cabada Arias, diputado Local, propuso reformar el Código Penal de Estado de Guerrero, para establecer una pena de 3 años de prisión y multa de diez a cincuenta salarios mínimos, a quien ejerza “violencia simple”, que no necesariamente requiere para su demostración ante el ministerio público, huellas de agresión física.

El legislador, propuso reformar los artículos adiciona el capítulo i Bis al título séptimo y los artículos 201 bis y 201 al Código Penal para el Estado de Guerrero número 499, para establecer el reconocimiento de la “violencia simple”, y su consecuente sanción.

Señaló que en el actual Código Penal del Estado de Guerrero, ya se contempla distintas modalidades de violencia, entre ellas; familiar, de género, laboral, física, económica, educativa, institucional, patrimonial y psicológica; pero no se considera la “simple”, siendo la más recurrente, sin embargo, tal como está redactada la ley, el ministerio público, requiere violencia física hacer cumplir la ley.

Cabada Arias, propone legislar el delito de violencia simple, para prevenir que una persona en público y fuera de riña propine a otro cualquier golpe simple, para intimidar, doblegar, destruir o desaparecer objetos, documentos, bienes, valores o recursos económicos; agreda a otro verbalmente, lo sujete, inmovilice o cause daño psicoemocional, o a su integridad física, para realizar prácticas sexuales no deseadas o que generen dolor; y el que surta a personas azotes sin más ánimo que vejar, injuriar y humillar.

De acuerdo con la propuesta, comete el delito violencia simple, quien en público y fuera de riña, diere a una persona una bofetada, un  puñetazo, un escupitajo, un empujón o cualquier golpe en la cara o alguna  parte del cuerpo; el que propine a otro cualquier golpe simple, para intimidar, doblegar,  destruir o desaparecer objetos, documentos, bienes, valores o recursos  económicos. 

Al que agreda a otro verbalmente, lo sujete, inmovilice o cause daño psicoemocional, o a su integridad física, para realizar prácticas sexuales no  deseadas o que generen dolor; y quien surta a personas azotes sin más ánimo que vejar, injuriar y humillar. 

Son simples golpes y violencia física los que no causen lesión alguna, y sólo  se castigarán cuando se infieran con intención de ofender a quien los recibe.  Los jueces podrán declarar a los imputados de golpes, sujetos a la  vigilancia de la autoridad, prohibirles ir a determinado lugar y obligarlos a  otorgar la caución de no ofender, siempre que lo crean conveniente. 

A los responsables de los delitos a que se refiere este artículo, se les aplicarán  de uno a tres años de prisión, y multa de diez a cincuenta salarios mínimos. 

Si la o el ofendido fuere alguno de los parientes o personas a que se refiere el artículo 198, se aumentará la pena que corresponda hasta en un tercio. No se podrá proceder contra el autor de golpes y violencias, sino por querella de parte ofendida.

Cabada Arias subrayó que “la forma en cómo están redactadas las normas jurídicas, dificultan o imposibilitan enderezar las investigaciones previas que imputen la responsabilidad penal a un victimario”.

La propuesta fue turnada a la Comisión de Justicia, para su análisis y dictaminación.

El Presidente no tiene voluntad de hacer algo por nuestras hijas asesinadas

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El Presidente no tiene voluntad de hacer algo por nuestras hijas asesinadas
  • Madres de víctimas de feminicidio dicen que no se moverán de palacio nacional hasta que el presidente las escuche. 

Soledad Jarquín 

SemMéxico, Cd. de México, 8 de julio, 2020.- Lidia Florencio Guerrero es una de las víctimas secundarias de feminicidio que desde el lunes están en plantón en el zócalo de la capital mexicana y que, asegura, permanecerán ahí, hasta que sean atendidas por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ahora reunido en Washington, D.C. con Donald Trump.

Es tiempo que el presidente mexicano tome en cuenta a las madres de las víctimas de feminicidio, que hable con nosotras, que sepa de nuestro dolor, por eso estamos aquí, para verlo, aunque sabemos que por sus declaraciones “parece que no le importa, sabemos que ni siquiera se atreve a pronunciar la palabra”.

Lidia Florencio Guerrero es madre de Diana Velázquez Florencio, asesinada en 2017. Refiere que está preocupada porque las madres y familias “no sabemos si el presidente López Obrador está capacitado, o no tiene el conocimiento, o simplemente no le interesa, porque no hace nada por las mujeres”.

Aquí estaremos para exigir que los protocolos de investigación se mejoren, que haya justicia para nuestras hijas, que nos hagan caso, dice en tono de reclamo y también para recordarle que “a nuestras hijas no les dieron tiempo de contar hasta 10, como dice su campaña”.

La justicia para Dianita

Lidia Florencia tiene tres años de peregrinar por justicia para Diana, “Dianita”, como ella le dice, asesinada el 2 de julio de 2017 en el Estado de México, durante este tiempo ha desarrollado un sentido de sororidad y es una activa militante que asegura que este año “no se irán del zócalo capitalino hasta que nos hagan caso”.

“Hace un año tuvimos una reunión con la titular de Gobernación (Olga Sánchez Cordero) y recibimos puras promesas, ya nos cansamos de que nos den atole con el dedo”, dice citando esa muy mexicana frase que significa burla.

“No vemos que tengan voluntad de hacer algo por nuestras hijas asesinadas, por eso ahora estamos determinadas a no levantarnos de aquí hasta que de veras hagan algo”, dice en entrevista con SemMéxico.

Junto a Lidia Florencio están otras madres y hermanas: Malú García Andrade, hermana de Alejandra García Andrade, de Chihuahua; Silvia Vargas, mamá de Fernanda Catalina Rico Vargas, del Estado de México; Elizabeth Machuca Campos, hermana de Eugenia Machuca Campos, también del Estado de México; Mar Cruz, hermana de Lucrecia Esharto Cuerda, de Guanajuato; Paula Flores Bonilla, mamá de Sagrario González Flores, de Ciudad Juárez; y de Pachuca Hidalgo Cristina Márquez, mamá Valeria Márquez, entre otras.

A pesar de la lluvia, dice estaremos aquí y señala que hay varias familias procedentes del Estado de México, una de las entidades del país más golpeadas por la violencia machista, señala.

Desde el lunes 6 que llegaron, personal de la oficina de Atención Ciudadana de la presidencia recibió la petición donde, entre otras cosas, solicitan una reunión con el presidente mexicano, una petición que hacen además de las víctimas indirectas de feminicidio, las familias con hijas desaparecidas, víctimas de trata y de violencia de género.

Como previamente informó SemMéxico, la petición sostiene que la falta de castigo a los feminicidas genera “una especie de permiso para asesinar” y que éstos asesinatos se han elevado cada vez más.

La impunidad, dicen las madres y familiares, tiene una ruta: 

• Resistencia a investigar por razones de género.
• Revictimización de las víctimas y las familias.
• Mal manejo del lugar del hallazgo y pérdida de evidencia.
• Inconsistencias graves en los dictámenes periciales.
• No se garantizan los derechos de las víctimas.
• No existe un mecanismo efectivo de seguimiento a la debida diligencia para evaluar y, si es necesario, sancionar a los servidores públicos.
• Falta de perspectiva de género en las sentencias.

De esa “ruta de impunidad” da cuenta Lidia Florencio Guerrero, madre de Diana, quien refiere que poco más de tres años después, la Fiscalía General del Estado de México no tiene “ni siquiera una línea de investigación”.

La indignación de la madre de Diana sigue sobre la piel. Explica que el mayor problema es la falta de capacitación del personal de las fiscalías encargadas de investigar, pero también de los policías.

Diana estuvo desaparecida entre el 2 de julio y el 6 de julio de 2017, “días de mucha angustia”, porque los policías que levantaron a la joven de 24 años de edad en la calle de Francisco I Madero, en el municipio de Chimalhuacán, la ingresaron como “un masculino”, lo que inicialmente provocó que se tardarán más en encontrarla y que la policía pretendió justificar como “un error de dedo”. Ella, la madre, dice que hasta hoy sigue pensando porque dijeron que era un masculino.

Para Lidia Florencio, las familias, como es su caso y otros que conoce, pasan por la sistemática negación de que las investigaciones se hagan desde la perspectiva de género, como –cita- lo establecen las normativas internacionales y, como en el caso de México, lo establecen diversas leyes, incluso la sentencia Mariana Lima Buendía.

En el caso de su hija la Fiscal, Irma Millán Velásquez, se ha negado a reconocer que fue un feminicidio, sostiene que no hay suficientes razones para ser tipificado como tal, sostiene con indignación y enseguida afirma que su hija fue violada, dejada tirada en la calle, privada de su libertad y asesinada ¿qué más elementos quiere? Cuestiona a la fiscal mexiquense encargada del caso.

Como ejemplo de las peticiones que hacen las madres y familiares de las víctimas, refiere que el caso de Diana, la Fiscalía acordó emitir un boletín de recompensa por 300 mil pesos para dar con el o los responsables del asesinato de su hija, lo que sucedió un año después en 2018, sin embargo, el boletín dio a conocer hasta 2019.

Hoy en el Zócalo no solo está la historia de Diana, están las historias de otras mujeres y niñas con otros nombres.

En Michoacán se reactivan los servicios en los Centros Fijos de Atención para mujeres

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En Michoacán se reactivan los servicios en los Centros Fijos de Atención para mujeres
  • Los espacios ofrecen atención psicológica, asesoría jurídica y de trabajo social a las mujeres sus hijas e hijos que acudan a solicitar este tipo de apoyo
  • Iniciará operaciones la Unidad Móvil

Redacción

SemMéxico. Morelia, Michoacán. 08 de julio de 2020.- Se reactivan los Centros Fijos de Atención, PAIMEF en Michoacán, así lo informó la titular de la Secretaría de Igualdad Sustantiva y Desarrollo de las Mujeres (Seimujer) Nuria Gabriela Hernández Abarca y servirá para fortalecer las acciones prevención y atención de la violencia contra las niñas y mujeres.

De acuerdo con la titular de la Seimujer, estos espacios ofrecen atención psicológica, asesoría jurídica y de trabajo social a las mujeres, sus hijas e hijos que acudan a solicitar este tipo de apoyo, además de cumplir con todas las medidas de higiene y prevención para contener los contagios por COVID-19.

 “Ante la emergencia sanitaria por COVID-19, tenemos un incremento hasta del 40 por ciento en los servicios que ofrece la dependencia, por eso era importante reactivar estos espacios, donde personal profesional atiende a las mujeres que puedan estar viviendo una situación de violencia”, comentó.

La funcionaria también adelantó que, en próximos días, también iniciará operaciones la Unidad Móvil, la cual acercará los servicios de atención a los municipios que presentan mayores índices de violencia contra las mujeres y niñas.

 “La prioridad del Gobernador Silvano Aureoles Conejo es acercar todas las herramientas que requieran las mujeres para que no se sientan solas, ya que se les ofrece acompañamiento y orientación ante una situación de violencia”, indicó Hernández Abarca.

Distribuidos al interior del Estado, en los municipios de Morelia, Lázaro Cárdenas, Puruándiro, Tlalpujahua, Zitácuaro, Pátzcuaro, Tacámbaro, Zamora, La Piedad, Ciudad Hidalgo y Morelia, los Centros Fijos de Atención son operados con recursos de la federación a través del Instituto Nacional de Desarrollo Social (Indesol).

SEM/IL

»Antes del inicio del tren»

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»Antes del inicio del tren»

¿Qué nos da, qué nos quita?

Dulce María Sauri Riancho*

SemMéxico. Mérida, Yucatán. 08 de julio 2020.- Han concluido los concursos y adjudicaciones de los distintos tramos del Tren Maya (TM).

En medio de esta grave necesidad de empleo, se presenta su construcción como la respuesta a la demanda de miles de personas de contar con una fuente regular de ingresos para vivir.

Reitero mi opinión que esta obra pertenece a la visión idílica del pasado que acompaña el pensamiento y las decisiones presidenciales, cuando la llegada del ferrocarril significaba comunicación y prosperidad. Sin embargo, contra viento, marea y amparos, el Tren va.

No faltan quienes opinan que, al igual que el puerto de altura de Progreso, el TM es un proyecto útil, pero incomprendido por un sector de la población que se opone sistemáticamente a toda inversión gubernamental.

Pero hay entre ambos proyectos varias y notables diferencias. La primera, de gran relevancia, es que la idea de prolongar el viaducto de 1 km del muelle “nuevo” (así lo conocíamos en mi infancia) y construir una terminal mar adentro, tuvo un origen local. Ante las manifiestas insuficiencias de las instalaciones portuarias de Progreso, el gobernador Víctor Cervera enfocó su legendaria energía en lograr que la federación se comprometiera a financiar su ampliación y modernización.

Corría 1984 cuando Cervera concibió el proyecto: a fines de ese año lo anunció como parte de la solución para dinamizar la economía yucateca que languidecía tanto como su principal producto: el henequén.

No eran buenos tiempos presupuestales para el gobierno federal; aun así, Cervera logró introducir en su presupuesto recursos para iniciar la construcción. Sagaz, comenzó por el final —la plataforma— ubicada a 7 km de la costa. Largas hileras de chalanas se turnaban para “tirar” la piedra extraída de bancos de materiales ubicados en el mismo municipio progreseño. Lentamente, a golpes de audacia, se acumulaba la cantidad necesaria de piedra para bosquejar y luego consolidar el viaducto que habría de enlazar a “Isla Cervera” con la costa.

Finalmente, en octubre de 1989 fueron inauguradas las nuevas instalaciones, cuando Miguel de la Madrid ya no era presidente, ni Víctor Cervera gobernador.

En cambio, el Tren Maya es un proyecto 100% federal; incluso se puede considerar que se impone a pesar de justificadas resistencias locales de todo tipo: campesinos, ambientalistas, comunidades mayas, empresari@s, académicos, etc. “De lo perdido, lo que aparezca”, dice el refrán.

Y del Tren Maya podría surgir una mejor conectividad ferroviaria hacia el centro y norte del país, anhelo largamente perseguido por las empresas yucatecas. Sin embargo, otro refrán popular acrecienta las dudas: “no todo lo que reluce es oro”. Y se aplica muy bien en este caso.

Van algunas preguntas sobre el futuro inmediato, es decir, ¿qué pasará mientras se realizan las obras de nueva cimentación, sustitución de durmientes y vías en la ruta ferroviaria Mérida-Coatzacoalcos? Porque del actual Ferrocarril Chiapas-Mayab (así se llama el antiguo Ferrocarriles Unidos de Yucatán) sólo quedará el derecho de vía. Todo los demás será nuevo para que permita sostener la velocidad y el peso de un tren que viaja a un promedio de 160 km/hora.

Cuando comience la obra, levantarán vías y durmientes, escarbarán y volverán a rellenar; es decir, sustituirán todo. (Entre paréntesis: durante el sexenio pasado se invirtieron más de 7 mil millones de pesos en la rehabilitación de la ruta Coatzacoalcos-Izamal que, con esta obra, irán literalmente a la basura).

Si la construcción del puerto no se hubiese concluido, no habría más consecuencias que las ilusiones perdidas y algunos millones gastados para convertir Isla Cervera en un nuevo arrecife. No es el caso del Tren Maya. Si la obra se interrumpiera, tendría consecuencias muy serias para la economía de Yucatán.

Cuando se construyeron las instalaciones del puerto de altura, el tráfico portuario y las operaciones de su terminal se mantuvieron. En el caso del TM no será así. ¿Cuánto tiempo estima el gobierno que durará la interrupción del servicio ferroviario: uno, dos o más años?

Igual de preocupante es la noticia respecto a la asociación entre ICA —concesionaria de la autopista Kantunil-Cancún-Playa del Carmen—, para que en el derecho de vía de su concesión se construya el tramo ferroviario Mérida-Cancún (1).

Inicialmente me imaginé que el ferrocarril ocuparía el camellón central, el que divide los dos cuerpos de la supercarretera, lamentando los árboles que talarían para despejar la ruta. Resulta que no es así: que tomarán uno de los dos cuerpos de la autopista para volverlo vía ferroviaria, en tanto que ICA se compromete a construir un nuevo cuerpo que sustituya al transferido al Tren Maya. Perdónenme la suspicacia: ¿qué sucederá cuando, de un plumazo, nos regresen 30 años atrás, a una carretera de un solo carril como las de antaño, donde los accidentes eran frecuentes, en tanto que la empresa cumple su compromiso de reposición?

¿Y si ICA decide que el aforo vehicular es insuficiente para una vía tal como la conocemos, y “arma” un tercer carril, el que se utiliza para alternar los rebases? ¿No está así, ahora mismo, el tramo de Tintal a Playa del Carmen?

Hay muchas otras dudas. Las vías del Tren Maya, ¿serán compatibles con las del centro del país? ¿O regresaremos a 1950, cuando el presidente Alemán inauguró el ferrocarril Mérida-Coatzacoalcos, con un “pequeño detalle”: en Campeche había que hacer trasbordo al ferrocarril de vía ancha… Esta situación se prolongó hasta 1958, cuando, finalmente, Yucatán contó con comunicación ferroviaria fluida hacia el centro del país.

Las autoridades federales y las estatales, en especial el gobernador Mauricio Vila, tendrían que responder a estas preguntas antes de que comiencen las obras. Deben aclarar las dudas y despejar la incertidumbre en torno a la suspensión parcial o total del servicio ferroviario y las características que tendrá la autopista a Cancún.

Respecto al túnel de 4 km para llegar hasta La Plancha, “Cristóbal” se encargó de poner en su lugar a los arrogantes funcionarios del gobierno federal que se negaban a escuchar las “miopes” objeciones de l@s meridan@s.

Allí está el paso “deprimido”, todavía inundado, escandaloso testigo de cargo contra quienes decidieron agredir a la naturaleza y a su manto freático.

_____

1) “El cuarto tramo del Tren Maya fue adjudicado directamente a ICA, empresa que detenta el derecho de vía de la carretera Kantunil-Cancún, autopista que es paralela al trazo del proyecto ferroviario”. https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/amlo-da-banderazo-de-inicio-de-obra-del-tren-maya-con-tramo-4-izamal-cancun Consulta: 6 julio 2020.

dulcesauri@gmail.com

*Licenciada en Sociología con doctorado en Historia. Exgobernadora de Yucatán y diputada federal plurinominal del PRI

Tribuna Libre

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Tribuna Libre

La libertad de expresión amenazada en Argentina

Roberto Cataldi*

SemMéxico/Periodistas En Español. 08 de julio 2020.- En la Argentina el tema de la grieta ya estaba presente en los albores de la república, es decir hace doscientos diez años. Hubo momentos en que parecía cerrarse, pero jamás sucedió, pues, siempre hubo demasiados conflictos de intereses, corrupción y mucho fanatismo. Hoy en medio de una pandemia mundial, con una prolongada y agobiante cuarentena, donde se verifica la mayor crisis económica de toda su historia, la grieta vuelve a profundizarse de una manera peligrosa, ensañándose como en tantas otras oportunidades con la libertad de expresión.

Los que pertenecemos a la mítica generación de los años setenta hemos visto correr mucha agua bajo el puente, sabemos de primera mano cómo fueron los últimos cincuenta años, los vivimos, los padecimos, y dejamos el «consumo del relato» a los militantes de uno y de otro lado, ya que como sostenía Oscar Wilde, el hombre que no piensa por sí mismo no piensa en absoluto.

Internet ha permitido que la información llegue al instante a los lugares más remotos, concretando el derecho que todos tenemos a estar informados, pero bien informados, sin bulos o fake news. Y en esto mucho que ver tiene el periodismo que, según Rodolfo Walsh, si no es libre es una farsa.

Al parecer, cada vez estamos más distantes de Voltaire, dispuesto a defender la libertad de expresión del que no estuviera de acuerdo con él. Hay quienes me ha dicho que no quieren leerme, y están en su derecho, lo entiendo, no pelearé con ellos, mucho menos los descalificaré por pensar distinto. No todos podemos estar de acuerdo. Por otra parte, no es asunto de hostigar, insultar o amenazar a quienes se limitan a informar la verdad, porque no tiene sentido pelearse con la verdad. El mensajero no es el culpable. Orwell, en la primera mitad del siglo pasado, advirtió que la libertad de expresión consiste en decir lo que la gente no quiere oír. Muchos tienen una interpretación distorsionada de la realidad, y leen solo las noticias que refuercen esa mirada, en el convencimiento absoluto de que son los otros los que están equivocados.

En estos días el presidente de la Sociedad Americana de Prensa (SIP) Christofer Barnes, ha expresado su preocupación por la situación actual en Argentina, lamentando que deban ocuparse nuevamente de la persecución a los medios y los periodistas, ya que creían que eso era algo del pasado. Nunca lo fue, pues, esto revela el eterno retorno.

En fin, si estamos dispuestos a jugar el juego de la democracia debemos respetar el derecho de expresión. Hay muchas formas de ejercer esta libertad. El periodismo cuando es independiente cumple una tarea fundamental. El descontento social también puede expresarse en las redes o incluso en la calle. Éste es el juego de la democracia y, el sistema republicano tiene el deber de garantizarlo a través de sus diferentes poderes. Caso contrario caemos en aquellos males que costaron millones de vidas y que preferimos olvidar.

La felicidad, en todo caso, depende de la calidad de nuestros pensamientos, como sostenía Marco Aurelio.

*Roberto Miguel Cataldi Amatriain es médico de profesión y ensayista cultivador de humanidades, para cuyo desarrollo creó junto a su familia la Fundación Internacional Cataldi Amatriain (FICA)

El derecho al acceso a la justicia será por vía digital, propuesta de Ricardo Monreal

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El derecho al acceso a la justicia será por vía digital, propuesta de Ricardo Monreal
  • Modificaciones al Artículo 17 Constitucional, en tiempos del COVID 19

Elda Montiel 

SemMéxico. Cd. de México. 8 de julio de 2020.- El senador Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, con la preocupación de hacer más eficiente al sistema de justicia penal y que la impunidad no siga prevaleciendo en crímenes como feminicidio y de carácter sexual presentó ante el pleno la iniciativa para modificar el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de impartición de justicia digital.

La pandemia del COVID-19 ha revelado, en los últimos meses, la urgencia de adoptar innovaciones tecnológicas en procesos que requieren de celeridad, transparencia y eficacia, como es el caso de las disputas que se debaten en los tribunales, precisó.

El artículo 17 de la Constitución indica que el Estado tiene la obligación de impartir y administrar justicia. Sin embargo, denuncia el legislador, “uno de los efectos de la crisis sanitaria, dados los riesgos que conlleva para las personas, ha sido la suspensión de la actividad jurisdiccional”.

En la exposición de motivos, el legislador especifica que el objetivo de la propuesta de reforma es adoptar herramientas tecnológicas para no obstaculizar el derecho fundamental de acceso a la justicia. Busca garantizar el acceso ágil y oportuno a la justicia digital, a través del uso de tecnologías de información y comunicación (TIC).

El uso de las TIC en el sistema de justicia acarrea diversos beneficios como el ahorro de recursos, la celeridad en la gestión de trámites, así como ventajas en términos de accesibilidad, transparencia, ecología, imparcialidad y seguridad.

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, las TIC, se han vuelto un instrumento esencial para el día a día, ya que su uso ha suplido con eficiencia y seguridad a las actividades presenciales en tiempos de pandemia.

Tan es así que diversos organismos internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas han recomendado a los Estados adoptar herramientas tecnológicas para no obstaculizar el derecho fundamental de acceso a la justicia. 

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (JUCOPO) aseguró que en el Senado de la República se seguirá legislando en beneficio de una pronta y expedita justicia, así como el acceso a la misma para todas y todos, fortaleciendo de esta forma el Estado de Derecho”.

Amnistía Internacional impulsa Acción Urgente para que el Estado mexicano garantice recursos a programas que atienden violencia contra las mujeres

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Amnistía Internacional impulsa Acción Urgente para que el Estado mexicano garantice recursos a programas que atienden violencia contra las mujeres
  • La medida es apoyada por Equis Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios (RNR) y la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afroamericana (CAMIs)

 Redacción 

SemMéxico. Cd. de México. 8 de julio de 2020.- Debido a la falta de claridad sobre la forma en que los recortes presupuestales afectarán programas destinados a brindar servicios de atención a las mujeres que viven violencia, y ante la reducción de presupuesto para las Casas de Atención a la Mujer Indígena y Afrodescendiente (CAMIs), las cuales son espacios de primer acceso y escucha de las mujeres indígenas, Amnistía Internacional impulsa una Acción Urgente a nivel mundial, en la que activistas pedirán al gobierno mexicano garantizar que todos los programas que atienden a las mujeres violentadas sigan teniendo los recursos que les permitan continuar con su labor fundamental.

La Acción Urgente cuenta con el apoyo de Equis Justicia para las Mujeres (EQUIS), la Red Nacional de Refugios (RNR) y la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afroamericana (CAMIs). El llamado será impulsado en todo el mundo gracias a la red de activistas de Amnistía Internacional.

La Acción Urgente está precedida de una Carta Abierta que Amnistía Internacional, EQUIS y la RNR −apoyadas por 163 organizaciones de la sociedad civil−, dirigieron al Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, el 6 de mayo de 2020.

En el documento se les solicitó detallar ¿qué programas presupuestarios están incluidos en el punto 38 del inciso V, del decreto de austeridad publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de abril 2020?, y si éstos cuentan con el presupuesto necesario para seguir su operación durante la contingencia sanitaria, y aún después de ésta, dado que el decreto está vigente hasta el 31 de diciembre de 2020.

Como resultado de la Carta Abierta, Amnistía Internacional, Equis Justicia para las Mujeres, la Red Nacional de Refugios y la Red Nacional de Casas de la Mujer Indígena y Afroamericana, tuvieron una reunión con la Secretaria de Gobierno, Olga Sánchez Cordero, el 22 de mayo de 2020.  En la reunión estuvieron presentes las titulares de las dependencias gubernamentales a cargo de la atención a la violencia contra las mujeres.

Sin embargo, en el encuentro no hubo respuesta clara a la pregunta planteada en la Carta Abierta. Al día de hoy, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI) destinó la cantidad de 8.5 millones de pesos, de un total de 30 millones que se requieren para que las 35 CAMIs, existentes en regiones indígenas, puedan dar respuesta a la demanda creciente de las mujeres indígenas que enfrentan violencia de género, acceso a la salud sexual y reproductiva, y especialmente atención a mujeres embarazadas.

A la fecha, no ha sido posible tener otra reunión con las autoridades de la Secretaría de Gobernación, pese a que en el encuentro con su titular, del 22 de mayo de 2020, se acordó hacer reuniones mensuales para dar seguimiento al tema, señalan las organizaciones en un comunicado de prensa. 

Por medio de la acción urgente miles de personas en todo el mundo, podrán enviar cartas y mensajes de correo electrónico a la Secretaría de Gobernación, solicitando que se dé prioridad a la protección de los derechos de las mujeres, se garanticen recursos para las CAMIs y otros programas destinados a atender a las mujeres que viven violencia durante la pandemia y a lo largo de todo el año 2020.

Usted puede conocer la Acción Urgente en la siguiente liga:

https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/proteccion-de-los-derechos-de-las- mujeres-en-peligro/

La carta abierta dirigida al Presidente Andrés Manuel López Obrador y a la Secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero puede ser consultada aquí:  https://amnistia.org.mx/contenido/index.php/carta-abierta-a-andres-manuel-lopez- obrador-presidente-de-los-estados-unidos-mexicanos-y-a-olga-sanchez-cordero- secretaria-de-gobernacion/

SEM/GR

Necesario garantizar los derechos políticos de las mujeres frente al proceso electoral 2021: Mónica Fernández Balboa

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Necesario garantizar los derechos políticos de las mujeres frente al proceso electoral 2021: Mónica Fernández Balboa

Elda Montiel 

SemMéxico. Cd. de México. 8 de julio de 2020.- El Senado estará pendiente para que en los reglamentos y lineamientos que emitan las autoridades para regular las elecciones del proceso 2021 sean consistentes con las reformas de paridad y de violencia política de género, aseguró la presidenta del Senado de la República, Mónica Fernández Balboa.

Precisó que alrededor de 23 entidades ya han armonizado su legislación según lo dispuesto en la reforma constitucional para garantizar la paridad de género en todos los órganos del Estado y las modificaciones a diversos ordenamientos para sancionar la violencia política contra las mujeres.

Reconoció que ha sido un largo camino, sinuoso, no exento de retrocesos, pero con una tendencia histórica sostenida hacia la construcción de una sociedad con igualdad de derechos. 

“Por lo que los retos de igualdad siguen siendo enormes, y nos convocan a seguir empujando los cambios que este país requiere, con la fuerza política de las mujeres”, enfatizó al participar en el foro a distancia “Paridad y violencia política contra las mujeres en razón de género, hacia la igualdad sustantiva en Coahuila”.

Las mujeres de este país demandamos cambios profundos a nivel jurídico, político y social porque es necesario garantizar los derechos políticos de las mujeres en el próximo proceso electoral del 2021.

Se refirió a “las muchas resistencias, pero la igualdad de género es un tema que llegó para quedarse y no bajaremos la guardia en la búsqueda de un país con mayor igualdad de oportunidades para las mujeres”.

El Poder Legislativo cumplirá con la parte que le corresponde para generar leyes e instituciones que sirvan como base para el adelanto de las mujeres y reiteró que la Cámara de Senadores ha sido una aliada en esta lucha por la igualdad y la justicia social.

Además de los congresos, informó que, en estos momentos, el Instituto Nacional Electoral y los Organismos Públicos Locales en materia Electoral se encuentran en el proceso de elaboración de los reglamentos y los lineamientos que regularán las elecciones del 2021.

Estos cambios podrían ser consideradas como los últimos esfuerzos en la lucha por la igualdad sustantiva en nuestro país.

Mientras que la diputada federal Martha Tagle Martínez enfatizó que las reformas buscan sancionar de manera efectiva la violencia política y mandar la señal de que esta práctica de quienes no quieren redistribuir el poder público es un delito. 

Por su parte, Beatriz Zavala Pérez, consejera del Instituto Nacional Electoral, dijo que uno de los retos del próximo proceso electoral es lograr que se conserve la representación casi paritaria en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. 

Para que la participación de las mujeres en el Congreso de la Unión impulse la erradicación de la violencia política por razones de género en el ejercicio de los cargos.   

Buscan tener registros de acoso y hostigamiento sexual en contra de estudiantes en Guerrero

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Buscan tener registros de acoso y hostigamiento sexual en contra de estudiantes en Guerrero

Josefina Aguilar Pastor 

SemMéxico. Chilpancingo, Guerrero,  7 de julio de 2020.- La organización “Yo te creo Compañera”, lanzó una campaña estatal para visibilizar el acoso y hostigamiento sexual a través de una encuesta dirigida a mujeres estudiantes del estado de Guerrero de nivel medio superior, superior y posgrados.

Aneliz Visca Faustino, coordinadora de la colectiva “Yo te creo Compañera”, dio a conocer que lanzaron esta iniciativa para obtener datos aproximados de los casos de acoso y hostigamiento sexual, que se registran en el estado de Guerrero, entre las  estudiantes.

“El trabajo que realizamos lo hacemos con mucha seriedad y confidencialidad, fomentando un ambiente de confianza entre las compañeras estudiantes”, abundó la activista; las conclusiones a las que lleguen con esta encuesta, serán dadas a conocer a través de la página oficial de “Yo te creo Compañera”.

Pretenden dijo Visca Faustino, la participación de al menos 200 estudiantes; tras haber iniciado apenas este domingo 5 de julio, en dos días, han recabado ya alrededor de 30 respuestas, anotó que la encuesta se cierra el 31 de este mismo mes de julio.

La encuesta está conformada de 15 preguntas, entre las preguntas, se cuestiona si se conoce la diferencia entre acoso y hostigamiento, si en algún momento han sido acosadas u hostigadas, han sido sujetas de comentarios sexistas y misóginos por parte de sus compañeros, si han compartido algún pack, si alguna vez, algún profesor les ha enviado mensajes inapropiados, si consideran que la institución a la que pertenecen protege y prevé los derechos humanos de las estudiantes, entre otras.

La activista refirió que tras haber sido víctima de esta práctica, se dio cuenta de que las estudiantes no saben a dónde acudir cuando se enfrentan a una situación de este tipo, de ahí que no se denuncie, y no haya información real ni datos en ninguna dependencia, ya sea oficial o educativa.

“Pretendemos que las alumnas, las estudiantes, conozcan que no es normal que un maestro trate de iniciar una relación con una alumna, o que sus propios compañeros las persigan y molesten , que sepan que hay instancias a donde a acudir, y sobre todo, que ellas no son las culpables de lo que les ocurre”, precisó Visca Faustino.

El link, puede ser consultado en la página de Facebook Yo te creo Compañera.

Hasta el 5 de julio 64 embarazadas han muerto por COVID-19 y las muertes maternas suman 413

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Hasta el 5 de julio 64 embarazadas han muerto por COVID-19 y las muertes maternas suman 413
  • Hay mil 935 casos activos, uno de cada tres en estado grave, detalla el informe 26 de la SS
  • Ciudad de México, Tabasco, Sinaloa, Baja California y Sonora a la cabeza
  • Los decesos por COVID-19 representan el 15.5 por ciento de la muerte materna en la semana del reporte

Sara Lovera

SemMéxico. Cd. de México. 8 de julio de 2020.- Hasta el 5 de julio la muerte materna en el país sigue creciendo, hasta 13 por ciento, del número total de decesos, embarazadas y en puerperio en razón de COVID 19 alcanzó a 64 mujeres, entre 20 y 35 años; del total una de cada 6 sucedió en la capital del país; la mayoría de las defunciones ocurrieron en los estados de Baja California, Ciudad de México, Tabasco, Sinaloa y Sonora. Hasta esa fecha se reportan mil 935 embarazadas o en puerperio como positivas. De ellas casi una de cada tres está grave. Cerca de 500 recién nacidos o nacidas, resultaron positivos al COVID-19.

El porcentaje de muerte materna, reportada en la semana epidemiológica número 26 es de 15.5 por ciento, lo que significa que esa semana hubo 413 muertes maternas, superando hasta más del 13 por ciento de lo que sucedió hace un año.

A los mil 935 casos de embarazadas o en puerperio con COVID19, la Secretaría de Salud agrega 110 enfermas de influenza, lo que hace un total de 2 mil 43 sin salud, de las cuales la mayoría están embarazadas, sólo el 12 por ciento están en puerperio, o sea más de 16 mil mujeres después del parto dieron positivo a COVID19, según se detalla.

Según el informe detallado de la semana sanitaria número 26, elaborado por la Dirección general de Epidemiología, de la Secretaría de Salud, la proporción de casos de mujeres embarazadas positivas o durante puerperio, respecto al total nacional es de 0.71. La muerte materna se calcula por cada cien mil embarazos. Cada año nacen más de 2 millones de mexicanas o mexicanos, poco más de 192 mil al mes, algo así como 6 mil 400 al día. 

La muerte materna de 64 mujeres, incluye embarazo y puerperio, es decir, durante el embarazo, en el momento del nacimiento y hasta 45 días después. De esas 64 defunciones, 10 ocurrieron en la Ciudad de México, donde hasta ahora, se reporta el nivel más alto de letalidad, respecto del país, tomando en cuenta su concentración poblacional. 

Según este informe detallado el incremento de mujeres con COVID19, embarazadas o en puerperio, creció en la fase 3 en mil 478 casos, de las mil 935 que reconoce la Secretaría de salud, la mayoría fue detectada en los hospitales de esa secretaría, hasta en 60 por ciento; le siguió el IMSS. Se desconoce número de casos ambulatorios o atendidos en casa, por la epidemia.

La Secretaría de Salud informó que hasta el 5 de julio que registró 5 mil 501 casos de mujeres con embarazo/puerperio reportadas por infección de COVID-19, de ellas sólo el 35.5 por ciento resultó positiva. 

Detalló que los estados con mayor número de casos de mujeres embarazadas o puérperas con casos positivos a COVID-19 son Ciudad de México con 299, Estado de México con 168 y Tabasco con 161.

Hasta el 5 de julio se reportaron 2 mil 245 recién nacidos notificados, de los cuales sólo el 19.6 por ciento resultaron positivos a COVID-19.

Del total de los más de 5 mil casos reportados con síntomas, 2 mil 745, fueron negativos al Covid19, informó Salud; sospechosos fueron 558 y positivos mil 935. De los casos sospechosos, aún en proceso de confirmación, igual que todos los demás y las muertes maternas, está casi en primer lugar la Ciudad de México; pero también con el 9.7 por ciento Estado de México; Nuevo León y Guanajuato, con 5.6 por ciento y los demás aparecen con más de 4 por ciento Tabasco, Tamaulipas, Jalisco, Baja California y Sonora.

Las defunciones, considerando que el cálculo se hace según el tamaño de la población, ocurrieron en 29.2 por ciento en Baja California con 7 casos; Ciudad de México con 21.2 por ciento con 10 casos También quienes sólo fueron sospechosas, por síntomas del COVID19, según Salud, 2 mil.

La inolvidable maestra “Meche Aguilar”

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La inolvidable maestra “Meche Aguilar”

Por Abelardo Martín M.

SemMéxico/Al Momento. Ciudad de México. 08 de julio 2020.- A lo largo de su muy fructífera y respetada carrera profesional, Mercedes Aguilar Montes de Oca, nunca aceptó como respuesta un “no se puede” en el trabajo, su secreto para formar una auténtica legión de discípulos y periodistas profesionales, unos con título y muchos otros sin él, a quienes introdujo, formó y dio una sólida vocación en el periodismo.

Así, una tarde me ordenó: “Mañana te presentas con saco y corbata, porque vas a empezar a reportear”. Yo trabajaba bajo sus órdenes como teletipista y se preocupaba de que leyera y copiara un promedio de 250 noticias de agencias internacionales cada día en 2 turnos de trabajo, de 6 am a 2 de la tarde, y de las 2 a las 10 de la noche y que se distribuían como servicios informativos.

De eso hace ya 5 décadas cuando Meche dirigía, con mano siempre firme, cargada de comprensión y de amor, Radionoticias El Heraldo, agencia que producía y distribuía servicios de información a las principales cadenas radiofónicas de fines de los años 60s, entre otros Grupo Acir, Grupo Oro, Radio Mil, así como a diversos medios de provincia.

Auténticamente las carencias de equipo suficiente tanto material como humano, Meche la suplía con creatividad y un compromiso digno de una mujer “de una sola pieza” como fue siempre en su vida profesional y personal, responsable y comprometida siempre.

 “Meche” tuvo una influencia definitiva en mi vida personal y profesional y le estoy eternamente agradecido por su entrega total que rindió abundantes frutos profesionales y en los sentimientos. Hoy su muerte provoca un GRACIAS desde lo más profundo de mi vida porque su paso dejó una eterna huella.

Piden a gobernador de Baja California disculpa pública por declaraciones en contra de alcaldesa

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Piden a gobernador de Baja California disculpa pública por declaraciones en contra de alcaldesa
  • Expresiones del mandatario Jaime Bonilla pueden constituir violencia política en contra de las mujeres, afirman integrantes de la Comisión para la Igualdad de Género.

Redacción 

SemMéxico. Cd. de México. 7 de julio de 2020.- La Comisión para la Igualdad de Género, que preside la senadora Martha Lucía Micher Camarena, solicitó al titular del Poder Ejecutivo de Baja California, Jaime Bonilla, una disculpa pública por las declaraciones realizadas en contra de la alcaldesa de Tecate, Zulema Adams Pereyra.

Los integrantes de este órgano legislativo también pidieron a las autoridades del gobierno estatal evitar el uso de expresiones discriminatorias, prejuiciosas o estereotipadas; respetar, en el debate público, los derechos humanos, la vida privada y la dignidad de las personas; así como garantizar en todo momento el derecho de las mujeres a vivir una vida libre de violencia.

La Comisión para la Igualdad de Género del Senado expresó su preocupación por las denuncias que presentó la alcaldesa de Tecate, y las expresiones formuladas por el gobernador del estado, que pueden constituir violencia política contra las mujeres por razón de género.

También consideró que las denuncias de Zulema Adams sobre actos de presión, intimidación o coacción en su contra, por parte de algunas autoridades estatales, deberán ser investigadas por las instancias competentes, quienes determinarán en su momento si existe algún tipo de responsabilidad legal.

La alcaldesa interpuso ante la Fiscalía General de la República una denuncia por violencia política contra las mujeres por razón de género.

En virtud de lo anterior, “quienes integramos esta Comisión, recordamos y exhortamos a las autoridades que, al analizar cualquier acto de violencia contra las mujeres -en especial de violencia política- deberán incorporar la perspectiva de género” y el enfoque del derecho humano de las mujeres a vivir una vida libre de violencia”.

Respecto a las declaraciones del gobernador que se hicieron públicas el pasado 4 de julio, “expresamos nuestra desaprobación y preocupación por la utilización de comentarios sexistas que reproducen estereotipos, usados como una forma inaceptable de descalificar el trabajo de Adams Pereyra al frente de la alcaldía de Tecate.

El debate público sobre las funciones públicas de las y los funcionarios es un instrumento necesario para el fortalecimiento de la democracia y de los mecanismos de rendición de cuentas frente a la ciudadanía.

Pero este debate debe circunscribirse en todo momento en el marco del respeto a la integridad, la vida privada, la imagen propia y los derechos humanos de las y los servidores públicos, y evitar en todo momento incluir estereotipos, expresiones discriminatorias o que atenten contra la dignidad de las personas, asentó la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República.

El pronunciamiento fue firmado por las senadoras Martha Lucía Micher Camarena, Blanca Estela Piña Gudiño, Bertha Alicia Caraveo Camarena, Guadalupe Covarrubias Cervantes, Jesusa Rodríguez Ramírez y Martí Batres Guadarrama, de Morena.

Además, de Kenia López Rabadán y Nadia Navarro Acevedo, del PAN; Nuvia Mayorga Delgado, del PRI; Alejandra de León Gastélum, del PT; Indira Kempis Martínez, de Movimiento Ciudadano; y Leonor Noyola Cervantes, del PVEM.

SEM/GR

No he declinado a la posibilidad de una ratificación, aclara Magistrada Gladys Pérez Maldonado

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No he declinado a la posibilidad de una ratificación, aclara Magistrada Gladys Pérez Maldonado
  • La magistrada desmiente a medios de comunicación que aseguran que ella renunció a su derecho.

 Redacción

SemMéxico/ Billie Parker Noticias. Xalapa, Ver. 07 julio 2020.- La magistrada del Poder Judicial del estado de Veracruz, Gladys L. Pérez Maldonado consideró desafortunado que medios de comunicación manejen una falacia para justificar un albazo en la designación de las magistraturas vacantes en el Tribunal Superior de Justicia Del Poder Judicial de Veracruz.

“En ningún momento he declinado a mi derecho de obtener la ratificación a mi nombramiento como Magistrada del Poder Judicial del Estado (PJE)”, aseveró, al lamentar las publicaciones que mal informan lo contrario.

Teniendo la posibilidad de una ratificación para otro periodo de cinco años, esta martes la magistrada fue sorprendida con las afirmaciones -u opiniones- de reporteros que aseguran que declinó, sin poner la fuente de su información, lo que da pie a una sospechosa difusión de un contenido que justificaría un posible albazo en la casa de las leyes, donde se hacen leyes-

“Lo que configuraría el delito de corrupción, principal estandarte de la cuarta transformación”, refiere la Maestra Gladys Pérez Maldonado.

Las falsas informaciones aseguran que la y los magistrados Fernando Charleston, Edel Álvarez Y Gladys Pérez Maldonado habrían declinado a la posibilidad de cursar otros 5 años como magistrados. De Edel Álvarez si fue pública su dimisión, pero en los otros dos casos se rechaza la versión.

El procedimiento de ratificación de los magistrados se encuentra previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, en el Capítulo VIII, de los artículos 209 al 213, estableciéndose un período no mayor a seis meses previo a la conclusión del cargo de diez años para el que fue nombrado el magistrado, para que el Consejo de la judicatura analice su actuación y desempeño, emitiendo como resultado un dictamen técnico, favorable o no favorable, respecto de su ratificación.

La magistrada Gladys Pérez Maldonado, precisa a este medio de comunicación que el pasado 29 de enero, solicitó al Consejo de la Judicatura de la entidad, se iniciara el procedimiento de ratificación de su nombramiento como Magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz, conforme lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en el Capítulo VIII, de los artículos 209 al 213, estableciéndose un periodo no mayor a seis meses previo a la conclusión del cargo de diez años para el que fue nombrado el magistrado, para que el CJEV analice su situación y desempeño, emitiendo como resultado un dictamen técnico, favorable o no favorable, respecto de su ratificación.

Gladys de Lourdes Pérez Maldonado fue nombrada Magistrada del Poder Judicial del Estado de Veracruz, por el término de 10 años, periodo que concluye el 29 de julio de 2020, el cual se puede extender por un término de cinco años más conforme la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece como requisito principal que el magistrado a ratificar NO haya cometido faltas graves durante el desempeño de su encargo, que se encuentren previstas en la Ley, advierte.

No obstante que la magistrada durante los 10 años de su nombramiento NO tiene quejas administrativas o instructivos de responsabilidad presentados en su contra o cometido falta grave en su desempeño y además gozar de la presunción de aptitud para la ratificación conforme el artículo 211 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, pues al no haber sido cesada y llegar al final de su encargo se presume como apta, no obstante el Consejo de la Judicatura del Estado, por resolución de 3 de junio pasado, la consideró NO APTA para continuar en el encargo.

Ante ello nos detalla la magistrada, que el día 8 de junio del presente año, “se presentó ante el Consejo de la Judicatura Estatal, el recurso de reclamación en contra del dictamen técnico NO FAVORABLE emitido en mi contra, previsto por el artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz, que establece:

“…En caso de un dictamen técnico no favorable, el magistrado a ratificar podrá interponer el recurso de reclamación. Será por escrito, con expresión de agravios dentro del plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la notificación del dictamen recurrido. Se resolverá sin mayor trámite en tres días.”, el cual fue resuelto el 10 de junio siguiente confirmando la determinación”.

Opinión que fue enviada al Congreso del Estado, la cual se turnó a la Junta de Coordinación Política, el 22 de junio, para que se resuelva en definitiva en cuanto a la procedencia de su ratificación, reseña la Magistrada que insiste en que no ha declinado a su derecho de obtener la ratificación.

Denuncias de acoso que no se atienden terminan en feminicidio

SemMéxico
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Denuncias de acoso que no se atienden terminan en feminicidio
  • Como en el caso de la estudiante Diana: Poder Femenino Nayarit
  • En Sinaloa 96% de delitos no se denuncian, las cifras negras que se ocultan: Priscila Salas
  • A dos años reclaman el recorte presupuestal y desmantelamiento de políticas públicas dirigidas a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

Elda Montiel

SemMéxico. Cd de México. 7 de julio de 2020.- Los feminicidios y homicidios dolosos en Nayarit registraron un aumento del 72.5 % en el primer cuatrimestre del 2020 en comparación con el mismo periodo del año 2019. La tasa de feminicidios y homicidios dolosos contra mujeres, en Nayarit, fue de 0.6 por cada 100 mil mujeres en el primer cuatrimestre de 2019, cifra que llegó a 1.1 en los primeros cuatro meses de 2020.

Estas cifras ubican a Nayarit en el quinto lugar de entidades con mayor número de este tipo de delitos que encabeza Yucatán con el 394%, Zacatecas con el 120%, Michoacán con 90% y Guanajuato con 80%.

De acuerdo con la información presentada por Xóchitl Libertad Mejía de la organización Poder Femenino Nayarit en la conferencia semanal de “Nosotras tenemos otros datos” destacó que, a nivel nacional, la tasa de mujeres víctimas de asesinatos aumentó 6.9% entre enero y abril de 2020, cuando se asesinaron a 11.2 mujeres diariamente, en promedio, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

En el caso particular de Nayarit, refirió que han salido varias organizaciones a las calles a exigir justicia, guardando las medidas pertinentes por la contingencia sanitaria por los feminicidios ocurridos y por el caso de Diana una estudiante de Derecho que denunció previamente el acoso sufrido sin obtener respaldo de las autoridades.

Esto dio origen, al reciente ejercicio #MeTooAcadémicos en Nayarit que detectó que el 39% de las agresiones fueron denunciadas a las autoridades educativas sin obtener respaldo institucional; y que el 86% de las agresiones fueron de profesor a alumna. Lo que confirmó después del feminicidio de Diana que este tipo de situaciones no son aisladas, sino signo de alerta, de acuerdo con la “Colectiva Feminista Nayarit”.

La Colectiva también reporta que, durante la segunda quincena de abril 2020, ante el vigente escenario de cuarentena por COVID 19, en Nayarit hubo alrededor de 300 reportes de violencia familiar tan sólo en Tepic-Xalisco.

Xóchitl Libertad Mejía destacó que ante la violencia feminicida, junto con otras organizaciones y colectivas, hicieron entrega a las autoridades de Nayarit de una carta pública en la que exigen debido proceso y obligatoriedad y caracteres de investigación por feminicidio, principalmente después del feminicidio de Diana, joven nayarita que permanecía en su casa durante el confinamiento de COVID19.

Exigen respeto a la dignidad de las víctimas y la exclusión de prejuicios y estereotipos como la “defensa de un supuesto honor familiar o grupal” como pretexto para justificar la vulneración de los derechos de las mujeres.

La activista recordó que el 4 de agosto de 2017 se declaró la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en siete municipios, que son Acaponeta, Bahía de Banderas, Del Nayar, Ixtlán del Río, Santiago Ixcuintla, Tecuala y Tepic. Asimismo, establece acciones específicas para los municipios con predominante población indígena como Del Nayar, La Yesca y Huajicori.

Con una población de 595 mil 050 mujeres, Nayarit es el tercer estado a nivel nacional que encabeza las cifras de embarazo adolescente y también con cifras de mortalidad materno infantil.

El grado de escolaridad promedio de la población de 15 años es la secundaria, y se hablan lenguas indígenas como el huichol, cora, tepehuano y náhuatl. También las características geográficas de la entidad hacen difícil que la población tenga acceso a servicios básicos.

 El discurso institucional oculta incluso los datos oficiales de violencia contra las mujeres

La doctora Priscila Rebeca Salas de la Colectiva “No se metan con nuestras hijas” de Sinaloa advirtió que los datos que muestran son los oficiales y explicó que “Son otros datos” porque el discurso de las autoridades es el que omite y niega los datos que sus mismas instituciones están procesando.

Los datos oficiales del Sistema Estatal de Seguridad Pública de enero a junio del 2020, señalan que fueron asesinadas 20 mujeres, de ellas 13 casos se investigan como feminicidio. El 35% de los casos son tipificados como homicidios dolosos contra mujeres.

Denunció el uso institucional de la estadística oculta, comúnmente, las cifras negras del delito. En Sinaloa el Consejo Estatal de Seguridad Pública señala que la cifra negra de delitos que no se denuncian es del 96% según la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) de INEGI.

Debido a la cuarentena y la reducción de movilidad disminuyeron las posibilidades de que la ciudadanía acudiera a denunciar.

Detalló que las autoridades, de los distintos niveles de gobierno son omisas para diagnosticar, planificar, presupuestar, evaluar e implementar una política pública transversal desde la perspectiva de género. Además de que las metodologías de las instituciones para registrar el mismo hecho son muy diferentes, y ocultan las cifras negras.

De acuerdo con los datos del Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP) durante la contingencia en Sinaloa abril-mayo 2020. Las diferencias entre las llamadas al 911 y las denuncias por violencia familiar nunca bajaron de más de 80% por mes de enero, febrero, marzo y abril, sólo en mayo fue del 76%.

En Sinaloa los datos oficiales del Sistema Estatal de seguridad pública (SESESP) De enero a junio del 2020, si bien señalan que la violencia sexual ha disminuido con respecto de años anteriores, cabe señalar que se ha detectado un incremento en la distribución de material de abuso sexual infantil en las redes sociales.

Se ha denunciado el hostigamiento sexual en redes sociales de algunos docentes de educación básica, nivel secundario.

Sobre los delitos cometidos durante la pandemia, elaboración propia de “No se metan con nuestras hijas”, los casos más reportados fueron de abuso sexual a menores con 151 casos en total, de los cuales 109 fueron niñas de uno a 12 años, y violación con 93 casos, la mayoría adolescentes, de 13 a 17 años.

Por acoso sexual un total de 37 casos, con un caso de una niña de uno a 12 años; 5 casos de 13 a 17 años; 5 casos de 18 a 20 años y 26 de 21 años o más.  

Casos de pornografía infantil se registraron 2 casos en adolescentes de 13 a 17 años.

Las feministas no somos sus adversarias somos la mayoría de la población: Nosotras tenemos otros datos.

La Red de feministas “Nosotras Tenemos Otros Datos”, a dos años de haber sido electo Andrés Manuel López Obrador como Presidente de la República señalaron que las feministas no son sus enemigas o adversarias, le recordaron que son la mayoría de la población y él como jefe del Estado mexicano es el principal responsable de promover, garantizar, respetar y proteger los derechos humanos de todas las mujeres, feministas o no.

Le señalaron puntualmente que debe responder a ocho puntos entre los que le reclaman el recorte presupuestal y desmantelamiento de políticas públicas dirigidas a la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

La ausencia de una política de Estado que de manera clara y decidida haga reconocer que la violencia de género contra las mujeres, es un asunto de seguridad nacional, por lo que debe ser tratado al más alto nivel de las autoridades.

La militarización del país como política de seguridades una traición histórica hacia las mujeres, el despliegue de fuerzas armadas y la ocupación de los territorios han representado siempre violaciones a los derechos humanos de las mujeres.

Ante la falta de acceso a la justicia para las mujeres le piden actúe, se demuestre y garantice el acceso a la justicia y la reparación del daño de las víctimas, así como el fin de la impunidad y sanciones adecuadas a la gravedad de los hechos denunciados.

Se actúe firmemente contra la impunidad en delitos de violencia de género contra las mujeres.

Se suscriban los convenios de colaboración con el Poder Judicial para coadyuvar a que se garantice la creación de capacidad sistemática y obligatoria del para el personal de juzgados, fiscalías, defensorías públicas, agencias de policía federal, estatal y local, sobre los derechos de las mujeres.

Se adopten medidas para garantizar la aplicación del Protocolo para Juzgar con perspectiva de género en lo que respecta a los sistemas judiciales a nivel federal y estatal.

Le reclaman el extrañamiento, la descalificación y persecución a la sociedad civil cuando no puede haber ningún régimen que se diga democrático sin la participación sustantiva de la sociedad civil. 

No hay nada más incompatible y alejado del feminismo que la derecha y sus postulados anti derechos, así como el conservadurismo político y el fundamentalismo religioso.

Uno de los cimientos más fuertes en una democracia es contar con instituciones fuerte, confiables y eficaces, sin embargo, en los últimos meses y cada vez con mayor frecuencia se ha incrementado la descalificación, subestimación y amenaza a las instituciones encargadas de promover, proteger y garantizar los Derechos Humanos, bajo la consigna de que son entes burocráticos, inoperantes e innecesarios.

Exigieron instituciones fuertes que desde una visión interseccional cumplan con su responsabilidad constitucional con el respeto a los derechos humanos, integradas por personal capacitado y sensible, la especialización del personal en servicio público que debe operar la igualdad y la eliminación de la discriminación y la violencia contra las mujeres, así como la garantía de un trabajo digno.

Precisaron que a 2 años de gobierno no ha sido aprobado, presentado y en consecuencia ejecutado, el Programa Nacional para Prevenir y Atender la Violencia Contra las Mujeres. El programa Pro Igualdad desde el inicio de esta administración ha sufrido cambios estructurales, y dejo de ser un programa dirigido a erradicar las brechas de desigualdad entre mujeres y hombres.

Reducción de presupuestos dirigidos a las entidades federativas con Alerta por Violencia de Género y para la operación de los Centros de Justicia, al amparo de la austeridad violando la Ley de Presupuesto Público y Responsabilidad Hacendaria.

Exigen instituciones incluyentes que fortalezcan su función con el acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil e implementen.

“No olvidemos que, en este mes de julio de 2020, el Estado mexicano está emplazado a informar ante el Comité de la CEDAW especialmente en aspectos de violaciones graves a los derechos humanos de las mujeres derivado de las observaciones finales al Noveno Informe presentado en 2018 por la anterior administración.

El actual gobierno deberá informar de manera escrita y detallada sobre las acciones emprendidas en materia de: Feminicidios, Desapariciones, Alertas por Violencia de Género, y Acceso a la justicia y tortura sexual”.

Textura Violeta

SemMéxico
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Textura Violeta

Bolivia: En K’ara k’ara hay supervivencia, no terrorismo

Por Drina Ergueta

SemMéxico. La Paz-Bolivia.07 de julio de 2020.– K’ara k’ara, el botadero de basura de la ciudad de Cochabamba y donde muchas personas, especialmente mujeres, sobreviven buscando entre la basura, es un problema social más que político en Bolivia. Un problema que lleva años pidiendo soluciones con sensibilidad social, de la que ha demostrado carecer el actual gobierno boliviano, y también anteriores.

En el contexto político electoral boliviano, con un gobierno cuestionado por su llegada al poder y en la crisis sanitaria que se vive debido a la pandemia del Covid-19, este fin de semana se han registrado nuevas protestas, enfrentamientos y represión de las fuerzas del orden contra la población de K’ara kara, a quienes se la acusa, además, de estar compuesta por gente afín al partido de Evo Morales. Este hecho es, para el gobierno, excusa y justificación del uso de aviones militares volando bajo para amedrentar y de detenciones de dirigentes acusándoles de terrorismo. 

El botadero de K’ara k’ara (lugar salado, árido, picante, en quechua) fue instalado en 1987 y ya en 1999 las comunidades del lugar protestaron debido a la contaminación ambiental. En 2003 ya se habían instalado en la zona barrios empobrecidos que aun hoy viven de rebuscar en la basura, ese año realizaron un primer y prolongado bloqueo del único camino de ingreso de camiones cargados con la basura de la ciudad.

Un informe de 2010, elaborado por Cristian Mamani, señala que existen altas concentraciones de cloruros y sulfatos en el botadero de K’ara k’ara que generan gases y lixiviados contaminantes en los alrededores y agua subterránea. Allí, principalmente mujeres y sus hijos buscan la manera de sobrevivir, en medio de la basura, de sus olores y la contaminación.

En mayo de 2016, esa población nuevamente bloqueó para pedir que se declarase zona de desastre ambiental, debido a un incendio y por los problemas de salud existentes. Otra vez lo hizo en octubre de ese año para exigir una planta industrializadora. En mayo de 2017 la oposición al gobierno de Evo Morales denunciaba que ya eran 5 años que no se presentaba una prometida auditoría ambiental en K’ara kara. 

En octubre de 2018, un rayo cayó sobre tres mujeres que rebuscaban entre la basura y una de ellas, Silvia Illanes, murió. Ocurrió poco después de que en la zona se llegara a un acuerdo con la Alcaldía cochabambina y tras la renuncia del Director de Medio Ambiente municipal. Para ello, la gente había impedido el paso de camiones basureros. Era la enésima vez en que esta población lograba, así, que se les prestase algo de atención y arrancaba una, también enésima, promesa de solución.

Nuevamente, en agosto de 2019 hubo un bloqueo para exigir que se hicieran obras en la zona. Y así, desde hace décadas y de unos tras otros gobiernos municipales, departamentales y nacionales, la historia es prácticamente la misma: demandas, bloqueos, a veces enfrentamiento físico entre población y fuerzas del orden y, finalmente, alguna conquista.  

En la Gaceta Médica de Bolivia, de julio de 2013, se explica que en la zona existe malnutrición, una alta natalidad, así como un alto porcentaje de abortos; además de muy bajos niveles de educación formal, especialmente de las mujeres, lo que repercute en sus hijos e hijas. Resalta, también, un alto nivel de enfermedades derivadas de la situación de pobreza, como depresión, cefalea, trastorno del sueño, irritabilidad, ansiedad… o sea que es gente a la que su situación precaria y de condiciones terribles les afecta. No son personas insensibles y animalizadas, como a veces se las presenta por motivaciones políticas.

Tienen poca educación formal; sin embargo, eso no implica que sean personas estúpidas. Al contrario, tienen una inteligencia vital que les hace sobrevivir a su realidad y a buscar maneras de sacar provecho a su desventaja: saben que pueden tener en vilo y ahogar en desechos y mugre toda una ciudad. Medida extrema que no usan en función del signo del gobierno, sino de la urgencia de sus demandas, que son básicas.

Cuando la población vive y trabaja en K’ara k’ara levanta su voz el tema se politiza y a esta gente se la criminaliza. Pocas realidades son peores que dedicarse a hurgar entre la basura de la ciudad como única forma de sobrevivencia. Este aspecto humano y social es lo que debe primar a la hora de valorar y resolver situaciones, como la actual. 

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