* Iniciativa de Stop Vientres de Alquiler, la Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres y No Somos Vasijas

* Por una diversidad familiar libre de explotación reproductiva y de violencia contra las mujeres

Redacción

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 4 de julio 2019.- El pasado día 21 de junio desde Stop Vientres de Alquiler, La Red Estatal Contra el Alquiler de Vientres y No Somos Vasijas, con motivo del Día Internacional del Orgullo LGTBI 2019 se lanzó un comunicado a favor de una diversidad familiar libre de explotación reproductiva y de violencia contra las mujeres, insistiendo en la necesidad de dejar de equiparar la adopción y el acogimiento, que son “actos de generosidad”, según recoge el texto, a la subrogación, que “no es más que explotación de mujeres con fines reproductivos y venta de bebés recién nacidos, sobre la base de un individualismo exacerbado que no representa, ni mucho menos, a todo el colectivo LGTBI”.

Desde el lanzamiento se han alcanzado más de 830 apoyos de los cuales 88 son organizaciones. Todas estas personas y colectivos se han adherido al manifiesto para expresar su repulsa ante la explotación reproductiva y la manipulación e instrumentalización que la industria reproductiva está haciendo del colectivo LGTBI, especialmente de las parejas gay.

“Hoy celebramos el Día Internacional del Orgullo LGTBI 2019 con la alegría por los apoyos recibidos e insistiendo en defender y exigir el respecto de los derechos humanos de todo el colectivo LGTBI en todo el mundo”, aseguran las impulsoras de la iniciativa.

Comunicado

1. Pedimos al Gobierno Español, la Unión Europea y las Naciones Unidas que continúen trabajando firmemente para que las personas LGBTI sean respetadas en todo el mundo y no se vulneren sus derechos humanos por razones de orientación sexual e identidad de género. 

2. Las personas LGBTI deben tener la oportunidad de poder satisfacer sin discriminación su deseo de formar una familia, con criaturas tanto biológicas, como adoptivas, sin que ello implique la vulneración de los derechos fundamentales de terceras personas.

3. Apoyamos todos los modelos de familias y creemos que es un enriquecimiento cultural y social la existencia visible y sin discriminación de los diversos modelos familiares que conforman las familias homoparentales o familias arcoíris.

4. No podemos olvidar que han sido principalmente las mujeres feministas las que más han ayudado al colectivo LGBTI en su legítima lucha por el reconocimiento de su derecho al matrimonio, la acogida o la adopción, igualándolo al resto de la ciudadanía.

5. Las parejas gais están siendo utilizadas por la industria tecno reproductiva como reclamo comercial, mostrando una práctica elitista, clasista y que vulnera derechos humanos de las mujeres, como algo aspiracional para todo el colectivo. 

6. Las agencias de alquiler de vientres se presentan como empresas “gay friendly” que permiten a estas nuevas familias cumplir su sueño de tener un hijo o una hija con sus mismos genes, pero aceptar como más deseable la filiación genética entre padres e hijos e hijas, que la filiación por adopción, refuerza los valores patriarcales sobre los que se sustenta la familia natural heterosexual tradicional.

7. Vivimos un momento de inflexión en el movimiento LGBTI español en el que los intereses individuales de una minoría clasista puja por introducirse estratégicamente en la agenda de todo el colectivo, a través de la legitimación del alquiler de vientres. Sin embargo, debemos insistir en que el alquiler de vientres se sustenta en el reclamo de deseos individuales hedonistas y egoístas y no en la defensa de los derechos colectivos de las personas LGTBI. 

8. Rechazamos el capitalismo “rosa” que está desvirtuando el discurso LGTBI y se posiciona a favor de esta práctica, ejerciendo gran presión mediática y política, a favor de una industria multimillonaria que se sustenta en la mercantilización de las mujeres.

9. Aceptar la mercantilización y la cosificación de las mujeres y los bebés, pone en peligro cualquier intento de emancipación real de gais, lesbianas, bisexuales y trans y supondría un paso adelante de un modelo neoliberal de sociedad que atenta directamente contra el colectivo LGTBI. 

10. No queremos ser partícipes, ni cómplices de un mercado de tráfico y explotación de mujeres y bebés. No queremos pasar de oprimidos a opresores. Como colectivo no estamos dispuestas a asumir unas normas impuestas por un sistema patriarcal que siempre nos ha discriminado. La familia no está formada exclusivamente por personas vinculadas mediante lazos de sangre, sino por personas que se aman, se cuidan y se protegen.

Es por ello que este 28 de junio de 2019 saldremos a la calle para defender los derechos humanos del colectivo LGTBI, no para pisotear los de otras personas y por eso gritamos alto y claro: #NoEnNuestroNombre – #FamiliasLibresdeExplotaciónReproductiva

Stop Vientres de Alquiler es un proyecto de divulgación feminista, que nació en abril de 2017, que tiene como objetivo impulsar el conocimiento y crear conciencia social sobre la maternidad subrogada, que no es más que explotación reproductiva de mujeres y mercado de bebés.

Para ello recopilan, analizan y comparten información disponible sobre esta “práctica aberrante y sus consecuencias para las mujeres, las niñas y los niños”. Así mismo, elaboran materiales informativos y educativos, imparten charlas, lanzan campañas en redes sociales y dan asesoramiento a asociaciones, medios de comunicación y la sociedad en general, “contando la verdad sobre la subrogación”.

Como feministas “no podemos cerrar los ojos ante los profundos rasgos patriarcales de esta industria, donde la maternidad es algo desechable mientras la paternidad se vuelve cada vez más sagrada”, sostienen. “Deseamos que España se mantenga en el camino de la prohibición y que a nivel internacional se promulgue una Convención contra la Maternidad Subrogada, siguiendo la línea de las convenciones internacionales que prohíben la esclavitud, la trata de personas o el tráfico internacional de menores”, afirman.

SEM-AmecoPress

* Aún deberá será interrogada por el delito de favorecer la migración irregular

* Fiscalía sostiene que fue intencional el ataque a la patrullera

Redacción

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 4 julio 2019. – La capitana Carola Rackete ha sido puesta en libertad por la jueza Alessandra Vella, después de que no sostenga la acusación de delitos de resistencia o violencia contra nave de guerra y de intento de naufragio por haber chocado contra una patrullera de la Guardia de Finanzas durante el atraque del Sea Watch en Lampedusa.

Se espera que sea interrogada el 9 de julio por el delito de favorecer la migración irregular, hasta entonces es una persona libre.

La fiscalía de Agrigento sostiene que el ataque a la patrullera fue intencionado y que la mayoría de inmigrantes presentaban aparentes buenas condiciones de salud, en contraposición de lo que afirmaba la patrona. Insisten desde el ministerio de Interior que la capitana podría haber esperado a que Italia aprobara su atraco, para la posterior distribución de los migrantes en los países de acogida.

Matteo Salvini, desde su cuenta de twitter aconsejaba a la ciudadana alemana que no volviera a pisar Italia espetando que había puesto en peligro la vida de algunos militares, “Vuélvete a Alemania a causar problemas allí y a poner en peligro la vida de quien defiende el país” exclamaba en su red social.

También volvió a reiterar que ya tiene la carta de expulsión del país que impedirá a la capitana volver a la región del adriático, cuando las autoridades judiciales puedan ratificarlo, después del nueve de julio.

SEM-AmecoPress

* Han solicitado asilo y esperan una respuesta

* Por dormir en la calle, les roban su dinero

Esther Gómez-Portillo

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 4 julio 2019.- “Yo me he enfrentado a la muerte en Venezuela desde el 2010, me he salvado de la muerte muchas veces para enfrentarla aquí en España”. Érica, una joven venezolana de 24 años, duerme cada noche en la calle. Huyó de su país junto a su pareja por la violencia a la que tenían que hacer frente cada día.

Con la voz quebrada pero todavía con fuerza, se lamenta de que una noche, mientras dormían cerca de la estación de Aluche, les robaron el poco dinero que habían conseguido traer. Cuando acudieron a poner una denuncia, la policía les dijo que fuesen a la estación de Atocha diciendo que era un lugar más “seguro” para dormir en la calle. “Que la policía me dijese eso, fue para mí fue peor que haber recibido bombas lacrimógenas en Venezuela”, comenta.

Érica es sólo una de las cerca de 40 personas que, en las últimas tres semanas, han solicitado asilo internacional y se encuentran en una situación de desamparo total por parte de las instituciones españolas. A la concentración no asistieron todas las personas refugiadas, muchas de ellas se encuentran durmiendo en la calle y no tienen forma de enterarse.

Las que sí pudieron asistir, se manifestaron ayer frente al Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social para presentar un requerimiento y exigir que se respeten sus derechos fundamentales. Todas son solicitantes de asilo y están bajo el paraguas de protección internacional, pero la protección que reciben es poca o ninguna. Cada día ven como se incumple su derecho a ingresar en un centro de acogida. Muchas, se ven obligadas a dormir en la calle porque la oficina de asilo dice que tienen que esperar, pero no hay un lugar donde esperar. La parroquia San Carlos Borromeo y las vecinas que les ayudan a nivel individual -y sin ningún apoyo público- se encuentran desbordadas.

Ana lleva tan solo una semana en España y ya ha vivido la angustia de no saber dónde dormir. La joven salvadoreña ha huido por la extorsión que sufría de las maras y tras llegar a España pensando que iba a recibir ayuda, ha tenido que dormir varios días en la calle con sus dos hijas de cuatro años y tres meses.

Gracias a la ayuda de la parroquia San Carlos Borromeo ya no tendrán que pasar la noche en la calle, pero se lamenta de todas las personas que siguen preguntando de albergue en albergue para no pasar otra noche a la intemperie. Actualmente Ana ha presentado la petición para concertar la entrevista con la policía, el paso previo para solicitar el asilo.

“El problema ahora es que desde que hago la entrevista hasta que consigo una cita con la UTS -unidad de trabajo social- puede pasar mucho tiempo. ¿Y en ese transcurso qué hago? Pues subsisto como puedo, me desespero todo lo que puedo, sufro un montón y si tengo suerte, quizás, encuentre una plaza en el Samur social o en un albergue para familias sin hogar compartiendo habitación con otras 15 o 20 personas: hombres, mujeres y niños. Todos hacinados” Cuenta Ana, perteneciente a la Red Solidaria de Acogida y que se ha convertido en una de las voces de las personas solicitantes de asilo que muchas veces, por problemas con el idioma, no pueden denunciar su situación.

Todas las personas concentradas ante el ministerio de Trabajo, Migración y Seguridad Social vienen huyendo de guerras, de una situación de inestabilidad en su país y de unas condiciones que, sarcásticamente, parece que tienen que seguir viviendo hasta el último momento. Todas ellas son solicitantes de protección internacional y por derecho, les corresponde un programa de acogida que no llega. Estas personas no están pidiendo nada excepcional, piden acogida y que se cumpla la legalidad y el Estado tiene la obligación de dársela. Necesitan protección, necesitan amparo y no se les está dando. En su lugar, están viviendo una situación indigna, insuficiente y profundamente precaria.

SEM-AmecoPress/egp

* Tribunal Constitucional español considera que vulnera el principio de igualdad

* 70 % de mujeres tienen contratos a “tiempo parcial”, lo que afectaría sus jubilaciones

Redacción

SemMéxico/Amecopress, Madrid, 4 julio 2019.- El Tribunal Constitucional ha anulado la norma para calcular la pensión de jubilación en el trabajo a tiempo parcial, al considerarlo «discriminatorio” para las mujeres, que, según datos oficiales, ocupan el 70 por ciento de estos contratos.

Así, el Constitucional considera que la forma en la que se calcula la pensión de las personas que trabajan a tiempo parcial, diferente a la utilizada para quienes trabajan a tiempo completo, es doblemente discriminatoria: vulnera tanto el principio de igualdad –entre quienes trabajan a tiempo parcial y quienes lo hacen a tiempo completo- como el principio de no discriminación por razón de sexo, ya que “estadísticamente” la mayor parte son mujeres.

El tribunal ha decidido anular un inciso, recogido en la Ley General de la Seguridad Social, que regula las pensiones de las personas que trabajan a tiempo parcial. Ese artículo establece un coeficiente que se aplica al número de días trabajados y con el que se obtiene la pensión resultante.

Según la resolución, dicho precepto obvia los requisitos de «justificación objetiva y razonable» en las diferencias entre las personas trabajadoras. De igual modo, prosigue, rompe con la proporcionalidad exigida, pues estos contratos no sólo suponen una «reducción razonable de la base reguladora», sino que «añaden una reducción del periodo de cotización» para establecer la cuantía de la pensión, que no se hace con quien trabaja a tiempo completo.

Toda esta diferenciación conduce, por tanto, a un «resultado perjudicial en el disfrute de la protección de la Seguridad Social», con «incidencia predominante en el empleo femenino», como defendió hace tres meses la fiscal general del Estado, María José Segarra, por escrito ante el tribunal.

No obstante, el Pleno descarta la retroactividad y señala que, a fin de garantizar el principio de seguridad jurídica, la declaración de nulidad no afectará ni a los conflictos individuales juzgados con anterioridad ni a las situaciones administrativas decretadas en firme.

Con la sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Cándido Conde-Pumpido, el Constitucional recoge el testigo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que el pasado mayo resolvió que España debía revisar la normativa del cálculo de las pensiones para los trabajadores a tiempo parcial al poder acarrear discriminación por razones de sexo.

No es la primera vez que el derecho comunitario se pronuncia sobre los derechos de este tipo de empleos. En noviembre de 2017, el TJUE falló en contra del sistema utilizado por la Seguridad Social para calcular la duración del subsidio de paro en contratos parciales, por idénticos motivos.

El pasado mayo, el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social anunció su intención de revisar este cálculo, que ya fue modificado en 2014 para que los trabajadores pudieran llegar a los 15 años mínimos de cotización necesarios para acceder a una pensión contributiva. Pese a ello, desde la propia cartera reconocían que la mayor parte de las personas con empleos a tiempo parcial y derecho a la prestación no llegan al importe mínimo garantizado por ley, por lo que cobran el complemento de la pensión con cargo al Estado.

SEM-AmecoPress

* Presentan en Madrid el convenio 190, aceptado por 439 votos

* Se espera que en 12 meses entre en vigor

Júlia Oller

SemMéxico/AmecoPress, Madrid, 4 julio 2019.- La Organización Internacional del Trabajo (OIT) adoptó un nuevo convenio sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo. El convenio número 190 de la organización, fue aprobado con 439 votos a favor, 7 en contra y 30 abstenciones, durante su pasada reunión celebrad en Ginebra, Suiza.

Junto con este, la OIT emitió una recomendación que aporta orientaciones específicas sobre la aplicación del convenio. Ambos documentos han sido presentados en Madrid en una rueda de prensa que ha contado con las intervenciones de Joaquín Nieto, director de la oficina de la OIT para España, y de Manuela Tomei, directora de condiciones laborales e igualdad de la OIT. El convenio entrará en vigor doce meses después de que dos estados miembros lo ratifiquen.

Algunos delegados y medios de comunicación se han referido a este convenio, que establece el derecho a un ambiente laboral libre de violencia y acoso, como la respuesta al #MeToo en el ámbito de trabajo.

El objetivo de la nueva normativa internacional del trabajo es proteger a empleadas y empleados -reconociendo que las más vulnerables son las mujeres y las niñas-, con independencia de su situación contractual, incluidas las personas que realicen actividades de pasantías y formación profesional, los trabajadores y trabajadoras cuyo contrato se haya rescindido, las personas que realicen labores de voluntariado o busquen trabajo, y quienes se encuentren en búsqueda de empleo, ya que la situación de acoso o violencia puede darse en una entrevista de trabajo.

Asimismo, el texto reconoce que “los individuos que ejercen la autoridad, las funciones o las responsabilidades de un empleador” también pueden ser objeto de casos de violencia y acoso.

Lo novedoso del convenio es la ampliación del ámbito de aplicación: la norma recoge los cambios que están operando en los mercados de trabajo, donde las relaciones ya no se circunscriben a un solo espacio físico; por ello, será de aplicación ante las situaciones de violencia y acoso que ocurran dentro del trabajo, en relación al trabajo o como resultado del mismo.

Esto se traduce en que, por ejemplo, de modo similar a los accidentes in intinere, que son considerados accidentes laborales, el convenio emplaza a considerar que la violencia o el acoso sufridos de camino al trabajo (o de vuelta de él) sean vistos como cuestiones que atañen a lo laboral. El texto también indica que en los casos de violencia y acoso pueden participar terceras personas, como consumidoras y proveedoras.

La norma tiene en cuenta que las jerarquías laborales no siempre se corresponden con las relaciones de poder: por ejemplo, una mujer negra puede ser la jefa de un equipo de ingenieros blancos más jóvenes y laboralmente subordinados a ella, que, sin embargo, pueden ejercer algún tipo de discriminación contra ella por constituir una minoría dentro del grupo mayoritario y por pertenecer a dos grupos sociales históricamente oprimidos.

En la línea de responder a los desafíos de la actualidad, el nuevo convenio recoge las situaciones de acoso y violencia que se producen a través de las tecnologías de la información y la comunicación, como una nueva realidad de los mercados de trabajo, con el fin de dar respuesta al llamado ciberacoso, incluido el ciberacoso de género.

En este sentido, el presidente de la OIT para España, Joaquín Nieto, ha manifestado que, ante casos como el de la trabajadora de IVECO que se suicidó después de que se difundiera un vídeo sexual suyo, el Convenio deja claro que la empresa tiene una responsabilidad y proporciona pautas de actuación.

En España, un 15% de trabajadores y trabajadoras sufre mobbing (el término anglosajón utilizado para designar el acoso laboral), según un estudio de la Asociación contra el Acoso Psicológico y Moral en el Trabajo con datos de 2017.

No hay datos globales sobre el acoso en el trabajo; se trata, de acuerdo con Manuela Tomei, directora de condiciones laborales e igualdad de la OIT, de una tarea pendiente, porque los distintos países utilizan en sus estadísticas diferentes definiciones para un mismo concepto, y viceversa (un mismo concepto se utiliza para designar distintas realidades). Para Tomei, “una definición de violencia-acoso muy precisa hubiera hecho que el convenio naciera muerto, condenándolo a la no ratificación”.

El convenio está limitado porque no es vinculante, por lo que el éxito de su aplicación dependerá de la voluntad de los estados que lo ratifiquen, ya que la OIT no tiene potestad para sancionar a los gobiernos. Una vez un país ratifica un convenio, este sí se convierte en jurídicamente vinculante para él.

La vicepresidenta Carmen Calvo ha manifestado en la inauguración de uno de los cursos de verano de la Universidad Complutense el interés de España en ratificar el convenio, aunque el escenario de ingobernabilidad actual puede retrasar esta ratificación. Para Joaquín Nieto, que también ha comentado la buena disposición de Pedro Sánchez respecto al convenio, la ratificación supondría el impulso definitivo para que España avanzase por un camino en el que, a pesar de que en nuestro país ya se han dado pasos, todavía queda mucho por hacer.

SEM-AmecoPress/jo